
La reacción de los españoles, ante la reforma de la vigente legislación del aborto propuesta por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es contundente.
Por un lado, se considera que:
• No es necesaria: lo piensa el 78%. Esta es la opinión mayoritaria entre los propios votantes del PP (57%). Entre el concreto sector de españoles que se definen como católicos practicantes (y que representan el 17% de la población adulta total), las opiniones tienden a dividirse, pero con todo predominan (50% frente a 41%) quienes no consideran necesaria esta reforma; y
• no responde a demanda social alguna: lo afirma el 75%.Y esta idea es ampliamente mayoritaria tanto entre votantes del PP (62% frente a 23%) como entre católicos practicantes (51% frente a 28%).
Por otro lado, el desacuerdo con su contenido es masivo:
• Para empezar, el 86% de los españoles considera que toda mujer embarazada debe tener derecho a decidir libremente si quiere seguir o no con su embarazo. Y esta opinión es ampliamente mayoritaria tanto entre los votantes del PP (68% frente a 25%) como entre quienes se definen como católicos practicantes (60% frente a 34%).
• El 84% está en desacuerdo con que la malformación del feto deje de ser un supuesto legalmente aceptable para poder abortar. Y expresan también de forma ampliamente mayoritaria este desacuerdo los votantes del PP (70% frente a 22%) y los católicos practicantes (59% frente a 30%).
• El 82% considera que el personal médico que asista a una mujer que opte por abortar no debe ser objeto de sanción penal alguna (y lo afirma también el 68% de los votantes populares y el 63% de los católicos practicantes).
El 78% de los españoles piensa que, si esta reforma entra en vigor, dará lugar a un aumento de los abortos clandestinos llevados a cabo en condiciones de inseguridad y riesgo. Además,
un 75% cree que el Gobierno ha impulsado esta reforma exclusivamente para complacer a los sectores más conservadores de la Iglesia católica española (significativamente, esta idea es expresada también por la mayoría de los propios católicos practicantes: 49% frente a 38%).
Así las cosas, no puede extrañar que un espectacular 91% de la ciudadanía (lo que en la práctica equivale a la unanimidad) reclame libertad de voto para que los diputados puedan votar en conciencia cuando este reforma llegue al Congreso. Reclama ese voto en conciencia el 86% de los católicos practicantes y el 90% de los votantes del PP.



