El PP seguiría siendo el partido más votado en Castilla La Mancha si las elecciones autonómicas tuvieran lugar mañana mismo según la estimación de Metroscopia publicada ayer en EL PAÍS. Ahora bien, los populares perderían la mayoría absoluta lograda en 2011 y, por tanto, María Dolores de Cospedal necesitaría el apoyo o la abstención de otro partido para repetir como Presidenta regional.
Esto supone que la reforma electoral aprobada en el Parlamento castellanomanchego en julio de 2014 —con los únicos, y suficientes, votos a favor de los diputados del PP— no habría servido para lo que algunos decían que había nacido: perpetuar la mayoría electoral del PP en una región donde, hasta las últimas elecciones, siempre había gobernado el PSOE.
Es cierto que la Ley afirma explícitamente, en la exposición de motivos, que no responde a “supuestos de oportunidad”: el objetivo era que no solo los ciudadanos sino también sus representantes contribuyeran a “solucionar la crisis institucional y financiera” de Castilla La Mancha. Para lo cual, la Ley dispone una reducción de la composición de las Cortes de 49 a 33 diputados.
Ahora bien, esta reducción en el número de representantes autonómicos lleva implícita una ventaja para los dos grandes partidos —PSOE y PP— y, sobre todo para los populares. La nueva Ley asigna un número par de diputados en las dos provincias castellanomanchegas en las que históricamente la competencia electoral entre socialistas y populares es más elevada (Albacete y Ciudad Real) y un número impar en las tres provincias en las que tradicionalmente los populares han obtenido mejores resultados (Cuenca, Guadalajara y Toledo). En caso de empate a diputados entre PSOE y PP en las dos primeras, serían las impares —aquellas en la que los populares son electoralmente más fuertes— las que decidirían el Gobierno de las Cortes.
Pero esta reforma se pensó con una lógica bipartidista —desde 1999 PSOE y PP son los únicos partidos que han logrado escaños en Castilla La Mancha— y no tuvo en cuenta (ni el PP ni probablemente nadie) que solo un año después el panorama político sería radicalmente distinto. Ahora, según el sondeo de Metroscopia, con la emergencia de Podemos y Ciudadanos, cuatro partidos tendrían representación en las Cortes castellanomanchegas. Con la excepción de Cuenca, donde el bipartidismo se mantiene firme —lo que, por otro lado, supondría que casi el 30 % que apoyaría a Ciudadanos, Podemos o IU, carecería de representación parlamentaria en las Cortes— en el resto de provincias los cuatro partidos (PP, PSOE, C´s y Podemos) lograrían diputados. Una novedosa fragmentación política en una región tradicionalmente bipartidista y acostumbrada a mayorías absolutas. Ahora, toca ponerse de acuerdo.
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