Hoy ha sido el
día. El Jefe del Estado ha recibido al President
de la Generalitat de Catalunya, que ostenta -además y paradójicamente- la
representación ordinaria del Estado en Cataluña. La Generalitat como Institución,
hay que recordarlo, está formada por el Govern,
el Parlament y el President (Artículo
2 del Estatut d’Autonomia de
Catalunya). Distinción, identificación y configuración que articulan una
concepción del autogobierno muy específica y con larga y profunda tradición en
el mundo simbólico del poder y su representación en Cataluña. Es decir, que la
Institución es algo más que un gobierno, de la misma manera que su President, sea cual sea su orientación o
fortaleza política, es algo más que su
jefe.
Es el día, también, en que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, recibirá un informe de la Abogacía del Estado con los escenarios y las sugerencias posibles para impulsar un recurso -o reacciones- a la «Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya» aprobada por una amplia y legítima mayoría en el Parlament de Catalunya. La impugnación frente al Tribunal Constitucional es una de las opciones. Escenario que contrasta con la opinión jurídica y política mayoritaria (aunque con algunas notables excepciones) que cree que una declaración sin «valor jurídico» tiene una gran «dificultad técnica» para que prospere la impugnación en el Alto Tribunal.
El posible recurso no coincidiría, claramente, con la opinión del propio Rajoy, que se atrevió -simplificadora y, quizá, provocadoramente- a afirmar que «la declaración no sirve para nada». Si no sirve, ¿para qué impugnarla? Se me ocurren muchas maneras de decirlo, pero ninguna tan agria y despreciativa. Y tan equivocada. Negar el valor político a una Declaración como esta, con la excusa de su irrelevancia jurídica, es un gran error que alimenta las pasiones, no las razones. Alimenta el recelo, no el acuerdo.
Hoy -nunca como antes- las personas que representan a nuestras principales instituciones políticas y públicas han entrado en un grave proceso de deterioro de su credibilidad. Las dudas se ciernen sobre ellos y amenazan el cumplimiento de sus funciones con la eficacia y el sentido de la responsabilidad que se les exige. El desinterés por la política ha dado paso a la irritación y la vergüenza. Los grandes retos políticos que tiene nuestra arquitectura institucional (¡Resetear España!) deben resolverlos, precisamente, políticos con una imagen destrozada por la duda, la acusación, la revelación de datos y hechos que, supuestamente, les comprometen ética y jurídicamente y, también, por el descrédito colectivo que tiene la política democrática.
El monarca y el President se han visto en audiencia oficial. Sería deseable que la formalidad exhibida abriera un espacio sincero de discusión y reflexión. Veremos. Artur Mas, que hoy celebra su cumpleaños, ha afirmado -minutos antes de ser recibido- que la cita «es un buen regalo de trabajo y cortesía, que no es poco... Y de diálogo».
La duración del encuentro (45 minutos), su escenificación (cordial y previsible) y las declaraciones posteriores (que no han existido) podrían definir qué margen tiene la Corona para ocupar un lugar mediador o conciliador, que su posición institucional debería favorecer, o bien si formará parte de la misma respuesta (jurídica, política, institucional) que el Gobierno va a liderar. De momento, no hay pistas.
El Rey se encuentra frente a un reto, que es también una oportunidad. Aunque piense lo mismo que Rajoy, supongamos, lo importante es saber si dirá y hará lo mismo que este: ningunear la realidad que le presenta el President. Este es su desafío institucional. De momento, no hay declaraciones públicas. Es, quizá, una buena señal. Hablar para sumar, siempre. Y evitar hacerlo, si no hay acuerdo.