
La decisión
personal, sin acuerdo de la Mesa y sin precedentes, del presidente del Congreso
de los Diputados de instalar inhibidores de frecuencia para anular las señales wifi y 3G, con el objetivo expreso de impedir las comunicaciones dentro de una
de las salas de audiencias, es un paso grave e inexplicable. Y absurdo.
Una
vez más, se ha demostrado que se
utiliza o se regula mal lo que no se entiende. Y el presidente Jesús Posada
no entiende casi nada… de comunicación, pero eso no le exime de su responsabilidad
política. De nuevo, ha quedado en evidencia que el
Reglamento del Congreso (de 1982) está más que obsoleto. Es un residuo
arqueológico para el desarrollo normalizado hoy de las funciones legislativas de
nuestros representantes. La incapacidad para reformar esta norma, a lo largo de casi tres décadas, es parte de la
incapacidad de la política tradicional para comprender la sociedad a la que representa y debe servir.
Las funciones
del Presidente son las reguladas en el Reglamento; específicamente, en el Artículo
32: «1. El Presidente
del Congreso ostenta la representación de la Cámara, asegura la buena marcha de
los trabajos, dirige los debates, mantiene el orden de los mismos y ordena los pagos,
sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir». Es muy difícil
sostener que inhibir la frecuencia de las telecomunicaciones
se pueda considerar «asegurar la buena marcha de los trabajos». Todo lo
contrario. Posada ha incumplido, gravemente, su responsabilidad. Y ha impedido,
con su decisión, el trabajo de representantes democráticos y de
los medios de comunicación.
Es más, el Artículo
98 sobre el trabajo de los medios de comunicación obliga a la Mesa de la
Cámara a adoptar «las medidas
adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los
distintos órganos del Congreso de los Diputados». Y, aunque en su
punto 3 establece un discutible y anacrónico «Nadie podrá, sin estar expresamente
autorizado por el Presidente del Congreso, realizar grabaciones gráficas o
sonoras de las sesiones de los órganos de la Cámara», es imposible considerar que una «visita
y una sesión informativa» -como así consta en la web del Congreso, aunque sea
del mismísimo presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi- sea una
sesión de un órgano de la Cámara. Evidentemente, este punto no afectaría a nuestros representantes.
Con su decisión,
el presidente Posada ha demostrado tres cosas: ignorancia, prepotencia e
incapacidad. Hay incluso quien piensa que, quizá, hasta haya cometido un delito involuntario al «obstaculizar
el uso de un sistema informático ajeno». Ignorancia para
comprender la sociedad red y la libertad de información y expresión de los
propios diputados a los que debería servir y atender, en lugar de boicotear.
Prepotencia al aplicar una medida absurda que no tiene justificación ni
política, ni jurídica, ni técnica. E incapacidad porque no ha impedido la grabación
y la difusión del contenido completo de las secretas declaraciones de Draghi, quien -según él mismo- había
manifestado que había venido «fundamentalmente a escuchar».
Frente a esta
pretensión, un grupo político, La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), lanzó #OpenDraghi
contra el «secreto» de la comparecencia. La
habilidad y la determinación de los diputados Joan Coscubiela, Alberto Garzón y Pablo Martín, principalmente, impidieron
el silencio informativo con un streaming
en diferido y una buena
cobertura en Twitter. La torpeza de Posada ha dado una oportunidad política a algunos diputados.
En términos políticos,
la decisión (¿y el pacto?) de garantizar al presidente del BCE hablar «a puerta cerrada» (sin medios y
sin «frecuencia») es peligrosa y
exigirá una respuesta pública y política. Y, en términos comunicativos, ha sido
un desastre, generando un efecto Streisand (un
fenómeno de Internet en el que un intento de censura u ocultamiento de cierta
información fracasa o es incluso contraproducente para el censor, ya que esta
acaba siendo ampliamente divulgada, recibiendo mayor publicidad de la que habría
tenido si no se la hubiese pretendido impedir).
Ha sido,
también, un disparate que avergüenza a los funcionarios que trabajan en el Congreso. Un bochorno democrático inigualable, que ha obligado a la
clandestinidad a nuestros diputados, y un absurdo político lamentable. El
remate: que el propio Draghi dejara en ridículo al presidente Posada al
afirmar, al finalizar la jornada, que «no
le hubiera importado comparecer en abierto» y que no habría exigido ninguna excepcionalidad. En fin, peor
imposible.
Hace unos meses,
en el Parlamento de Kiel (Alemania), se aprobó otro absurdo en una polémica
votación: impedir el uso de ordenadores -y su conexión a Internet- a los diputados
en el hemiciclo. La respuesta inteligente de los representantes del Partido
Pirata fue llevar viejas
y ruidosas máquinas de escribir que utilizaron como forma de protesta. Toda una
lección. Espero que no llegue el momento en el
que los diputados y diputadas deban ir al Congreso con las reliquias del
pasado, a riesgo de instalarse, definitivamente, en un museo de antigüedades.
(Fuente de la fotografía)
PS: Este es mi
artículo 100 en #Micropolítica. Muchas gracias a @el_pais por su confianza y,
especialmente, a todas las personas lectoras de este blog, y a las que me hacen
llegar sus sugerencias, ánimos, correcciones, críticas, pistas, datos y
opiniones. Muy agradecido. Seguimos.