Rajoy y el principio de Arquímedes

La legislatura del presidente Mariano Rajoy parece (¿irremediablemente?) caracterizada por un hecho singular, por su contradicción: Mariano Rajoy es un Presidente con un extraordinario poder, gracias a su cómoda mayoría parlamentaria, pero −paradójicamente− no puede ejercerlo con libertad. Sea por sus compromisos internacionales con el proceso de concertación macroeconómica con nuestros socios europeos; o sea por las limitaciones para ejercer una política autónoma (dinámica y creativa) de sus bases y del entorno del ex presidente Aznar, parapetado en la Fundación FAES y que siempre le enmienda la página con un tachón. Rajoy está sentado sobre la silla más poderosa, pero no controla casi ninguna de sus patas.

Es evidente que, a estas limitaciones, Rajoy contribuye con un liderazgo calculador y evasivo, al que hay que añadir su particular modelo de gestión de la comunicación y el apego a la quietud como estrategia central. El resultado es que el Presidente parece que poco puede hacer libremente, bien porque no quiere, o bien porque no puede o no sabe. Y, en consecuencia, se le percibe como condicionado hasta el extremo. Ya lo demostró hace unos meses cuando aseguró que no podía aplicar su programa electoral. O cuando admite, en conversaciones reservadas con diversos interlocutores, que no puede hacer nada, por ejemplo en Catalunya, sin que su autonomía sea cercenada por un motín político interno generalizado. Quisiera, pero no puede... o no se atreve.

Rajoy, Mas y el protocolo

El protocolo es un reflejo del poder: lo representa, lo recrea, lo escenifica. Y, en consecuencia, es un hecho de naturaleza política. Las batallas protocolarias institucionales casi nunca son −estrictamente− normativas (aunque haya leyes y reglamentos que las regulen). Lo relevante no es simplemente quién tiene razón, sino quién y cómo gestiona el desacuerdo, sea en forma de ruptura o de excepción.

Los recientes conflictos protocolarios entre el President de la Generalitat de Catalunya y el Presidente del Gobierno de España son políticos, no técnicos. Y, aunque «técnicamente» puedan ser resueltos en un sentido u otro, lo que es cierto es que lo significativo es la interpretación política de la norma, y sus consecuencias en forma de afectos o agravios. Hablemos claro. Estos episodios son inseparables del largo pulso institucional y político que los dos presidentes −y sus gobiernos− mantienen en relación con la cuestión catalana, o la causa catalana (según desde que ángulo se analice). El conflicto protocolario es la punta del iceberg de otro tipo de problemas.

Habitualmente, el protocolo resuelve las diferencias formales con normas estrictas y con el buen hacer de los profesionales de las relaciones institucionales, que hacen un trabajo tan discreto como eficaz. Pero cuando las diferencias son de fondo es, precisamente, cuando alterar el protocolo puede tener una gran transcendencia política y un valor central en los conflictos institucionales.

Líderes perezosos

Las maneras de abordar un problema son parte de las soluciones al mismo. Si la mirada a los retos es siempre desde la misma perspectiva, posición y ángulo, difícilmente se encontrarán nuevas opciones. No hay innovación en lo previsible, ni en lo inexorable, y necesitamos −más que nunca− nuevas ideas capaces de enfrentarse a todo tipo de determinismos que nos paralizan y que reducen la política a un hecho gerencial o notarial del destino, sin ninguna influencia en él y sin ninguna capacidad de controlarlo, ni digirlo.

Además, la habilidad y destreza que adquirimos al hacer (y rehacer) caminos y decisiones ya exploradas nos hacen más eficaces, pero no necesariamente más eficientes. La facilidad nos vuelve torpes. La política puede quedar atrapada entre la pereza y el cinismo. Pereza para no buscar nuevas soluciones a los problemas y cinismo para idolatrar el letal «no hay alternativa» como respuesta indolente a los retos urgentes que hay que resolver inaplazablemente. Parte de la política se ha contaminado, definitivamente, del TINA (siglas en inglés de «There Is No Alternative») que popularizó hace más de 30 años Margaret Thatcher en sus discursos.

Hemos dejado de pensar... y vamos con el piloto automático. Al mecanizar nuestras respuestas por defecto, estamos optando por «una selección hecha por lo general de forma automática y sin consideración activa debido a la falta de una alternativa viable». Es, precisamente, la falta de imaginación sobre horizontes nuevos lo que impide pensar en alternativas, no la factibilidad de su consecución. Estamos atrapados por las soluciones predictivas (hasta en los teclados) y las respuestas automáticas «en la ausencia de una elección hecha por el usuario» propias de los sistemas informáticos. Así, las inercias se convierten en falencias. Y las soluciones por defecto acaban, paradójicamente, en errores por la ausencia de discernimiento. Nadie duda cuando no tiene opciones. Y cuando no se duda, no se piensa. Así se encuentra buena parte de nuestra política.

El Partido X despeja incógnitas

Cuando hace algunos meses el Partido X - Partido del Futuro se presentó públicamente, algunas personas torcieron el gesto, otras sonrieron y la mayoría mostró una curiosa mezcla de escepticismo y desdén, cuando no de preocupación. Su puesta en escena inicial, radicalmente contraria al liderazgo personal y a la identificación nominal, así como una estética sorprendente y una oferta política mayoritariamente adanista (empezar de cero, desconfiar de las lentas y muchas veces ineficaces reformas, cortar con las herencias políticas), causó un recelo cauteloso o incómodo. Pretenden resetear el sistema. Democracia y Punto, le llaman. Al no recibir una respuesta convencional al «¿quiénes son?», algunos análisis empezaron a dudar −y sospechar− del «¿qué quieren, qué pretenden?» La X de su marca, agudizaba la tensión. Y alimentaba la especulación.

Pero sus promotores no son simplemente ciudadanos, son redes. No son agrupaciones, son nodos. No son masas, son multitudes. No son militantes, son activistas. Tienen otra visión de la democracia representativa. Y en estos meses han fortalecido sus conexiones, sus capacidades y sus estrategias. Y han sido capaces de introducir algunos cambios −de forma y de fondo− que les permite jugar desde fuera pero no siempre enfrentados; a la contra, pero no siempre ignorando los anclajes posibles en los límites perimetrales de las instituciones, y buscando alianzas con personas, grupos catalizadores y semillas de cambio social, se encuentren donde se encuentren.

Más Democracia, mejores partidos

En abril de este año se presentaron los primeros resultados del Estudio Values and Worldviews, que examina un amplio conjunto de percepciones, actitudes y valores centrales de los ciudadanos de diez países europeos. Es un trabajo meticuloso, profundo y que recomiendo. El estudio se ha estructurado en dos partes: esfera pública (política, economía) y plano privado (familia, religión, ética). Hay una pregunta significativa: «En conjunto, ¿cómo cree que funciona la democracia en su país?». La media europea (sobre 10) es de 4,9 puntos. España se sitúa en la cola de la lista con 3,6 puntos.

La insatisfacción política es el estado de ánimo de la sociedad española. Los más miopes atribuirán esta situación a las duras condiciones que la crisis económica (o la búsqueda de soluciones basadas en los recortes y en la austeridad como dogma) imponen sobre la vida de los ciudadanos. Buscarán en las causas exógenas las explicaciones a sus propios déficits. Pero lo cierto es que la sociedad española lleva mucho tiempo mostrando una constante desafección respecto a la vida pública: a nuestra arquitectura institucional y a sus principales operadores públicos; es decir, los partidos políticos y las instituciones democráticas.

La vieja guardia y la nueva política

Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó ayer, en una entrevista en RNE, que «el jefe de la vieja guardia está conmigo». Lo hizo, calculadamente, para intentar neutralizar y contener la avalancha de críticas −abiertas o veladas− que contra él se están produciendo en las últimas semanas por parte de algunos veteranos del PSOE. Se le critica por su supuesta comprensión de la situación de Catalunya y, en particular, por su contemporización con la actitud del PSC y sus postulados, especialmente, el del derecho a decidir. Rubalcaba utilizó una expresión que era a la vez un argumento jerárquico de obediencia debida y un indicador de disciplina orgánica y de autoridad moral por antigüedad.

Quizá estos argumentos y avales fueran claves para ser candidato en las pasadas elecciones generales o para ser, finalmente, elegido Secretario General de su partido en una disputadísma votación, pero existen dudas razonables sobre que sean los más afortunados para este proceso de regeneración. Esta afirmación parece tan reveladora como sorprendente, en este momento de renovación programática (aplazada la del liderazgo electoral) en el que se halla inmerso el PSOE con su Conferencia Política del próximo mes de noviembre.

Colegislar

«El Parlamento ante la crisis» ha sido el título de las XX Jornadas de la reputada Asociación Española de Letrados de Parlamentos, celebradas en el Senado los pasados 25, 26 y 27 de septiembre de 2013. Las Jornadas bien habrían podido llamarse, también, «La crisis del Parlamento», ya que la crisis de legitimidad y confianza que se cierne sobre toda nuestra arquitectura institucional tiene en el poder legislativo un punto crítico. Los datos son incuestionables. El encuentro se celebró, además, en la Cámara Alta que está permanentemente cuestionada, desde la crítica a su rol hasta la incomprensión de su existencia. El Senado zozobra, por indefinición, entre quienes proponen su reforma (en el marco de una reforma constitucional de mínimos o más ambiciosa), y los que proponen suprimir directamente esta segunda Cámara. Y, en medio, en un desierto demoscópico devastador, se abre el más duro −y muchas veces injusto− desdén.

Coincidiendo con estas Jornadas, y tomando un hipotético relevo alternativo desde la sociedad civil, una potente alianza* de organizaciones sociales en favor de la transparencia ha puesto en marcha una sugerente y pedagógica iniciativa política: Senado Transparente, se llama. Presentada, precisamente, el 28 de septiembre pasado, Día Internacional del Derecho a Saber.

La iniciativa consiste en buscar el contacto directo, one to one, con los senadores para hacerles llegar −de nuevo− más argumentos, si cabe, para enmendar la Ley de Transparencia aprobada por el Congreso de los Diputados, tras una larga tramitación parlamentaria que contó, además, con una serie de comparecencias públicas entre las que no estuvieron, lamentablemente, las principales asociaciones en favor de la transparencia en España. Esta Ley es considerada por muchos como una Ley que llega tarde, poco ambiciosa, limitada y restrictiva. La OSCE, en su Informe sobre la Ley, la califica de cosmética. Y se aleja de los 10 principios de la Coalición Pro Acceso basados en los estándares internacionales en la materia.