El nuevo negocio de la inmigración

Campo de refugiados de Dadaab (Kenia). J. Palazón/Prodein/ACNUR

El goteo incesante de inmigrantes muertos en las aguas del Mediterráneo ha suscitado reflexiones de todo tipo y propuestas de solución de esta crisis, algunas más sensatas que otras. Las mismas van desde el bombardeo de los barcos utilizados por los migrantes hasta su devolución "en caliente", pasando por peticiones de una gestión compasiva de este fenómeno mediante políticas de control del flujo de personas en los países de origen, tránsito y destino.

Esto sí, todas son unánimes en denunciar la trata de personas y el tráfico de migrantes, cuyas víctimas se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales. Estos negreros de los tiempos modernos que se aprovechan de las cualidades de las personas en situación de gran vulnerabilidad.

Compitiendo con estos individuos sin escrúpulo, estamos asistiendo a un nuevo fenómeno en los últimos tiempos: el de los Estados que se lucran a costa de los migrantes, refugiados y demás solicitantes de asilo. Hace poco, la Unión Europea (UE) anunciaba a bombo y platillo el acuerdo que había firmado con Turquía para gestionar a los refugiados devueltos desde Grecia a este país. En contra parte Bruselas pagará 6.000 millones de euros en dos plazos a Ankara para el eventual acomodo de los refugiados. No quiero ser un pájaro de mal agüero, pero dudo mucho que todo este dinero sirva para la atención a los desafortunados refugiados instalados en campos con lo mínimo vital, cuando lo hay.

Al igual que Turquía, Marruecos se ha convertido en una frontera exterior de Europa, desde donde se controla la inmigración hacia el viejo continente. No sabemos por cuántos millones de euros, dado el hermetismo con el que la UE y el reino alauí llevan este tema. Primero se sospechó que Rabat hubiera recibido dinero de Bruselas para dar papel de residencia a los inmigrantes africanos cuya situación irregular se viene legalizando desde 2014. La misma sospecha planea sobre la financiación de la valla de tres metros de alto construida por Marruecos que corre en paralelo a lo largo de los 11,5 kilómetros de la triple valla de española en Melilla. Ni qué decir del trato preferente que este país recibe en su acceso al mercado europeo a cambio de reforzar los controles fronterizos.

Vista de las vallas de Melilla (primer plano) y de Marruecos (dcha). Antonio Ruiz (El País)

Sacar tajada de la inmigración es también el objetivo que se han fijado las autoridades de Libia, país inmerso en el caos desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011 y que busca fondos para su reconstrucción. De visita en Roma el pasado 22 de abril, el vicepresidente libio Ahmed Maetig, ni corto ni perezoso, pedía a la UE negociar con su gobierno un acuerdo parecido al sellado con Ankara.

El maná ofrecido por Bruselas es tan apetecible que el mandatario magrebí no quiso dejar pasar unas insinuación días antes del ministro alemán del Interior Thomas de Maizière, quien había sugerido pactos similares al de Turquía con los países del norte de África para impedir la llegada masiva de inmigrantes. Antes de que otros se lo llevan, nos lo quedamos, debió pensar Maetig.

El problema es que -sin pretender hacer la apología de una inmigración desenfrenada- querer parar este fenómeno con tales medidas no será sino un fracaso, con consecuencias desastrosas para las vidas humanas. Pues, como bien señaló Carlos Ugarte, portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF) a El País, "la hipocresía de esa política es que se hace a sabiendas de que el Gobierno con el que llegas a un acuerdo tiene unos estándares de respeto al derecho de asilo y a los derechos humanos que dejan mucho que desear y se hacen esos acuerdos e cualquier precio".

Precisamente, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calificaba de "desastrosas" las condiciones de acogida de los migrantes en los centros de retención libios, donde las personas en situación irregular pueden ser detenidas entre una semana y un año.

Este organismo denunció el amontonamiento de 50 personas en celdas concebidas para 25 individuos. Del mismo modo, estos campos necesitaban material médico, mejores sistemas de ventilación y de saneamiento, así como productos de primera necesidad. Y concluyó que tales condiciones solo podrían facilitar la propagación de enfermedades.

Pero esto parece traerle sin cuidado a Europa, adalid de los derechos humanos, con tal de que otros, deseosos de lucrarse en este macabro negocio, le hagan de policía para que los inmigrantes no entren en su fortín. Aún violando el derecho internacional.