Escena de 'Las constituyentes', película de Oliva Acosta
Es evidente que el cine, tal vez mejor que ninguna otra manifestación artística, refleja a la perfección el orden no solo cultural sino también político del que emana. Las historias que nos cuenta la pantalla, como también toda el complejo andamiaje económico y creativo que las sostiene, y que suele ser invisible al espectador medio, traducen las relaciones de poder que alimenta nuestra sociedad. En este sentido, toda obra de arte, todo producto audiovisual por tanto, es político. En consecuencia, las películas son también una privilegiada muestra de cómo las asimetrías de género siguen condicionando nuestra realidad política, económica y cultural.
El pasado 26 de enero la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía presentó el anteproyecto de la Ley andaluza de cine en la que, desde el título preliminar, se establece como uno de sus objetivos fomentar la igualdad de género en el sector cinematográfico y audiovisual. El texto, que es ciertamente ambicioso pero también mejorable -esperemos que se perfeccione en su tramitación parlamentaria- , debe mucho a las aportaciones realizadas por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Este colectivo, que ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas en la gestación del proyecto de ley, llegó a presentar un total de 30 enmiendas al texto original, de las que finalmente se han adoptado 20. Afortunadamente en el texto aprobado hace unos días las mujeres ya no aparecen junto a las personas discapacitadas, tal y como lo hacían inicialmente, por lo que parece haberse entendido que las mujeres no deben ser tratadas como un colectivo o minoría sino justamente como la mitad de la ciudadanía. Algo que todavía no parecen tener muy claro ciertos poderes públicos.
Gracias al comprometido trabajo de AAMMA, que preside la directora Oliva Acosta, el anteproyecto incluye la igualdad de género como un elemento transversal y no como un simple apartado con el que cubrir las exigencias de lo políticamente correcto. De ahí la atención a un lenguaje inclusivo desde el punto de vista de género o la obligatoriedad de que órganos como el Consejo Asesor de Cinematografía tengan una composición paritaria. De manera radical se deja claro que no podrán ser objeto de las medidas de fomento previstas en la ley aquellas obras que promuevan estereotipos o valores sexistas o que un criterio clave para ayudar a las empresas del sector ha de ser el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Igualmente se prevé la elaboración de un plan de formación específico para la difusión de contenidos con perspectiva de género que promueva valores igualitarios. Se echa en falta sin embargo, tal y como han pedido las cineastas andaluzas, un elenco concreto de medidas de acción positiva, de fomento económico y de evaluación de las políticas de este ámbito, de forma que de manera efectiva pueda romperse con la brecha de género que sigue condicionado lo audiovisual como un mundo de hombres. Mientras que dicho capítulo siga sin concretarse, me temo que la igualdad real seguirá estando en manos del voluntarismo.