Espacio público, servicio privado

Algunos funcionarios tienen privilegios difíciles de explicar. Y, por lo general, no son los mismos empleados públicos que tienen sueldos mileuristas o que cobran las pagas a plazos. No. Pero así son las cosas. Los vecinos de la zona donde se hallaban los juzgados del paseo de Lluis Companys, en Barcelona, ya se habían acostumbrado a que el espacio supuestamente público estuviera privatizado al servicio de funcionarios de Justicia. Asumían que la policía necesitaba aparcar cuando transportaba presos para un juicio e incluso que los jueces tienen que entrar y salir para diligencias varias. Hace dos años que los juzgados se fueron a la llamada Ciudad de la Justicia. Y ¿qué pasó? que el espacio público siguió siendo privado. Ni una sola plaza de las más de 80 de aparcamiento reservadas en aquellas calles quedó liberada para el vecindario o para que jugaran los críos en plena calle. Ni una sola. Se dice pronto.

Hubo algún vecino osado que, consciente de que, aunque el Ayuntamiento de Barcelona pareciera no saberlo, los jueces ya no estaban allá, decidió aparcar. El resultado fue contundente: la Guardia Urbana multó a los primeros y la grúa se llevó a los segundos. Y así sigue.

El edificio está cerrado a cal y canto. Cualquiera puede darle la vuelta y comprobar que los accesos están tapiados con cemento. Ni los fantasmas judiciales pueden entrar allí. ¿Para quién son esas plazas? Se pregunta I. N., vecino de la zona y evidentemente molesto.

Allí aparca el personal de Justicia, explica un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona. Pero si no hay juzgados. Bueno, allí, exactamente, no hay, pero al otro lado del paseo está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Claro que ese personal ya tenía plazas. ¿Necesita más? De hecho, ¿debe la ciudad garantizar el derecho de aparcamiento privado (hay que insistir en lo de privado) a los secretarios de juzgado o a los administrativos de los juzgados o incluso a los vigilantes?

Las plazas fueron reservadas, insiste el consistorio, en virtud de un acuerdo con el decanato de los juzgados. Pero eso es algo que los vecinos no discuten. Cuando había juzgados, se reservaban aparcamientos. Si los juzgados se van, ¿por qué se mantienen? Los funcionarios que deben desplazarse para diligencias ¿no cuentan con vehículos públicos? ¿Se exige tener coche privado para ser funcionario de Justicia? Pero hay más. Cualquiera que dé un paseo por allí podrá ver que hay supuestas acreditaciones que son puras fotocopias. Y eso resulta casi una metáfora: acreditaciones dudosas rodeando un edificio fantasmagórico, tapiado y vacío.

Cuenta José María Mena en su excelente libro en el que relata su trayectoria de fiscal, que había visto cómo algunos ciudadanos, al entrar en la sala y ver a los jueces vestidos casi de capellán, se santiguaban. Un conjuro ante los peores males que puede provocar una institución que ha dejado en la lengua castellana una de las peores maldiciones que se le pueden echar a alguien: "tengas juicios y los ganes". Es decir, entrar en un tribunal es horroroso incluso ganando. Los vecinos de lo que fueran los juzgados piensan que es tan terrible, que la maldición se mantiene viva una vez desaparecidos los jueces y los juzgados. León Felipe se fue y se llevó, dijo, la palabra. Los jueces se han ido pero se han quedado el espacio. Con el permiso del consistorio que miró para otro lado o para ninguno, claro.

Postdatas:

No todo es malo en la vida, cuando se habla de las administraciones públicas. En la primera entrega de este blog se hablaba del injustificado retraso de las obras en la AP-7. Abertis ha enviado una nota en la que explica que el Ministerio de Fomento autorizó, con fecha 15 de diciembre, la licitación de los trabajos para eliminar las antiguas barreras de El Vendrell y Tarragona y superar la situación de provisionalidad que se arrastra durante casi un año.

El consejero de Territorio, Lluis Recoder, ha procedido a arreglar el firme de la C-32 a su paso por Gavà, después de conocer, a través de este blog, la situación del tramo, con la presencia de un radar un tanto anacrónico.

El Ayuntamiento de Barcelona, tras dar largas primero a las explicaciones sobre el mantenimiento de las plazas reservadas a un juzgado que se fue, ha añadido que abre un proceso de reflexión sobre qué debe hacer con ese espacio. Le ha costado enterarse, pero más vale tarde que nunca.

Moraleja: nunca hay que dejar de quejarse. A veces las cosas se arreglan. Sólo los conservadores recalcitrantes no creen en las mejoras que aporta el progreso. Como dijo una vez Manuel Vázquez Montalbán: si no fuera por los progresistas, ellos segurían con una argolla en la nariz.

Imgen tomada por Laura Clavijo.

Un radar de Iniciativa

En la C-32, a la altura de Gavà, hay un radar que debe de ser de Iniciativa per Catalunya Verds, el partido que impuso la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona. Hace de eso casi tres años y en ellos ha caído la contaminación provocada por los vehículos y se ha reducido el número de accidentes de tráfico. No tanto como pretendían los entonces consejeros Joan Saura (Interior) y Francesc Baltasar (Medio Ambiente), pero más de lo que acepta la muchachada del CiU-Party.

Apenas anunciada la decisión, el propio Artur Mas, que era jefe de la oposición, anunció que no respetaría la medida si algún día llegaba a gobernar. Y así fue, pese a algunos problemas, porque la naturaleza tiene sus propias reglas, aunque cierto negacionismo se empeña en negar evidencias como el cambio climático. No todos. El consejero de Sostenibilidad, Lluís Recoder, sin ir más lejos, admite que la limitación de velocidad no es del todo mala. Pero ganaron los otros (él tampoco opuso una gran resistencia) y Felip Puig, sustituto de Saura en Interior, se aprestó a lavar la Generalitat de toda huella de izquierdas: "fuera las limitaciones y los códigos éticos en la policía", era y es su lema.

No obstante, en la C-32 se mantiene un radar reticente que se niega a permitir mayor velocidad de 80 kilómetros. Se halla en el kilómetro 48, al paso de la vía por Gavà. Antes y después del artefacto, está permitido circular hasta a 120 kilómetros por hora. Pero en ese punto, no. Ahí, las señales de todo tipo obligan a reducir la velocidad. ¿Por qué?

R. O., lector del diario, cree que se debe a un olvido del Gobierno catalán, porque está así desde que se cambió al alza el límite de velocidad, el pasado febrero. El Servicio Catalán de Tráfico, que depende del vencedor Felip Puig, sostiene que es una señalización por las obras que se realizan allí. Para saber qué obras y la fecha de inicio y final prevista, remitió al Departamento de Territorio, que es el encargado de las mismas. Si se tratara de un concurso, les hubieran dado como fallo la respuesta. Allí no hay obras, al menos al principio, aunque las ha habido entre la primera pregunta y ayer, cuando se tomó la fotografía que acompaña a este texto. "Se trata de una zona con un firme en mal estado, debido a que se asienta sobre un antiguo vertedero. Tenemos previsto arreglarlo en cosa de días, de ahí que no se haya instado a Tráfico a modificar la velocidad y se mantenga la limitación por debajo del máximo general". Dicho y hecho. Ayer quedó arreglado el firme, aunque la señalización sigue a su aire.

Es de esperar que el asfalto no sea el llamado pasacaudillos: una gravilla que se usaba para tapar los baches antes de una visita del último dictador. Era mala solución y duraba solo hasta la siguiente lluvia, pero se pagaba a precio de Gürtel

Así son las cosas. Los muchachos de Felip Puig no tienen un gran conocimiento del territorio, quizás más interesados en borrar el recuerdo de Saura que en saber si eso es adecuado. Es cierto que tienen a su favor a gran parte de la población catalana y también a Fernando Alonso. Quizás era más urgente proceder al arreglo de la vía que al cambio de velocidades. Pero es sabido que el mantenimiento de las carreteras y autovías es una de las actuaciones que menos interés despiertan en los políticos gobernantes. Y se comprende: son obras que no se inauguran.

En la próxima ocasión se hablará de otras limitaciones: ¿por qué hay establecimientos que pueden abrir 24 horas todos los días del año y nadie los mira mal, y en cambio hay tantas quejas sobre las tiendas de paquistaníes y otras nacionalidades? O también: ¿qué pasa cuando un servicio público se va de una zona de la ciudad a otra?, ¿lo sabe el Ayuntamiento?

Imagen de Joan Sànchez.

Fiebre nocturna en Cadaqués

La cosa empieza el 4 de diciembre, domingo, sobre las 22.00. Es casi como una novela de Ken Follet, pero esta vez no sólo los hechos son reales, además son verosímiles. S. U. se encuentra con su familia: esposa y tres hijas. Están cenando en un restaurante de Cadaqués. El padre y la madre notan que la chica mediana (de 12 años) se muestra algo mustia y desganada y, finalmente, se dan cuenta de que tiene un poco de fiebre. ¿Qué hacer? Lo normal, piensan en su ingenuidad: ir a la farmacia y comprar un antipirético (por ejemplo, paracetamol) que se la baje, para ir al día siguiente al médico. Y ahí empieza la novela de aventuras. Tontas, pero inquietantes al fin: el hombre contra las normas y los recortes.

En Cadaqués no hay farmacias de guardia, cosa lógica, dada la población. De todas formas, el farmacéutico se levanta de la cama y atiende, si se trata de una emergencia. ¿Cómo se sabe si es una emergencia? Porque el cliente acude con una receta médica. Pero, en Cadaqués no hay ambulatorio abierto durante las 24 horas. De noche, cierra. De modo que no hay posibilidad de obtener receta. Lo dice la norma: se dispensarán medicamentos y productos que “sean solicitados con carácter de urgencia, justificada con una receta médica”. Imposible: no hay médico, no hay receta. Aunque haya fiebre, que no es una enfermedad, sino un síntoma.

Una norma establecida por decreto de la Generalitat de 1996, según señala el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. El de Girona, de donde depende Cadaqués, es más etéreo, pero su portavoz señala que la gente tiene que ir preparada por el mundo.

En el restaurante sugirieron a la familia que consultara con la Guardia Urbana que, a su vez, les indicó que llamaran al 112, un servicio para emergencias más serias que algo de fiebre. No obstante, S. U. llamó al 112. Allí le dijeron que ése era un asunto que no podían atender. Pero le conectaron con el 061 (ambulancias). Es evidente que tampoco era la cosa para tanto, de modo que desviaron la llamada al servicio de atención al ciudadano del Departamento de Salud. Tampoco sirvió de nada.

Al fin, S. U. y su mujer decidieron emplear el sentido común y acudir a casa del farmacéutico que aceptó amablemente venderles un paracetamol. Nada de esto hubiera pasado en Barcelona o en una ciudad con un sistema de farmacias de guardia, pero ése servicio que no se puede ofrecer en todas las localidades porque también los farmacéuticos tienen derecho al descanso.

El Departamento de Salud de la Generalitat catalana cree que el asunto está claro: la fiebre no es una urgencia, por lo tanto, salvo el despropósito (posiblemente bienintencionado) de la derivación de llamadas, todo fue correcto. El problema es que la mayoría de los padres que tienen una hija con fiebre ignoran de qué enfermedad es síntoma y no creen que lo mejor sea esperar al día siguiente. Con las mismas, es difícil aceptar que la gente tenga que ser tan previsora que deba ir por el mundo con un botiquín completo.

En fin, los recortes en sanidad (paralelos a la supresión de algunos impuestos para los más adinerados) dan para lo que dan y quitan lo que quitan. Pero hay una respuesta que no da Salud y que, a poco que uno piense, resulta obvia: la solución más sencilla en estos casos es acudir a un médico privado. Ellos no están sujetos a las limitaciones del ambulatorio. El paciente paga, le dan una receta, el farmacéutico dispensa el paracetamol de marras y todos contentos. Especialmente el consejero de Salud, Boi Ruiz, que lo tiene claro: la salud personal es un asunto privado. Por eso requiere de medicina privada. ¡Qué mal acostumbrados están los catalanes que aún creen en el Estado de bienestar!

Imagen de Pau Rigol.

La próxima vez se hablará de un radar que no admite cambios.

Obras eternas bajo sospecha

La AP-7 es una de las autopistas españolas con mayor circulación, en especial, entre la frontera francesa y Tarragona. La explota la concesionaria Abertis. Los conductores que circulen entre la que fuera capital romana y Vilafranca del Penedès, en cualquier sentido, habrán comprobado que donde antes había dos carriles hay ahora tres. Eso que ganan, sin embargo, las obras no han dejado de generar inconvenientes. El primero, que se hicieron a costa del usuario, que vio reducido su derecho a cierta velocidad sin compensación económica alguna. “Era eso o cerrar la vía al tráfico”, adujeron entonces los responsables de la concesión, pasando por alto que cabían más opciones. Sin ir más lejos: reducir el precio del peaje e incluso eliminarlo mientras no se diera el servicio completo

.

Pero las obras pasaron y, es un suponer, con ellas, los inconvenientes. Un suponer mal supuesto. A la altura de donde se hallaban antes loes peajes de El Vendrell y Tarragona siguen erguidas las cestas que recogían el dinero de los conductores. La vía tiene una curva pronunciada para sortearlas y se impone una reducción de la velocidad. El tramo que sigue pintado de amarillo, indicando su carácter provisional, e imponiendo maniobras y restricciones al tráfico es de 900 metros en el Vendrell y de 1.500 metros en Tarragona.

¿Por qué siguen así las cosas casi un año después de terminadas las obras?, se pregunta J. J. C. De hecho, antes el usuario de la autopista pagaba en Martorell, El Vendrell y Tarragona y, si seguía hacia el sur, debía recoger un tiquet en l’Hospitalet de l’Infant. Esta última barrera fue eliminada y el conductor que pase por allí no apreciará diferencia alguna entre el tramo donde se hallaba el peaje y el resto de la vía. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo en El Vendrell y Tarragona?

“El Ministerio de Fomento no nos ha dado aún el permiso para licitar lo que queda de la obra”, explica un portavoz de Abertis. Es cierto, la obra no ha sido licitada, pero por segunda vez. El portavoz del ministerio que aún dirige José Blanco explica que la obra fue licitada en su momento, pero un juez les informó de que había abierto diligencias porque había indicios racionales de que las empresas constructoras podían haberse puesto de acuerdo para amañar el precio de la obra. Visto lo visto, Fomento paralizó el concurso y Abertis se personó en la causa contra las empresas supuestamente tramposas.

Pasado el tiempo, el juez no ha dictado sentencia, por lo que Fomento se ha dirigido a su señoría y le ha pedido permiso para anular el concurso anterior y autorizar otro. El juez ha estado de acuerdo en que los conductores no tienen que ser víctimas de los desaprensivos ni de la lentitud del aparato de la justicia. Fomento ya ha autorizado un nuevo concurso y Abertis procederá a hacerlo público este mismo mes.

“Nos hemos personado en la causa porque perjudica nuestros intereses y los de nuestros clientes”, señaló el portavoz de Abertis, para añadir que la suspensión de obras ha afectado al tramo de Tarragona y El Vendrell y, también, a una parte del trazado entre Girona y Francia que estaba siendo ampliado para pasar de dos a tres carriles. Dice Artur Mas que Cataluña no está libre de corrupción, de ahí que su gobierno se haya apresurado a perseguir la presunta de los más pobres que cobran la renta mínima por falta de otros ingresos para subsistir. En cambio, casi cada vez que se habla de corruptelas aparece vinculado a las mismas un empresario. A estos, ¿qué se les quita? ¿El derecho a palco en el Palau de la Música? No hace el caso: muchos de ellos ya sólo saben de esta entidad que fue el escenario donde actuó Millet.

La imagen es de Josep Lluís Sellart.

La próxima semana habrá que saber qué pasa cuando una persona tiene fiebre de noche en una localidad con el Cap cerrado por los recortes.