Armand Querol es la persona propuesta por el PP como vicepresidente del aparataje radiotelevisivo del Gobierno catalán. Un hombre con historia. Fue concejal en Rubí y, en 2005, cuando se debatía un convenio para urbanizar Sant Muç, explicó en el pleno sus preocupaciones porque el precio del convenio para el arreglo era "estimativo". Estimativo, dijo, viene de estimar y eso no es serio. Él, se despachó, tenía por su mujer gran estima años atrás, pero en ese momento, la estima había disminuido. De modo que no, no era bueno que el presupuesto fuera "estimativo". Tenía razón, con el paso de los años, la estimación se mostró errónea y se convirtió en un foco de conflictos.
Sant Muç es una urbanización situada en Rubí y nacida de forma entre ilegal y alegal en los primeros años sesenta. Una de las más antiguas de Cataluña y de España, con 240 hectáreas y unas 1.200 parcelas, distribuidas sin planificación alguna. Alguien se hizo rico y otros no vigilaron lo que allí pasaba. Y pasaban muchas cosas. Porque los compradores de las parcelas construían según su libre albedrío, sin atenerse a calles, servicios públicos ni otras contemplaciones. Pasó el tiempo: la urbanización, como tantas otras de los aledaños de Barcelona, dejó de ser lugar de segunda residencia para convertirse en vivienda habitual, sólo que sin ninguna de las facilidades que debieran haberse previsto. Aún hoy, no hay conducción de gas, por ejemplo, y eso es lo de menos. Tampoco hay transporte público (aunque el Ayuntamiento trabaja en una lanzadera que, asegura un portavoz municipal, será deficitaria). No hay parques ni apenas espacios públicos, ni un edificio de correos ni, si bien se mira, aceras como las del centro de Rubí, sin ir más lejos.
La falta de urbanización del conglomerado no podía seguir, de modo que hace unos años se empezó a adecentar, más o menos, aquella zona. El ayuntamiento tomó cartas (los vecinos presionaban) y se realizó un proyecto de intervención que, tras un concurso público, recayó en la empresa Dragados. Pronto se vio que aquello no satisfacía a nadie. Los vecinos aseguran que los trabajos que se hacían eran, en el mejor de los casos, una chapuza. La empresa sostenía que las constantes modificaciones exigían una revisión del presupuesto inicial. Tras tres plantes por parte de Dragados se llegó a un pacto con el consistorio. Los 19 millones iniciales se convertían en 25,5 millones. Una cantidad que debía ser abonada por los propietarios. Inicialmente, el coste era de unos 24.000 euros por cada mil metros cuadrados de parcela. Con el aumento se pasó a 26.400 euros, a pagar en siete plazos que debían iniciarse el 10 de junio de 2003 y terminar tres años más tarde, con un pago cada seis meses.
No se cumplió nada.
Los vecinos acusan, sobre todo, al ayuntamiento por falta de vigilancia en las obras. El consistorio sostiene que sí se hizo la vigilancia, pero que ha habido demandas vecinales, algunas en los juzgados, que han encarecido el proyecto. ¿Cuánto? No se sabe. De modo que, cuando hace unos meses, se facturó, al fin, la séptima cuota y, supuestamente última, el consistorio anunció que había un octavo pago cuya cuantía no se podía determinar hasta que se terminara de cuantificar desde las indemnizaciones a los vecinos litigantes hasta los costas judiciales. Según los vecinos, la desviación al alza puede suponer hasta un 40% del coste inicialmente previsto.
"Algo hemos hecho mal", asegura el portavoz del consistorio. "Se facturó un séptimo pago y se le llamó 7 de 7, de modo que se podía pensar que era el último, aunque ya habíamos explicado que no lo era, que quedaban cantidades a abonar. La crisis, seguramente, encrespa los ánimos, porque puede haber gente que tenga dificultades para reunir la cantidad pendiente". La misma fuente reconoce que lo de Sant Muç clama al cielo, que es una historia de nunca acabar y que los vecinos tienen razón cuando denuncian deficiencias. "Se tomó la decisión de ordenarlo todo sin tirar una sola casa y eso fue uno de los factores del encarecimiento, el otro fue la exigencia de soterrar todas las líneas para que no hubiera postes", añade el portavoz del consistorio.
"Las obras terminaron hace tres años, pero un paseo por cualquiera de los 30 kilómetros de calles permite sacar la impresión de que terminaron hace lo menos 20". En efecto, hay pasos de cebra que dan a un terraplén, las aceras carecen de losetas y son puro cemento, en mitad de la calzada es posible ver los restos de postes de luz y teléfono. "Dragados hizo lo que todas las empresas, tratar de ganar dinero. Nuestra queja es con el ayuntamiento, porque debía haber vigilado mejor y controlado las obras", sostiene uno de los vecinos que se ha dirigido a este diario.
Sant Muç es una de esas piezas de museo de los horrores del urbanismo, con mala solución en tiempos en los que el dinero no fluye. El consistorio sostiene que no se puede hacer recaer sobre todos los ciudadanos de Rubí las deficiencias de una urbanización con propietarios particulares. Los vecinos defienden que ellos pagan los impuestos que se les exigen y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que los demás habitantes de la localidad. Y, entre queja y queja, tienen que ahorrar para esa octava cuota que les llegará. Seguro que les llegará.
¿Quién se hizo rico con esta chapuza? ¿Qué autoridades la consintieron? Eso hoy no se sabe. Sólo se conoce con exactitud a sus víctimas.
Imágenes facilitadas por los propios vecinos.