Impuestos: es más fácil defraudar

A pesar de casi todo, hay gente que se empeña en pagar los impuestos. Despreciando las facilidades para defraudar y ser perdonado que ofrece el actual gobierno, L. M. es una ciudadana de Cornellà que recibió en su casa la notificación del pago de un impuesto, llamado "Tributo de la Movilidad" y decidió pagarlo en tiempo y modo correspondientes. El Tributo de la Movilidad está vigente en Barcelona y algunos de los municipios que la rodean formando parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Lo recaudado se destina a financiar el déficit de funcionamiento del transporte público en ese mismo territorio. No todos los municipios lo cobran del mismo modo. Cornellà emite un recibo específico. Barcelona, en cambio, lo cobra a sus ciudadanos pero en forma de recargo en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Hace poco, el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, ha pedido la supresión del tributo, sin que quede claro si lo ha hecho para conseguir mayores transferencias del Gobierno central o del Autonómico (ambos aportan también una parte para cubrir el déficit del transporte público metropolitano) o dentro de la política general de su partido de acabar con cualquier atisbo de ayuda pública (salvo a los bancos).

R. M. no pone objeción a pagar ese impuesto, de modo que, cuando recibió la notificación hace unos días, leyó las instrucciones y vio que podía abonarlo en varias entidades bancarias. Una de ellas,la intervenida Bankia. Casualmente dispone de una cuenta abierta en una oficina de Caja Madrid, integrada en Bankia, de modo que se fue a las dependencias bancarias con el recibo y notificó al empleado su voluntad de ejercer como contribuyente y pagar, en vez de esperar a que el Gobierno le aplicara una amnistía parcial. El empleado tomó el papel, lo miró y remiró, vio incluso que disponía de instrucciones en forma de código de barras y le aplicó un lector. Nada. Bankia, informó a la lectora, no es una de la entidades donde se puede pagar el recibo. R. M. se fue de allí con serias dudas. Sabe leer y escribir y podía descifrar perfectamente el nombre de Bankia al lado de otras cuatro entidades bancarias donde hacer el ingreso correspondiente al tributo. Da la casualidad de que L. M., prima de R. M., también residente en Cornellà, tiene cuenta en Bancaja, entidad integrada en Bankia. Le comentó el caso y el primo, tras comprobar que en su notificación ponía lo mismo, se dirigió a Bancaja para pagar su parte. Nada. Bankia no es una entidad donde se pueda pagar ese tributo le dijeron.

Ambos se pusieron en contacto con este diario que llamó a AMB. La responsable del asunto informó con rapidez y precisión de que, posiblemente, se había producido un error que en gramática se llama metonimia y que consiste en confundir la parte con el todo. Con quien AMB tenía un convenio para el pago del tributo era con Caixa Laietana, hoy integrada en Bankia, de modo que se puso el nombre de la nueva entidad, suponiendo que, como afirmaban sus dirigentes, las partes estaban realmente integradas. Y resulta que no, que al menos en eso, Rodrigo Rato no se ganó todo el sueldo cuando presidía el nuevo banco. AMB aseguró que se había hablado con Caixa Laietana y que en 48 horas la cosa estaría resuelta. Eso era el pasado 15 de junio. El lunes 18, para mayor seguridad el martes 19, R. M. y L. M. podrían pagar su tributo en la oficina de Bankia. Tampoco.

El servicio de atención al cliente de Bankia confirmó que, en efecto, la integración de los servicios informáticos de las tres entidades aún no ha sido completada. Resultado, diga lo que diga AMB, Bankia no cobra ese tributo. La misma fuente no pudo precisar si una parte de Bankia, las oficinas de la que fuera Caixa Laietana, sí lo cobraban. La llamada a esta entidad no sirvió para aclararlo. Tras pedir un tiempo para dar una respuesta bien informada, remitieron a la sede de Bankia en Madrid cuyo portavoz señaló que no sabía nada de nada del asunto. 48 horas más tarde, la cosa sigue sin novedad. Bankia no sabe ni contesta.

L. M. y su primo han decidido ser buenos ciudadanos y pagar en la oficina de otro banco en vez de esperar a la próxima amnistía fiscal, que hubiera sido lo más fácil.

Imagen tomada por Salvador Fonoll Bernabéu.

El signo del zorro

Los ganaderos del oeste marcaban las reses para indicar de quien eran. Lógico, en espacios abiertos donde podían confundirse. Pero no parece tan lógico marcar los edificios. ¿Quien va a confundirse? Hay marcas comprensibles: las que indician un servicio o una función. Otras son perfectamente inútiles y, como dice el lector P.B., de Caldes de Malavella, horrorosas. Tal es el caso de las siglas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en algunas estaciones, entre ellas, la de Malavella. Una estación preciosa, reformada y limpiada hace unos años, dotada de una colección de azulejos modernistas y una estructura arquitectónica notable que queda más que afeada por el letrero verde de ADIF que abulta más que el propio nombre de la estación y de la localidad.

P. B. no entiende qué pintan ahí esas letras. Nadie se va a llevar la estación y está claro que es de ADIF o de Renfe, de modo que la Iglesia católica no va a poder inscribirla a su nombre como está haciendo con tantos edificios rurales que antes eran de la población y ya no lo son. Y si no lo hace ella, al resto de los mortales, estas cosas no le están permitidas.

El portavoz de ADIF señala que las letras se ponen para que el usuario sepa de quién depende el edificio. De hecho, todas las estaciones de tren son de ADIF (quedan excluidas las de trenes autonómicos), de modo que es una información redundante, salvo que se asuma que buena parte de los usuarios de Renfe no saben que el propietario de estaciones, vías, catenarias, semáforos y otras señales no es Renfe sino ADIF. De modo que, cuando se quejan de más de un fallo, harían bien en no quejarse de Renfe porque, las más de las veces, la incidencia parte de las instalaciones y no de los trenes, que es lo único que es propiedad de Renfe.

P. B. reconoce que la queja es una minucia, comparada con otros asuntos que afectan más al personal, pero se plantea si, del mismo modo que los ciudadanos están descubriendo horrorizados en qué se gastaban el dinero algunos cargos públicos y reclamando que se eliminen esos fastos, no se puede aprovechar para eliminar costes y mantenimientos de elementos como esas letras y tantas placas que nada dicen y para nada sirven. Y añade que lo mismo ocurre con las banderas en los edificios públicos: montones de dinero invertido en trozos de tela que hay que lavar y que, de momento, sólo parecen servir para provocar controversias sobre quién la pone más grande o quién pone una y quita otra. "Si no hubiera ninguna ¿qué pasaría?" Y se responde el mismo: "Nada y más barato".

Será verdad que son minucias, pero las minucias pueden amargar la vida. Ocurre en Barcelona, donde buena parte del mal humor de sus ciudadanos se debe, muy posiblemente, al constante ruido que soportan. Pero también al ninguneo al que son sometidos un día y otro y una hora y otra por quienes, supuestamente, han sido elegidos para cuidar de su bienestar por amor a la ciudad y la patria (que no se extiende, a lo que se ve) al personal que las habita.

Es el caso que cuenta T. T. y que se produjo el pasado miércoles 13 de junio en la confluencia de la calle de Evarist Arnús con Joan GÜell. "Se hacen unas obras que, seguramente, había que hacer, pero lo primero es cerrar el paso a los peatones". Y en efecto, así era, según pudo comprobar este diario. El portavoz del Ayuntamiento de Barcelona explica que eran obras de un sólo día, pero eso no es excusa, porque los ciudadanos que aparcan un sólo día en las calles de Barcelona no quedan por la brevedad de los hechos eximidos de cumplir las normas. Tampoco el consistorio. No se habilitó paso alternativo y los peatones tenían que cruzar tres veces en vez de una sola. El asunto se agrava porque en ese mismo sitio hay una escuela y una guardería. Públicas, quizás por eso merecen menos atención por parte de los actuales poderes públicos. El lector señala que alguna vez ha comentado al personal que vigila el aparcamiento del área verde que justo la lado de la guardería hay una empresa de mensajería. Los mensajeros no es que aparquen en la acera, es que circulan por ella impunemente, sorteando niños. O sería mejor, se pregunta, ¿decir que los niños y las madres andan sorteando motos?

Son pequeñeces, pero importantes, porque, como el ruido que no cesa, y que el Ayuntamiento de Barcelona consiente y promociona (con camiones pesados que atruenan la noche y máquinas de supuesta limpieza que atruenan la noche y el día) incomodan mucho en una ciudad de por sí incómoda dada la altísima densidad que se ha permitido.

Imágenes cedidas por los vecinos.

 

Obras eternas, más o menos

Barcelona. Junio de 2011. En la confluencia de la calle Ciutat de Granada con Pujades, barrio del Poblenou, distrito de Sant Martí, unos operarios empiezan a tomar las medidas pertinentes para unas obras. Los vecinos tiemblan en silencio. El objetivo declarado es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía instalando tres ascensores en la estación de metro de Llacuna, perteneciente a la línea 4. Pasan las horas, los días, las semanas y los meses en desvaídos trabajos preliminares. A principios de 2012 los vecinos se enteran, vía radio Macuto, de que les van a cortar la calle. Las obras van a empezar de un momento a otro. Al salir el sol o al ocultarse alguna luna. Llegan camiones cargados de maquinaria y vallas. Muchas vallas. Y sí, la calle se cierra al tráfico. Es un decir. El tramo de Ciutat de Granada situado entre Pujadas y Roc Boronat no puede ser utilizado por los ciudadanos, salvo a pie por una pasillo estrecho. Es un decir. Hay un pasaje que permite a los coches llegar hasta ahí y aparcarse con más desconcierto que desorden. No pueden salir (por las vallas), pero como bien saben los técnicos de movilidad, cualquier espacio donde sea posible aparcar un coche, será ocupado por un coche. Igual se lo han dicho al concejal de Movilidad y del distrito, Eduard Freixedas.

Febrero. Un mes corto, pero con suficientes lunas para iniciar las obras de los ascensores. Lo primero es cortar por lo sano. La fotografía que señala cómo se cortan los carriles para bicicletas lo explica perfectamente. Pero no es lo único a cortar: se cortan, sobre todos, las calles. Para eso sirven las vallas: para dificultar el paso al personal, no vaya a molestar a los operarios de las obras. Incluso cuando aún no hay obras. Es algo perfectamente visible en tantas carreteras en las que hay señales que obligan a reducciones por obras que nadie realiza. Señales que indican que hay personas trabajando aunque no haya nadie trabajando. Horas, días, semanas, meses. Pero en febrero, más de medio año después de las primeras amenazas, empezaron las obras. Y allí siguen. "Este tipo de obras exigen mucho tiempo", explica un portavoz del Departamento de Territorio, cuyo titular es Lluís Recoder. Es cierto. Sobre todo porque se hacen procurando afectar poco al servicio. Pero eso no obsta para que haya retrasos, siempre hay retrasos en las obras. Quien las haya hecho en su casa bien lo sabe, pero en las obras públicas los retrasos son endémicos. Los ascensores de la estación de Llacuna van camino de eternizarse. No los ascenosres, porque allí, de momento, lo único que hay es tierra removida y algún punto de la calle reforzado. Pero el futuro es incierto. Tan incierto que la empresa encargada de la obra, con el benepláctio muncipal, no ha puesto una sola indicación ni de fecha de inicio ni de fecha de hipotético final. Lo mandan las normas municipales, pero ya se sabe que la prioridad de este equipo de Gobierno no es hacer cumplir las normas. En eso, no se diferencia en nada del equipo de Gobierno anterior.

Un portavoz municipal aseguró ayer que sí había una valla con las indicaciones. Es posible, Anteayer, desde luego, este diario pudo comprobar que la única indciación existente era la de que se estaba haciendo una zanja para Telefónica y que la fecha de final de obras era el 25 de mayo. Algo era falso. Allá quien corresponda decida qué.

Una vez iniciadas las obras, los cercados siguieron creciendo. Como en si se tratara de una novela de Manuel Scorza. En abril, las vallas impedían incluso el paso. Los vecinos fueron informados de que se trataba de una medida imprescindible, pero provisional. Duraría dos semanas, según la Generalitat de Catalunya, que es quien realmente financia y realiza la obra. Se conviertieron en tres, según el Ayuntamiento de Barcelona y en cuatro según los vecinos. El lector puede decidir quien tiene más razones para saberlo con precisión. Una de las empresas sin acceso fue la Librería Catalunya. No pudo celebrar el día del libro. Así son las cosas, si alguien consiente que así sean.

Los vecinos, cansados de las obras de nunca acabar y de los inconvenienes, deciden querjarse al ayuntamiento y enviar cartas y fotografías a los diarios. Una de ellas se publica. Entonce sí, entonces acude la Guardia Urbana y hasta los Mossos d'Esquadra. Lamentan no haber sido informados del asunto, del que, a lo que parece, no tenían noticia directa, pues se trata de una obra claramente menor que apenas ocupa algo más de un centenar de metros lineales de calle, con afectación de carriles para biciletas, líneas de autobús y accesos al metro. Una minucia para ser percibida por la autoridad competente a cuyo ojo casi nada escapa.

Las obras siguen. Llevan retraso, aunque nadie lo haya comunicado a los vecinos. Dificultan la vida cotidiana, la semanal e incluso la de todo el año. Pero así son las cosas cuando alguien lo permite. "Las obras llevan retraso", explican los portavoces de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. En el mejor de los casos, estarán terminadas en el primer trimestre de 2013.

Estos retraos son al margen de la previsión general hecha hace más de una década. Se decidió entonces que todas las estaciones de metro y Ferrocarrils de la Generalitat deberían estar adaptadas para personas con movilidad reducida en 2006. ¿cCuántas quedan?

Los vecinos. explica D. L., se quejan de las obras, pero también de haber ido al Ayuntamiento a quejarse y de no haber tenido respuesta alguna. ¡Qué pretenden! Ya no hay elecciones. Además, el problema de Eduard Freixedas no es caer bien a los vecinos, sino a los miembros de su formación (CiU) que deciden quién y en qué orden figura en las listas. Así son las cosas cuando la gente las permite.

Las obras siguen. Las vallas siguen. Las explicaciones siguen sin llegar.

Imágenes facilitadas por los vecinos.