Hoy en la columna que publico en El País Comunitat Valencia hablo de la crisis, de los recortes y de cómo las castas dirigentes en España se caracterizan no sólo por su ya más que probada incapacidad e incompetencia sino, también, por su radical insensibilidad respecto de lo que pueda pasar a quienes viven en otro mundo, el real, que ellos ni conocen ni tienen interés en descubrir. En relación a esta situación, le caen bastonazos a nuestra Monarquía porque se los merecen y es el ejemplo máximo, desde la cúspide, de un sistema basado en la irresponsabilidad. Aunque sólo sea como símbolo el tema importa. Pero es que, además, de ahí se destilan valores que, poco a poco, pero constantemente, se filtran al resto de la sociedad. Cuando las elites, y más todavía las más visibles, se comportan de determinada manera y su misma llegada a esa posición ilustra un concreto camino, esas vías y actitudes se privilegian y expanden. El ejemplo y el símbolo importa. Como es evidente, el que tenemos ahora es nefasto. Lo ha sido siempre pero, afortunadamente, parece que al fin empezamos a poder decir que el Rey va desnudo y caza elefantes.
Decir que la Monarquía en España está pasando por malos momentos a pesar del férreo apoyo de las elites socioeconómicas, políticas y mediáticas del país es una obviedad a estas alturas. Incluso se habla abiertamente de la necesidad de que el Rey abdique en su hijo y presunto sucesor (al menos mientras no se apruebe una reforma constitucional sobre esto del sexo y la primogenitura que podría perfectamente alterar, si así se dispusiera, el actual status quo) por parte de muchos de los defensores del actual sistema, conscientes de que el grado de deterioro es tal que urge un lavado de cara (y un nuevo Rey bien puede servir para eso, al menos durante unos años, lo que permite usar la estrategia de patada a seguir tan habitual en rugby cuando estás a la defensiva). Sin embargo, las opciones más sensatas hace tiempo que apuntan a un abanico de opciones más restringido. Conviene empezar a hablar de las más atractivas de entre ellas. A mi juicio, sin duda, estas se reducen a un par: Hendaya, como su tatarabuela o Cartagena, como su abuelo. Aunque también podríamos aceptar cualquier otro puesto fronterizo no empleado en el pasado (Port Bou, La Junquera...), puerto de mar con conexiones internacionales o, en plan moderno, alguno de los muchos aeropuertos que hemos construido estos años. O si quieren, los Borbones se pueden quedar y buscarse un trabajo (en fundaciones varias, consejos de administración y eso) donde sin duda todavía tendrían algo de predicamento aunque hubieran dejado de reinar por eso de que habría todavía muchos que querrían arrimarse a ellos y sus pasados contactos. No es imprescindible que salgan del país si prefieren quedarse. Porque de lo que se trata es de lo otro, de que dejen de reinar. Y de ir explorando la construcción jurídica de una III República española.
Jurídicamente la Monarquía española encarnada en la dinastía Borbón en la cabeza de Juan Carlos I no tiene su origen, como es sabido, en la Constitución ni en el pacto transicional sino en la decisión personal e intransferible de Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España por la Gracia de Dios, Generalísimo victorioso de la Santa Cruzada y Espada más Limpia de Occidente. En la tesitura de organizar su sucesión en la Jefatura del Estado, y con su vocación por dejar todo atado y bien atado, hizo aprobar (al modo en que se aprobaban las leyes en esos gloriosos tiempos) una norma sobre la Sucesión en la Jefatura del Estado y posteriormente determinó que su sucesor habría de ser el Príncipe Juan Carlos de Borbón, que ejercería esas funciones con el título de Rey (lo cual no dejaba de ser una degradación por comparación con el de Caudillo, mucho más lustroso, a qué negarlo). La continuidad jurídica respecto del franquismo que en no pocos ámbitos nuestro ordenamiento jurídico ha preservado (véanse las dificultades para revisar las condenas judiciales de la época recaídas según el Derecho vigente del momento, pues lo consideramos a todos los efectos legítimo y a nuestras instituciones, sucesoras de aquellas) tiene en la continuidad de la institución monárquica y la persona que el propio Franco designó como jefe del Estado su más paradigmático ejemplo. Si en 1939, por ejemplo, España decidió romper abruptamente con su pasado jurídico y hacer tabula rasa, con los enormes problemas de adecuación que en muchos campos eso conlleva (incluso en el Derecho privado como el Derecho de familia, por ejemplo, con líos enormes en matrimonios, herencias y demás), de modo que el régimen nacido de la Guerra Civil nada tenía de continuación del que nos trajo la Constitución de 1931, el proceso iniciado con la Ley para la Reforma Política y posterior elaboración de un texto constitucional que cristalizaría en la Constitución de 1978 es un voluntario ejercicio de transformación sobre la base de lo existente... a lo que se le reconoce toda la legitimidad (excepto en casos de contradicciones abiertas con algunas normas en materia de derechos traídas por la democracia y esencialmente con efectos hacia el futuro, no hacia el pasado).
La Constitución de 1978, en este estado de cosas, como no podía ser de otra manera, consagró la Monarquía (re)instaurada por Franco (apenas un par de países hacen algo semejante en todo el siglo XX, de entre los que sólo queda España a estas alturas como Monarquía pues eso de la Monarquía parlamentaria constitucional es una cosa más del siglo XIX). Junto con sus muchas virtudes, que no viene a cuento glosar pues son de todos conocidas y publicitadas muy habitualmente, el nuevo régimen jurídico de que se dota España, democrático, respetuoso formalmente de toda una serie de derechos y libertades, lleva aparejado también la asunción de los Borbones. En el referéndum constitucional los españoles votaron (y digo "votaron" porque yo, como todos los menores de 52 años, no voté ni he podido votar nunca al respecto) un pack cerrado en que, junto a esas esperanzas de democratización, aparecía una Monarquía constitucional, al menos, sobrellevable. Se votó como se votó y la Monarquía que nos impuso el Dictador pasaba a gozar de una indudable legitimidad democrática. Probablemente estuvo bien hecho y no había manera de hacerlo mejor. O no. Ni idea. En cualquier caso, no es ése el tema. No estamos en 1978 sino en 2012.
Desde entonces hemos tenido una Monarquía parlamentaria, casi unánimemente juzgada como muy satisfactoria pero que, en realidad, ha ido mostrando (y ahora, al fin, parece que hay mucha gente que tiene ganas de empezar a hablar de ello) todos y cada uno de los defectos de un sistema como ese:
- Problemas éticos y estéticos: Eso de que todos somos iguales ante la ley no se compadece nada bien con el desempeño de cargos públicos (y prebendas asociadas, incluyendo a una extensa parentela) por criterios de bragueta, lo que socava la misma esencia de la democracia, de la participación de todos en condiciones de igualdad en los asuntos públicos y ese tipo de cosas que, se supone, son muy importantes y base de todo el cotarro. Eso de que haya unos señores irresponsables en muchos sentidos pero también en el jurídico no se ajusta nada bien a los postulados del Estado de Derecho. La importancia de que desde la más alta autoridad del Estado se contradiga de forma patente el ideario moral y político de una sociedad y de un sistema político es enorme. Y se filtra de muchas maneras al resto del ordenamiento...
- La irresponsabilidad jurídica y política acaba llevando a la irresponsabilidad por ausencia de controles sobre quienes mandan. Por mucho que formalmente "reinen pero no gobiernen", como nos repiten siempre para tranquilizarnos. Una "tranquilidad" paradójica, pues a la vez que nos hablan de cuán importante es el Rey y qué bien desempeña sus labores nos dicen, por otro lado, que no, que no son nada. Obviamente, la verdad es que el ejercicio y despliegue de poderes informales y de mediación es (o puede ser) importante y que las labores representativas también lo son. En un Estado democrático de Derecho es obvio que éstas, como cualesquiera otras, funciones han de ser ejercidas por personas responsables de sus actos y seleccionadas de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad o de representatividad política propios de una sociedad madura y adulta.
- La naturaleza de la institución monárquica, además, lleva de suyo la mezcla de cuestiones públicas con privadas. ¡Como no iba a pasar si se trata de regular el acceso a cargos vitalicios por cuestiones de bragueta y reproductivas! Como consecuencia de ello la relación de la familia y parentela que rodea la institución es conflictiva y siempre liminar con el Estado. Y claro, es inevitable que en ciertas situaciones se "confundan" los papeles en beneficio de la familia... o de la persona. Esto abarca a las propiedad, a las funciones, al propio Estado y sus acciones... (aquí un ejemplo de libro, expuesto y explicado por boca de un insigne miembro de nuestra familia real). Las finanzas del Rey y de su familia; sus cada vez menos opacas gestiones como intermediario de todo tipo, para toda suerte de negocios y en beneficio de muy diversos personajes; las funciones de conseguidores o de comisionistas realizadas por muchos de los que lo han rodeado (amigos, consejeros, familiares...) cuando no por el propio Monarca... constituyen un espectáculo muy poco edificante pero inevitable si se tiene una Monarquía. Espectáculo por el que, además, acaban pagando, muchas veces penas de cárcel (y de eso hemos tenido y tiene pinta que tendremos en el futuro ya varios ejemplos) todos menos el máximo responsable, por acción u omisión. Algo, por cierto, que tampoco es nada edificante.
- Únase a ello una especial protección y perímetro de seguridad respecto de nuestra Monarquía, cuidadosamente erigido jurídicamente (incluso al recientemente anunciada Ley de Transparencia exime a la Casa Real de toda necesidad de cumplimiento en su redacción actual, así, con toda la tranquilidad del mundo, en 2012, como si tal cosa) que afecta a múltiples parcelas, garantizando una ventajista opacidad sobre todo o casi todo lo que se entiende que es mejor que no se vea, muy especialmente los números y cualquier información sobre lo que cuesta todo esto de verdad... o a qué se dedican, en realidad, los miembros de la Real Casa.
- Al socaire de la institución y de esta peculiar manera de organizar la Jefatura del Estado se destila un sistema de castas por definición muy poco meritocrático donde, a imitación de lo que ocurre en esas "altas esferas", lo importante son la cuna, el nacimiento, los contactos y el comportamiento lacayuno. Un credo que se filtra a nuestra clase política y a nuestra elite empresarial (por llamarla de alguna manera), pues en realidad ésta última vive también casi en exclusiva, en todo o en gran parte, del sector público y del aprovechamiento de toda suerte de sectores regulados e intensamente intervenidos. Unas castas dirigentes que imitan en irresponsabilidad al Monarca (aunque no lo sean jurídicamente) y que comparten gustos, preparación, formas de medrar y relacionarse... y una concepción de lo que somos el resto de los españoles muy parecida (chusma que no merece el más mínimo respeto). Las reacciones a los recientes acontecimientos que han afectado a la Monarquía de la práctica totalidad de los partidos políticos y periodistas de la Villa y Corte ("hablaremos con el Rey", "lo que le diga al Rey se lo digo en privado", "el Rey sabe lo que se hace", "conozco al Rey y sólo piensa en España", "el Rey sabe cuándo se equivoca porque es una persona que quien lo ha tratado sabe muy humano"...) son un ejemplo de libro de esta actitud: una Monarquía presume que los ciudadanos, súbditos, son menores de edad y que a ellos, en consecuencia, no se les ha de informar de nada ni se les ha de hacer partícipes de las decisiones verdaderamente relevantes. Eso es, precisamente, lo que hacen explícitamente nuestros políticos imbuidos del espíritu monárquico que todo lo contamina, también conocido como "espíritu de Pyonyang". Consideran, y lo traslucen sin el menor rubor, que las cosas públicas, la política, son asuntos "de mayores" que a los menores de edad no se nos han de hacer demasiado presentes, no nos vayamos a traumatizar.
- Por último, y recordando a Popper, no está de más analizar los enormes costes de largar a esta gente, Monarca y toda la recua que lo acompaña, en caso de incompetencia, vesania, venalidad o simplemente porque nos caigan mal y no nos fiemos de ellos, que es motivo más que suficiente para que nos deseemos librar de un gobernante. Todo el chiringuito democrático tiene la gracia de que, para bien o para mal, los responsables políticos han de rendir cuentas. Si son un desastre pueden ser largados cada cuatro o cinco años. De estos señores, en cambio, no hay manera de librarse ni con agua caliente. 35 años lleva el Borbón cometiendo tropelías de todo tipo, de desmán en desmán, más o menos conocidos por casi todos y no hay manera, siquiera, de que se hable de ello. Sólo en circunstancias muy determinadas como las actuales (una crisis económica brutal, unos medios de comunicación que ya no tienen el control absoluto de la agenda informativa gracias a Internet y unos comportamiento especialmente torpes por su impresentabilidad estética) combinadas y muy difíciles de recrear han permitido que se empiece a discutir el desempeño del Borbón. ¿Imaginamos lo que es necesario, en términos de degradación, para que de aquí se pase a hablar en serio de una República? Precisamente por esta razón no hay que hacer el más mínimo caso a quienes dicen eso de "esto ahora no toca, con la que está cayendo". ¡Si precisamente sólo por la que está cayendo es concebible que el tema se pueda plantear dado que, por definición, tienen un sistema de blindaje que les hace inmunes a la crítica y a la posibilidad de sustitución!
Las razones para desear librarnos de esta plaga que nos legó el Caudillo son, pues, numerosas. No vale la pena ni entrar a valorar, por demás, los argumentos de todo a 100 habitualmente empleados en defensa de la institución monárquica que pueden resumirse en "Vivan las caenas" y "te pego por tu bien porque tú no sabes de esto" : ya saben, eso de que si se vota puede salir cualquiera de presidente de la república y tal... (¡pues claro que sí, precisamente de eso se trata) o el tema del coste (¡como si la broma nos estuviera saliendo barata y, sobre todo, como si el tema del coste fuera esencial frente al ejercicio de la libertad individual y de los derechos de participación política!) o mi favorito, ese que nos dice que la Monarquía sirve para tejer relaciones especialmente fructíferas con el resto de naciones (a la vista está que esas relaciones tienden a ser tanto mejores con quienes pagan buenas cacerías mientras no suelen ir tan bien con gobiernos que pueden afectar gravemente a intereses de empresas españolas). Porque frente a cualquier razón que se pueda oponer no hay dudas de que estamos ante una anomalía histórica, impresentable en términos democráticos, gravemente disfuncional por cuanto genera más problemas (y estos son muchos) de los que resuelve (que sinceramente creo que no es, a estas alturas, casi ninguno). Además, no es un tema de personas. Estructuralmente los incentivos de un modelo monárquico son por definición los que son y acaban derivando en conductas como las que vamos conociendo. Quizás Juan Carlos de Borbón es muy buen tipo y eso, pero es imposible que tras décadas de nadar en esas aguas no esté contaminadísimo de tics, costumbres, actitudes y compañías dudosos. Como lo estaría cualquiera. Como lo estará el siguiente. Como lo está el Rey de Marruecos, o lo estaba Gadafi o cualquier sujeto que manda sin responsabilidad, sin rendir cuentas, en la opacidad del compadreo con unas elites blindadas.
Los españoles nos merecemos una democracia y un Estado de Derecho normales, como los de otros países de Europa, sin castas poderosas ni Reyes que nos traten como a menores de edad. Por lo demás, la evidencia caerá, inevitablemente, con el tiempo, por su propio peso. Lo que ocurre es que los blindajes de que hablábamos protegen a la institución y alargan siempre, por definición, las agonías. Llevamos 35 años largos ya de tromboflebitis tratada por el equipo médico habitual. Hay que empezar a trabajar, también jurídicamente, para evitar que nos queden otros 35 por delante.