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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

Recortes y reformas en educación (primaria y secundaria)

Por: | 22 de mayo de 2012

Pati del Col·legi Públic de Pràctiiques (Aneja) de la ciutat d'AlacantCuando hablábamos no hace mucho de la orgía de Decretos-ley en que estamos inmersos ya dije que los contenidos de uno de ellos, el RDL 14/2012, que introduce reformas en nuestros sistema educativo, me interesaban especialmente. Por motivos obvios, dado que me dedico a lo que me dedico. Pero creo que este interés y esta preocupación son comunes a cualquier persona mínimamente concernida por cómo va el país y por su futuro.

La educación debiera formar parte de cualquier palanca de cambio, reforma y mejora que un Gobierno responsable, y más en una situación de crisis como la que vivimos, utilizaría quizás no para tratar de salir cuanto antes del marasmo pero sí, como es obvio, para sentar las bases para que esa salida tenga futuro y se consolide. La educación, como explicaba ayer mismo en una columna publicada en el diario El País en su edición de la Comunitat Valenciana, ha de formar parte de esas reformas estructurales de las que tanto nos hablan y que yo, la verdad, no veo por ninguna parte. Sorprendentemente, al menos por el momento, en materia educativa sólo detecto recortes y más recortes. Y nada más.

REFORMAS ESTRUCTURALES (I)
ANDRÉS BOIX
A estas alturas nos sabemos ya la música. Hay que recortar, liquidar excesos que “no nos podemos permitir”. Y a la vez urge poner en marcha al país por medio de importantes reformas estructurales que nos hagan ser competitivos de nuevo y liberen las energías hasta ahora malgastadas, encauzándolas hacia la creación de riqueza.
La letra, sin embargo, se presenta más complicada de asimilar. Porque por lo visto los excesos, según vamos descubriendo, lo son especialmente en materia de educación y sanidad públicas. Ya se sabe, “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. No somos tan ricos como otros y en consecuencia hemos de adaptar a esa realidad nuestra sanidad y educación. Los gastos en infraestructuras absurdas, en comprar fragatas y aviones de guerra de última generación o en recuperar esa tradicional ofrenda floral y fiscal al Dios del ladrillo que es la desgravación por vivienda habitual, en cambio, son consustanciales a nuestras posibilidades y nuestra posición en el mundo. Por lo visto.
Si los detalles en los recortes revelan la cosmovisión de las elites que nos gobiernan, atender a la concreción de las “reformas estructurales” planteadas, esas que se nos reitera una y otra vez que son tan necesarias, lo dice todo sobre este país y las prioridades del puente de mando. Porque, más allá de la enésima reforma laboral que pretende acabar con el paro precarizando (una medicina aplicada varias veces en los últimos 30 años, siempre con los mismos resultados), nada se ha hecho al respecto. Ni se está haciendo. ¿O acaso ven a nuestros gobiernos, tanto el español como el valenciano, muy dedicados a esta labor “estructural”?
Ambas realidades impresentables, recortes de excesos cuestionables y reformas estructurales inexistentes, confluyen señaladamente en la enseñanza. Para sacar al país de la situación en que estamos, según la receta que se nos está aplicando, la educación pública no es parte del remedio, elemento esencial de esas estructuras que han de ser mejoradas, sino lastre y exceso que hay que liquidar. Por lo visto, según el credo de los peculiares responsables en materia educativa que tenemos, la manera de mejorar el sistema es detraerle recursos para así lograr una sana competencia (o algo parecido). No es tan importante en qué condiciones se enseña como que la gente sienta el aguijón de la necesidad. Una visión peculiar, ciertamente, porque si de esos parámetros dependiera lograr grandes resultados España, a la luz de su secular desapego a meter dinero en la enseñanza pública, hace años que estaría dando lecciones al mundo. La realidad es más bien la contraria.
La ventaja de partir de tan bajo, eso sí, es que es muy fácil mejorar y saber qué hay que hacer: copiar a los que mejor lo hacen, que en esto son casi todos en Europa. La receta para esta “reforma estructural” es muy sencilla. Nada mejora tanto a la Universidad como que se meta más dinero en… la enseñanza secundaria. Y nada mejora tanto la calidad de la secundaria como hacer una inversión generosa en… enseñanza primaria. Aquí, en cambio, nos empeñamos en detraer recursos cuando ya invertimos mucho menos que la media europea. Y lo hacemos justamente en mayor medida en primaria y secundaria.
Mañana hay convocada huelga en todo el sistema educativo. Sobran las razones para secundarla.
Andrés Boix Palop es Profesor de Derecho Administrativo en la Universitat de València-Estudi General de València

Quienes leen este bloc saben que no me parece, ni mucho menos, que todo funcione bien en la Universidad española. Es más, no hace tanto estuvimos hablando (caramba que si hablamos, ¡más de 100 comentarios veo que tuvo el desahogo!) por aquí sobre el sorprendente fenómeno de que la crisis, aparentemente, y tras 5 años, siguiera sin llegar a las Universidades españolas, para quienes parecía que ni recortes ni contención eran parte de su mundo cognoscible. De verdadera "burbuja universitaria" definí en su momento ese autismo respecto de la realidad que nos rodeaba en que andábamos instalados. Así pues no pasa nada por reiterarlo: creo, sinceramente, que en la Universidad podríamos recortar. Incluso entiendo que sería bueno que, en ciertas cosas, lo hiciéramos y nos planteáramos qué estamos haciendo y si en verdad es necesario (por ejemplo, en materia de fastos festivo-académicos). Pero una política de reforma universitaria no puede  consistir únicamente en meter la tijera, sino que debiera aspirar a cambiar muchas cosas. A reformar la estructura y mejorarla. Para lo que las cuestiones claves no son el dinero y los recursos (tenemos suficiente, no pasaría nada por tener un poco menos, fantástico si tuviéramos más pero en todo caso hay que gastarlo mejor), ni mucho menos.

Sin embargo, esto que puede ser verdad para la Universidad dista de ser extensible a la educación infantil, primaria y secundaria española (así como a la formación profesional, donde por cierto se empieza a introducir ya en sus ciclos superiores la idea de que no tiene que ser gratuita). España no gasta mucho en educación, sino más bien lo contrario. Nuestro exiguo 5% de PIB dedicado a estos menesteres está muy por debajo de lo que es lo común en el resto de países europeos con los que nos queremos comparar y con los que aspiramos a codearnos. Un dato a tener en cuenta porque si se trata de competir en un mundo globalizado esta cifra dice casi todo. Si inviertes un 4% en educación acabarás compitiendo con los países que meten más o menos ese mismo dinero en formar a sus ciudadanos y seremos, sencillamente, más norte de África (con las actividades productivas propias de ese entorno y un nivel de vida a medio y largo plazo comparable, el nuestro bajando, el suyo subiendo hasta converger) que Europa. Pretender rebajar más aún nuestro presupuesto educativo, partiendo de donde partimos, es ir hacia un decidido suicidio como país y como sociedad. España no es un país que gaste menos que sus socios europeos (siempre midiendo en porcentaje de PIB) en otras materias (por ejemplo, en promoción cultural estatal, defensa, exteriores, policía...). Resulta extraordinariamente llamativo, por ello, que en educación no solo ésta sea la realidad sino que, además, se pretenda, si cabe, dedicar todavía menos recursos al tema. No es un tema de crisis. Es un tema de prioridades. Y a la vista está, números en mano, cuáles son las nuestras. Desgraciadamente.

Como sociedad hemos de plantarnos y exigir una reforma estructural de nuestro sistema educativo. Que incremente la exigencia y la preparación, por supuesto. Pero para hacerlo, en primer lugar, ha de contar con recursos. Estos recursos, como es sabido, son tanto más importantes en los estadios iniciales de escolarización y, además, sus efectos sociales y externalidades positivas se multiplican cuanto más quede garantizada su distribución en todos los niveles y capas sociales. Los costes de oportunidad que supone dejar de invertir en educación para construir autovías o AVEs son inmensos. Enorme la pérdidas de talento, creatividad y posible fuerza productiva que lastrará definitivamente a un país que desatienda una educación que garantice que todo la capacidad  disponible entre sus niños pueda florecer con independencia de sus condiciones sociales y económicas.

Para mejorar la situación de cualquier sociedad, y hacerlo además enormemente (aunque sus efectos tarden 15 ó 20 años en notarse) la receta es muy sencilla: garantizar que el sistema educativo público va a tener una gran calidad en la escolarización obligatoria y que además va a llegar a todos los niños del país, con independencia de su origen. Hay muchos países que lo han hecho y los ejemplos de éxito son numerosos. Si en ciencias sociales hay pocas cosas que se acercan a poder ser demostradas con un mínimo de exigencia empírica, ésta sería una de ellas. En todo contexto histórico y temporal, la ecuación es unívoca y muy simple: más dinero y esfuerzos dedicados a formar, sociedad que acaba. E incluso el modo de empleo de ese dinero es más o menos sencillo de identificar a la vista de los numerosos ejemplos que tenemos alrededor. ¡Con lo fácil que es copiar cuando tienes un modelo claro de éxito! Hagámoslo, caramba.

Obviamente, de lo dicho se deduce con bastante claridad qué es lo que habría que hacer para plantear una "reforma estructural" de la educación:

- Inyectar más dinero (y no menos) en primaria y secundaria, para mejorar instalaciones (es obvio que no es lo mismo aprender química con buenos laboratorios que en clases sin pipetas) y para permitir a los profesores dar menos horas de clase y, en consecuencia, darlas mucho mejor (no sólo los profesores, sino también cualquier persona sensata entiende perfectamente que dar 20 horas de clase a la semana es perfectamente posible pero a costa de poner el "piloto automático" y prepararlas más bien poco, mientras que reducir esas horas a 14-15 supone un incremento de calidad notable... un efecto que se da incluso para el profesor más manta, vago e impresentable que podamos imaginar y aunque él no haga nada por provocarlo) a un número de alumnos que es mejor que sea una veintena, para favorecer una atención más cuidada (y poder dedicar más tiempo, por ejemplo, a los que más lo necesiten).

- Garantizar que estas condiciones se pueden ofrecer de forma homogénea en todo el territorio y con independencia de situaciones sociales y económicas, lo que obliga a resolver, al menos en la España actual, dos graves problemas. En primer lugar la financiación autonómica, que ha de solventar los actuales desequilibrios en la financiación, que provoca que unas y otras Comunidades Autónomas reciban en España cantidades muy diferentes de dinero para prestar el mismo servicio. Al menos tendencialmente, todos los niños de España tendrían que tener derecho a que el dinero que invertimos entre todos en su educación sea más o menos el mismo. En segundo lugar, el distorsionador efecto que provoca la escuela concertada, que drena recursos públicos (y permite ampliar el servicio educativo público a bajo coste, sí, eso ya lo sabemos) a costa de incrementar enormemente las desigualdades gracias a todo tipo de exenciones, trampitas y efectos de casta que acaban condicionando el acceso a unos centros u otros y generando dinámicas de teoría de juegos donde la propia selección de los alumnos y la exclusión de otros hace que las condiciones de trabajo en unos centros sean muy buenas, lo que acaba provocando profecías autocumplidas sobre la calidad de la escuela pública y la privada. Dado que es absolutamente inconcebible que en este país nuestro eso pueda arreglarse algún día de forma sensata (por ejemplo, poniéndose los gobiernos que financian serios de verdad con los coles concertados), y al margen de consideraciones de otro tipo (en mi caso políticas y hasta éticas sobre cómo ha de ser y organizarse la labor educativa pública), se impone una decisión puramente pragmática: aunque cueste más dinero hay que eliminar los conciertos y aprovechar parte de los nuevos recursos que tenemos que poner en el sistema educativo en que sea el Estado el que garantice un nivel homogéneo en su educación pública. Acabando con los guettos. Porque no se puede consentir que cada vez más colegios públicos acaben convertidos en aparcamientos de niños problemáticos o que, por ciertas condiciones ajenas a ellos, parte de una peor situación de partida a los que se concentra y a los que se deja a la buena de Dios, a cargo de profesores que han de hacer ímprobos esfuerzos para sacar adelante esas clases en las peores circunstancias. Y a fe que lo hacen, casi siempre, como unos titanes. Sin que la sociedad les reconozca apenas el mérito, porque juzgan los resultados en términos absolutos (y éstos no son demasiado buenos) sin tener en cuenta de qué estamos hablando y poniendo todas las circunstancias en juego.

- Una vez logrados estos dos objetivos, la "reforma estructural" de la educación puede, a continuación, empezar a "exigir" más a los profesores. Por ejemplo, estableciendo incentivos sólo para aquellos que logren excelentes resultados (para lo que habría previamente que evaluar la materia prima con la que cada uno está trabajando) y su influencia en la mejora de sus alumnos. Estableciendo pruebas de nivel por las que deberían pasar los niños cada equis años. Y, por cierto, recuperando para la enseñanza pública la capacidad de dar los títulos que incluso durante el franquismo retuvo siempre, sin permitir a la Iglesia Católica ejercer delegadamente estas funciones públicas. Que los niños que vayan a un colegio privado (no concertado, que debieran desaparecer) al final tengan que pasar una prueba de nivel como antaño no haría mal a nadie. Empezando por la propia escuela privada, que tendría una ocasión inmejorable para demostrar en esas pruebas su excelencia y publicitar sus virtudes. Y a ver si así empezábamos, en materia de enseñanza privada, a desmontar ciertos chiringuitos y separar el grano de la paja, que de todo hay.

Las consecuencias de aplicar un programa de estas características a la educación primaria serían enormemente positivas. Y por ahí habría que empezar. Simplemente con ello el nivel de la secundaria subiría por sí solo. Como cualquier profesor puede atestiguar, el elemento más importante para determinar el éxito de un chico en secundaria es cómo viene de primaria. Por lo demás, y como es obvio, si además seguimos introduciendo medidas similares en esta etapa de enseñanza secundaria y en la posobligatoria los resultados positivos se multiplicarían. Sólo con eso ya no haría ni falta meter dinero en la Universidad. La propia mejora del alumnado, sin tocar nada más, supondría un salto enorme de calidad para nuestro sistema de enseñanza superior.

Obviamente, todo esto cuesta dinero. Y esfuerzos. Pero el Estado y la sociedad, los ciudadanos, estamos muy legitimados para exigir ese trabajo y dedicación adicional a los profesores si previamente nos lo hemos "currado" y hemos inyectado fondos y confianza. De hecho, cualquier profesor motivado rinde más. Pero es evidente que "motivar" no significa poner palos en las ruedas, amenazar con despidos, recortar y dificultar el trabajo confiando en que, en medio de penurias, espabilaremos. Cuando el Estado, o el jefe, o tus padres, te acojonan y amenazan con sustituirte o prescindir de ti, en efecto, se puede lograr una cierta mejora en la "productividad". Pero ésta no deja de ser la estrictamente necesaria para cubrir el expediente. Y si se puede, en justa correspondencia al trato, se tenderá a "hacer como que" o, simplemente, a cubrir el expediente. Una verdadera mejora de la eficiencia pasa por motivar y exigir al profesorado. Pero la vía para ello no es precarizar. Lo que hay que hacer, al revés, es apoyar. Y luego, exigir.

En el fondo nada refleja mejor la realidad de un país que ver a los niños yendo al cole. En Francia, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, en Bélgica, en Holanda, en Finlandia... pasear por las calles de cualquier ciudad por la mañana es ver a niños camino del colegio, mayoritariamente a pie hasta centros cercanos a sus casas, casi todos públicos. Los niños y los padres se mezclan. Hay normalidad. Esta imagen tan normal es un profundo éxito de un país. En España esta estampa la podemos observar, también, muchas mañanas, en un número enorme de centros públicos. Afortunadamente. Pero esos coles tienen en las ventanas, en lugar de dibujos y murales, pancartas quejándose por recortes de todo tipo. Y tenemos demasiados centros donde los niños van en coche, desde otros barrios (síntoma de anormalidad) a centros concertados que atraen demanda pudiente llegada desde donde sea menester. Esa otra imagen es una anomalía y, más allá de la estética, acaba teniendo consecuencias muy profundas y negativas para el país.

La educación en España necesita una reforma estructural, no recortes. Esa reforma estructural ha de quedar orientada a algo tan fácil como lograr que España pase a ser un país europeo normal, con una educación pública que aspire a ser como la de los demás. En financiación y en hegemonía de lo público. En exigencia y en ratios de alumnos. Y también en esa imagen de cada mañana de los niños yendo al cole por la calle que simboliza como ninguna que un país va bien.

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Como decía al principio, los problemas de la educación obligatoria y de la educación superior en España son muy distintos. Y si en el primer caso los recortes se me antojan una salvajada en el segundo no es que sean plato de gusto, pero si no hay más remedio, y preservando la primaria y secundaria, podrían asumirse... siempre y cuando vayan acompañados de una reforma, de nuevo estructural, del modelo, que entienda de verdad lo que necesita la Universidad (y la FP) en España. Pero de eso, si os parece, hablamos otro día. Porque no hay, de momento, tampoco, buenas perspectivas.

Las "preferentes" de Bankia y la supervisión del Banco de España

Por: | 18 de mayo de 2012

Teme-inspeccion-banco-espana-terror-banqueros_1_568166En nuestra serie sobre la regulación de mercados en nuestro país, de la que ya llevamos algunos capítulos, se hace imprescindible hacer un comentario sobre las "acciones preferentes" que tienen varias decenas de miles de ahorradores españoles merced a la magia regulativa del proceso de conversión de cajas en bancos y a ese extraño contubernio con el que nuestro modelo de autoridades reguladoras gestiona los destinos de nuestros ahorros y las posibilidades que ofrece a los actores del sector, bancos y cajas hasta hace nada, banca pública o privada ahora.

El resumen de la historia (y disculpen la grosera simplificación) nos dice que un mero cambio de reglas, al parecer venidas desde la Unión Europea (y todo al socaire de la necesidad de cambiar y fortalecer el marco regulador con el que funciona nuestro sistema financiero por la crisis y eso), con la intervención, control y supervisión tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha logrado alquimia jurídica-financiera de la buena, convirtiendo bonos, obligaciones, depósitos de plazo fijo e incluso cédulas hipotecarias que muchos pequeños ahorradores tenían contratados con sus entidades en, milagrosamente, participaciones en el capital de los bancos (y cajas) españoles. La situación es especialmente dantesca cuando hablamos, además, de las Cajas, que como es sabido no tenían, de suyo, capital. Pero como hemos forzado, por lo civil o por lo militar, su conversión en bancos, pues asunto arreglado. Con el pequeño detalle, claro, de que esta conversión obligada sucede en un momento de crisis y en una coyuntura en la que participar del capital de las entidades (en contra de lo que aseguraron tanto el Banco de España como la CNMV en el momento de la transformación, época en la que certificaban que sus balances eran de una solidez pétrea, no sé si recuerdan) no es precisamente una bicoca. Y, para rematar, con un pseudo-corralito (o, más bien, con un corralito con todas las de la ley, pues no se pueden convertir con facilidad, y sin pérdidas enormes, los nuevos productos, las famosas "preferentes" con las que han sido agraciados los propietarios, pues su conversión en acciones de verdad está siendo lenta y dolorosa).

Imaginemos, en resumen, a un pequeño ahorrador que va a una Caja de Ahorros a poner sus ahorros. ¿Quiere un producto seguro? Por supuesto. El menor riesgo posible. Bueno, pues aquí tiene un "plazo fijo" que le va dando interés cada año y tal. Lo puede sacar cuando quiera perdiendo dinero o en unos tiempos fijados y eso. Vamos, todo normal. Y, de repente, el "plazo fijo" de turno (ya fuera constituido por bonos de la caja, por cédulas hipotecarias o por lo que fuera) en la medida en que era un producto vinculado al balance de la Caja es convertido por nuestro Derecho en otro producto que te convierte en un extraño accionista corresponsable de la gestión y futuro de la entidad. Felicidades, ha pasado Usted a ser accionista "preferente" de Bankia, por ejemplo. Pues suena bien, la verdad. ¿Puedo vender la participación? Pues no todavía, porque sus acciones son preferentes, no ordinarias. Ah, qué bien. Y esto, ¿cuánto vale? Pues no se sabe muy bien, pero bastante menos de lo que en su día contrató. ¡Anda! ¡Qué cosas! En fin, a ver si cuando me conviertan esto en acciones de verdad al menos puedo sacármelas de encima... mientras el valor en bolsa de la acción por otro lado, se despeña.

Esto le ha pasado en España, con más o menos matices, a varias decenas de miles (probablemente algún centenar de miles) de ahorradores, en su mayoría pequeños y medianos. Obviamente, es todo legal. Y el Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores no han incumplido ninguna ley española ni han quebrado el Derecho de la Unión Europea al permitir, autorizar e incentivar esta transformación. Justamente ahí es donde está el problema gordo. En que esto no sólo se pueda hacer sino que, además, no sea jurídicamente problemático. A mi juicio, este ejemplo, y sin entrar en detalles técnicos, pone de manifiesto como mínimo tres graves problemas de nuestro modelo de regulación de mercados:

1. La radical incapacidad de los reguladores para obligar, forzar, instar, convencer o lo que sea (pero vamos, en realidad, obligar) a que los actores que operan en estos mercados ofrezcan una información suficiente, profesional, fidedigna y fiable sobre los productos que ofrecen. Cuando las garantías e información que tienes a la hora de contratar bonos de una entidad intervenida y controlada por BdE y CNMV son equivalentes, de facto, a las que ofrece el Grupo José María Ruiz Mateos cuando emite obligaciones, sin duda, algo está fallando.

2. El modelo de ordenación del sector que ejemplariza el Banco de España, que viene a ser algo así como "confiad en nosotros, que somos muy listos, que ya hablaremos en privado con las entidades y arreglaremos las cosas bien y desde dentro, que los trapos sucios mejor si los lavamos en casa" no sólo tiene enormes problemas desde un punto de vista del Estado de Derecho, de la transparencia y de la democracia, sino que se ha demostrado enormemente ineficaz. Si el BdE es un agente de control y supervisión que ha de actuar en la intimidad, para resolver los problemas de las entidades y velando porque los problemas no sean excesivos acaba pasando lo que acaba pasando. Que esa opacidad es un nido de incompetencia y no se ve venir nada. Aunque sea un tsunami (desgraciadamente no faltan ejemplos ahora sobre el particular). Pero, además, que el problema no es ya que el organismo regulador sea "capturado" por los regulados. Es que son éstos, y sus necesidades de sanear balances, los que dictan las medidas adoptadas. Como fue el caso aquí. Había que meter esa pasta dentro e impedir a la gente salvarla, para que los "problemillas de liquidez" que el "mejor sistema financiero del mundo, y el más saneado" estaba experimentando en esa época no fueran a más. Entre sacrificar ahorradores y sacrificar a las entidades, no hay duda de por quién se decanta un modelo de supervisión como el nuestro.

3. El Derecho de la regulación económica español (y no solo el nuestro) no es "suficientemente Derecho" y es demasiado decisionista, demasiado pretoriano. Los marcos legales con los que autoridades reguladoras y gobiernos adoptan decisiones permiten un grado de discreción enorme con la excusa de que ésta es necesaria para garantizar la necesaria flexibilidad para una mejor ordenación política y económica. El resultado es que el Derecho de la competencia europeo decide si algo es ayuda pública o no según un criterio "realista" (más bien regalista) absolutamente descorazonador e imprevisible que varía según las necesidades y humores del momento (y del agraciado), que las cajas y los bancos en España pueden tener exigencias de capital diferentes por capricho del gobierno o que entre Banco de España y Gobierno adjudican bancos donde se han inyectado miles de millones de euros públicos con unos procedimientos y unos concursos cuyo grado de transparencia y los contenidos del pliego de condiciones harían las delicias del mismísimo Jesús Gil cuando expuso sus teorías sobre contratación administrativa en el Ayuntamiento de Marbella.

Aunque quizás el resumen de todo esto es que lo que sobra en España, en materia de regulación económica, es incompetencia. Que la tenemos por arrobas. Porque llegado un determinado punto, las cosas que lees no pueden ser mala fe, ni problemas jurídicos estructurales sino pura y dura incapacidad. Esto es algo que, en retrospectiva, brilla con luz propia. Disfruten con unos párrafos extractados de uno de los muchos Reales Decretos-ley de los últimos años, de hace apenas dos años y medio, el RDLey 9/2009:

(...) Casi dos años después del inicio de la crisis internacional, la capacidad de resistencia del sector bancario español, tradicionalmente sujeto a una regulación y supervisión basadas en una aplicación prudente y rigurosa de los estándares internacionales, ha sido notable, en particular en relación a la de los países de nuestro entorno. Las entidades que podrían considerarse como más determinantes para la salud del sistema por su tamaño, mantienen una sólida posición que les puede permitir, con un grado de certeza razonable, seguir afrontando la crisis sin necesidad de apoyo público. Este punto es esencial, porque sitúa al sector bancario español en una posición muy favorable respecto a los de las grandes economías avanzadas. Entre las entidades de tamaño mediano o pequeño también se encuentran entidades que mantienen una sólida posición, no obstante, podría haber algunas que pudieran llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses, debido a la interacción de la persistencia de problemas de liquidez y financiación con el deterioro relativo de sus activos, aumento notable de la dudosidad y disminución de su negocio, consecuencia tanto de la duración, intensidad y extensión de la crisis, como de la fuerte caída de la actividad económica provocada por la misma (...) 

Y si quieren ponerse a temblar de cara al futuro, lean, lean...

(...) En circunstancias normales, los Fondos de Garantía de Depósitos de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, junto al Banco de España, tienen a su disposición herramientas suficientes para afrontar crisis individuales de un determinado número de entidades. Estas herramientas se refieren a las contempladas en el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en el que se establece que los Fondos de Garantía de Depósitos tienen por objeto no solo garantizar los depósitos en dinero y en valores constituidos en las entidades de crédito, sino que también pueden realizar actuaciones encaminadas a reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades de crédito que se encuentren en una situación de dificultad. (...)

El País

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