Intervención económica y recentralización

Hemos entrado definitivamente en una nueva fase de la crisis, una vez parece que ya ha quedado claro a estas alturas, al fin, que el Reino español no tiene un problema de liquidez sino de solvencia. Y que éste, además, es bastante grave. La quiebra del Reino, que hemos tardado como 5 años en detectar y asumir, además, tiene pinta de que va a ser gestionada con igual pericia a la demostrada hasta la fecha, ya sea para diagnosticar el problema o para apuntalar alguno de esos problemitas sin importancia que presentaba el mejor sistema financiero del mundo.

Con ese mismo ánimo, metidos en materia, y como ya hemos señalado por aquí en el pasado, las elites afincadas en la capital del Reino tienen claro desde hace unos años que esta crisis va a permitir, al menos, cargarse el modelo autonómico y recentralizar. Para ello, con el mismo espíritu del que se hacía gala cuando se comentaba eso de que las cajas de algunas autonomías derrochaban y robaban pero que todo lo demás funcionaba como la seda, los problemas de déficit público, como machaconamente nos repiten, tienen nombre y apellidos: las Comunidades Autónomas (y además, ya se sabe, no todas ellas, sino que algunas más que otras). La realidad se llevará por delante estas trampas al solitario con la que nuestra clase política, empresarial y medios de comunicación se entretienen, pero mientras tanto, y eso jurídicamente es interesante, los mecanismos para ir preparando el choque de trenes ya están todos ellos dispuestos y, desde esta misma semana, han empezado a ser empleados.

Como es sabido, este Gobierno con tanta afición a legislar por Decreto no ha tenido más remedio que aprobar como Ley una norma durante este período de sesiones, dado que su rango de Ley Orgánica en principio vedaba el cómodos recurso al Decreto-ley (todo se andará y en breve empezaremos a ver engendros orgánicos aprobados así, si no, al tiempo, pero de momento se han contenido): se trata de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Esta norma es muy importante pues va más allá de lo que en su día hizo la famosa ley de estabilidad presupuestaria que en su momento aprobó Aznar y que luego derogó Zapatero, estableciendo como obligatorios para las Comunidades Autónomas y Entes Locales los objetivos de déficit marcados por el Gobierno. La importancia de una medida así es muy complicado de minusvalorar. En la práctica, y más todavía en un sistema como el español, donde el control de los cordones de la bolsa sigue sólidamente retenido por el Estado, esta vuelta de tuerca en la capacidad de controlar la política fiscal y presupuestaria de las Comunidades Autónomas hace que éstas sean, cada vez más, muy dudosamente autónomas. Téngase en cuenta que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad se tendrá en cuenta según la ley tanto para autorizar las emisiones de deuda, como para la concesión de subvenciones o la suscripción de convenios, atando presupuestariamente todo lo posible a las CC.AA. Más si cabe de lo que ya lo estaban.

En efecto, es complicado argumentar que pueda haber una verdadera autonomía en la gestión de intereses públicos cuando se depende para ello de transferencias presupuestarias que, en última instancia, se acuerdan o no según la voluntad más o menos graciosa de un tercero y si, además, este tercero se reserva el derecho a controlar cómo y cuánto gastas después. Puede argumentarse que, dado cómo era nuestro sistema de financiación autonómica, el efecto estrangulador de la autonomía ya se venía produciendo, lo que probablemente era verdad. Pero viviendo a crédito alegremente, como hemos hecho estos años, no se daba uno cuenta. Y, en todo caso, ni siquiera en ese caso deja de ser significativo que una ley estatal se reconozca la capacidad de obligar a las CC.AA. e incluso establecer medidas sancionatorias y de intervención muy potentes en caso de que el Estado, según su buen entender, considere que no se está actuando debidamente. Así, el texto de la ley, en su artículo 26 invoca expresamente el artículo más "antipático" de la Constitución, el art. 155 CE (ese que invocaban regularmente Fraga, Rodríguez Ibarra y demás entusiastas de ocupar Euskadi con tanques cada vez que algún consejero del Gobierno vasco respondía en euskera a la televisión pública) para ordenar medidas automáticas de corrección en los supuestos de no adoptarse por las Comunidades Autónomas los acuerdos de no disponibilidad o de no acordarse las medidas propuestas por la comisión de expertos del Estado.

La significación de lo que supone una regla así para la autonomía es fácil de explicar por comparación: en Alemania el primer intento en este sentido fue declarado inconstitucional y hubo que cambiar la Constitución un par de veces, tras años de debate, hasta encontrar una fórmula que se entendía que permitía "ligar" a los Estados federados a las exigencias de estabilidad presupuestaria sin que por ello se cercenara su autonomía. Obviamente, aquí nada de ello ha ocurrido, aunque tenemos, como es sabido, una base constitucional rutilante y nuevecita... producto de una reforma ad hoc y express realizada en pleno mes de agosto de 2011 (reforma del art. 135 CE) y en menos de dos semanas. Sin debate ni nada digo de ese nombre. Ni falta que hace.

Tras ese primer paso, el pasado fin de semana el BOE publicó el segundo, por medio del enésimo Decreto-ley (bueno, en realidad el vigésimoprimero) del año: así, por medio del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero se va un poquito más allá. Del marco legal que prevé el rígido control de las cuentas autonómicas al establecimiento de medidas de apoyo financiero por parte del Estado a aquellas CC.AA. que tengan problemas de tesorería. A cambio, eso sí, de pasar a estar en un régimen jurídico de control casi absoluto por parte del Estado en lo que se refiere a sus decisiones de tipo financiero y presupuestario.

El mecanismo es perverso desde muchos puntos de vista. Dado el modelo de financiación autonómica que tenemos en España que, como todo el mundo a estas alturas conoce, genera enormes diferencias en el dinero per cápita que para prestar servicios equivalentes reciben las diferentes regiones españolas y que además no tiene nada que ver con los ingresos fiscales de cada Comunidad Autónoma o con su población, sino con una estimación de origen del coste del servicio (periódicamente actualizada) realizada desde el Gobierno central, hay muchas Comunidades Autónomas que, sencillamente, no tienen dinero para prestar servicios en condiciones si no recurren a la deuda. En un contexto donde por ley se te bloquea esa vía (LO 2/2012) y el Estado deja en suspenso tu autonomía (art. 155 CE) si no la cumples la solución es sencilla: o se dejan de prestar los servicios o se acude a la "línea de crédito" en condiciones muy ventajosas que ha puesto en marcha el Estado (RDLey 21/2012). A cambio de lo cual, eso sí, la autonomía deja de existir, lo que viene a ser un 155 CE pero en "light". Baste ver en este sentido algunos ejemplos:

- El art. 3.2 del RDLey 21/2012 dice que una vez pedida la ayuda el control sobre la Comunidad Autónoma se prolonga, resumiendo la idea, hasta que al Estado le dé la gana: "Este mecanismo atenderá las necesidades financieras definidas en el artículo 1 en tanto que persistan dificultades de acceso de las Comunidades Autónomas a los mercados financieros, correspondiendo a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos la apreciación, con periodicidad anual, de tal circunstancia".

- El art. 4.2 dice en qué puede usarse el dinero y cómo ha de gastarlo la Comunidad Autónoma, todo ello bajo control estatal. Pero en ciertos casos, incluso, se prescinde directamente de la Comunidad Autónoma y se monta un sistema de manera que el dinero ni llegue a la misma. Ya va pagando el Estado en su nombre, no se preocupen, atendiendo las prioridades que se entienda desde el Reino que hay, como permite el art. 4.5: "El Estado, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma, gestionará, con cargo al crédito concedido, el pago de los vencimientos de deuda pública de la Comunidad Autónoma, a través del agente de pagos designado al efecto."

- El art. 5.2 establece que las CC.AA., como buenos alumnos, han de mandar sus deberes al Estado para que éste los revise. Y, además, el Estado tendrá acceso a todo tipo de información según señala el art. 5.3. que obliga a "Permitir el acceso y remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la información prevista en el artículo".

- Para acabar de rematar la faena, el mecanismo supone que las CC.AA. ya ni siquiera sean dueñas de la pasta que graciosamente recibían del Estado por medio del sistema de reparto que tenemos montado, pues el art. 15 dispone la retención de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: "Los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común que se adhieran a este mecanismo responderán de las obligaciones contraídas con el Estado, mediante retención, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin que pueda quedar afectado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de endeudamiento con instituciones financieras multilaterales".

En resumen, que esto de autonomía tiene lo que ya a estas alturas todos sabemos. Estamos ante una recentralización en toda regla por medio de la economía. Hay que tener en cuenta que, sin independencia en estas parcelas, y controlado, supervisado y dependiendo los fondos de Madrid, la autonomía política es mera fachada, más desconcentración administrativa para gestionar sanidad y educación en proximidad que verdadera descentralización. Algo que a estas alturas a todo el mundo le alcanza y que va a generar un lío tremendo en los próximos meses.

La situación se torna particularmente grotesca si atendemos a que las Comunidades Autónomas que de momento han solicitado financiación y que a cambio de ello no tienen más remedio que quedar sometidas a la intervención estatal son justamente aquellas (Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, por orden de haber solicitado el auxilio estatal) que tienen recursos disponibles por ciudadano por debajo de la media estatal y que, además, realizan importantes transferencias fiscales que drenan su sistema autonómica por valor de varios miles de millones de euros al año.

El problemón político se acrecienta al justificar la "intervención" y la recentralización en una supuesta ayuda de un Estado benefactor y sensato que vendría a paliar los desmanes de unas autonomías manirrotas y derrochadoras. Pero es que, claro, si retienes la pasta a tu gusto puedes hacer pasar por irresponsable a casi cualquiera. Y aunque la gestión del autogobierno haya dejado mucho que desear desde muchos puntos de vista (por ejemplo, en Valencia, como hace no mucho explicábamos) no puede olvidarse que los problemas económicos de ciertas Comunidades Autónomas no vienen de esa tendencia suya al derroche que aconsejaría que fueran puestas bajo control de un Estado prudente y sano desde un punto de vista contable. Como saben muy bien, a estas alturas, casi todos los ciudadanos de las regiones más señaladas con el dedo, estamos hablando de trampas al solitario constitucional y de reparto territorial del poder de esas tan habituales en España. Baste ver el ejemplo, una vez más, de Valencia, por eso de que ha sido la primera en pedir ayuda, con una infrafinanciación autonómica que explica no sólo la totalidad del déficit actual, sino mucho más. De pasar a recibir lo que aporta (y tiene una renta per cápita media de menos del 100% de la media española, lo que justificaría que no hiciera aportaciones a la solidaridad) el déficit de la Generalitat Valenciana de más o menos un 3% del PIB pasaría a ser automáticamente superávit de un 3'5% en estos momentos. Sin tocar nada. Tienen aquí un completo estudio con todos los datos y números. Pero en Cataluña pasa más o menos lo mismo. Y en Baleares. Incluso en Murcia, aunque a una escala menor.

A la vista de estos datos, resulta grotesco que haya que "rescatar" a ciertas regiones con una parte del dinero de más que éstas llevan aportando desde hace años. Pero así funcionan las cosas aquí. Por este motivo, además, quien tiene que "rescatar" es un Estado en quiebra desde hace tiempo, un muerto viviente desde el punto de vista económico, que enfangando en sus propias mentiras acabará siendo, a su vez, "rescatado" sí o sí desde fuera. O dejando de pagar su deuda (lo que resulta pradójico, pues las nuevas leyes no dejan que las CC.AA. lo puedan hacer y, se supone, tampoco el Estado podría hacerlo sin incumplir el nuevo 135 CE). Es decir, que estamos hablando de una gigantesca farsa que sólo sirve a los intereses sesgados de quienes además de haber manejado este cotarro como lo han manejado ahora quieren aprovechar el desastre para incrementar su cuota centrípeta de poder.

Este proyecto de recentralización, que jurídicamente ya ha empezado a desplegar sus fichas, puede generar un enorme conflicto en esta España en crisis. Porque con las cosas de comer no se juega. Y menos todavía cuando tenemos el panorama que tenemos. Pero si encima se juega haciendo trampas, con un prejuicio ideológico que busca un determinado objetivo al margen de datos, números y cualquier suerte de evidencia la receta para el desastre está completa. En España, además, a todos estos ingredientes vamos a añadir la confrontación directa y cada vez más salvaje entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que esto va a acabar generando. Al tiempo.

Vamos a jubilar al TEDH... y a quien se ponga por delante con remilgos

El país está, y no hace falta que se lo cuente yo, absolutamente reventado, con las costuras de la indignación popular a punto de estallar y nuestra querida Casta, mientras tanto, levitando como acostumbra con sus discusiones chabacanas e impresentables ("que se jodan", ya se sabe). Que llevamos haciendo las cosas rematadamente mal desde hace mucho tiempo es ya a estas alturas una evidencia que nadie discute. Que seguimos empeñados en no rectificar, también. Hay, sin embargo, un aspecto sobre el que no se incide demasiado. Y es el temerario desprecio con el que se hace caso omiso a los expertos y a los colectivos profesionales en aquellos (escasos) casos en que ciertos juicios son casi unánimes. Máxime cuando hay consideraciones de otro tipo (estéticas, normalmente) o intereses muy bastardos que se ponen en medio. La franqueza y exhibicionismo con el que Gobierno, intelectuales de servicio y medios de comunicación se manifiestan en rebeldía frente a cualquiera que no les baila el agua, incluyendo a la tozuda realidad muchas veces, es sencillamente hipnótica. Y si hay que estrellarse contra el muro de la realidad de las cosas, pues nos estrellamos. ¡Tanto peor para el muro y para la realidad!, parece que decimos embriagados y encantados de habernos conocido. Dentro de esta especialidad española, que tiene muchas variantes, a mí me interesa la especialidad consistente en pasar de cumplir las leyes, las normas que nosotros mismos nos hemos impuesto, o interpretarlas a la buena de Dios, siempre con ayuda de algún jurista entusiasta, pero en contra del criterio casi unánime de todos los demás. Porque yo lo valgo. O el país lo vale. O algún interés muy concreto... Y si hay que descuajaringar el ordenamiento jurídico pues se hace. La semana pasada ha sido pródiga en sucesos de este tipo.

El más escandaloso tiene que ver con una vieja conocida de este blog, la llamada "doctrina Parot", que hemos puesto a parir por activa y por pasiva en diversas ocasiones y que hace no mucho reclamábamos que desapareciera ya que o lo había hecho por respeto a las garantías sí por sentido de la medida y para evitar el ridículo internacional una vez había desaparecido la amenaza más inmediata de ETA. Lo más fascinante de este asunto es que las críticas en este tema no son una cosa de cuatro extravagantes juristas con blog, sino que puede considerarse sin temor a exagerar como un lugar común entre los juristas españoles (de derechas, de izquierdas, teóricos, prácticos, del Madrid, del Barça...) entender que estamos ante una verdadera salvajada pues a todos nos repugna la retroactividad penal en perjuicio del reo. Sin embargo, el autismo con el que se comporta la Casta dirigente de este país le ha hecho desatender todas las críticas, incluso las recomendaciones amistosas de personas comprometidas con objetivos semejantes a los de los sucesivos Gobiernos, y al final ha pasado lo que tenía que pasar. En una Sentencia que confirma el estatuto del Reino de España como uno de los países de Europa que más condena recibe por violar derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anulado la doctrina Parot. La Sentencia, además, es muy dura. La tienen aquí, pero ya se la resumo yo: los jueces europeos alucinan con que a alguien se le ocurra revisar años después, retroactivamente, los años que una persona ha de cumplir en la cárcel aplicando leyes o interpretaciones jurisprudenciales creadas a posteriori de la condena y que piense que eso es compatible con un Estado de Derecho. La sentencia, además, tiene elementos de dureza adicional para la posición del Reino de España. Por ejemplo, que es unánime. O que dice que si España no pone en libertad a la persona presa que reclama estará violando el Convenio.

Pues bien, siendo todo esto grave, más alucinante si cabe ha sido la reacción del Gobierno de España ante la condena. Varios ministros, invocando el "espíritu de la plaza de Oriente" han salido a decir que "si ellos tienen TEDH, nosotros tenemos dos" y que, como ya apuntó el Marca, "vamos a jubilar al TEDH". Traduciendo, que el Reino de España no piensa cumplir la sentencia. Que de poner en libertad al preso, nada. Y que si acaso nos vuelven a condenar ya veremos. Ah, sí, y la indemnización no se piensa pagar en ningún caso pues el Gobierno entiende que la puede reclamar cualquier sujeto que tenga un crédito (por ejemplo, la responsabilidad civil derivada de delito) con la condenada. Una novedosa doctrina que estaría bien que los proveedores de partidos políticos pudieran hacer suya respecto de las subvenciones que éstos reciben caso de que no les paguen alguna deuda, por ejemplo (más de 30 millones de euros en lo que va de este 2012 de crisis, que es un pellizquito que no está mal).

El daño a la imagen internacional del país que cosas como estas suponen es muy difícil de medir, pero es enorme y acaba teniendo consecuencias. Incluso sobre la prima de riesgo. Que las grandes instituciones europeas de derechos humanos se formen, y con toda la razón, una pésima imagen de España y de cómo funcionan aquí nuestro Gobierno y nuestras elites bueno, precisamente, no es. De hecho, es algo particularmente malo y difícil de arreglar a corto plazo. La imagen que tenemos, y es de justicia que así sea porque nos la ganamos, es de gente que no respeta las reglas y que, cuando tiene un objetivo, no tiene empacho en arramblar con todo, seguridad jurídica, Estado de derecho, garantías o lo que sea para lograrlo. Las consecuencias de estas conductas, además de para la imagen internacional del país, son mala en muchos otros ámbitos. Que aquí nadie se tome en serio que las leyes obligan a respetar ciertas reglas del juego se filtra desde las alturas y acaba conformando una cultura popular donde pagar el IVA, como es sabido, es tendencialmente optativo.

Lo peor es que en una simple semana como la que cerramos los ejemplos de conductas semejantes se multiplican. De la misma matriz de desprecio por el Derecho y las reglas y de consecución de ciertos fines a costa de lo que sea ha salido la ocurrencia legislativa de pretender alterar los resultados de las elecciones en el País Vasco, ahora que lo de seguir prohibiendo partidos por motivos ideológicos en ausencia de banda terrorista activa que permita demagógicamente extremar la dureza, por medio de permitir que gente de fuera de la región vote a partir de criterios tan extravagantes como alegar que la abandonaron en el pasado "por miedo al terrorismo". La propuesta, que inicialmente parecía una humorada, está avanzando a buen ritmo, con eminentes juristas e instituciones haciendo informes bien retribuidos para decir que sí, que podemos, que "a por ellos, oe" y que, si se tercia, pues jubilamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos otra vez. Mire, es que con una firmita basta para que sea todo legal, oiga. Resulta ciertamente triste constatar cómo de sencillo es que en este país las elites supuestamente formadas y los profesionales que debieran regir su mejor criterio por otras consideraciones acaben apoyando casi lo que sea, si se les busca bien.

Obviamente, la gestión que estamos haciendo de ese pequeño asuntillo que tenemos con nuestras deuda y finanzas públicas no se salva de la quema. La misma improvisación, negación de la realidad e incompetencia última de fondo se aprecia en la aprobación de unas medidas que ni siquiera se corresponden con lo que la UE está pidiendo, pero que pretendemos que en Bruselas y Alemania y donde sea pasen como que "estamos haciendo los deberes". Y va a ser que no. Porque todo cae por su propio peso. Se recorta sólo de ciertos sitios (y siempre de los mismos) y se añaden medidas que no tienen nada que ver con el ahorro sino con las obsesiones ideológicas de unos fulerillos de tres al cuarto que creen que con esta crisis pueden irse de rositas y, a la vez, marcar su agenda política e ir desarrollando sus obsesiones. Lo mejor de todo es que para rematar la faena, el caldo de cultivo para que los próximos recortes acaben con intervenciones de Comunidades Autónomas ya se está preparando ("El Estado autonómico se nos ha ido de las manos" dicen los expertos que se han buscado para vestir al santo). A conciencia. Esta gente que tenemos en el Gobierno es tan increíblemente sectaria e incompetente que van a montar un follón constitucional y sobre el reparto territorial del poder que va a acabar con un choque de trenes salvaje.

Y eso por no mencionar la concreta "implementación" jurídica (por emplear el palabro que le encanta a esta gente) de los recortes fuleros aprobados. El enésimo Decreto ley de la temporada (en realidad el Decreto-Ley nº 20 de los 21 que llevamos ya a lo largo de 2012) es un verdadero espectáculo. Excepciones y excepciones. Reglas de toda la vida que para algunos casos se derogan y para otros siguen. De nuevo, lo de siempre. Que aquí las normas y su estabilidad se tiene como algo superfluo. Y encima mal redactado. Incomprensible a veces. E inundado de perlitas que harán las delicias de muchos con esto de establecer regímenes muy particulares y llamativos. Por ejemplo, la DA 5ª que parece que permitirá a todos los funcionarios, con excepción de quienes tengan reconocidos niveles 29 y 30 (que equivalen a puestos directivos y de jefaturas) ponerse a trabajar en el sector privado en régimen de compatibilidad con el desempeño de su puesto público si renuncian al complemento específico. ¿Esa gente sabe lo que hace o está desmantelando cualquier atisbo de profesionalidad y compromiso de los trabajadores públicos con el país y la gestión pública por pura incompetencia? A saber, en todo caso, sensibilidad y preocupación por las cosas de los demás y del ciudadano medio tampoco tienen mucha: por eso en el mismo RDLey donde aprueban recortes de todo tipo establecen que las deducciones para Madrid 2020 serán las máximas previstas en el ordenamiento. Es importante que las prioridades queden claras, ya se sabe.

Por último, una mención muy sentida y especial (también muy dolorosa para mí) a la Comunidad Valenciana, donde estamos liquidando el autogobierno por la vía de demoler y barrenar todas y cada una de las instituciones y ámbitos de acción propios. Hoy le ha tocado a la televisión autonómica, que prácticamente hay que dar por liquidada, con los enormes efectos que ello va a tener en la información de proximidad y en la normalización lingüística del valenciano. Pero el drama es mucho mayor. El desastre es la erosión constante e interna de todo el ámbito de lo público por esa corrupción de baja intensidad, pero generalizada, que ha afectado a tanta gente y a tantas actitudes que se lo ha acabado por comer todo. Lo hemos dicho otras veces: ese tipo de corrupción no es individualmente y en concreto, caso a caso, importante. No es meter la mano en la caja. Es dar los contratos a gente de confianza o facilitarles información para sean competitivos. Es meter a dedo a asesores y luego funcionarizarlos. Es manipular los concursos para que entren familiares o amigos... Pequeñas cositas que, poco a poco, se cargan una Administración y un país. Porque minan desde dentro la moral de la cosa pública y, al final, la acaban convirtiendo en un monstruo ineficiente, corrupto, sobredimensionado, carísimo...

Todo eso está pasando en España, y también en las Comunidades Autónomas. La situación es límite y el mismo autogobierno empieza a verse cuestionado en algunas de ellas, como el País Valenciano. Y, una vez más, el origen de todos los males tiene mucho que ver con esa idea tan extendida en España de que las leyes son orientativas y de que no tenemos por qué sentirnos obligados a cumplirlas, ¡sobre todo cuando mandamos! Un desastre colectivo que a la postre tiene muchas más consecuencias de las que parece.

En este país en estos momentos los problemas son muchos y profundos. Pareciera que esto del Estado de Derecho, de cumplir las normas, de no hacernos trampas al solitario, de aceptar que no hay más remedio que respetar ciertas restricciones es un lujo que, en ocasiones, no nos podemos permitir. Pero es todo lo contrario. No valen los atajos. Acaban, a la postre, conduciendo a situaciones mucho peores. Parece mentira que a estas alturas todavía no lo tengamos claro.

La tele valenciana que quiere el PP

Hace un mes, con motivo del inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva ley sobre Radiotelevisión Valenciana (RTVV) en les Corts a partir de un proyecto de ley del Consell, escribía en la columna quincenal de El País Comunitat Valenciana sobre lo que llamaba La nueva Ley de Canal 9. En ese articulo había dos o tres ideas-fuerza muy claras, muy sencillas y, en mi modesta opinión, poco discutibles:
- Que una televisión pública valenciano y en valenciano es necesaria dada la incapacidad de la oferta privada (o de la oferta pública estatal) para desarrollar ciertas funciones (otra cosa son las dimensiones de la misma, por supuesto, y el coste).
- Que resulta a estas alturas de la película más o menos evidente que lo que ha ocurrido con Canal 9 es una pequeña tragedia y que es importante enderezar el rumbo. 
- Y, sobre todo, que a la hora de modificar las reglas el PP valenciano, dado que tiene mayoría absoluta, debiera ser muy consciente de que perpetuar una situación como la actual no conviene al país, ni al sector audiovisual, ni a la sociedad valencian, pero tampoco sería en absoluto positivo para el PP valenciano. Y ello al menos por dos motivos. En primer lugar, porque una televisión como es hoy en día Canal 9, con una audiencia ridícula (la penúltima de todas las autonómicas, superada incluso por las muy jóvenes televisiones de Asturias, Aragón, etc. que ni siquiera cuentan con el apoyo de una lengua propia que les haga más fácil captar televidentes) fruto del descrédito que sufre y de la pésima imagen que transmite, no sirve de nada, ni siquiera como instrumento de manipulación y propaganda. En segundo lugar, porque perpetuar este estado de cosas sólo tiene un efecto de cara al futuro: posibilitar y legitimar que, el día que gane unas elecciones la oposición (algo que tarde o temprano llegará, es ley de vida) ésta pueda, si lo desea, tener a su disposición una televisión de partido, de modo que habría que esperar que en un alarde de buena voluntad decidiera privarse de ese instrumento allí donde otros no habían querido (cierto es, en todo caso, que su nula utilidad hace el "sacrificio" menos meritorio).

Pues bien, un mes después, y a la vista de cómo está transcurriendo el debate en les Corts valencianes, varias consideraciones merecen ser realizadas a la vista de que ya podemos tener claro por dónde van los tiros y confirmar nuestro pesimismo (o, más bien, refutar el mínimo optimismo que apuntaba en su día, en la esperanza de que el PP fuera consciente de lo que no le convenía).

1. El PP valenciano parece no haber entendido nada respecto de la inutilidad de una tele como el Canal 9 actual incluso para la defensa sus intereses partidistas. Por alguna razón, sigue considerando que el férreo control político y editorial sobre RTVV, que la nueva ley sigue garantizando, es algo que les beneficia y conviene preservar. Las propuestas de la oposición, en el sentido de dar más peso a la opinión de los profesionales de la casa, por un lado; y de garantizar más control de las Corts valencianes, en tanto que representantes de los ciudadanos, sobre la gestión y órganos de control de la televisión autonómica, están siendo sistemáticamente rechazadas. El coste en términos de imagen de proseguir esta senda es enorme. El rédito, como ya se ha argumentado, escasísimo y más bien tendente a nulo (recuérdese que, con la actual coyuntura económica y con el tijeretazo económico que se avecina, el control de Canal 9 ya no sirve siquiera como agencia de colocación para familiares y amigos). Resulta incomprensible la cerrazón del PP al negarse a tratar de establecer mecanismos que impidan una politización demasiado fácil y traten de facilitar el control y la profesionalidad. Maxime cuando, en ningún caso, como a casi nadie le cuesta demasiado entender, algo así, como es obvio, supondría que un partido con mayoría en el Parlamento valenciano perdiera sus resortes a la hora de orientar y dirigir la gestión del ente, como por otro lado es normal (quien gana las elecciones representa a una mayoría de ciudadanos, a fin de cuentas).

2. La oposición valenciana se ha puesto las pilas. Por una vez, y esperemos que el precedente cuaje, frente a la iniciativa del PP, de su Gobierno y de su rodillo parlamentario en las Cortes valencianas, la oposición ha hecho varias cosas. En primer lugar, ha presentado un proyecto alternativo técnicamente muy sólido y bien trabado (quizás demasiado seguidista de lo que fue la ley socialista para RTVE, pero no puede reprocharse demasiado que así sea cuando esa ley ha funcionado moderadamente bien). Además, lo ha hecho a partir de un acuerdo entre los tres partidos de la oposición, que han logrado un consenso sobre el tema muy de agradecer por lo poco frecuente cuando de iniciativas concretas, con cara y ojos (en este caso, con un articulado en forma de proyecto alternativo de ley) se trata. No sólo ello, sino que en una acción política que les honra, han enviado a mucha gente del sector el proyecto, pidiendo sugerencias y retroalimentación (algo que me consta pues como Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València he trabajado y estudio cuestiones referidas a la regulación pública de los medios de comunicación y me hicieron llegar su proyecto para que les hiciera críticas y comentarios si me apetecía, como así hice, de hecho). Que los partidos políticos de la oposición sean capaces de pactar un texto, de abrirlo a la sociedad, de buscar la participación de los actores y de intentar plasmar una síntesis coherente (obviamente, debiendo descartar muchas cosas) es algo que habla muy bien de cómo han reaccionado en este tema. No consta, en cambio, que el Proyecto del PP haya buscado, ni en la elaboración en el seno del Consell, ni durante el trámite parlamentario (por vía rápida) la más mínima aportación exterior, de expertos, de gente del sector, de nadie. Además, la oposición ha hecho un esfuerzo de explicación a la ciudadanía y en los medios de comunicación, que como consecuencia de ello han hablado de su proyecto alternativo con extensión (lo que demuestra que si las cosas se hacen bien se puede llegar a los medios). El resultado se resume fácilmente: la oposicion ha presentado un texto sustancialmente mejor, tanto técnicamente como respecto de la orientación que socialmente desea una mayoría de los valencianos para Canal 9, que el PP. Esa imagen, además, se ha transmitido a los medios de comunicación y se ha filtrado a la sociedad, poniendo al PP muy a la defensiva (y por eso han aparecido esos delirantes ataques no a las propuestas presentadas sino descalificando ad personam con el tosco argumentario sobre el "Tripartit valencià").

3. El propio PP valenciano no entiende ni comprende ni acaba de estar cómodo con el modelo de televisión que están defendiendo. De resultas de los dos puntos anteriores, empieza a emerger la idea clara, entre quienes estamos siguiendo el debate y charlamos de vez en cuando con gentes del sector, de que la incomodidad del PP va más allá de sentirse a la defensiva, políticamente, en este tema, frente a un esfuerzo consensual de la oposición. Además de este factor, gran parte del PP valenciano o de las personas del sector audiovisual ideológicamente próximas a los conservadores valencianos no entienden, sencillamente, el empecinamiento en llevar adelante una ley que, además de consolidar el control político sobre la televisión, abre la puerta a la consolidación de la castellanización de la misma, de la externalización de casi toda su producción y de la pérdida de control industrial sobre la producción, con las terribles consecuencias que ello tendría para un sector, el audiovisual, que en el País Valenciano había logrado en las dos últimas décadas dar pasos incipientes. La oposicion ha señalado, y con razón, el modelo de la televisión gallega, auspiciado por el PP de Galicia, como un ejemplo a seguir y que, de hecho, está funcionando bien (consenso político, gasto razonable, contenidos en gallego y propios, audiencia que triplica la de Canal 9). Sin embargo, en medio de la perplejidad de cada vez más gente del PP y de la industria valenciana, el debate en les Corts está demostrando que Alberto Fabra y los suyos no tienen la más mínima intención de moverse un ápice de sus posiciones.

Y aquí es donde empieza a entrar en juego un último factor a tener en cuenta. ¿Cómo es posible que el PP valenciano pase el rodillo para aprobar una ley que se enfrenta a una posición más o menos unitaria que concentra y aúna a un espectro social amplísimo, que incluye cada vez a un mayor porcentaje de las posiciones conservadoras? Pues, sencillamente, y es tristísimo decirlo, porque el modelo de gestión basado en trocear la programación, venderla en paquetes a productoras y reservarse para la gestión pública únicamente la capacidad de adjudicar estos contratos y orientar ideológicamente los contenidos, es el impuesto desde Madrid, desde el PP madrileño, con la excusa de contener gastos y para, ya que estamos, amparar a las productoras, madrileñas en su mayor parte, que ya están posicionadas para hacerse cargo de esa programación. Algo que contó por ejemplo hace meses el profesor de Periodismo Guillermo López y que pasito a pasito, con la tramitación legislativa que estamos viendo, es cada día mas evidente. A estas alturas, de hecho,no parece aventurado afirmar que justamente lo que describe G. López es lo que acabará ocurriendo si la ley se aprueba en estos términos.

¿Será capaz del PP valenciano de darse cuenta de que lo que está haciendo va contra sus propios intereses y que sólo servirá para destruir Canal 9, el sector audiovisual valenciano y condenarnos a todos a prescindir de una televisión pública propia a pesar de seguir enterrando dinero en ello? Probablemente, a estas alturas, ya son casi todos los miembros del grupo parlamentario popular muy conscientes de ello. El problema es que donde hay patrón no manda marinero. Y parece que el patrón, en este caso, no son sus votantes sino los intereses, aunque sean mercantiles, de quienes mandan en la calle Génova de Madrid.

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Documentos:

- Proyecto de ley de RTVV enviado por el Consell de la Generalitat a les Corts Valencianes

- Texto alternativo presentado en el trámite de enmiendas por los grupos de la oposición

- La nueva ley de Canal 9 (artículo publicado en El País, edición Comunidad Valenciana, el 3 de junio de 2012)