Ayer publicaba una columna en El País (edición Comunidad Valenciana) donde explicaba por qué, a mi juicio, la corrupción en España no debe combatirse sólo con jueces y empleando el Código penal. Es un argumento que ya he empleado aquí muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el Código penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si están muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, además, vivimos en un país donde la corrupción de menudeo, pequeñita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este país. Toca asumirlo y empezar a asumir cómo afrontar el problema de una corrupción bastante sistémica y estructural:
Corrupción valenciana
ANDRÉS BOIX
Que en la Comunidad Valenciana tenemos un problema con la corrupción no es una afirmación que, a estas alturas, me temo, sorprenda demasiado a nadie. Tampoco, a la vista de cómo la realidad se acaba imponiendo machaconamente frente a ciertos prejuicios, resulta llamativo ya en estos momentos sostener que es un problema compartido con España. Lo que, por otro lado, no deja de ser normal, dado que no son tan diferentes los códigos culturales que en el fondo están en la base de todo el chapapote de comisiones, defraudación y trinques (sean legales o no) de que se compone gran parte de nuestro tejido económico. Pero, sobre todo, porque también compartimos un sistema legal y de incentivos (y desincentivos) que acaban condicionando y orientando comportamientos. Quizás nuestra estructura económica (el monocultivo ladrillista de los últimos años, por ejemplo) agrave el problema, pero poco más.
En todo caso, llama la atención que por aquí, donde desgraciadamente sí tenemos identificada la existencia de la patología y de su gravedad desde hace ya tiempo, no hayamos tratado de iniciar algún tipo de reflexión sobre qué habríamos de cambiar. La doctrina oficial dice que la corrupción no es general y que se combate con procesos penales para quienes cometen delitos. Esta visión está gravemente equivocada, por cuanto, más allá de la función ejemplarizante que puedan tener estas reacciones, ni se logra así combatir toda la corrupción ni, sobre todo, se ataja el mal esencial, que no son las grandes ilegalidades, sino las pequeñas y generalizadas situaciones donde la corrupción de baja intensidad, día a día, lo acaba contaminando todo. Entre otras cosas porque, además, muchas veces, estos comportamientos ni siquiera están considerados delictivos, de tan generalizada que está la pauta y asumida socialmente.
Urge pues modificar muchas normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico administrativo talibanístico en esta cuestión. La rigidez tiene muchos problemas, como es sabido, y genera ineficiencias. Pero no hay otra. Cuando alguien es alcohólico no se puede permitir tomar ni un vaso de buen vino ocasionalmente. Lo que es un fastidio que, sin duda, le hace perder calidad de vida. Ahora bien, no hay más remedio que actuar así porque, si no, a la larga, la cosa se descontrola. Con esta misma aproximación habría que afrontar la reforma de normas y procedimientos, de forma general, en la Administración valenciana. Porque, a la vista está, es suicida que nos permitamos siquiera una copichuela de vez en cuando.
Muchas de las normas que han de ser más estrictas dependen del Estado que, a la vista está, tiene poca intención de hacer cambios al respecto. Pero al igual que en otras ocasiones hemos llevado al límite nuestras competencias (para crear normas neoforales civiles, por ejemplo) tiene sentido experimentar aquí y cambiar algunas leyes, así como extremar las exigencias en la aplicación reglamentaria propia de las mismas, para dar transparencia, rigidificar la contratación pública, eliminar personal no funcionario de la toma de decisiones sobre dinero público e impedir cualquier contratación de personal que no se base en concursos muy serios. Si la autonomía sirve para algo es para, precisamente, tratar de arreglar por uno mismo las cosas cuando detecta que hay un problema. Así que habría que intentarlo.
La cuestión es, exactamente, estas medidas, ¿en qué deben concretarse? Voy a tratar de bosquejar mínimamente las que parecen más esenciales, partiendo de la base de que los focos esenciales de esa corrupción generalizada y de baja intensidad a partir de la cual todo se inunda y todo acaba pringado y extendido son, como ya hemos explicado alguna vez, tres: contratación pública, empleo público y urbanismo. Para ello vale la pena plantear algunos ejemplos y conectarlos con estos ámbitos a fin de que se entiendan los efectos de algunas medidas.
1. Transparencia. Es absolutamente esencial a todos los niveles. La lamentable y anómala situación al respecto de nuestro país no merece ser glosada mucho más. Sí conviene recordar, sin embargo, la de excusas chungas que están apareciendo cada dos por tres en este país para esquivar el tema, excusas que adquieren dimensiones preocupantes.
Por ejemplo, la manida protección de datos, que se ha convertido en barrera infranqueable al parecer y que, la verdad, genera cierta perplejidad que nadie ponga en cuestión en la esfera pública. Porque la protección de mis datos (o la de los de cualquiera) es muy importante, pero cuando me relaciono con el poder público empiezo a perder derecho a ser protegido siempre con carácter preferente. Por eso hay países donde, incluso, se considera que las declaraciones de la renta no deben ser protegidas, como recordaba certeramente ayer en El País Víctor Lapuente.
Un segundo ejemplo que demuestra hasta qué punto tenemos un problema en España es que el secreto industrial permita que incluso unos contratos televisivos hechos con la Administración (por poner un ejemplo de cutrez máxima) puedan ser secretos, sin que los fiscalice ni la oposición, ni el consejo de administración de la empresa pública de turno ni nadie. Acojonante comparar esta situación con la de las democracias normales donde incluso secretos militares clave son accesibles.
Y eso por no mencionar la situación de la Casa Real o las múltiples deficiencias de la prevista Ley de Transparencia, que es propia, ya que hablamos de nuestra querida Monarquía, de Botswana (y perdón porque hablo desde el prejuicio y muy probablemente Botswana tiene una norma mucho más digna que la nuestra en esto).
La transparencia es extraordinariamente importante a todos los efectos y la regla ha de ser sencilla y clara: todo lo que hace la Administración ha de ser público excepto cuando razones cualificadísimas de privacidad, seguridad nacional o existencia de otros derechos obliguen a no dar ciertas partes de la información (que no el resto) que puedan comprometer esos otros bienes. Y siempre, además, estableciendo mecanismos para que la oposición y, por supuesto, los jueces, puedan indagar por medio de procedimientos prudentes, en su caso, sobre estas partes opacas.
La transparencia, además, tiene efectos sobre las otras reglas sencillitas de control "talibán" que habría que poner en marcha, pues permite controlar su cumplimiento y hace más difícil que alguien la eluda, incrementando los riesgos (y con ello los costes) de la infracción.
2. Una función pública mucho más rígida. Sí, ya sé que las rigideces son malas. Pero a veces, cuando eres incapaz de comportarte en un entorno de confianza y libertad, no hay más remedio que poner reglas muy rígidas. Así pues habría que empezar a exigir:
- que nadie sea funcionario, ni pueda serlo, sin haber pasado una oposición con pruebas públicas, exámenes abiertos, transparentes (de nuevo) y competitivos;
- que todos los puestos de responsabilidad de gestión administrativa sean siempre (sin excepciones, lo siento, esto de la rigidez tiene costes pero no hay más remedio) ocupados por funcionarios de carrera y que cualquier decisión que comporte el empleo de recursos públicos deba ser estudiada siempre, en punto al análisis de su legalidad (su oportunidad es otro tema) por funcionarios públicos encargados de controlar esta cuestión, sin cuyo visto bueno no pueda aprobarse el gasto (y sí, es fácil "incentivar" a los funcionarios para que acepten lo que los políticos quieren, pero es mucho más difícil que sean convencidos de avalar ilegalidades que personas eventual colocado a dedo, máxime si además estamos en un modelo rígido de función pública);
- los funcionarios cobran por lo que hacen y el trabajo que desempeñan mientras lo desempeñan: se acabó "consolidar" niveles retributivos por pasar unos años en cargos de dirección y en ningún caso los pluses por estar en esos puestos de responsabilidad deben ser excesivos comparados con la retribución de un funcionario que esté en tareas propias de máximo nivel (cortocircuitando algunas de las vías de presión que la clase política tiene sobre los funcionarios en la actualidad)
- por lo demás, los empleados públicos que no tomen decisiones sobre cuestiones de autoridad o de tipo económico, no han de ser funcionarios, aunque han de ser seleccionados con garantías de transparencia y competitividad semejantes (y estos empleados públicos no podrán desempeñar, ni siquiera provisionalmente, las funciones de los funcionarios).
Idealmente estas medidas debieran reforzar los controles internos, a fin de evitar que ciertas medidas puedan pasar los filtros como actualmente los pasan porque conviene "mirar para otro lado" para no verte perjudicado en tu promoción o porque, directamente, se pone ahí, de controlador, a dedo, a alguien "comprometido" con la causa. Además, esto se completa con
3. Un régimen de incompatibilidades durísimo. El cachondeo español en la materia se tiene que acabar. No puede ser que se permita que un abogado del Estado (o un letrado de cualquier Comunidad Autónoma) trabaje por las tardes en un despacho privado, por poner un ejemplo de hasta dónde llega el absurdo de la laxitud de nuestras dedicaciones parciales o de las posibilidades de trabajar por ahí simplemente renunciando al complemento específico del sueldo. No se puede consentir que haya dedicaciones completas que a la vista de todo son, en la práctica, parciales. No se puede consentir que la gente trabaje (y cobre) de lo suyo pero luego dedique el grueso de sus horas a hacer cosas por lo privado. Por la falta de dedicación que ello conlleva, por no mencionar los potenciales conflictos de intereses. Hay que acabar con esto. Talibanísticamente. Y de nuevo habrá rigideces que desincentivarán a algún que otro tipo muy cualificado a dedicarse a esto. Da igual. Es mejor eso que tener lo que tenemos ahora.
Por otro lado, las incompatibilidades de cargos públicos han de extremarse. Nada de sólo dos años de "abstinencia" Si has tomado decisiones que afectan a un sector, que pasen 10 años hasta que te metes ahí en la privada. Y, por favor, reformemos la ley para evitar bochornos como una Ministra de Economía de España fichando por Endesa al mes de cesar pero que nos explica que es todo legal porque es una empresa chilena que nada tiene que ver con las empresas españolas sobre las que ha tomado decisiones. Menos bromas con esto.
Además, hay que actuar no sólo sobre el lado de la oferta sino también sobre el lado de la demanda. ¿Que Usted como empresa ficha a un ex-cargo público, aunque sea de un sector que no tuvo nada que ver con sus gestiones? Pues muy bien, que sepa que durante 10 años tendrá prohibido recibir cualquier tipo de ayuda o subvención pública no competitiva. A lo mejor, en estas condiciones, ya no es tan interesante contratar a esta gente.
Y, por cierto, hay una incompatibilidad muy importante que hay que establecer en relación a la función pública: nadie que sea asesor, personal eventual de confianza o cualquier cosa de esas debiera poder opositar en un plazo de diez años a cualquier puesto en la administración donde ha prestado sus servicios. Por si acaso.
4. Contratación pública. Que hay que cambiar muchas cosas y rigidificar es obvio. De momento lo vamos haciendo poco a poco, a golpe de condena de los tribunales de la Unión Europea, pero habría que hacerlo por nosotros mismos y de golpe. Por ejemplo:
- aplicar las normas de la UE en materia de contratos no sólo a los contratos que por cuantías ahora lo son obligatoriamente sino, en plan bestia y talibán, a todos (quizás podrían excepcionarse los de cuantías verdaderamente ridículas) y problema resuelto (por la vía de nuevo de crear rigideces pero, lo reitero, me da igual, porque no hay otra manera, y si hay que sacar a concurso y tardar un mes en comprar una fotocopiadora pues que se haga, caramba, que ahora con Internet, las subasta electrónicas y los medios actuales seguro que podemos hacer un procedimiento que materialmente sea suficientemente garantista y que no sea imposible de gestionar);
- si dejamos que haya contratos que se adjudican directamente (como pasa ahora por debajo de ciertas cuantías) una regla muy sencilla: a una misma persona o empresa, sólo uno al año (o uno cada cinco años) y a ver si así nos libramos de la porquería de los contratos fraccionados en fraude de ley;
- y por supuesto, en las mesas de contratación, sólo funcionarios y nada de persona eventual ni carguitos que están ahí colocados a dedo.
El problema en materia de urbanismo es un poco distinto y, además, menos acuciante ahora porque se ha producido un importante parón que hace que la corrupción esté bajo mínimos en el sector, dado que lo está la actividad. Pero conviene tener presente que las medidas generales antedichas ya tendrían efectos en el urbanismo, al margen de que sean necesarias medidas adicionales y específicas que, por no extenderme hoy demasiado, dejamos para otro día.
En todo caso, el listado de propuestas, como he explicado, es muy rígido, propio de un régimen de absoluta desconfianza que no duda en sacrificar eficiencia porque no se fía de cómo se hacen las cosas en caso contrario. Lo cual no significa que no pueda y deba haber entornos donde se deje cierta libertad, pero en ese caso hay que establecer controles basados en la transparencia y la competencia (por ejemplo, así podría actuarse en el sistema universitario para muchas cosas). Ahora bien, mientras no tengamos de las dos en grados muy importantes, talibanismo. Porque, si no, ya sabemos lo que pasa.
Hay 5 Comentarios
Si alguien consiguiera cambiar solo una parte de lo que usted tan bien explica y argumenta, se eliminaría parte de la corrupción y del interés por los cargos públicos. Lo honesto sería que la transparencia fuera la base de los empleos públicos y de los contratos. Y lo serio que las incompatibilidades fueran talibanísticamente rígidas. Nunca pensé que esa palabra pudiera tener una connotación positiva
Publicado por: Miguel Ángel García | 12/02/2013 13:44:09
Un par de matices: en materia de contratación pública también hay que endurecer la revisión de precios. Es frecuente que las empresas formulen ofertas inviables, contando con que, una vez adjudicado el contrato, el precio de la obra se modificará al alza; así se llega a multiplicar dicho precio.
Como premisa de cualquier reforma de la Administración, hay que reformar la Justicia: que sea razonablemente rápida, imparcial y previsible (algunas sentencias son estupefacientes). Es la garantía de que las leyes sean respetadas.
Por último, es preciso un rearme ético: si la sociedad acepta colarse en el metro, hacer trampas en la renta o valerse de influencias para obtener un empleo o contrato privado, está aceptando, en el extremo, la corrupción.
Publicado por: Nori | 11/02/2013 10:15:26
es hora de practicar con el ejemplo. bueno seria que organizaciones emergentes si no se quieren convertir en reformistas comiencen a plantear y ejecutar este tipo de acciones y direcciones en el comportamiento publico.
oTra cosa BOIX QUE PREOCUPA ES LA TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS... LA TRANPARENCIA DE SU ORGANIZACION Y LA TRANSPARENCIA DE SUS FINES.
seria posible en nuestro pais PV ser tan realistas de pedir una morartoria urbanistica de 10 qños. le doy vueltas y no m,e imagino los ecos alemanes sin la propuestade cierre de las nucleares. mas que legislar hay que hacer politica.
por mi parteno partoiciparioa en ninguna reforma de ete regimen, desarrollaria una postura personal y partidaria donde realizar la accion politica. Los demas actores , DEMAS PARTIDOS DEMAS CIUDADONAS SOLO TENDRIAN UN CAMINO ACEPTAR EL CIERRE DE LAS NUCLEARES.
NO IMPORTA EN COVERTIESE EN PARTIDO DE CENTRO DE CONTINUIDAD SINO EN UN PARIDO ALMENOS CREIBLE.
ALFGUN DIA ESCRIBIRE MI DECALOGO SOBRE DONDE EMPIEZA UN TRIPARTITO. UN SALUDO.
Publicado por: saltate | 08/02/2013 16:38:20
pues sí, así somos! luego el Dioni en la tele también jajaj
es la leche
Publicado por: pinganillos | 06/02/2013 0:33:13
Es flipante, llevo todo el dia y la semana hablando en los tablones españoles y europeos sobre la corrupción en españa y todo el mundo lo sabe pero luego nunca se imputa a nadie, el unico q priga es mario conde, y luego se le premia con la tele_!!!!
Publicado por: vender plata | 06/02/2013 0:31:46