Rabat aprueba en Naciones Unidas una resolución que contradice su legislación.
Decenas de extranjeros evangélicos, entre ellos algún español, fueron expulsados de Marruecos en 2009 y 2010 acusados, sin ser juzgados, de propagar su religión. A finales del verano pasado Mohamed El Baladi un marroquí convertido al cristianismo, fue condenado a 30 meses de cárcel por proselitismo, pero un tribunal superior le absolvió a principios de año. El Departamento de Estado norteamericano calcula, en su informe de 2013, que son unos 4.000 los marroquíes convertidos al cristianismo, pero sus iglesias no han sido reconocidas y carecen de templos para practicar su nueva religión.
A finales de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por consenso en Ginebra una resolución en la que destaca que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (…)”. Insta a los Estados a “garantizar el derecho de todas las personas a practicar y enseñar su religión”. Marruecos es miembro de ese consejo y no puso ningún reparo a la resolución, pese a que contradice su legislación.
Salida de misa un domingo en la catedral de Rabat.
Esa conformidad con la resolución ha dado pie a los laicos marroquíes a volver a reivindicar estos días desde una reforma de la Constitución hasta la abrogación del artículo 220 del código penal que prevé penas de cárcel de entre seis meses y tres años para todo aquel que quebrante la fe de un musulmán o trate de convertirlo a otra religión.