Dinero público europeo para la industria militar

Por: | 22 de enero de 2019

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas, investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

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P. T. FALLON (REUTERS)

La Unión Europea quiere conseguir la aprobación de un plan de financiación multimillonario que tendrá como principal beneficiaria la industria militar.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su declaración sobre el Estado de la Unión del 14 de noviembre de 2016, hizo pública la intención de la UE de promover y financiar la investigación militar. La Comisión, sin embargo, ya trabajaba en ello desde tiempo atrás. En 2015 la Comisaria europea de Mercado Interno e Industria, Elżbieta Bieńkowska, creó un Grupo de Personalidades (GOP) sobre investigación en defensa. De los dieciséis miembros, nueve representaban empresas de armamento y centros que realizan investigación militar. Por mencionar alguna de las empresas: BAE Systems, INDRA, Airbus Group (antes EADS), Leonardo (antes Finmeccanica). Dicho GOP presentó un informe en 2016 y la Comisión asumió una buena parte de sus recomendaciones en aspectos como el nivel de financiación, la propiedad intelectual, un mercado garantizado y, desde 2021, un programa de financiación muy bien dotado.

El 7 de junio 2017, la Comisión Europea lanzaba oficialmente el programa European Defence Fund. Este Fondo estará constituido por diferentes instrumentos de financiación pública para financiar proyectos de Investigación y Desarrollo en tecnologías y productos con objetivos militares. Las principales receptoras son las empresas y grupos de investigación aplicada activos en este ámbito. Se priorizan las tecnologías de vanguardia como los sistemas autónomos (incluyendo los drones), inteligencia-vigilancia, ciberseguridad y seguridad marítima. El borrador Defence Fund 2021-2027 menciona concretamente las llamadas tecnologías disruptivas ("tecnología cuya aplicación puede cambiar radicalmente los conceptos y la práctica de los asuntos relacionados con la defensa", según el mismo Defence Fund 2021-2027). Según las instituciones europeas, el objetivo de este programa es doble: fortalecer las capacidades militares de los Estados miembros de la UE (y por tanto la autonomía estratégica) y contribuir al crecimiento y el empleo en Europa mediante el apoyo a la competitividad y la innovación de este sector industrial.

Este programa está planificado en dos etapas. La primera (2017-2020), ya aprobada, es la que está en curso y está dotada con 590 millones de euros del presupuesto ordinario de la UE. Se cuenta con que los Estados miembros complementarán esta cifra con, al menos, 2.000 millones adicionales (procedentes de sus respectivos presupuestos estatales). La segunda etapa (2021-2027) está pendiente de aprobación y se propone que esté financiada con 13.000 millones de los presupuestos de la UE, una cifra astronómica. También en esta segunda etapa se prevé que los Estados miembros aporten 35.600 millones adicionales. Si finalmente se aprueba esta segunda etapa, se habrá financiado la investigación, el desarrollo de prototipos, los ensayos, la producción y la adquisición de tecnología militar. Y se habrán concedido a la industria de armamento, entre 2017 y 2027, hasta 51.000 millones de subsidios europeos.

La mayor parte de este dinero se canalizará como subvenciones que la industria no tendrá que reembolsar. Es previsible que los Estados miembros no acepten incrementar sustancialmente sus contribuciones a los presupuestos de la UE. Si es así, para poder financiar todo el programa militar, la UE deberá redistribuir sus presupuestos y desviar asignaciones destinadas a políticas civiles hacia el fondo de defensa.

Una de las razones aducidas por la UE para poner en marcha este fondo de defensa es la creación de empleo. Esta es una razón, cuando menos, discutible. Un estudio de 2007 de dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts evaluaba los puestos de trabajo que se generarían si se invirtieran, en EE.UU., 1.000 millones de dólares en seis ámbitos distintos: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, implica un aumento del consumo privado), sanidad, educación, transporte público y construcción dirigida a la ambientalización de las casas y reparación de infraestructuras. El estudio está realizado únicamente desde el punto de vista económico y no entra en ninguna consideración ética o política.

El resultado es abrumador. Invertir 1.000 millones de dólares en cualquiera de las cinco alternativas civiles genera más puestos de trabajo que una inversión igual en el sector militar. Las diferencias no son despreciables. Si la inversión se hiciera en el sector sanitario o de rehabilitación de viviendas, se generaría un 50% más de puestos de trabajos que en el caso de invertir en el sector militar. Pero si la inversión se hiciera en el sector educativo o en el transporte público, se generarían, en cada uno de estos sectores, más del doble de puestos de trabajo.

La Comisión no puede hacer ninguna propuesta legislativa ni subvencionar ninguna acción relacionada con la política de defensa y seguridad, incluidos asuntos militares, ya que el Tratado de Lisboa de la UE (2007) estableció que las dos políticas de la UE, la CFSP (Common Foreign and Security Policy) y la CSDP (Common Security and Defence Policy), quedarían bajo control únicamente de los Estados miembros. Para eludir esta restricción, la Comisión Europea presentó sus propuestas para subvencionar la I + D militar como parte de su política industrial, para la que sí tiene plena competencia.

Esta, sin embargo, no será la primera vez que la UE destina dinero a la industria europea de seguridad y defensa. Unos cuantos años atrás, en 2003, la Comisión Europea ya estableció un Grupo de Personalidades en el campo de la investigación en seguridad, que incluía 15 representantes (sobre un total de 28 miembros) de la empresa armamentística y de centros que realizan investigación militar. Algunos de estos representantes de la industria militar los encontraremos, años más tarde, en el GOP de 2015 sobre investigación militar que hemos mencionado más arriba. En febrero de 2004 la Comisión ya incluía la mayoría de las recomendaciones de ese GOP y anunciaba el lanzamiento de una Preparatory Action on Security Research (PASR). En 2007 un amplio programa sobre investigación en seguridad, el llamado ERSP, fue integrado en el programa marco FP7 de investigación de la UE. El ERSP se prolongó hasta 2014, incrementándole el presupuesto.

Es fácil relacionar estas nuevas políticas de la UE con el hecho de que, desde hace unos años, el sector del armamento ha ido ampliando su producción hacia la tecnología de seguridad y vigilancia. Además de aviones o tanques de combate, actualmente también fabrica radares, sistemas de detección, dispositivos de vigilancia y de identificación biométrica, tecnología destinada a los muros fronterizos, etc.

La industria de defensa y seguridad europea se está beneficiando ya ahora de fondos europeos y lo hará en el futuro. Ahora ya recibe fondos para la tecnología asociada a seguridad: muros fronterizos, mecanismos de seguimiento, reconocimiento... Y muy probablemente recibirá en un futuro inmediato, si finalmente se aprueba el borrador presentado por la Comisión, enormes subvenciones para desarrollar tecnología militar. Además, los resultados generados por los proyectos de I + D militar subvencionados por la UE serán de plena propiedad de las empresas de armamento que reciban los fondos.

Los presupuestos de la UE se nutren con las aportaciones de los Estados miembros y, por tanto, estos contribuyen a estas subvenciones europeas para la investigación y producción militar. Pero no olvidemos que, paralelamente, cada uno de los Estados miembros tiene, dentro de sus presupuestos estatales, partidas destinadas a defensa, una buena parte a adquisición de la producción del sector de defensa y seguridad. Es decir, este sector industrial está recibiendo dinero público tanto de la UE como de cada uno de los Estados miembros. Además, es previsible que la mayoría de los Estados miembros incrementen su gasto militar, entre otras razones, para cumplir su compromiso adquirido en la cumbre de 2014 de la OTAN. De todo ello se puede concluir que el gasto militar en Europa aumentará de forma muy significativa durante los próximos años.

En una de las fases ya en curso del Defence Fund, se aprobó una cláusula excepcional que excluía el Parlamento Europeo de la implementación del programa, con la excusa de la falta de tiempo. En el borrador de la regulación del Defence Fund para el periodo 2021-2027, esta cláusula se ha vuelto a incluir, ahora ya directamente sin ninguna excusa. En definitiva, el borrador propone que sean únicamente los Estados miembros los que definan qué temáticas serán prioritarias y cómo se debe implementar el programa.

En la UE hay una voluntad clara de aumentar el gasto militar. Ha contribuido, en buena medida, la influencia del sector de defensa y seguridad europea y sus grupos de presión, que mantienen vínculos estrechos con los líderes con poder decisorio y con funcionarios clave de la Comisión Europea. Este sector ha participado decisivamente en el diseño de la financiación de la investigación militar (procedente de la UE) y es el principal interlocutor e inspirador de la implementación de esta financiación.

Además, en el borrador de Regulación del European Defence Fund, se pide a los Estados miembros el compromiso de adquisición de los productos o la tecnología resultantes de la investigación financiada por el fondo. Es decir, si finalmente se aprueba este borrador, la UE financiará con dinero público la investigación y con dinero público se comprarán los resultados de la investigación. Y la propiedad intelectual continuará en manos de las empresas que se habrán beneficiado. Queremos insistir en que, probablemente, parte del dinero destinado al fondo de defensa provendrá de reducir las asignaciones de programas civiles. Si la UE pretende contribuir al bienestar de sus ciudadanos y a la paz mundial, dedicar tanto dinero al sector militar es una de las peores opciones posibles.

Lehdía Mohamed Dafa, investigadora e integrante de WILPF

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Protesta pacifista de mujeres saharauis ante la ONU en Ginebra/Banat Saguia

Desde que se inició el conflicto, armado en su primera fase, entre el Frente Polisario y el régimen de Marruecos en 1975, a causa de la ocupación militar y civil del Sahara Occidental por Marruecos y Mauritania, siempre se han llevado a cabo distintos encuentros y negociaciones para intentar encontrar algún tipo de solución mediante el acuerdo. Por citar solo algunos ejemplos, en la década de los setenta y ochenta tuvieron lugar varios encuentros entre destacados dirigentes del F. Polisario y altos cargos civiles y militares marroquíes. Al año de iniciada la guerra, en 1976, tuvo lugar una reunión entre Emhamed Jadad embajador saharaui en Argel y el general Dlimi entonces jefe del ejército marroquí en el Sahara; posteriormente, Bachir Mustafa Sayed, entonces jefe de la diplomacia saharaui, se encontró, al menos en dos ocasiones en 1980 y 1983, con Reda Guedra consejero personal del rey Hassan II. El 5 de agosto de 1979, tras varias negociaciones previas, el Frente Polisario firma la paz definitiva con Mauritania que retiraba su ejército del territorio saharaui. Casi diez años más tarde, el 3 de enero de 1989, una delegación de alto nivel del F. Polisario visitó por primera vez Marruecos, donde fue recibida por el mismo Hassan II. Aunque el objetivo de aquella reunión, como dijo el monarca alauí, “no era negociar sino discutir” acerca de las perspectivas de paz, aquel encuentro marcó el inicio de una larga serie de reuniones y negociaciones para intentar resolver el conflicto mediante el diálogo directo entre las partes. Así, el 29 de abril de 1991, bajo la Resolución 690, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el denominado “Plan de Arreglo” para el conflicto saharaui; se firmó el alto el fuego y se abrió el camino para intentar encontrar una solución negociada. Sin embargo, y como dijo Jenny Pearce, “la ausencia de guerra no significa necesariamente la ausencia de violencia en una sociedad, y ciertamente no significa, el final del conflicto”. 27 años después del cese de las hostilidades militares, el conflicto saharaui-marroquí continua sin avances ni visos de solución, con un muro de dificultades y obstáculos hasta la fecha insalvables.

En todas estas décadas, nunca, en ningún momento, se dio voz ni participación directa a las mujeres en la mesa de las negociaciones.

Se anuncia una próxima ronda de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para el mes de diciembre, auspiciadas por Naciones Unidas. A mi juicio convendría integrar de manera ya permanente y directa a las mujeres en las negociaciones en cumplimiento de la Resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su sesión 4213ª celebrada el 31 de octubre de 2000, para que participen en el proceso como nuevos actores de paz, y no sólo como víctimas en este conflicto interminable, aportando en los análisis y propuestas una perspectiva diferente, lo que para entendernos viene denominándose una perspectiva de género.

Las mujeres deben formar parte de los equipos negociadores, no por una cuestión de cuotas o porque las mujeres por “naturaleza” pudiéramos ser más proclives a soluciones pacíficas que los hombres (y en ese sentido moralmente superiores como podría deducirse de algunas teorías); tampoco como simples floreros para dar un toque colorista con nuestras melhfas y “feminista” a la causa de la paz.

Seamos capaces o no de lograr nuestra presencia en las negociaciones con una agenda propia o iniciativas concretas, creo firmemente que nuestra participación en la mesa de dialogo es obligada, necesaria y conveniente por varias razones. En primer lugar, porque las mujeres seguimos siendo las principales víctimas de una guerra, un conflicto político y un desastre humanitario al que en gran medida hemos sido arrastradas. A ambos lados del muro, sobre nuestras biografías sigue proyectándose la sombra y las secuelas de la guerra. Miles de mujeres han sufrido la pérdida, las heridas o mutilaciones de sus seres más queridos, hijos, padres, maridos, hermanos… Han sufrido el desgarro de una viudedad prematura o la orfandad de sus hijos que en muchos casos no llegaron ni siquiera a conocer a sus padres. Han sufrido y siguen sufriendo la falta o menores oportunidades, que en tantos casos conducen a la exclusión y la pobreza. A lo largo de todos estos años de “no guerra, no paz”, las familias, lo más importante que todos tenemos, siguen separadas por un muro militarizado y minado, una cicatriz de hierro que secciona y hiere el espacio infinito y bello de nuestra badia. En los territorios ocupados, vemos irritadas, con frecuencia insoportable, la violencia que se ejerce contra las mujeres, que tienen un papel destacado en las manifestaciones y protestas; la violación de sus derechos fundamentales y las agresiones impunes. Muchas mujeres han tenido que optar por permanecer recluidas en sus hogares, no ir a la universidad, ni buscar un trabajo fuera de casa, por el miedo a la discriminación, la segregación o las violencias de todo tipo que pueden sufrir. Paralelamente, en los campamentos de refugiados en territorio argelino, la larga duración y pervivencia del conflicto “sine díe” es hoy el principal obstáculo que mantiene suspendida en el tiempo la lucha de las mujeres por sus derechos civiles y la igualdad de oportunidades personales, sociales y económicas, que injusta e inoportunamente, siempre se nos dice que deben quedar supeditadas a la solución definitiva del conflicto y la consecución de la independencia nacional.

IMG_0081Protesta pacifista de mujeres saharauis para la solución del conflicto ante la sede de la ONU en Ginebra/Banat Saguia

En segundo lugar, a mi juicio, la participación directa y activa de las mujeres en la búsqueda de acuerdos y en la solución negociada, es lo que en justicia corresponde a nuestra participación y sacrificios en la retaguardia, en la construcción y administración, en los primeros años de los campamentos y hasta en la política natalicia de gestación intensiva con graves daños para nuestra salud de nuevos guerrilleros. Si tuvimos que participar activamente en la guerra tenemos que exigir con autoridad y firmeza la participación en cualquier proceso de paz, y ya de manera definitiva la participación en igualdad de condiciones en la construcción de la futura sociedad saharaui que tiene que aspirar a una vida en paz, protegidos los derechos individuales por la justicia y con oportunidades de prosperidad.

En tercer lugar, porque millones de mujeres en todo el mundo y en tantas épocas de la historia han demostrado su compromiso con la paz y su capacidad para contribuir al dialogo y los acuerdos aportando visiones y propuestas alternativas como ha quedado demostrado en conflictos como los de Palestina, Somalia, Ruanda, Liberia, Irlanda del Norte, Sri Lanka, Colombia y Siria. En estos países, la participación directa de las mujeres ha puesto en evidencia contrastable que ha dado frutos muy positivos, contribuyendo de manera determinante a generar un clima de confianza y empatía que ha mejorado la comunicación y el acercamiento de posiciones entre las partes en la búsqueda de una situación de paz duradera, y entre cuyos resultados también figuran marcos basados en valores democráticos, con mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la promoción de la educación y una cultura de paz en la infancia. Para terminar y como inspiración quisiera citar unas palabras de María Villellas Ariño, investigadora en la Escola de Cultura de Pau en la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante de la junta internacional de WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad), organización a la que me honro pertenecer: “el género debe guiar los procesos de paz en su sentido político completo y no a través de perspectivas parciales que reducen el género a la idea de introducir a las mujeres en la esfera pública”.

Debemos detener las nuevas armas robóticas

Por: | 25 de octubre de 2018

Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

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FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

A principios de este mes de octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAB, representantes del International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), juntamente con representantes de Fundipau y del Centro Delàs, presentaron la Campaña internacional Stop Killer Robots. Esta campaña para detener los robots asesinos se inició en Londres en abril de 2013, respaldada por una agrupación internacional de entidades que trabaja para prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas. Debemos tener presente que los avances tecnológicos que están realizando en esta dirección algunos estados pueden cambiar drásticamente el concepto de guerra y los escenarios bélicos, comportando asimismo importantes desafíos a nivel humanitario y legal.

Sin embargo, hace solo un mes, en Ginebra, la sexta reunión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCAC) de la ONU terminó sin ningún acuerdo vinculante. Aunque una clara mayoría de los estados asistentes proponía iniciar negociaciones en 2019 para definir un nuevo tratado que estableciese la prohibición preventiva del desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos letales, Estados Unidos y Rusia rechazaron y vetaron la iniciativa (que apoyaban países como Austria, Brasil, Chile, Colombia, Irak, Pakistán, Panamá, un grupo de estados africanos y el grupo de estados del Movimiento de Países No Alineados). Los 88 estados participantes, que mayoritariamente estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de alguna forma de control humano sobre los sistemas armados y el uso de la fuerza, no acordaron cómo proceder para lograr este objetivo.

En este contexto, querría aportar cuatro reflexiones al debate sobre los sistemas militares robóticos y sobre la prohibición preventiva de las armas autónomas letales.

En primer lugar, se trata de sistemas éticamente reprobables. Porque, incluso en el caso de las armas robóticas no autónomas que requieren una persona humana en el circuito de decisión, autores como Medea Benjamin y Markus Wagner consideran que cuando las operaciones militares se realizan a través del filtro de una cámara de video lejana, desaparece posibilidad del contacto visual con el enemigo, con lo que decrece la percepción del costo humano del posible ataque. Y, aunque no hay constancia de que los sistemas robóticos letales y totalmente autónomos (LAWS) estén siendo utilizados actualmente en acciones militares, ya existen sistemas que detectan y “deciden” las personas a atacar, aunque ofrecen la posibilidad de que un operador remoto detenga su acción mortífera. El debate ético, en este caso, se centra en los sesgos que las maquinas generan en los procesos humanos de decisión ya que, como bien explica Noel Sharkey, estos sistemas generan el fenómeno conocido como sesgo de automatización (“automation bias”) que hace que los operadores humanos tiendan a aceptar como correctas las soluciones propuestas por los sistemas robóticos e informáticos, ignorando o dejando de buscar información complementaria. Pero, en todo caso, siempre será éticamente inaceptable que no exista un grado suficiente de control humano en las funciones críticas de cualquier sistema militar armado.

Además, son armas no precisas, que matan civiles no involucrados. Hay que dejar bien claro que los nuevos sistemas basados en algoritmos masivamente heurísticos de aprendizaje a partir de datos incluyen inevitablemente un margen de error, que en el caso de las armas se traduce en muertes de personas inocentes. Cualquier sistema autónomo es solo parcialmente fiable. Este es un hecho bien conocido a nivel de la comunidad científica internacional, publicado reiteradamente y accesible universalmente como todos los resultados científicos, pero que sorprendentemente no se divulga lo suficiente.

En tercer lugar, estas armas son un gran negocio. Un negocio que enriquece a algunas personas mientras destruye y mata otras muchas. Hace días podíamos leer, en la versión impresa de un artículo de Ignacio Vidal-Folch sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudita, que “no hay una solución fácil en este conflicto entre economía y ética”. El análisis de este oxímoron, que equipara principios éticos con beneficio económico en el caso de las llamadas bombas de precisión (armas que podemos incluir en la categoría de sistemas robóticos letales) nos desvela la gran hipocresía de los gobiernos estatales, que se llenan la boca de frases humanitarias mientras se “venden” para garantizar el negocio de su complejo militar-industrial y sus corporaciones financieras. Porque, como proclamaba la ex ministra Cospedal cuando intentaba animar a los inversores, se trata de un negocio muy rentable.

Finalmente, las nuevas armas robóticas son opacas. Su uso ha dejado de ser transparente, y raramente aparece en los medios de comunicación. Pero el número de víctimas civiles es realmente alto. Como explica por ejemplo David Hookes, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que al menos un tercio de las muertes causadas por ataques con drones en Pakistán han sido no combatientes. Y, en palabras de Ben Emmerson en el informe A/HRC/25/59 a la Asamblea General de Naciones Unidas, entre 2009 y 2013 por ejemplo, los Estados Unidos realizaron como mínimo 86 operaciones letales en Yemen con drones dirigidos a distancia y otros medios, que produjeron un total de 500 muertes. En su informe, Ben Emmerson documentaba con detalle un total de 30 ataques que afectaron a personas civiles en distintos países, y evidenciaba las grandes dificultades que su equipo encontró al investigar estos ataques.

Muchas entidades y campañas como Stop Killer Robots se oponen enérgicamente a permitir el desarrollo de sistemas de armas que, una vez activados, podrían seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Permitirlo sería abominable, inmoral, contrario al concepto de dignidad humana y a los principios humanitarios, con consecuencias impredecibles para la población civil en todo el mundo. Pero además, estamos viendo otras señales de esperanza: un gran número de científicos e ingenieros están diciendo que no, objetando y negándose a trabajar en temas que puedan aplicarse al desarrollo de estas armas, oponiéndose a la simple idea de programar máquinas para matar seres humanos y considerando que hablar de paz y diálogo no es utópico, porque lo realmente utópico es creer que los problemas del mundo podrán resolverse con el uso de la violencia, como bien afirmaba Vicent Martínez Guzmán.

La paz de las mujeres

Por: | 18 de octubre de 2018

Júlia Vigó, Associació Acció Internacional per la Pau (IAP) Catalunya

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El Acuerdo de Paz en Colombia incluye sobre el papel el enfoque de género, sin embargo a la práctica no se está implementando. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida.

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Dieciocho años después, el balance presenta claroscuros. De los 1.168 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2014, sólo el 18% hace alguna mención a las mujeres o a cuestiones de género. Desde la aprobación de la Resolución y en comparación con los años anteriores, el porcentaje aumenta hasta el 27% según ONU Mujeres (2015). Insuficiente y decepcionante. Sin embargo es emblemático el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en cuanto a la aplicación de la perspectiva de género a la que apelaba la ONU.

El camino no ha sido fácil. Más allá de ser una voluntad inicial de los negociadores, el enfoque de género se ha integrado en el Acuerdo Final de Paz por la tozudez y el compromiso innegable de las mujeres colombianas que, ya durante el conflicto, han sido verdaderas constructoras de paz. En este sentido, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (2013) supuso un punto de inflexión en la negociación. Con el lema "Mujeres pactantes y no pactadas", esta plataforma de organizaciones de mujeres mixtas, étnicas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y juveniles, externa a la Mesa de diálogo -entonces ya conformada-, estaba decidida a incidir plenamente. Fruto de la repercusión que tuvo, se establecieron varios mecanismos de participación para las mujeres, siendo la Subcomisión de Género uno de los principales.

Efectivamente, el Acuerdo Final de Paz aprobado el 30 de noviembre de 2016 hace referencia explícita al enfoque de género. "Implica, en particular, la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto". Para lograrlo, en el Acuerdo se definen más de un centenar de disposiciones que comprometen a las partes y que, al desarrollarse, tendrán la capacidad de incidir en las discriminaciones patriarcales estructurales y en los impactos sufridos por mujeres y niñas durante más de sesenta años de conflicto armado.

De todos modos, la implementación está llena de obstáculos y la voluntad política requerida para desarrollarla con plenas garantías es a día de hoy, más que dudosa. Así, de entre las recomendaciones recogidas en el "Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz en Colombia" de Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, se establece la necesidad de capacitar a los funcionarios y funcionarias del Estado en cuestiones de género y de establecer protocolos específicos para que este nuevo enfoque se haga efectivo a todas las instituciones del país. Además, el informe alerta de la importancia de tener en cuenta las interseccionalidades: la necesidad de asumir que el ser mujer tiene múltiples vivencias en función de la etnia, el origen o la identidad sexual y que, en un país como Colombia, con tantas realidades que comparten un mismo territorio, es algo de urgencia.

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Más allá de los retos, que son muchos, hay que reconocer las implicaciones positivas de la adopción de un enfoque transversal de género en un Acuerdo de Paz, precisamente, porque supone el cierre de un capítulo de la historia colombiana para iniciar otro nuevo que permitirá construir nuevas formas de vivir. Aunque tengan un sabor agridulce, debemos ser justas con las victorias que conseguimos y asumirlas como tal; por más que sólo sean puntos de partida. El enfoque de género integrado en el Acuerdo Final de Paz colombiano significa que los conflictos armados no son neutrales en cuanto al género. Y no lo son porque las sociedades, en este caso la colombiana, tampoco lo es. Y mientras no lo sea, las violencias que sufren las mujeres de forma habitual y naturalizada, se exacerba en la guerra.

El Acuerdo no sólo es una oportunidad única para integrar a las mujeres en la toma de decisiones e implicarse efectivamente en la construcción de paz desde sus múltiples vivencias y realidades, sino que es en sí mismo una declaración de principios: hay una paz que no es suficiente para las mujeres, la que es cómplice de las desigualdades de género. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida. El Acuerdo de paz colombiano es un instrumento pensado para abordar la paz desde un sentido positivo. No es simplemente la ausencia de guerra: la paz es justicia de género, social y ambiental. Y las mujeres colombianas no renunciarán.

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz y con la llegada del nuevo presidente del Gobierno Ivan Duque del partido Centro Democrático, se abre un capítulo de incertidumbre respecto a la implementación del Acuerdo. En este contexto se hace necesario que la comunidad internacional conozca la importancia de los acuerdos en materia de género y sea garante de su implementación y por eso es especialmente relevante la apuesta temática de las jornadas de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia sobre "Las mujeres, protagonistas de la Paz en Colombia" en las que durante dos días lideresas colombianas evaluarán desde diferentes ámbitos y analizarán la situación.

 

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Es más que probable que las 400 bombas de guiado por láser (GBU Paveway II) que el Gobierno español quiere exportar a Arabia Saudí acaben cometiendo crímenes de guerra. Lo sabe la ministra de Defensa, cualquier experto en seguridad y conflictos y, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. 

Arabia Saudí se ha armado en la última década con cientos de aviones de combate y miles de misiles y proyectiles. Las bombas de la familia GBU Paveway II, de producción estadounidense, son unas de sus preferidas, en particular en la guerra en Yemen, en la que Riad es parte beligerante. Sus especificaciones técnicas,  les atribuyen mayor precisión que a las bombas tradicionales y, sobre todo, que otras ya prohibidas como las municiones en racimo británicas BL755 que Arabia Saudí también ha reconocido haber utilizado en la guerra en Yemen.

Con todo, al contrario de lo que afirma el Sr. Borrell, el Gobierno español no debe tomar la decisión de autorizar y realizar una exportación de material de defensa en función de los aspectos técnicos del armamento, sino del uso que se le vaya a dar. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso así lo establece determinando que las autorizaciones serán suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. Añade la legislación que “para determinar la existencia de estos indicios racionales”, se tendrán en cuenta los informes “de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas”.

Utilicemos, pues, la información del Panel de Expertos sobre Yemen de Naciones Unidas, quienes en la Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, de 27 de Enero de 2017, aseguran que la bomba que causó 19 muertos y 24 heridos y destrozó el hospital de Médicos sin Fronteras el 15 de agosto de 2016 fue, precisamente, una GBU Paveway II. Ese ataque fue reconocido por Arabia Saudí como un “error”. También estima el Panel de Expertos que fueron dos bombas “inteligentes” GBU Paveway II las utilizada por Arabia Saudí para bombardear un funeral civil al que asistieron más de mil personas en Saná el 8 de octubre de 2016, en el que murieron 132 personas y otras 695 resultaron heridas, muchos de ellos niños. Los ataques contra la población civil y contra el personal humanitario son crímenes de guerra,  tal y como establece el Derecho Internacional Humanitario, que España tiene la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir. El Panel de Expertos de Naciones Unidas recoge en su informe que el Ejército Saudí es altamente incompetente e incapaz de utilizar de manera profesional el material de alta tecnología que posee, mostrando una evidente mala praxis con los llamados objetivos militares dinámicos. Son muchas las voces de expertos sobre el terreno que coinciden en señalar esta incompetencia, además de un conocimiento y respeto muy deficitarios del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, el Panel de Expertos de Naciones Unidas (y muchas otras personas expertas en la situación en Yemen) advierten que el Ejército Saudí no es capaz de utilizar las GBU Paveway II de una manera compatible con el Derecho Internacional Humanitario, con independencia de la precisión que puedan tener estas bombas. Naciones Unidas, por tanto, considera que hay indicios racionales de que las 400 bombas que España quiere vender a Arabia Saudí serán utilizadas contra la población civil y/o contra personal humanitario. Es decir, para cometer crímenes de guerra. Es probable que la contundencia de este informe haya llevado a que la Ministra de Defensa no pudiera considerar legal esta venta de armamento. Sin lugar a dudas, genera más confianza el criterio de la titular de Defensa, magistrada, que el del Ministro Borrell. Además, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania e incluso EEUU han restringido en algún momento sus ventas de armas a Arabia Saudí.

Sin embargo, no somos tan ingenuos como para pensar que el Sr. Borrell y los muchos asesores del Gobierno no sean conocedores de los informes del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Yemen. Los obscenos comentarios sobre la precisión de las bombas GBU Paveway II conllevan un grado de cinismo político solo superado por José María Aznar y sus explicaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

 

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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