La crisis en Ucrania desde una perspectiva de seguridad humana

Ana Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

(Foto: Wojciech Zmudzinski) (Sloviansk, Ucrania)

La situación generada por el despliegue masivo de tropas y armamento por parte de Rusia junto a la frontera de Ucrania supone una amenaza grave para millones de personas, con escenarios de riesgo de diversa intensidad y alcance y dilemas en torno a cómo abordar una crisis de esta envergadura. Desde una aproximación de seguridad humana urge poner en el centro de los debates las vidas de las personas y la necesidad de minimizar el riesgo de una escalada mayor.

La presentación por Rusia de un listado de demandas en diciembre en forma de tratados dirigidos a EEUU y a la OTAN en diciembre para que estos los firmen supone, en el contexto de amenaza de invasión, una política de coerción militarista sumamente grave. En estos documentos Rusia plantea una reformulación total de la arquitectura de seguridad en el continente. Algunos análisis han señalado la posición de fondo de Rusia de avanzar hacia otro orden internacional, que revierta el surgido del fin de la Guerra Fría construido sobre la hegemonía de EEUU y la OTAN. En ese empeño, Ucrania y el esquema de seguridad continental son convertidos en campo de batalla. El pulso de Rusia impone un cronograma exprés a cuestiones de tanto calado (y que afectan a tantas poblaciones) como el entramado de seguridad continental, y pasa por alto principios básicos del sistema internacional como la soberanía de los Estados para decidir su orientación política (y materializarla en medidas y políticas concretas).

A su vez, estamos ante escenarios que incluyen el riesgo de más muertes en Ucrania, más desplazamiento forzado de población civil, impactos en el acceso a la educación, salud, infraestructura básica, riesgos de más violencia de género en un contexto de incremento de la militarización, entre muchos otros. Es un riesgo que afecta tanto a los 2,9 millones de personas que en 2022 están en situación de necesidad de asistencia humanitaria en la actual zona de conflicto en Ucrania así como al conjunto de la población del país y, pudiera ser, de otros países vecinos, dadas las incertidumbres sobre el alcance y derivadas de una posible ofensiva militar por parte del Ejército ruso. Hay que añadir el impacto psicológico sobre tantas vidas que ya genera la amenaza militar, se haga efectiva en un grado u otro o no. 

¿Y qué hacemos con todo ello? La posición hegemónica entre EEUU, la OTAN y la UE y buena parte de analistas y medios de comunicación prioriza la diplomacia acompañada con algunas líneas rojas acompañada de disuasión militar y advertencia de sanciones coordinadas, poniendo el foco en la amenaza militar de Rusia contra la soberanía e integridad estatal. A la espera de las respuestas por escrito de EEUU y la OTAN a finales de enero y principios de febrero a las demandas rusas, en la aproximación diplomática se han trazado aparentemente algunas líneas rojas, de rechazo a la exigencia rusa de no ampliación de la OTAN, entre otras, en tanto ello iría contra el principio básico de soberanía estatal y contra la propia idiosincrasia de la OTAN. Además, la amenaza militar de Rusia haría indefendible tal opción en tanto debilitaría a quien la aceptase, se argumenta.

Desde un enfoque de seguridad humana, se hace necesario abordar y priorizar aproximaciones que minimicen riesgos para la población civiles. Las guerras generan tanta devastación y pérdidas humanas, socioeconómicas y medioambientales y tanto legado de militarización que es necesario intentar evitarlas, pese a la extrema complejidad de una crisis como la actual. La llamada “disuasión militar” tiene sus riesgos, en tanto puede no evitar una escalada militar mayor y una eventual ofensiva rusa (del tipo y alcance que sea) y, en su lugar, contribuir a una mayor militarización.

En el marco de la crisis abierta y como parte de la intensa diplomacia puesta en marcha, un abordaje no militarista a la crisis pasaría por la no ampliación de la OTAN.  No como aceptación de una imposición de una Rusia expansionista ni como renuncia al principio de soberanía de elección, sino como política afirmativa de búsqueda de otros caminos a la seguridad del continente que no pasen por el militarismo y que se construyan sobre un enfoque de seguridad continental más integrado.

Seguramente, el cronograma impuesto por Rusia es incompatible con una reflexión de fondo entre los socios de la OTAN (y sus poblaciones) sobre arquitecturas de seguridad no exclusivas ni polarizadoras. La respuesta de los gobiernos de los miembros de la OTAN ya ha sido unánime: la OTAN ha de poder seguir ampliándose, sin matices. Aun si han cerrado esa puerta, no por ello dejaremos de proponerlo quienes pensamos que la no ampliación era y es un camino posible a explorar. Frente al enfoque que defiende la OTAN como actor disuasorio imprescindible, desde otros enfoques algunas consideramos que la OTAN no sirve a ese objetivo, que el militarismo no disuade ni da respuesta a las necesidades básicas de seguridad de las poblaciones civiles, sino que alimenta carreras militares y desvía prioridades y recursos.

En el caso de Ucrania, se añade el hecho de que hay una división significativa entre su población en torno a la idoneidad o no de integrarse en la OTAN, según diversas encuestas, que apuntan a entre 54% y 58% de apoyo en 2021, 40% en 2020. Un enfoque a la soberanía Estatal que tenga en cuenta el contexto y sus matices abre campo como mínimo a reflexionar sobre cómo interrelacionar principio de soberanía estatal, cohesión local y continental y prevención y transformación de conflictos.

Otros elementos de abordaje a la crisis pueden incluir medidas en torno a las ideas lanzadas por la vicesecretaria de Estado de EEUU Wendy R. Sherman de control de armas, desescalada recíproca, comunicación, transparencia, entre otras. Analistas han planteado la posibilidad de acuerdos en materia de misiles de corto y medio alcance y de otras armas ofensivas en Europa. También sería necesario un reimpulso a la implementación de los acuerdos de Minsk (I y II) de 2014 y 2015, únicos acuerdos marco hasta la fecha para la resolución del conflicto, pese a las divergencias de interpretación (y de concreción de pasos para su materialización), en tanto que Minsk II establece una secuencia temporal desfavorable para Ucrania en una cuestión central como es la recuperación del control de su frontera. Más esfuerzos internacionales en apoyo a la implementación de los acuerdos de Minsk deberían priorizar avances en tiempos razonables, sin más dilatación del proceso de paz. También deberían impulsar arquitecturas de diálogo más inclusivas, con más apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y mayor nexo entre éstas y las negociaciones formales. Organizaciones de mujeres y mujeres activistas han reclamado en diversos momentos participación y consultas y han señalado los obstáculos que enfrentan.

Por otra parte, y en una crisis como la actual que podría desembocar en una grave escalada militar y en graves impactos humanitarios, se hace necesario prever planes de asistencia humanitaria y de políticas de migración y asilo basadas en el respeto a los derechos humanos y  las obligaciones internacionales. La política actual de la UE y la de buena parte de sus Estados de cerrar sus puertas a las personas en movimiento (refugio, asilo, inmigración) y de amparar graves violaciones del derecho internacional es cuando menos cínica. Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2014, fueron muchos los ucranianos y ucranianas que se toparon con puertas cerradas y graves dilaciones en las respuestas a sus peticiones de protección internacional por países de la UE. Conjurarse para apoyar la soberanía de otros Estados frente a amenazas externas, pero cerrar puertas y abandonar a su suerte a las poblaciones de esos Estados cuando se ven afectadas por esas amenazas y guerras no elegidas es indigno, una total incoherencia de políticas y en muchos casos una vulneración de la obligación de los Estados a ofrecer protección internacional frente a la violencia y la persecución.

Rusia ha demostrado ser un Estado que puede llegar a priorizar la fuerza militar agresiva/expansionista en base a sus intereses estratégicos (Georgia, Crimea, Donbás) por encima de toda diplomacia y con métodos encubiertos (Crimea, Donbás). Y con una política de hechos militares consumados. Rusia  ha mostrado una y otra vez que en medio de crisis agudas veta y/o desprecia mecanismos y foros de gestión de conflictos que no sirven a sus intereses, incluyendo el veto en 2009 a la renovación de la misión de la OSCE en Georgia, los frecuentes plantones al grupo de trabajo humanitario en las Conversaciones Internacionales de Ginebra relativas a los conflictos en torno a Abjasia y Osetia del Sur, el veto a la prolongación de la Misión de observación en los puntos de control fronterizos rusos de Gukovo y Donetsk en 2021, o más recientemente el menosprecio a la OSCE como foro en que abordar -entre otros espacios- la crisis actual, cuestionando incluso su estatus legal, entre otros muchos desplantes.

La guerra en Ucrania ha causado en torno a 14.000 víctimas mortales, 1,5 millones de desplazados internos, 2,3 millones de refugiados, violencia de género, reclutamiento forzado de hombres, problemas de acceso a alojamiento y medios de vida…  El riesgo de nueva escalada y ofensiva militar agravaría la situación humanitaria de amplios sectores de población civil. Desde una aproximación de seguridad humana urge poner en el centro de los debates las vidas de las personas y la necesidad de minimizar el riesgo de que haya nuevas vidas truncadas por la guerra. Ni la no ampliación de la OTAN, ni medidas en control de armamento, entre otras, puede que sean suficientes para reconducir la situación de crisis actual. Pero no por ello habría que dejar de explorarlo. Sin ingenuidad, desde el compromiso con la prioridad de la seguridad humana.

 

Defendemos la educación, sostenemos el mundo

Cristina Álvarez, Coordinadora de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación

Campaña Mundial por la Educación

“Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de manera que otros se unan a ti”. Debemos esta frase a Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos (fue la segunda mujer en lograrlo), defensora de los derechos humanos e icono feminista. RBG, como se la conoce popularmente, me recuerda en muchos aspectos a Greta Thunberg, la impulsora del movimiento contra el cambio climático que está abarrotando de jóvenes las calles de Europa. Tras una apariencia de engañosa fragilidad, ambas atesoran una voluntad inquebrantable que ha conseguido aunar a millones de personas en torno a las mayores luchas de los siglos XX y XXI.

En el caso de Greta, su determinación ha logrado sacar los colores a los líderes políticos mundiales por su vergonzosa inacción ante la actual crisis climática. Porque, pese a que aún haya quien se empeñe en negarlo, el cambio climático es una realidad incuestionable que tiene un impacto decisivo en nuestras vidas: según datos de la OMS, cada año mueren de forma prematura más de cuatro millones de personas en todo el mundo a causa de la contaminación ambiental del aire. En España, la temperatura media de las ciudades se ha incrementado el doble que la media mundial en los últimos cincuenta años. Sin embargo, quienes más sufren las consecuencias de esta espiral de autodestrucción en la que estamos inmersos son los países y personas más empobrecidos, que suelen vivir en zonas más vulnerables y cuya subsistencia depende de manera más directa del acceso a los recursos naturales. No podemos olvidar que sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social son dos caras de la misma moneda. De hecho se estima que, en función de cómo se adapten los ecosistemas y la economía, el cambio climático podría llevar a 122 millones de personas a la pobreza en 2030.

Podemos empeñarnos en emular al famoso violinista del Titanic, pero lo cierto es que ya estamos con el agua al cuello. Si queremos evitar el hundimiento, tenemos que actuar sin demora. En ese camino, la educación es clave. En primer lugar, porque permite que las personas sean capaces de entender los problemas medioambientales, sepan cómo darles respuesta y puedan reducir su vulnerabilidad frente a sus efectos. Por ejemplo, la educación aumenta en un 20 % las probabilidades de que un agricultor o agricultora se adapte a los efectos del cambio climático, a través de técnicas como la conservación del suelo, fechas de plantación variadas y diversidad de cultivos. Por otro lado, la educación es un impulso fundamental para un cambio (individual y colectivo) de valores y comportamientos que, a día de hoy, es imprescindible para nuestra supervivencia. Para que seamos conscientes, por ejemplo, de que cada año se tiran 1.300 millones de toneladas de alimentos (en muchos casos por su “falta de valor estético”) y de que este desperdicio genera un 8% del total anual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo así podremos empezar a hacer frente al que sin duda es uno de los mayores retos de este siglo: desvincular el crecimiento económico y el desarrollo del consumo insaciable (e insostenible) de recursos naturales. Empecemos por ahí.

Campaña Mundial por la Educación

Por eso, desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) reivindicamos la necesidad de que la educación ocupe un espacio prioritario en el marco de las medidas políticas necesarias para que nuestro planeta pueda ser un lugar habitable para todas las personas. Al igual que Ruth y Greta, las personas que formamos parte de la CME luchamos por algo que nos importa: el derecho a la educación, la sostenibilidad del planeta y el bienestar de quienes lo habitan. Y, como ellas, tratamos de hacerlo de manera que el mayor número posible de personas se una a esta empresa. Con ese espíritu arranca hoy la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) que, bajo el lema “Defendemos la educación, sostenemos el mundo”, aspira a convertirse en un espacio de encuentro ciudadano en el que niños, niñas y jóvenes alcen su voz en defensa de su derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad que verdaderamente contribuya a construir sociedades más igualitarias y sostenibles. Tú también puedes. Únete.

 

 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es movimiento presente en más de 120 países que reúne a organizaciones de muy distinto signo en defensa del derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad. La Coalición Española de la CME está formada por las ONG Ayuda en Acción (que la lidera), Educo, Entreculturas y Plan International España, y cuenta con la participación de más de cuarenta organizaciones a nivel autonómico y local. Para más información sobre la CME, la SAME y los actos que van a tener lugar durante esta semana, puede visitar la página www.cme-espana.org

 

Dinero público europeo para la industria militar

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas, investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

P. T. FALLON (REUTERS)

La Unión Europea quiere conseguir la aprobación de un plan de financiación multimillonario que tendrá como principal beneficiaria la industria militar.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su declaración sobre el Estado de la Unión del 14 de noviembre de 2016, hizo pública la intención de la UE de promover y financiar la investigación militar. La Comisión, sin embargo, ya trabajaba en ello desde tiempo atrás. En 2015 la Comisaria europea de Mercado Interno e Industria, Elżbieta Bieńkowska, creó un Grupo de Personalidades (GOP) sobre investigación en defensa. De los dieciséis miembros, nueve representaban empresas de armamento y centros que realizan investigación militar. Por mencionar alguna de las empresas: BAE Systems, INDRA, Airbus Group (antes EADS), Leonardo (antes Finmeccanica). Dicho GOP presentó un informe en 2016 y la Comisión asumió una buena parte de sus recomendaciones en aspectos como el nivel de financiación, la propiedad intelectual, un mercado garantizado y, desde 2021, un programa de financiación muy bien dotado.

El 7 de junio 2017, la Comisión Europea lanzaba oficialmente el programa European Defence Fund. Este Fondo estará constituido por diferentes instrumentos de financiación pública para financiar proyectos de Investigación y Desarrollo en tecnologías y productos con objetivos militares. Las principales receptoras son las empresas y grupos de investigación aplicada activos en este ámbito. Se priorizan las tecnologías de vanguardia como los sistemas autónomos (incluyendo los drones), inteligencia-vigilancia, ciberseguridad y seguridad marítima. El borrador Defence Fund 2021-2027 menciona concretamente las llamadas tecnologías disruptivas ("tecnología cuya aplicación puede cambiar radicalmente los conceptos y la práctica de los asuntos relacionados con la defensa", según el mismo Defence Fund 2021-2027). Según las instituciones europeas, el objetivo de este programa es doble: fortalecer las capacidades militares de los Estados miembros de la UE (y por tanto la autonomía estratégica) y contribuir al crecimiento y el empleo en Europa mediante el apoyo a la competitividad y la innovación de este sector industrial.

Este programa está planificado en dos etapas. La primera (2017-2020), ya aprobada, es la que está en curso y está dotada con 590 millones de euros del presupuesto ordinario de la UE. Se cuenta con que los Estados miembros complementarán esta cifra con, al menos, 2.000 millones adicionales (procedentes de sus respectivos presupuestos estatales). La segunda etapa (2021-2027) está pendiente de aprobación y se propone que esté financiada con 13.000 millones de los presupuestos de la UE, una cifra astronómica. También en esta segunda etapa se prevé que los Estados miembros aporten 35.600 millones adicionales. Si finalmente se aprueba esta segunda etapa, se habrá financiado la investigación, el desarrollo de prototipos, los ensayos, la producción y la adquisición de tecnología militar. Y se habrán concedido a la industria de armamento, entre 2017 y 2027, hasta 51.000 millones de subsidios europeos.

La mayor parte de este dinero se canalizará como subvenciones que la industria no tendrá que reembolsar. Es previsible que los Estados miembros no acepten incrementar sustancialmente sus contribuciones a los presupuestos de la UE. Si es así, para poder financiar todo el programa militar, la UE deberá redistribuir sus presupuestos y desviar asignaciones destinadas a políticas civiles hacia el fondo de defensa.

Una de las razones aducidas por la UE para poner en marcha este fondo de defensa es la creación de empleo. Esta es una razón, cuando menos, discutible. Un estudio de 2007 de dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts evaluaba los puestos de trabajo que se generarían si se invirtieran, en EE.UU., 1.000 millones de dólares en seis ámbitos distintos: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, implica un aumento del consumo privado), sanidad, educación, transporte público y construcción dirigida a la ambientalización de las casas y reparación de infraestructuras. El estudio está realizado únicamente desde el punto de vista económico y no entra en ninguna consideración ética o política.

El resultado es abrumador. Invertir 1.000 millones de dólares en cualquiera de las cinco alternativas civiles genera más puestos de trabajo que una inversión igual en el sector militar. Las diferencias no son despreciables. Si la inversión se hiciera en el sector sanitario o de rehabilitación de viviendas, se generaría un 50% más de puestos de trabajos que en el caso de invertir en el sector militar. Pero si la inversión se hiciera en el sector educativo o en el transporte público, se generarían, en cada uno de estos sectores, más del doble de puestos de trabajo.

La Comisión no puede hacer ninguna propuesta legislativa ni subvencionar ninguna acción relacionada con la política de defensa y seguridad, incluidos asuntos militares, ya que el Tratado de Lisboa de la UE (2007) estableció que las dos políticas de la UE, la CFSP (Common Foreign and Security Policy) y la CSDP (Common Security and Defence Policy), quedarían bajo control únicamente de los Estados miembros. Para eludir esta restricción, la Comisión Europea presentó sus propuestas para subvencionar la I + D militar como parte de su política industrial, para la que sí tiene plena competencia.

Esta, sin embargo, no será la primera vez que la UE destina dinero a la industria europea de seguridad y defensa. Unos cuantos años atrás, en 2003, la Comisión Europea ya estableció un Grupo de Personalidades en el campo de la investigación en seguridad, que incluía 15 representantes (sobre un total de 28 miembros) de la empresa armamentística y de centros que realizan investigación militar. Algunos de estos representantes de la industria militar los encontraremos, años más tarde, en el GOP de 2015 sobre investigación militar que hemos mencionado más arriba. En febrero de 2004 la Comisión ya incluía la mayoría de las recomendaciones de ese GOP y anunciaba el lanzamiento de una Preparatory Action on Security Research (PASR). En 2007 un amplio programa sobre investigación en seguridad, el llamado ERSP, fue integrado en el programa marco FP7 de investigación de la UE. El ERSP se prolongó hasta 2014, incrementándole el presupuesto.

Es fácil relacionar estas nuevas políticas de la UE con el hecho de que, desde hace unos años, el sector del armamento ha ido ampliando su producción hacia la tecnología de seguridad y vigilancia. Además de aviones o tanques de combate, actualmente también fabrica radares, sistemas de detección, dispositivos de vigilancia y de identificación biométrica, tecnología destinada a los muros fronterizos, etc.

La industria de defensa y seguridad europea se está beneficiando ya ahora de fondos europeos y lo hará en el futuro. Ahora ya recibe fondos para la tecnología asociada a seguridad: muros fronterizos, mecanismos de seguimiento, reconocimiento... Y muy probablemente recibirá en un futuro inmediato, si finalmente se aprueba el borrador presentado por la Comisión, enormes subvenciones para desarrollar tecnología militar. Además, los resultados generados por los proyectos de I + D militar subvencionados por la UE serán de plena propiedad de las empresas de armamento que reciban los fondos.

Los presupuestos de la UE se nutren con las aportaciones de los Estados miembros y, por tanto, estos contribuyen a estas subvenciones europeas para la investigación y producción militar. Pero no olvidemos que, paralelamente, cada uno de los Estados miembros tiene, dentro de sus presupuestos estatales, partidas destinadas a defensa, una buena parte a adquisición de la producción del sector de defensa y seguridad. Es decir, este sector industrial está recibiendo dinero público tanto de la UE como de cada uno de los Estados miembros. Además, es previsible que la mayoría de los Estados miembros incrementen su gasto militar, entre otras razones, para cumplir su compromiso adquirido en la cumbre de 2014 de la OTAN. De todo ello se puede concluir que el gasto militar en Europa aumentará de forma muy significativa durante los próximos años.

En una de las fases ya en curso del Defence Fund, se aprobó una cláusula excepcional que excluía el Parlamento Europeo de la implementación del programa, con la excusa de la falta de tiempo. En el borrador de la regulación del Defence Fund para el periodo 2021-2027, esta cláusula se ha vuelto a incluir, ahora ya directamente sin ninguna excusa. En definitiva, el borrador propone que sean únicamente los Estados miembros los que definan qué temáticas serán prioritarias y cómo se debe implementar el programa.

En la UE hay una voluntad clara de aumentar el gasto militar. Ha contribuido, en buena medida, la influencia del sector de defensa y seguridad europea y sus grupos de presión, que mantienen vínculos estrechos con los líderes con poder decisorio y con funcionarios clave de la Comisión Europea. Este sector ha participado decisivamente en el diseño de la financiación de la investigación militar (procedente de la UE) y es el principal interlocutor e inspirador de la implementación de esta financiación.

Además, en el borrador de Regulación del European Defence Fund, se pide a los Estados miembros el compromiso de adquisición de los productos o la tecnología resultantes de la investigación financiada por el fondo. Es decir, si finalmente se aprueba este borrador, la UE financiará con dinero público la investigación y con dinero público se comprarán los resultados de la investigación. Y la propiedad intelectual continuará en manos de las empresas que se habrán beneficiado. Queremos insistir en que, probablemente, parte del dinero destinado al fondo de defensa provendrá de reducir las asignaciones de programas civiles. Si la UE pretende contribuir al bienestar de sus ciudadanos y a la paz mundial, dedicar tanto dinero al sector militar es una de las peores opciones posibles.

¿Por qué las mujeres saharauis deben participar en la mesa de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos?

Lehdía Mohamed Dafa, investigadora e integrante de WILPF

Protesta pacifista de mujeres saharauis ante la ONU en Ginebra/Banat Saguia

Desde que se inició el conflicto, armado en su primera fase, entre el Frente Polisario y el régimen de Marruecos en 1975, a causa de la ocupación militar y civil del Sahara Occidental por Marruecos y Mauritania, siempre se han llevado a cabo distintos encuentros y negociaciones para intentar encontrar algún tipo de solución mediante el acuerdo. Por citar solo algunos ejemplos, en la década de los setenta y ochenta tuvieron lugar varios encuentros entre destacados dirigentes del F. Polisario y altos cargos civiles y militares marroquíes. Al año de iniciada la guerra, en 1976, tuvo lugar una reunión entre Emhamed Jadad embajador saharaui en Argel y el general Dlimi entonces jefe del ejército marroquí en el Sahara; posteriormente, Bachir Mustafa Sayed, entonces jefe de la diplomacia saharaui, se encontró, al menos en dos ocasiones en 1980 y 1983, con Reda Guedra consejero personal del rey Hassan II. El 5 de agosto de 1979, tras varias negociaciones previas, el Frente Polisario firma la paz definitiva con Mauritania que retiraba su ejército del territorio saharaui. Casi diez años más tarde, el 3 de enero de 1989, una delegación de alto nivel del F. Polisario visitó por primera vez Marruecos, donde fue recibida por el mismo Hassan II. Aunque el objetivo de aquella reunión, como dijo el monarca alauí, “no era negociar sino discutir” acerca de las perspectivas de paz, aquel encuentro marcó el inicio de una larga serie de reuniones y negociaciones para intentar resolver el conflicto mediante el diálogo directo entre las partes. Así, el 29 de abril de 1991, bajo la Resolución 690, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el denominado “Plan de Arreglo” para el conflicto saharaui; se firmó el alto el fuego y se abrió el camino para intentar encontrar una solución negociada. Sin embargo, y como dijo Jenny Pearce, “la ausencia de guerra no significa necesariamente la ausencia de violencia en una sociedad, y ciertamente no significa, el final del conflicto”. 27 años después del cese de las hostilidades militares, el conflicto saharaui-marroquí continua sin avances ni visos de solución, con un muro de dificultades y obstáculos hasta la fecha insalvables.

En todas estas décadas, nunca, en ningún momento, se dio voz ni participación directa a las mujeres en la mesa de las negociaciones.

Se anuncia una próxima ronda de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para el mes de diciembre, auspiciadas por Naciones Unidas. A mi juicio convendría integrar de manera ya permanente y directa a las mujeres en las negociaciones en cumplimiento de la Resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su sesión 4213ª celebrada el 31 de octubre de 2000, para que participen en el proceso como nuevos actores de paz, y no sólo como víctimas en este conflicto interminable, aportando en los análisis y propuestas una perspectiva diferente, lo que para entendernos viene denominándose una perspectiva de género.

Las mujeres deben formar parte de los equipos negociadores, no por una cuestión de cuotas o porque las mujeres por “naturaleza” pudiéramos ser más proclives a soluciones pacíficas que los hombres (y en ese sentido moralmente superiores como podría deducirse de algunas teorías); tampoco como simples floreros para dar un toque colorista con nuestras melhfas y “feminista” a la causa de la paz.

Seamos capaces o no de lograr nuestra presencia en las negociaciones con una agenda propia o iniciativas concretas, creo firmemente que nuestra participación en la mesa de dialogo es obligada, necesaria y conveniente por varias razones. En primer lugar, porque las mujeres seguimos siendo las principales víctimas de una guerra, un conflicto político y un desastre humanitario al que en gran medida hemos sido arrastradas. A ambos lados del muro, sobre nuestras biografías sigue proyectándose la sombra y las secuelas de la guerra. Miles de mujeres han sufrido la pérdida, las heridas o mutilaciones de sus seres más queridos, hijos, padres, maridos, hermanos… Han sufrido el desgarro de una viudedad prematura o la orfandad de sus hijos que en muchos casos no llegaron ni siquiera a conocer a sus padres. Han sufrido y siguen sufriendo la falta o menores oportunidades, que en tantos casos conducen a la exclusión y la pobreza. A lo largo de todos estos años de “no guerra, no paz”, las familias, lo más importante que todos tenemos, siguen separadas por un muro militarizado y minado, una cicatriz de hierro que secciona y hiere el espacio infinito y bello de nuestra badia. En los territorios ocupados, vemos irritadas, con frecuencia insoportable, la violencia que se ejerce contra las mujeres, que tienen un papel destacado en las manifestaciones y protestas; la violación de sus derechos fundamentales y las agresiones impunes. Muchas mujeres han tenido que optar por permanecer recluidas en sus hogares, no ir a la universidad, ni buscar un trabajo fuera de casa, por el miedo a la discriminación, la segregación o las violencias de todo tipo que pueden sufrir. Paralelamente, en los campamentos de refugiados en territorio argelino, la larga duración y pervivencia del conflicto “sine díe” es hoy el principal obstáculo que mantiene suspendida en el tiempo la lucha de las mujeres por sus derechos civiles y la igualdad de oportunidades personales, sociales y económicas, que injusta e inoportunamente, siempre se nos dice que deben quedar supeditadas a la solución definitiva del conflicto y la consecución de la independencia nacional.

Protesta pacifista de mujeres saharauis para la solución del conflicto ante la sede de la ONU en Ginebra/Banat Saguia

En segundo lugar, a mi juicio, la participación directa y activa de las mujeres en la búsqueda de acuerdos y en la solución negociada, es lo que en justicia corresponde a nuestra participación y sacrificios en la retaguardia, en la construcción y administración, en los primeros años de los campamentos y hasta en la política natalicia de gestación intensiva con graves daños para nuestra salud de nuevos guerrilleros. Si tuvimos que participar activamente en la guerra tenemos que exigir con autoridad y firmeza la participación en cualquier proceso de paz, y ya de manera definitiva la participación en igualdad de condiciones en la construcción de la futura sociedad saharaui que tiene que aspirar a una vida en paz, protegidos los derechos individuales por la justicia y con oportunidades de prosperidad.

En tercer lugar, porque millones de mujeres en todo el mundo y en tantas épocas de la historia han demostrado su compromiso con la paz y su capacidad para contribuir al dialogo y los acuerdos aportando visiones y propuestas alternativas como ha quedado demostrado en conflictos como los de Palestina, Somalia, Ruanda, Liberia, Irlanda del Norte, Sri Lanka, Colombia y Siria. En estos países, la participación directa de las mujeres ha puesto en evidencia contrastable que ha dado frutos muy positivos, contribuyendo de manera determinante a generar un clima de confianza y empatía que ha mejorado la comunicación y el acercamiento de posiciones entre las partes en la búsqueda de una situación de paz duradera, y entre cuyos resultados también figuran marcos basados en valores democráticos, con mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la promoción de la educación y una cultura de paz en la infancia. Para terminar y como inspiración quisiera citar unas palabras de María Villellas Ariño, investigadora en la Escola de Cultura de Pau en la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante de la junta internacional de WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad), organización a la que me honro pertenecer: “el género debe guiar los procesos de paz en su sentido político completo y no a través de perspectivas parciales que reducen el género a la idea de introducir a las mujeres en la esfera pública”.

Debemos detener las nuevas armas robóticas

Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

A principios de este mes de octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAB, representantes del International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), juntamente con representantes de Fundipau y del Centro Delàs, presentaron la Campaña internacional Stop Killer Robots. Esta campaña para detener los robots asesinos se inició en Londres en abril de 2013, respaldada por una agrupación internacional de entidades que trabaja para prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas. Debemos tener presente que los avances tecnológicos que están realizando en esta dirección algunos estados pueden cambiar drásticamente el concepto de guerra y los escenarios bélicos, comportando asimismo importantes desafíos a nivel humanitario y legal.

Sin embargo, hace solo un mes, en Ginebra, la sexta reunión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCAC) de la ONU terminó sin ningún acuerdo vinculante. Aunque una clara mayoría de los estados asistentes proponía iniciar negociaciones en 2019 para definir un nuevo tratado que estableciese la prohibición preventiva del desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos letales, Estados Unidos y Rusia rechazaron y vetaron la iniciativa (que apoyaban países como Austria, Brasil, Chile, Colombia, Irak, Pakistán, Panamá, un grupo de estados africanos y el grupo de estados del Movimiento de Países No Alineados). Los 88 estados participantes, que mayoritariamente estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de alguna forma de control humano sobre los sistemas armados y el uso de la fuerza, no acordaron cómo proceder para lograr este objetivo.

En este contexto, querría aportar cuatro reflexiones al debate sobre los sistemas militares robóticos y sobre la prohibición preventiva de las armas autónomas letales.

En primer lugar, se trata de sistemas éticamente reprobables. Porque, incluso en el caso de las armas robóticas no autónomas que requieren una persona humana en el circuito de decisión, autores como Medea Benjamin y Markus Wagner consideran que cuando las operaciones militares se realizan a través del filtro de una cámara de video lejana, desaparece posibilidad del contacto visual con el enemigo, con lo que decrece la percepción del costo humano del posible ataque. Y, aunque no hay constancia de que los sistemas robóticos letales y totalmente autónomos (LAWS) estén siendo utilizados actualmente en acciones militares, ya existen sistemas que detectan y “deciden” las personas a atacar, aunque ofrecen la posibilidad de que un operador remoto detenga su acción mortífera. El debate ético, en este caso, se centra en los sesgos que las maquinas generan en los procesos humanos de decisión ya que, como bien explica Noel Sharkey, estos sistemas generan el fenómeno conocido como sesgo de automatización (“automation bias”) que hace que los operadores humanos tiendan a aceptar como correctas las soluciones propuestas por los sistemas robóticos e informáticos, ignorando o dejando de buscar información complementaria. Pero, en todo caso, siempre será éticamente inaceptable que no exista un grado suficiente de control humano en las funciones críticas de cualquier sistema militar armado.

Además, son armas no precisas, que matan civiles no involucrados. Hay que dejar bien claro que los nuevos sistemas basados en algoritmos masivamente heurísticos de aprendizaje a partir de datos incluyen inevitablemente un margen de error, que en el caso de las armas se traduce en muertes de personas inocentes. Cualquier sistema autónomo es solo parcialmente fiable. Este es un hecho bien conocido a nivel de la comunidad científica internacional, publicado reiteradamente y accesible universalmente como todos los resultados científicos, pero que sorprendentemente no se divulga lo suficiente.

En tercer lugar, estas armas son un gran negocio. Un negocio que enriquece a algunas personas mientras destruye y mata otras muchas. Hace días podíamos leer, en la versión impresa de un artículo de Ignacio Vidal-Folch sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudita, que “no hay una solución fácil en este conflicto entre economía y ética”. El análisis de este oxímoron, que equipara principios éticos con beneficio económico en el caso de las llamadas bombas de precisión (armas que podemos incluir en la categoría de sistemas robóticos letales) nos desvela la gran hipocresía de los gobiernos estatales, que se llenan la boca de frases humanitarias mientras se “venden” para garantizar el negocio de su complejo militar-industrial y sus corporaciones financieras. Porque, como proclamaba la ex ministra Cospedal cuando intentaba animar a los inversores, se trata de un negocio muy rentable.

Finalmente, las nuevas armas robóticas son opacas. Su uso ha dejado de ser transparente, y raramente aparece en los medios de comunicación. Pero el número de víctimas civiles es realmente alto. Como explica por ejemplo David Hookes, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que al menos un tercio de las muertes causadas por ataques con drones en Pakistán han sido no combatientes. Y, en palabras de Ben Emmerson en el informe A/HRC/25/59 a la Asamblea General de Naciones Unidas, entre 2009 y 2013 por ejemplo, los Estados Unidos realizaron como mínimo 86 operaciones letales en Yemen con drones dirigidos a distancia y otros medios, que produjeron un total de 500 muertes. En su informe, Ben Emmerson documentaba con detalle un total de 30 ataques que afectaron a personas civiles en distintos países, y evidenciaba las grandes dificultades que su equipo encontró al investigar estos ataques.

Muchas entidades y campañas como Stop Killer Robots se oponen enérgicamente a permitir el desarrollo de sistemas de armas que, una vez activados, podrían seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Permitirlo sería abominable, inmoral, contrario al concepto de dignidad humana y a los principios humanitarios, con consecuencias impredecibles para la población civil en todo el mundo. Pero además, estamos viendo otras señales de esperanza: un gran número de científicos e ingenieros están diciendo que no, objetando y negándose a trabajar en temas que puedan aplicarse al desarrollo de estas armas, oponiéndose a la simple idea de programar máquinas para matar seres humanos y considerando que hablar de paz y diálogo no es utópico, porque lo realmente utópico es creer que los problemas del mundo podrán resolverse con el uso de la violencia, como bien afirmaba Vicent Martínez Guzmán.