Debemos detener las nuevas armas robóticas

Por: | 25 de octubre de 2018

Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

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FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

A principios de este mes de octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAB, representantes del International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), juntamente con representantes de Fundipau y del Centro Delàs, presentaron la Campaña internacional Stop Killer Robots. Esta campaña para detener los robots asesinos se inició en Londres en abril de 2013, respaldada por una agrupación internacional de entidades que trabaja para prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas. Debemos tener presente que los avances tecnológicos que están realizando en esta dirección algunos estados pueden cambiar drásticamente el concepto de guerra y los escenarios bélicos, comportando asimismo importantes desafíos a nivel humanitario y legal.

Sin embargo, hace solo un mes, en Ginebra, la sexta reunión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCAC) de la ONU terminó sin ningún acuerdo vinculante. Aunque una clara mayoría de los estados asistentes proponía iniciar negociaciones en 2019 para definir un nuevo tratado que estableciese la prohibición preventiva del desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos letales, Estados Unidos y Rusia rechazaron y vetaron la iniciativa (que apoyaban países como Austria, Brasil, Chile, Colombia, Irak, Pakistán, Panamá, un grupo de estados africanos y el grupo de estados del Movimiento de Países No Alineados). Los 88 estados participantes, que mayoritariamente estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de alguna forma de control humano sobre los sistemas armados y el uso de la fuerza, no acordaron cómo proceder para lograr este objetivo.

En este contexto, querría aportar cuatro reflexiones al debate sobre los sistemas militares robóticos y sobre la prohibición preventiva de las armas autónomas letales.

En primer lugar, se trata de sistemas éticamente reprobables. Porque, incluso en el caso de las armas robóticas no autónomas que requieren una persona humana en el circuito de decisión, autores como Medea Benjamin y Markus Wagner consideran que cuando las operaciones militares se realizan a través del filtro de una cámara de video lejana, desaparece posibilidad del contacto visual con el enemigo, con lo que decrece la percepción del costo humano del posible ataque. Y, aunque no hay constancia de que los sistemas robóticos letales y totalmente autónomos (LAWS) estén siendo utilizados actualmente en acciones militares, ya existen sistemas que detectan y “deciden” las personas a atacar, aunque ofrecen la posibilidad de que un operador remoto detenga su acción mortífera. El debate ético, en este caso, se centra en los sesgos que las maquinas generan en los procesos humanos de decisión ya que, como bien explica Noel Sharkey, estos sistemas generan el fenómeno conocido como sesgo de automatización (“automation bias”) que hace que los operadores humanos tiendan a aceptar como correctas las soluciones propuestas por los sistemas robóticos e informáticos, ignorando o dejando de buscar información complementaria. Pero, en todo caso, siempre será éticamente inaceptable que no exista un grado suficiente de control humano en las funciones críticas de cualquier sistema militar armado.

Además, son armas no precisas, que matan civiles no involucrados. Hay que dejar bien claro que los nuevos sistemas basados en algoritmos masivamente heurísticos de aprendizaje a partir de datos incluyen inevitablemente un margen de error, que en el caso de las armas se traduce en muertes de personas inocentes. Cualquier sistema autónomo es solo parcialmente fiable. Este es un hecho bien conocido a nivel de la comunidad científica internacional, publicado reiteradamente y accesible universalmente como todos los resultados científicos, pero que sorprendentemente no se divulga lo suficiente.

En tercer lugar, estas armas son un gran negocio. Un negocio que enriquece a algunas personas mientras destruye y mata otras muchas. Hace días podíamos leer, en la versión impresa de un artículo de Ignacio Vidal-Folch sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudita, que “no hay una solución fácil en este conflicto entre economía y ética”. El análisis de este oxímoron, que equipara principios éticos con beneficio económico en el caso de las llamadas bombas de precisión (armas que podemos incluir en la categoría de sistemas robóticos letales) nos desvela la gran hipocresía de los gobiernos estatales, que se llenan la boca de frases humanitarias mientras se “venden” para garantizar el negocio de su complejo militar-industrial y sus corporaciones financieras. Porque, como proclamaba la ex ministra Cospedal cuando intentaba animar a los inversores, se trata de un negocio muy rentable.

Finalmente, las nuevas armas robóticas son opacas. Su uso ha dejado de ser transparente, y raramente aparece en los medios de comunicación. Pero el número de víctimas civiles es realmente alto. Como explica por ejemplo David Hookes, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que al menos un tercio de las muertes causadas por ataques con drones en Pakistán han sido no combatientes. Y, en palabras de Ben Emmerson en el informe A/HRC/25/59 a la Asamblea General de Naciones Unidas, entre 2009 y 2013 por ejemplo, los Estados Unidos realizaron como mínimo 86 operaciones letales en Yemen con drones dirigidos a distancia y otros medios, que produjeron un total de 500 muertes. En su informe, Ben Emmerson documentaba con detalle un total de 30 ataques que afectaron a personas civiles en distintos países, y evidenciaba las grandes dificultades que su equipo encontró al investigar estos ataques.

Muchas entidades y campañas como Stop Killer Robots se oponen enérgicamente a permitir el desarrollo de sistemas de armas que, una vez activados, podrían seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Permitirlo sería abominable, inmoral, contrario al concepto de dignidad humana y a los principios humanitarios, con consecuencias impredecibles para la población civil en todo el mundo. Pero además, estamos viendo otras señales de esperanza: un gran número de científicos e ingenieros están diciendo que no, objetando y negándose a trabajar en temas que puedan aplicarse al desarrollo de estas armas, oponiéndose a la simple idea de programar máquinas para matar seres humanos y considerando que hablar de paz y diálogo no es utópico, porque lo realmente utópico es creer que los problemas del mundo podrán resolverse con el uso de la violencia, como bien afirmaba Vicent Martínez Guzmán.

La paz de las mujeres

Por: | 18 de octubre de 2018

Júlia Vigó, Associació Acció Internacional per la Pau (IAP) Catalunya

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El Acuerdo de Paz en Colombia incluye sobre el papel el enfoque de género, sin embargo a la práctica no se está implementando. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida.

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Dieciocho años después, el balance presenta claroscuros. De los 1.168 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2014, sólo el 18% hace alguna mención a las mujeres o a cuestiones de género. Desde la aprobación de la Resolución y en comparación con los años anteriores, el porcentaje aumenta hasta el 27% según ONU Mujeres (2015). Insuficiente y decepcionante. Sin embargo es emblemático el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en cuanto a la aplicación de la perspectiva de género a la que apelaba la ONU.

El camino no ha sido fácil. Más allá de ser una voluntad inicial de los negociadores, el enfoque de género se ha integrado en el Acuerdo Final de Paz por la tozudez y el compromiso innegable de las mujeres colombianas que, ya durante el conflicto, han sido verdaderas constructoras de paz. En este sentido, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (2013) supuso un punto de inflexión en la negociación. Con el lema "Mujeres pactantes y no pactadas", esta plataforma de organizaciones de mujeres mixtas, étnicas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y juveniles, externa a la Mesa de diálogo -entonces ya conformada-, estaba decidida a incidir plenamente. Fruto de la repercusión que tuvo, se establecieron varios mecanismos de participación para las mujeres, siendo la Subcomisión de Género uno de los principales.

Efectivamente, el Acuerdo Final de Paz aprobado el 30 de noviembre de 2016 hace referencia explícita al enfoque de género. "Implica, en particular, la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto". Para lograrlo, en el Acuerdo se definen más de un centenar de disposiciones que comprometen a las partes y que, al desarrollarse, tendrán la capacidad de incidir en las discriminaciones patriarcales estructurales y en los impactos sufridos por mujeres y niñas durante más de sesenta años de conflicto armado.

De todos modos, la implementación está llena de obstáculos y la voluntad política requerida para desarrollarla con plenas garantías es a día de hoy, más que dudosa. Así, de entre las recomendaciones recogidas en el "Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz en Colombia" de Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, se establece la necesidad de capacitar a los funcionarios y funcionarias del Estado en cuestiones de género y de establecer protocolos específicos para que este nuevo enfoque se haga efectivo a todas las instituciones del país. Además, el informe alerta de la importancia de tener en cuenta las interseccionalidades: la necesidad de asumir que el ser mujer tiene múltiples vivencias en función de la etnia, el origen o la identidad sexual y que, en un país como Colombia, con tantas realidades que comparten un mismo territorio, es algo de urgencia.

DSC_1388Colombia / IAP

Más allá de los retos, que son muchos, hay que reconocer las implicaciones positivas de la adopción de un enfoque transversal de género en un Acuerdo de Paz, precisamente, porque supone el cierre de un capítulo de la historia colombiana para iniciar otro nuevo que permitirá construir nuevas formas de vivir. Aunque tengan un sabor agridulce, debemos ser justas con las victorias que conseguimos y asumirlas como tal; por más que sólo sean puntos de partida. El enfoque de género integrado en el Acuerdo Final de Paz colombiano significa que los conflictos armados no son neutrales en cuanto al género. Y no lo son porque las sociedades, en este caso la colombiana, tampoco lo es. Y mientras no lo sea, las violencias que sufren las mujeres de forma habitual y naturalizada, se exacerba en la guerra.

El Acuerdo no sólo es una oportunidad única para integrar a las mujeres en la toma de decisiones e implicarse efectivamente en la construcción de paz desde sus múltiples vivencias y realidades, sino que es en sí mismo una declaración de principios: hay una paz que no es suficiente para las mujeres, la que es cómplice de las desigualdades de género. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida. El Acuerdo de paz colombiano es un instrumento pensado para abordar la paz desde un sentido positivo. No es simplemente la ausencia de guerra: la paz es justicia de género, social y ambiental. Y las mujeres colombianas no renunciarán.

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz y con la llegada del nuevo presidente del Gobierno Ivan Duque del partido Centro Democrático, se abre un capítulo de incertidumbre respecto a la implementación del Acuerdo. En este contexto se hace necesario que la comunidad internacional conozca la importancia de los acuerdos en materia de género y sea garante de su implementación y por eso es especialmente relevante la apuesta temática de las jornadas de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia sobre "Las mujeres, protagonistas de la Paz en Colombia" en las que durante dos días lideresas colombianas evaluarán desde diferentes ámbitos y analizarán la situación.

 

1537124125_380213_1537124420_noticia_normal_recorte1NAIF RAHMA (REUTERS)

Es más que probable que las 400 bombas de guiado por láser (GBU Paveway II) que el Gobierno español quiere exportar a Arabia Saudí acaben cometiendo crímenes de guerra. Lo sabe la ministra de Defensa, cualquier experto en seguridad y conflictos y, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. 

Arabia Saudí se ha armado en la última década con cientos de aviones de combate y miles de misiles y proyectiles. Las bombas de la familia GBU Paveway II, de producción estadounidense, son unas de sus preferidas, en particular en la guerra en Yemen, en la que Riad es parte beligerante. Sus especificaciones técnicas,  les atribuyen mayor precisión que a las bombas tradicionales y, sobre todo, que otras ya prohibidas como las municiones en racimo británicas BL755 que Arabia Saudí también ha reconocido haber utilizado en la guerra en Yemen.

Con todo, al contrario de lo que afirma el Sr. Borrell, el Gobierno español no debe tomar la decisión de autorizar y realizar una exportación de material de defensa en función de los aspectos técnicos del armamento, sino del uso que se le vaya a dar. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso así lo establece determinando que las autorizaciones serán suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. Añade la legislación que “para determinar la existencia de estos indicios racionales”, se tendrán en cuenta los informes “de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas”.

Utilicemos, pues, la información del Panel de Expertos sobre Yemen de Naciones Unidas, quienes en la Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, de 27 de Enero de 2017, aseguran que la bomba que causó 19 muertos y 24 heridos y destrozó el hospital de Médicos sin Fronteras el 15 de agosto de 2016 fue, precisamente, una GBU Paveway II. Ese ataque fue reconocido por Arabia Saudí como un “error”. También estima el Panel de Expertos que fueron dos bombas “inteligentes” GBU Paveway II las utilizada por Arabia Saudí para bombardear un funeral civil al que asistieron más de mil personas en Saná el 8 de octubre de 2016, en el que murieron 132 personas y otras 695 resultaron heridas, muchos de ellos niños. Los ataques contra la población civil y contra el personal humanitario son crímenes de guerra,  tal y como establece el Derecho Internacional Humanitario, que España tiene la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir. El Panel de Expertos de Naciones Unidas recoge en su informe que el Ejército Saudí es altamente incompetente e incapaz de utilizar de manera profesional el material de alta tecnología que posee, mostrando una evidente mala praxis con los llamados objetivos militares dinámicos. Son muchas las voces de expertos sobre el terreno que coinciden en señalar esta incompetencia, además de un conocimiento y respeto muy deficitarios del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, el Panel de Expertos de Naciones Unidas (y muchas otras personas expertas en la situación en Yemen) advierten que el Ejército Saudí no es capaz de utilizar las GBU Paveway II de una manera compatible con el Derecho Internacional Humanitario, con independencia de la precisión que puedan tener estas bombas. Naciones Unidas, por tanto, considera que hay indicios racionales de que las 400 bombas que España quiere vender a Arabia Saudí serán utilizadas contra la población civil y/o contra personal humanitario. Es decir, para cometer crímenes de guerra. Es probable que la contundencia de este informe haya llevado a que la Ministra de Defensa no pudiera considerar legal esta venta de armamento. Sin lugar a dudas, genera más confianza el criterio de la titular de Defensa, magistrada, que el del Ministro Borrell. Además, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania e incluso EEUU han restringido en algún momento sus ventas de armas a Arabia Saudí.

Sin embargo, no somos tan ingenuos como para pensar que el Sr. Borrell y los muchos asesores del Gobierno no sean conocedores de los informes del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Yemen. Los obscenos comentarios sobre la precisión de las bombas GBU Paveway II conllevan un grado de cinismo político solo superado por José María Aznar y sus explicaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

Hace unos días ACNUR daba a conocer su informe sobre el desplazamiento forzado global y, como en los últimos años, las cifras arrojaron un nuevo récord. Hasta finales de 2017, un total de 68,5 millones de personas –50% más que hace una década– se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de situaciones de violencia, persecución y conflictos armados. Entre ellas, 25,4 millones de personas refugiadas, 40 millones desplazadas dentro de sus propios países y 3,1 millones de solicitantes de asilo. Las circunstancias y motivaciones de cada una de estas personas son múltiples y complejas, pero es indudable que, a nivel general, el significativo aumento del desplazamiento forzado está vinculado con el panorama global de conflictos y violencia, que también ofrece una evolución preocupante.

Refus1Sirios y sirias en zona fronteriza entre Grecia y Turquía / Reuters

El análisis de la conflictividad en el mundo por parte de la Escola de Cultura de Pau (ECP), recogido anualmente en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, concluyó que en 2017 se produjeron 33 conflictos armados en el mundo. De ellos, la mayor parte (13 casos) fueron conflictos armados de alta intensidad, es decir, disputas que provocaron la muerte de más de mil personas en un año, además de otros severos impactos sobre la población y el territorio. En términos comparativos, los casos de alta intensidad también se han incrementado en los últimos años. Si en 2008 los conflictos graves representaban un 26% de los casos, en 2018 ese porcentaje había aumentado hasta el 40%, según los datos de la ECP. Además, cabe destacar que muchos en muchos de estos casos los niveles de letalidad estaban muy por sobre las mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, solo en el caso de Iraq se estimaba que el número de personas fallecidas entre la población civil a causa del conflicto en 2017 ascendía a unas 13.000 personas.

La conexión de este panorama de conflictos con el desplazamiento forzado es evidente. Según los datos de ACNUR, excluyendo a la población refugiada palestina (5,4 millones), más de dos tercios (68%) de todas las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos conflictos armados de alta intensidad: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia y Myanmar. El conflicto en Siria continuó siendo una de las principales causas del exponencial aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 un total de 6,3 millones de sirios y sirias habían abandonado el país, mientras que otras 6,2 millones de personas se habían desplazado internamente–algunas de ellas en múltiples ocasiones– a causa de las complejas dinámicas de violencia; los numerosos y cambiantes frentes de batalla; y la diversidad de actores armados locales, regionales e internacional implicados. Sólo en 2017 el conflicto sirio habría causado la muerte de unas 10.000 personas –según estimaciones–, además de otros múltiples impactos, entre ellos violencia sexual, torturas, ejecuciones sumarias, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles y asedios (al finalizar el año unas 390.000 personas permanecían cercadas por las fuerzas del régimen). Como consecuencia del conflicto, siete de cada diez personas en Siria requerían ayuda humanitaria.

En el caso de Afganistán, las hostilidades causaron más de 3.400 víctimas mortales solo entre la población civil a lo largo de 2017. El país, que ha vivido en conflicto armado de manera casi ininterrumpida desde 1979, continuó siendo escenario de enfrentamientos armados, múltiples violaciones a los derechos humanos y ataques explosivos (con varios atentados de magnitud en Kabul, que provocaron cientos de víctimas). En los últimos años la situación de seguridad se ha caracterizado por una consolidación de la capacidad talibán para controlar territorios y por una presencia más notoria de ISIS. En este contexto, Afganistán continuó siendo el segundo país emisor de población refugiada a nivel mundial, la mayor parte de la cual ha encontrado refugio en la vecina Pakistán.

Refus2Población rohingya que huye de Myanmar llegando a Bangladesh / Reuters

Myanmar fue uno de los casos más notorios en 2017. La violencia en el país no sólo causó miles de víctimas mortales –en tan solo un mes había dejado más de 6.700 personas fallecidas–, sino que también motivó nuevos y masivos desplazamientos de población. Unas 660.000 personas abandonaron el país y se refugiaron principalmente en Bangladesh, huyendo de la persecución a la población rohingya. El conflicto armado escaló de manera abrupta a mediados de 2017, después de que unas acciones de un grupo armado de oposición motivaran una ofensiva militar sin precedentes. Las vulneraciones a los derechos humanos en Myanmar –incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y uso de la violencia sexual– llevaron a alertar sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidio.

En África, Sudán del Sur y Somalia continuaron registrando conflictos con un grave impacto en términos de desplazamiento forzado. En el primer caso, la violencia agudizó la situación de crisis humanitaria durante 2017, mientras que Somalia siguió viéndose afectada por el conflicto que protagoniza al-Shabaab y padeció el peor atentado de su historia, con más de 500 víctimas mortales. Otro de los casos destacados en el continente africano fue el de la República Democrática del Congo (RDC). Escenario de múltiples dinámicas de conflicto, durante 2017 la RDC vivió una significativa escalada de violencia en la región de Kasai (centro) debido a los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Gobierno y entre diversos grupos étnicos. Como consecuencia de este conflicto, también de alta intensidad, el número de personas desplazadas internas en RDC se duplicó en 2017, alcanzando los 4,4 millones de personas. RDC se convirtió así en el país con la mayor población desplazada interna de toda África.

 

El conflicto en Kasai: ¿una nueva disputa étnica?

Por: | 03 de julio de 2018

Martí Font i Carbó, diplomado en Cultura de Paz por la Escola de Cultura de Pau de la UAB

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Cinta hallada en una fosa común, emblena de Kamuina Nsapu. Reuters//Aaron Ross

La crisis política y humanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo (RDC) sigue generando periódicamente nuevos y violentos conflictos que ponen de manifiesto la frágil e inestable situación en la que se encuentra sumido el país bajo la dirección del presidente Joseph Kabila. En paralelo a la tragedia que lleva tiempo asolando las provincias del este y noreste, hace poco más de un año y medio se produjo el estallido de un nuevo conflicto en la región de Kasai, un territorio que abarca buena parte del centro y el sur de la RDC y que hasta el momento había logrado eludir el clima de conflictividad que lleva décadas intoxicando otras geografías del país. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, el origen del conflicto en Kasai poco o nada tiene que ver con la pugna por el control de los recursos naturales ni con la extracción de los denominados minerales de sangre. De hecho, aunque las tierras de Kasai son abundantes en oro y minerales, su industria minera se encuentra en decadencia debido a la falta de infraestructuras y a los innumerables impedimentos logísticos y energéticos derivados de la situación de subdesarrollo crónico que padece la región.

En tales circunstancias, la estabilidad existente hasta mediados de 2016 difícilmente podría considerarse como sinónimo de bienestar. Según datos del PNUD, en el año 2012 la región registraba una tasa de pobreza de entre el 75 y el 80%, poseía una esperanza de vida inferior a los 50 años, y contaba con unos niveles altísimos de mortalidad infantil, malnutrición y analfabetismo. Al mismo tiempo, la miseria en la región – cuyos índices no han cesado de crecer desde 2005 –, se ha visto agravada de manera sistemática por el total y absoluto abandono que sufren sus habitantes por parte del Gobierno, que de esta manera sanciona el importante apoyo que históricamente ha recibido en estos territorios el candidato de la oposición Étienne Tshisekedi, oriundo de Kasai y perteneciente a su etnia mayoritaria, los luba.

Tambores de guerra en el Gran Kasai

El conflicto en la región empieza a gestarse a partir del mes de marzo de 2012, momento en el que se produce el fallecimiento del líder tradicional de la jefatura de Bajila Kasanga (Kasai Central) y se inician los trámites para coronar al nuevo Kamuina Nsapu de la comunidad. El elegido para suceder al líder fallecido fue Jean Pierre Mpandi, un hombre carismático y muy crítico con el régimen de Kabila, que en 2016 acabó siendo vetado por la propia administración central en beneficio de otro candidato más afín a la ideología del Gobierno. La intromisión del Estado sobre esta cuestión generó de inmediato un profundo malestar que el propio Mpandi aprovechó para dar legitimidad a su llamado a la insurrección popular. La creciente miseria que vive la región, combinada con el sentimiento de exclusión política derivado de la gestión partidista del poder tradicional, cuaja en un peligroso cóctel que, utilizado convenientemente por el Kamuina Nsapu, desatará finalmente la insurrección violenta en Kasai Central.

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4 millones de personas se han desplazado como consecuencia del conflicto en Kasai. REUTERS/James Akena

El conflicto no tardó en expandirse por toda la provincia. Los partidarios de Mpandi, jóvenes en su gran mayoría, se organizaron en torno a una milicia que bautizan con el nombre de Kamuina Nsapu y empezaron a atacar edificios públicos y otros símbolos del Estado. Finalmente, el 12 de agosto de 2016 se produjo el hecho que hará escalar definitivamente el conflicto: Jean Pierre Mpandi fue asesinado en Tshimbulu en medio de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). Este hecho, lejos de diluir la revuelta, la acabó exacerbando y ampliando más allá de Kasai Central. Ante estos ataques, las FARDC lanzaron una contraofensiva desproporcionada que, según fuentes de MONUSCO, podría haber ido acompañada de numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra sobre la población civil.

En abril de 2017, tras varios meses de conflicto armado y numerosas reuniones entre la familia de Mpandi y el Gobierno congoleño, las autoridades se comprometieron a retornar el cuerpo del Kamuina Nsapu fallecido y a facilitar el nombramiento de un nuevo líder tradicional. La milicia, por su lado, accedió a deponer las armas y a abandonar la lucha armada, aunque en la práctica la tensión todavía tardó unos meses en suavizarse. De hecho, a partir de este mismo mes el conflicto en Kasai adquiere una dimensión étnica más pronunciada. Por un lado, los miembros de las etnias luba y lulua, ambas mayoritarias en la región, empezaron a ser acusados de simpatizar con el Kamuina Nsapu, mientras que los miembros de las etnias pende, tetela y tchokwe empezaron a asumir posiciones cada vez más próximas al ejército y al Gobierno. Al estar formada casi exclusivamente por lubas, los ataques de la milicia fueron interpretados por las otras etnias como un intento de erradicar su identidad y como un medio de imponer la hegemonía étnica sobre toda la región. Es por esta razón que, a principios de abril, algunos de ellos decidieron pasar a la acción y organizarse en torno a una nueva milicia, la denominada Bana Mura, que aunque inicialmente es concebida como una milicia de autodefensa, con el paso de las semanas empezó a perpetrar atentados y asesinatos masivos sobre la población de etnia luba. La Bana Mura está constituida principalmente por miembros de las comunidades pende, tchokwe y tetela, y el liderazgo de la milicia se encuentra en manos de jefes tradicionales progubernamentales y de actores paramilitares. Asimismo, no son pocas las voces que vinculan a la milicia con el aparato político cercano a la órbita del poder. En este sentido, ni siquiera el partido del propio presidente Kabila parece estar libre de responsabilidades en este asunto, tal y como parecen demostrarlo los numerosos testimonios que delatan las presuntas conexiones entre el Gobierno y los líderes tradicionales que apoyan abiertamente a la Bana Mura.

Con todo, es innegable que el conflicto de Kasai ha conducido a un incremento de las tensiones interétnicas en la región. Si bien es verdad que las disputas entre los distintos grupos étnicos existen desde hace tiempo, también lo es que nunca antes habían llegado a extremos como los que se han podido observar en el transcurso del conflicto. Sin embargo, cabe remarcar el hecho de que la cuestión étnica solamente adquiere relevancia en este contexto a partir de la aparición en escena de la milicia de la Bana Mura, ya que desde el inicio del conflicto los ataques del Kamuina Nsapu fueron dirigidos casi de manera exclusiva a objetivos militares y gubernamentales. En ese sentido, los testimonios que apuntaron a la existencia de vínculos entre la Bana Mura, las FARDC y el poder político, obligaron a poner sobre la mesa la hipótesis de que actualmente se esté instrumentalizando y manipulando la identidad étnica de Kasai con fines electoralistas por parte de esferas de poder cercanas al presidente Kabila.

La gestión partidista del poder tradicional y la instrumentalización de las identidades étnicas

El origen del conflicto en Kasai, por lo tanto, tiene mucho que ver con la falta de legitimidad del Estado y la sensación de abandono y ninguneo institucional que padecen los habitantes de este territorio, uno de los más empobrecidos de la RDC. Las constantes maniobras del presidente Kabila por permanecer en el poder, sumadas al terremoto político que genera su decisión de no reconocer al Kamuina Nsapu legítimo, contraviniendo abiertamente la tradición local, espolearon el sentimiento de agravio y exclusión política que desemboca en la insurrección popular de agosto de 2016. Los líderes tradicionales en la RDC no solamente juegan un importante papel en el seno de sus comunidades, sino también en el propio panorama nacional. De esta manera, asuntos como el nombramiento de nuevos líderes rara vez quedan circunscritos al ámbito local, ya que en última instancia su reconocimiento depende de las autoridades centrales y, por lo tanto, está sujeto a posibles injerencias políticas. Los líderes tradicionales normalmente se encuentran conectados económica y políticamente con los centros de poder de la capital, y es precisamente en el marco de esta interrelación cuando se activa toda la maquinaria de intereses e influencias que conducen a la gestión partidista del poder tradicional.

Paralelamente, la gestión del conflicto por parte de las autoridades centrales y las FARDC, caracterizada por un uso brutal e indiscriminado de la fuerza contra la milicia, ha contribuido a agravar la situación. En este sentido, la cronificación de la violencia en el centro y el este del país le ha servido al Gobierno como justificación para postergar sistemáticamente las operaciones de actualización del censo electoral necesarias para poder llevar a cabo la inscripción de electores de manera correcta. Con esta maniobra, Kabila gana unos cuantos meses para lograr aquello que muchos consideran que es su principal objetivo, que es promulgar una reforma de la Constitución que le permita optar a un tercer mandato.

En este sentido, el pacto con la familia de Mpandi no parece que vaya a resolver un conflicto que ya ha superado con creces la dimensión local que tuvo en sus inicios y cuya evolución se encuentra cada vez más vinculada al devenir político nacional. Las conexiones entre las milicias y los distintos grupos de poder, tanto en Kasai como en Kinshasa, complejizan mucho más, si cabe, un conflicto que, según fuentes de la Iglesia Católica, ya ha dejado más de 3300 muertos y 3,9 millones de desplazados. Si bien es cierto que el nivel de hostilidades en la región se ha reducido en los últimos meses, también lo es que las tensiones intercomunitarias se mantienen altas. Así, el riesgo de nuevos brotes de violencia no solo dependerá de cómo acabe evolucionando el panorama político nacional tras la enésima negativa del presidente Kabila de convocar elecciones en el país, sino también de cómo empiecen a gestionarse a partir de ahora los efectos devastadores que ha tenido la instrumentalización política de las identidades que han convivido históricamente en la región.

 

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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