¡Sí se puede regular el comercio de armas!

Por: | 20 de febrero de 2014

Alberto Estévez, Amnistía Internacional España y Jordi Armadans, FundiPau (Fundació per la Pau). Ambos participaron en el proceso diplomático en la ONU para adoptar el TCA.

Nueva york

Acción de las ONG ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York reclamando un Tratado

Las malas noticias para los derechos humanos y el desarme suelen ser la tónica habitual. En las últimas semanas hemos asistido, por ejemplo, al fracaso de las negociaciones de paz sobre Siria, al mazazo a la jurisdicción universal en España, la decisión del gobierno español de devolver a un solicitante de asilo de Kazajstán donde puede ser torturado o la deplorable actuación de la Guardia Civil en Ceuta.

Sin embargo, a veces hay rayos de esperanza, buenas noticias y pequeñas batallas que la sociedad civil gana, que demuestran que cuando hay una buena idea y un compromiso tenaz a largo plazo, ésta puede influir positivamente en la agenda internacional de los gobiernos en materia de derechos humanos y desarme.

Un ejemplo de ello es la votación que acaba de producirse en el Congreso de los Diputados, aprobando (por casi unanimidad, 313 a favor y una abstención) la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas. Así, el Gobierno podrá depositar en breve los instrumentos de ratificación del Tratado en la ONU y, si se da prisa, España será el 12º Estado en ratificarlo. Una propuesta, la del Tratado, que el Gobierno ha apoyado sin reservas desde el 2005, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, sometidos a un estrecho marcaje por parte de Amnistía Internacional, FundiPau (Fundació per la Pau) y Oxfam Intermón desde que en 2003 se inició la campaña internacional “Armas Bajo Control”.

El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es el primer instrumento global legalmente vinculante que regula las transferencias internacionales de armas y municiones. Fue aprobado en una votación abrumadoramente mayoritaria (156 votos a favor, de 193 posibles) de la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de abril de 2013. Aún se nos ponen los pelos de punta cuando vemos las imágenes de la aprobación masiva del TCA en la sede neoyorquina de la ONU, máxime cuando fuimos parte del proceso de negociación del texto entre 2009 y 2013. Hasta la fecha, el TCA ha sido firmado por 116 Estados y ratificado por 11. Cuándo haya 50 ratificaciones, el Tratado entrará en vigor y los Estados tendrán que cumplirlo.

Sin embargo, el Tratado solo será de obligado cumplimiento para los “Estados Parte", es decir, aquellos que lo ratifiquen, y su universalización llevará tiempo. Aunque algunos países exportadores como Francia, Reino Unido, España e Italia lo ratificarán en breve, otros como EE.UU., el principal exportador de armas de un negocio que mueve en torno a 60.000 millones de Euros anuales, tendrá dificultades para ratificarlo de forma inmediata. En el caso de EE.UU. necesita una mayoría de 2/3 del Senado, en el que hay voces contrarias, principalmente del Partido Republicano. Otros exportadores importantes de armas, como China, India y Rusia, se abstuvieron en la votación, aunque hay matices. Mientras China es posible que firme en un plazo razonable, India objeta a diversas disposiciones del TCA, que considera afectan a su capacidad exportadora, y Rusia no ha mostrado interés en el Tratado, y se afana en una política agresiva de exportación, que incluye clientes que desprecian los derechos humanos.

El acuerdo del Congreso español refleja el sentir mayoritario de la opinión pública, contraria a la venta de armas para cometer atrocidades. El gran logro del TCA es que establece una “Regla de Oro” que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. También obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los gobiernos deben denegar las autorizaciones si hay un riesgo “preponderante” de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños. La delegación del Gobierno español en las negociaciones, encabezada por el Embajador Carlos Sánchez de Boado, desempeñó una función especialmente activa y abierta en este proceso. El Gobierno español, que firmó el tratado en Nueva York el 3 de junio de 2013, fue el único Estado que manifestó entonces que aplicaría provisionalmente esta “Regla de Oro”. Ese compromiso público del gobierno es muy positivo y debe ser el principio rector de las decisiones sobre transferencias de armas españolas al extranjero. La prioridad debe ser evitar las ventas de armas que puedan ser utilizadas para cometer atrocidades.

El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) no es una panacea, pero es un primer paso, que se puede mejorar progresivamente. No solventará todos los problemas asociados al comercio de armas, ni lo pretende, pero sienta las bases de su regulación, control y una mayor transparencia. A medio plazo, contribuirá a salvar millones de vidas y a iniciativas en materia de desarme de las armas convencionales, las verdaderas armas de destrucción masiva.

El TCA se aplicará a las principales armas convencionales (carros de combate, vehículos blindados de combate, sistemas de artillería de gran calibre, aeronaves de combate, helicópteros de ataque, buques de guerra y misiles y lanzamisiles) así como las armas pequeñas y las armas ligeras. Regula las exportaciones, importaciones, actividades de corretaje, tránsito y transbordo, aunque no el transporte y la financiación, por ejemplo. Exige a los Estados que establezcan un sistema nacional de control y medidas para evitar el desvío de armas convencionales y promueve la cooperación y la asistencia internacional. Implica importantes avances en  materia de transparencia, pues obliga a los Estados a presentar informes anuales sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas.

El desafío del gobierno, el Congreso de los Diputados y la sociedad española es mantener la voluntad política de controlar el comercio de armas, igualar este compromiso con los recursos necesarios y ser activos en el ámbito internacional en la puesta en práctica del TCA. Lo que esta campaña ha demostrado es que “Sí se puede” regular el comercio de armas y evitar la venta de armas para cometer atrocidades. ¿Hará la ciudadanía que el Gobierno cumpla ese compromiso?

Hay 1 Comentarios

Que es lo que nos mata, las armas o el modo de produccion y el comercio de todo tipo de bienes de consumo?
Quereis salvar lo poco que queda? Militar por una semana de trabajo de 35 horas... ( o menos) y cuidado con lo que hacemos del tiempo libre.
PD : NO me gustan los Borbones pero el empresario Fenoll es un "gamberro" nacionalista de poca monta...
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/24/catalunya/1393264405_644122.html

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Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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