Las controversias de la I+D

Pere Ortega, Centro Delàs de Estudios por la Paz

                                            El avión Eurofighter (BERNARDO PÉREZ)

La inversión en I+D es una de las partidas que mayor controversia suscita en el debate público que rodea la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por una razón evidente, la I+D+i, (investigación+desarrollo+innovación) si se desarrolla en el sector público (centros de investigación, laboratorios, universidades…), especialmente la “i” minúscula es una inversión de futuro en inteligencia de capital humano y de avances tecnológicos que revierte en el desarrollo productivo de la economía del país, y nos hace menos dependientes en bienes y servicios del exterior.

Así lo ha expresado la comunidad científica ante el grave deterioro a que se ven abocados los centros públicos por el recorte de aportaciones que, iniciadas en 2010, no han parado de disminuir hasta la fecha. Hecho que ha motivado agrias críticas y manifestaciones varias contra el gobierno por no apostar por la investigación pública, mientras si hace aportaciones en I+D en favor de la empresa privada. Abocando a muchos investigadores al paro y a otros a emigrar. No es que no se deba apoyar el desarrollo de la industria para hacerla más competitiva en bienes y servicios, pero lo que no está claro es que deba llevarse a cabo con recursos públicos, pues una cosa son las ayudas para desarrollo industrial y otra cosa es que las ayudas se dirijan a sectores de dudosa eficiencia productiva. Este es el caso de la I+D militar que paso a comentar.

Este año 2014, en los PGE figuran 506,8 millones para I+D militar, con un fuerte incremento, un 39,5% respecto de 2013; mientras que la I+D civil (5.633 millones) han recibido tan solo un 1,3% más que el año anterior. Pero la consignación de I+D militar está dividida entre dos aportaciones, una que se desarrolla dentro del Ministerio de Defensa con de 163,2 millones, y otra que sale desde el Ministerio de Industria con una asignación de 343,6. Pero esta última, es aportada como crédito, es decir, que se deben devolver. Estos créditos se iniciaron en 1997 y desde entonces hasta 2014 se han otorgado nada menos que 16.120 millones. ¿Cuántos se han retornado? Ni un solo euro ha sido devuelto a las arcas públicas, ¿Cómo ha sido esto posible? Paso a detallarlo.

Estos créditos reembolsables en I+D fueron ideados cómo una fórmula de “ingeniería financiera” para hacer frente a unos programes especiales de armamentos (PEAs) de un alto coste, unos 20.000 millones de 1997. A desarrollar, según los casos, en los próximos 25 años. Hoy aquellos programas superan los 40.000 millones de coste, los más conocidos son: aviones EF-2000, fragatas F-100, submarinos S-80, blindados Leopardo, helicópteros Tigre, aviones A400M así hasta quince. Como las empresas no empezarían a desarrollar esas armas sin adelantos, idearon la artimaña de otorgar créditos a 20 años vista y a cero intereses. Diseñaron un convenio firmado a tres bandas entre los Ministerios de Industria, Defensa y las empresas, mediante el cual Industria concedía los créditos, las empresas desarrollaban las armas y cuando éstas eran suministradas se les descontaba el crédito concedido, que Defensa debía devolver a Industria.

¿Por qué fue ideado semejante embrollo? Por tres motivos esenciales: a) para no incrementar el gasto del Ministerio de Defensa siempre mal visto por la opinión pública y evitar las críticas de la oposición; b) las industrias militares recibían unos adelantos sin los cuales no hubieran puesto en marcha la producción de unos programas tan costosos; c) se incrementaba la aportación en I+D, cuando España se encontraba en el furgón de cola de la I+D de la UE, entonces se aportaba un 0,9% del PIB del cual, nada menos que un 37% era I+D militar; en 2011 ha sido del 1,33% del PIB (un 8,2% proviene de I+D militar), mientras que la media de la UE es del 1,94%, estando detrás de España tan solo Eslovaquia, Polonia, Grecia, Italia y Hungría.

Este “creativo” andamiaje contable suscita diversas preguntas. ¿Esos 16.120 millones fueron en realidad I+D?, ¿O simplemente fueron pagos adelantados a cuenta de las armas?  Otra, ¿Alguien se cree que Defensa devolverá a Industria esos millones? Parece incierto, sobre todo pensando que el Ministerio de Defensa además tiene una deuda pendiente con las empresas por esos mismos programas de más de 10.000 millones que no sabe cómo afrontar. Con el agravante que a medida que los abona se convierten en déficit público y lo mismo ocurrirá con la deuda acumulada en I+D.

Por último, la cuestión central: ¿Esos recursos en I+D revertirán en desarrollo tecnológico mediante su explotación en la economía productiva? Mi respuesta es que no. La ciencia económica sostiene que los productos que no circulan en el mercado y no están sujetos a las leyes de la competencia no son bienes productivos. Entonces, los PEAs españoles no forman parte de la economía real, pues no existe competencia ni un “mercado” para esas armas, debido a que todas ellas son adquiridas por el estado y ninguna de ellas se destina a la exportación. Además, la adjudicación de los contratos se lleva a cabo por adjudicación directa a las cuatro grandes empresas que ejercen como oligopolio en España, a saber: Airbus Military, Navantia, Indra y Santa Bárbara.

Entonces para hacer verosímiles las excelencias de la I+D militar, se debería saber cuántas de las tecnologías militares han sido patentadas para su aplicación en la producción civil. Mientras tanto, la I+D militar aquí y en cualquier otro lugar del mundo, es, y si no que nos demuestren lo contrario, una pérdida de oportunidad para la economía productiva.

No cabe duda que la comunidad científica está cargada de razón por criticar que la I+D civil se desvirtúa mediante créditos a empresas privadas. El caso de la I+D militar ilustra esa perversión, los créditos en I+D a industrias militares privadas son una operación de ineficiencia tecnológica. Pues por mucho que se esfuercen los voceros de las virtudes de la tecnología militar, ésta difícilmente tiene una traducción práctica en el desarrollo de tecnologías civiles que redunden en mayor bienestar para la población.

Violencia y economías ilegales: ¿Viejas respuestas para nuevos retos?

Mabel González Bustelo, es periodista e investigadora en paz y seguridad

 Incautación de droga en Afganistán (Aref Karimi/AFP/Getty Images)

El panorama contemporáneo de la paz y la violencia muestra tendencias contradictorias. El número de conflictos armados entre estados alcanza cotas mínimas y los conflictos dentro de los estados permanecen estables o registran ligeros descensos. Según el Uppsala Conflict Data Programme, en 2012 se produjeron 32 conflictos armados internos frente a 37 del año anterior.

Hay factores que explican esta reducción del número de guerras. Los marcos institucionales y normativos internacionales son uno de ellos, especialmente el papel de la ONU y otras instituciones en la gestión de la seguridad colectiva. Pese a su doble crisis de representación y capacidades y a las innumerables críticas que recibe, la ONU ha tenido un impacto en la reducción de los conflictos violentos a través de iniciativas de prevención; gestión y mediación en enfrentamientos que ya han estallado y apoyo a procesos de paz, y misiones de construcción de la paz tras el conflicto.

Pero la reducción de la guerra no equivale a un mundo menos violento. El Banco Mundial, en su World Development Report 2011 , ya señaló que la violencia y el conflicto no han desaparecido. “Más de 1.500 millones de personas viven en países frágiles y afectados por conflictos, o en países con niveles muy altos de violencia criminal. Muchas de las formas de conflicto y violencia actuales no pueden ser clasificadas claramente como ‘guerra’ o ‘paz’, o como ‘violencia política’ o ‘violencia criminal’”. Según la Geneva Declaration on Armed Violence, actualmente sólo una de cada diez muertes violentas en el mundo se produce en guerra. El resto son homicidios, que tienen lugar en contextos de violencia organizada no política (criminal, en ocasiones ligada a redes transnacionales) o de violencia social.

Hay una destacable y compleja relación entre la violencia y las economías ilícitas. El Human Security Report 2013, recientemente publicado, afirma que en 2011 se produjeron en México casi 13.000 muertes violentas relacionadas con el crimen organizado y la guerra contra las drogas. Un número mayor que en guerras abiertas como Afganistán, Irak o Sudán. Centroamérica es el escenario de diversas formas agudas de violencia.

Otro aspecto de esta relación tiene lugar desde Afganistán a Nigeria, pasando por Mali y otros lugares, donde la actividad criminal organizada se mezcla y solapa con conflictos de diferente intensidad. Los actores armados tienen diferentes agendas y se involucran en prácticas criminales como forma de financiación. La diferenciación entre violencia política y criminal se hace difícil cuando no imposible.

Algunos de los contextos actuales más violentos son países que no sufren una guerra en el sentido convencional. En otros como Mali o Siria, se mantiene un eje de diferencias políticas pero en las dinámicas aparecen intereses criminales, ideología yihadista y altos niveles de faccionalismo interno. La violencia escala rápidamente, tiene un carácter híbrido y se complica por los tráficos ilegales y las influencias y financiación exterior. Es decir, la violencia ligada al crimen organizado se vincula con conflictos internos, y esos conflictos incluyen características de la criminalidad común como la extorsión, los tráficos ilícitos y la fragmentación de grupos armados (incluyendo bandas y paramilitares).

Cuando las agendas criminales no se tienen en cuenta en los procesos de paz, las posibilidades de error aumentan. El resultado puede ser el retorno de la violencia abierta o el establecimiento de una actividad criminal permanente. En Sierra Leona, no abordar el tráfico de diamantes fue un factor clave del fracaso del Acuerdo de Lomé. En Guatemala, tres décadas de guerra forjaron estrechas alianzas entre militares y traficantes (armas, drogas, financiación), que sobrevivieron a los acuerdos y dieron lugar a una paz criminalizada. El acuerdo de DDR en el Delta del Níger creó incentivos para un proceso no transparente y la distribución de fondos a cambio de desarme creó nuevas redes de patronazgo. En Myanmar, los acuerdos con grupos secesionistas se basaron en reducir la violencia a cambio de mayor libertad comercial; el cultivo de opio se duplicó y más tarde los grupos armados se involucraron en metanfetaminas, maderas y piedras preciosas. Los estrechos vínculos entre militares y empresarios criminales han sobrevivido. La desmovilización de los paramilitares en Colombia, sin abordar la economía política de su implicación en el conflicto, ha llevado a su fragmentación en nuevas organizaciones criminales y la recomposición de los vínculos con el poder político.

Abordar los retos del crimen organizado en contextos de conflicto y posconflicto plantea retos nuevos a la comunidad internacional. En muchos casos diferenciar entre crimen organizado, actores armados “tradicionales” o bandas urbanas, y entre actividad económica legal e ilegal, es difícil o imposible. Estos grupos no sólo obtienen beneficios económicos sino en ocasiones legitimidad social ya que ejercen un orden para-estatal y proporcionan servicios (seguridad, autoridad, oportunidades de empleo), especialmente donde el estado está ausente. Esto se ha hecho evidente en Afganistán y ha obligado a EE UU a replantear su estrategia: luchar contra las drogas sin ofrecer alternativas a los campesinos hace aumentar su apoyo a los grupos ilegales. La corrupción hace que, en muchos casos, actores e instituciones del estado estén también involucrados, especialmente en contextos de fragilidad.

Los contextos de violencia armada en situaciones de paz son un reto para los profesionales de la paz, la ayuda humanitaria y el desarrollo y no reciben todavía respuestas coherentes. Los problemas son muy complejos. ¿Cómo entablar un diálogo con grupos del crimen organizado? ¿Qué tipo de validez tienen instrumentos legales como el DIH para fuerzas armadas no convencionales? ¿Cómo “conectar” con la sociedad civil y las comunidades sin aumentar su vulnerabilidad? ¿Cómo gestionar los vínculos de estos grupos con autoridades políticas y económicas que forman parte del estado? En los casos de grupos de carácter híbrido, ¿cómo gestionar sus diferentes agendas a la hora de abordar un posible proceso de paz?

Ante estos contextos existen límites claros para lo que puede hacerse con las herramientas tradicionales, como la negociación, amnistías, justicia de transición o programas de DDR o derechos humanos. Organizaciones con mandato en el ámbito de los derechos humanos, acción humanitaria o gestión de la violencia política afrontan situaciones nuevas que desbordan sus marcos institucionales y legales. La violencia ligada al crimen organizado o las economías ilegales, y aquella concentrada en áreas urbanas, obligan a redefinir algunos conceptos, como la respuesta humanitaria o la protección de civiles. Entablar un diálogo con los actores o “abrir” espacios humanitarios es una cuestión difícil y delicada, que afecta a la soberanía y que puede tener consecuencias éticas y legales.

Estas son cuestiones difíciles pero que están empezando a plantearse. Y deben entrar en la agenda de los actores de paz más temprano que tarde para que todo lo conseguido siga teniendo relevancia y eficacia.

Drones: Un controvertido negocio en expansión

M. Gabriela Serra, Centre Delàs d’Estudis per la pau

Un "drone" Predator en Fort Huachuca, Arizona (EE UU), previsto para la vigilancia de la frontera con México. / John Moore (AFP / GETTY)

Entre el 4 y el 6 de marzo, Madrid acoge la tercera edición del Congreso de Vehículos no Tripulados aéreos, terrestres y navales UNVEX’14 organizado por IDS Eventos –“el departamento especializado en eventos del mayor proveedor de contenidos en español del sector Defensa y Seguridad”- y dirigido a organismos, instituciones y empresas interesadas en intercambiar información y demostrar su capacidad en dichos sistemas no tripulados.

Las sucesivas ediciones del UNVEX van adquiriendo cada vez mayor relevancia ya que el mercado mundial de los Sistemas no Tripulados (drones) es un sector en crecimiento que, en los últimos años, ha sido capaz de proveer de dichos artefactos a 50 países de los cuales, como no podía ser de otra manera, Estados Unidos representa el 58% del mercado total -según datos del propio UNVEX- seguido de Israel, su eterno aliado en Medio Oriente, líder en esta tecnología y una de los grandes potencias a nivel mundial. China Rusia, India , Brasil así como Europa Occidental no se quedan a la zaga y asoman en el escenario con un protagonismo cada vez más significativo. Según John Keller, investigador de la consultora internacional Teal Groups, en los próximos diez años la inversión en el mercado global de vehículos aéreos no tripulados, alcanzará la friolera cantidad de 12.000 millones dólares en 2023. Estos 12.000 millones, siempre según la misma fuente, incluyen 4.000 millones de dólares para investigación y otros 8.000 millones para la contratación. La inversión realizada en el 2013 a ascendido a 6.600 millones de dólares.

Así pues, es obvio que invertir en el sector de Vehículos no Tripulados es ya demostradamente lucrativo. Es así como, hace ya unos meses, Infodensa informaba que “Francia y Reino Unido representan las tres cuartas partes del negocio en la Unión Europea, pero las previsiones apuntan a que España ocupa una buena posición y tendrá oportunidades de negocios muy importantes”. No hay que olvidar que el objetivo de Unvex 14 es “ayudarle a promover su negocio a través del intercambio de información, estimulando una orientación hacia el mercado, fresca, diferente, basada en la relación profesional y empresarial”

Y hablando de promover “su negocio” : si bien es cierto que los vehículos no tripulados sean aéreos, terrestres o marítimos pueden tener múltiples aplicaciones tanto en defensa y seguridad como en “usos civiles” -destino ese último que normalmente se argumenta para intentar contrarrestar el pérfido uso del primero de ellos y el riesgoso del segundo- es clarificador consultar la pagina web del evento en el apartado “Oportunidades de Negocio” para constatar que, de las 10 aplicaciones actuales de dichos sistemas no tripulados, el número uno corresponde a “Defensa: En múltiples operaciones aéreas, terrestres y marítimas. Es la aplicación más desarrollada y origen de estos sistemas”. Le siguen aplicaciones tan loables como las previstas en el apartado de “Seguridad: vigilancia de fronteras, lucha contra grupos organizados ¿? y seguridad ciudadana” y claro, le siguen aplicaciones estrictamente civiles: gestión de riesgos y desastres naturales, topografía, agricultura y cultivos...

Sin duda UNVEX,14 puede ser una excelente cita para el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) que en sus instalaciones cercanas a la base aérea de Torrejón de Ardoz y desde hace ya más de una década investiga y desarrolla tecnologías del sector UAVs. Quizás dentro de la oportunidad de negocio promovida por los organizadores, el INTA tendrá la oportunidad, entre otras, de mercadear con su último modelo de UAV, el Milano, aeronave del tipo de los controvertidos Reaper y Predator norteamericanos que con un peso de 1.000 Kg, podrá transportar una carga de hasta 200 Kg, lo que le permitirá, además de transportar otras cargas, ir armado con misiles.El INTA ya obtuvo algún éxito con su “dron” Diana, artefacto no tripulado que actúa como blanco aéreo para entrenamiento de artillería antiaérea, sistema que vendieron a la fuerza aérea francesa.

España cuenta con un producto, el sector “dronístico” está en alza, UNVEX expone la mercancía, la oportunidad de negocio está servida. ¿Quién compra?