¿Funciones de seguridad pública para las empresas de la privada?

Leticia Armendáriz, investigadora de NOVACT

Foto: Agencia EFE

En virtud de la Orden INT/704/2013, se estableció el 21 de mayo como el Día de la Seguridad Privada en España. A la vista del carácter legitimador que esta celebración supone para la industria, cabe no perder de vista los cambios legislativos en la regulación de este sector que se han producido en el último año. Un viraje hacia la privatización de la seguridad privada en España, con sus riesgos y controversias.

El próximo 5 de junio entrará en vigor la nueva ley de seguridad privada. Una reforma de la regulación anterior, en vigor desde 1992, que introduce cambios sustanciales. Entre otros, ahora los vigilantes privados podrán realizar funciones hasta ahora reservadas a las fuerzas de seguridad públicas y estarán habilitados para actuar en más espacios, todo ello bajo el paraguas de la coordinación y complementariedad de la seguridad pública, en lugar de la subordinación y subsidiariedad que regía hasta el momento.

Contradictoriamente, el aumento de competencias y estatus de la seguridad privada no ha venido acompañado de un mayor nivel de exigencia para su personal: se rebajan los requisitos de acceso, se matiza la prohibición de antecedentes penales y, por otro lado, se elimina la exigencia de tener nacionalidad española, lo que abre la puerta para la conclusión de acuerdos recíprocos entre países para la salida y llegada de personal de seguridad. La ley tampoco incluye mecanismos legales directos, y específicos, para abordar las posibles transgresiones de este colectivo respecto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, ni especifica el grado de responsabilidad que asumen los órganos públicos en su supervisión. 

En conjunto, ello supone una rebaja en la misión constitucional de garantizar la seguridad ciudadana que el artículo 104 de la Constitución Española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y podría conllevar una menor garantía del derecho fundamental a la seguridad que contempla el art. 17.

Todo esto, coincidiendo con la tramitación de otro proyecto de ley de seguridad, el de seguridad ciudadana. Un proyecto que amenaza con restringir derechos y libertades fundamentales en aras de la seguridad pública.

Los riesgos de la seguridad privada

A medio y largo plazo, los ejemplos de privatización de la seguridad en otros países ponen de manifiesto el peligro de que el acceso a la seguridad pueda acabar condicionado a la riqueza. La seguridad privada debilita las instituciones democráticas de seguridad pública comprometiendo el papel del Estado como garante de la misma, y puede transformar el derecho a la seguridad en un privilegio al alcance únicamente de las personas con recursos. En lugares como Colombia, México, o Chechenia, la privatización ha contribuido al status quo en la distribución injusta de la seguridad pública, dotando de gran influencia a las empresas de seguridad privada en detrimento de las fuerzas públicas, y generando espacios “seguros” dentro un ambiente sumamente inseguro.

A corto plazo, en escenarios de inestabilidad y conflicto armado como Irak y Afganistán, las empresas y contratistas de diversas nacionalidades han protagonizado violaciones graves de los derechos humanos contra la población local, y han sido acusadas de falta de profesionalismo y conexiones con el paramilitarismo y crimen organizado, perjudicando la estabilidad política y social del país.

Transparencia y control democrático

España ha aprobado una nueva ley de seguridad privada, pero se mantiene reticente a apoyar los esfuerzos de regulación de la industria militar y de seguridad privada que se llevan a cabo en el ámbito de las Naciones Unidas. La experiencia en países como EE.UU. y Reino Unido nos demuestran que la privatización militar y de seguridad en el ámbito nacional es la antesala para la exportación de estos servicios al mercado internacional.

España debe asumir un compromiso mayor en la regulación internacional de la industria de la seguridad privada. Entretanto, la interpretación de la noción de seguridad pública que suponen la ley de seguridad privada y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, tendrá repercusiones importantes para la sociedad española. De un lado, se avanza en la equiparación del sector público y el sector privado en materia de seguridad. Del otro, se proyecta el restringir libertades fundamentales, como el derecho de reunión pacífica, en aras de la misma seguridad.

Comments

[Publicado por: Donald@empresadeseguridadprivada]

Estos cambios sustanciales son buenas para la seguridad del país. Esta idea está trabajando por el bien de la seguridad. Los derechos están cubriendo todos los aspectos de los derechos humanos.

[Publicado por: viaje_itaca]

También pueden privatizar el voto, el ejército, el gobierno... Están desapareciendo los estados, sustituidos por una anarquia de derechas en la que el poderoso manda, y los más poderosos son siempre, en ausencia de estados fuertes, los delincuentes. Nosotros veremos si nos queremos dejar llevar. Podemos evitarlo.