Con comunicación, sí se puede (y sabemos cómo)

Eloísa Nos Aldás, directora IUDESP-Sede Universitat Jaume I, Castellón, www.iudesp.es

                                          Foto: La Feria. Economía Solidaria-Madrid

Las acciones de los movimientos sociales surgidos a partir del 15M no han hecho más que ratificar la importancia simbólica y estratégica de la no violencia y la acción pacífica. Más allá de los manifiestos, uno de los ejemplos más gráficos como modelo de comunicación no violenta son las acciones en las calles de la Marea Blanca en Madrid como forma de captar la atención y de desmontar toda opción de construcción violenta de sus demandas (a través del baile, de la música, de la performance y de otras formas de teatro callejero como parte de toda una estrategia de acción.

Otro ejemplo desde una escenificación totalmente diferente son los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que sí interpelan y rozan lo incómodo al ser “protestas a domicilio”, denuncias personalizadas, demandas cara a cara, pero que no se salen de lo verbal, de lo discursivo, como refleja la reciente sentencia sobre los escraches ante la casa de Soraya Sáenz de Santamaría, que incide en su carácter de “medio de protesta”, de “mecanismo ordinario de participación democrática y expresión del pluralismo”.

¿Qué emociones activamos con este tipo de acciones en las calles? ¿O cuando un periodista redacta una noticia? ¿O una ONG y sus comunicadores elaboran una campaña? ¿O cualquier persona escribe un tuit o un comentario en su muro de Facebook? La convivencia pacífica y la ciudadanía activa se basan en emociones empáticas, como la compasión o la indignación, y se vincula a la creencia de que el cambio es posible desde enfoques colectivos, comunes, de igualdad, que sean inclusivos, que conecten con las características y necesidades de otros grupos, de todas las ideologías. Que traspasen las barreras de mi propia opinión y de mi grupo cercano, que establezcan alianzas y sinergias con quienes tienen otros intereses pero comparten unos mínimos comunes de ética, justicia y dignidad.

Un ejemplo del desarrollo y la promoción de este enfoque inclusivo, pacífico y elaborado desde emociones empáticas, lo encontramos en algunos discursos de la PAH y también en sus acciones sociales. Una de las claves de su capacidad de movilización ha sido la transversalidad de sus ideas, su pluralidad, su apartidismo, su enfoque desde los derechos humanos fundamentales. Su capacidad de movilización y la eficacia de sus acciones han tenido mucho que ver con el tipo de exigencias planteadas, pero también de las emociones manejadas. Su proyecto de capacitar a la ciudadanía con herramientas legales y de transmitirle -con resultados- el convencimiento de que es posible cambiar las cosas, que es posible hacer otras políticas, para y con la gente. Todo sintetizado en su lema “Sí se puede (pero no quieren)”.

La comunicación por la paz es visible en distintos ámbitos y sectores. En lo que queda de este post vamos a compartir dos ejemplos, entre otros muchos, que muestran algunas de las claves discursivas de este planteamiento comunicativo, en concreto, su pretensión de invitar a sus interlocutores a participar de otras propuestas, sin imponerlas, sin demonizar las alternativas:

La primera es este vídeo de 4:31 minutos sobre los llamamientos de protesta United for Global Change, que aglutinaban las movilizaciones pacíficas del 15M en España y otros movimientos como Occupy y otros a nivel internacional. La forma en que cuenta la historia, nos enmarca en la cotidianidad de una mujer que forma parte de las acampadas de la Plaza Cataluña, desde la búsqueda de sus elementos comunes con tantas otras personas, no tratando de estereotiparla en un cliché, simplificarla, esquematizarla o polarizarla, como a veces hacen los medios, sino justo lo contrario; esta historia muestra una imagen transversal, común a otras personas. En paralelo, cuenta la historia de un joven periodista que decide unirse a esas asambleas de la acampada para conocer, experimentar, compartir, entender. Una historia breve y con todos los elementos del suspense y el encuentro; despierta el interés y después comparte la invitación a unirse, desde la pluralidad de identidades posibles, y con el mensaje claro de “acción pacífica” escrito sobre la pantalla en los pasajes finales.

La segunda propuesta, aunque pueda parecer más lejana, inconexa, es una iniciativa de una marca comercial que invita y seduce hacia un cambio de conductas. Porque a veces nos acostumbramos a seguir siempre los mismos patrones, vemos solo unos caminos, y resulta que hay otros que pueden ser más divertidos y beneficiosos a un tiempo.

Resumiendo: cada sector y actor de la sociedad tiene la responsabilidad y la capacidad de actuar como agente de comunicación por la paz. Por supuesto los medios de comunicación, pero también las ONG, las asociaciones y plataformas, los partidos políticos y los sindicatos, los activistas y ciudadanos. Cada uno en sus rutinas y espacios tiene la capacidad de optar por unas formas de comunicación o por otras. Y a su vez, cada cual, como parte del engranaje social, tiene también la responsabilidad de exigir al resto que también cumplan con sus obligaciones a través de mecanismos pacíficos de comunicación que tejan acciones y debates transformadores, que permitan la búsqueda de soluciones consensuadas y pacíficas a los grandes conflictos sociales y políticos actuales.

De necesarios conflictos e imprescindibles negociaciones

Gianluca Battista / El País

En las últimas semanas en la ciudad de Barcelona, a raíz del desalojo del Centro Social Autogestionado (CSA) Can Vies, se ha desencadenado una espiral de movilizaciones sociales acompañadas de expresiones de violencia por parte de algunos sectores minoritarios de las movilizaciones y la contundencia represiva de los cuerpos de seguridad, alterando el funcionamiento de un barrio e incluso de una ciudad entera. Sin entrar en detalles de los argumentos de unos y otros, cabe señalar algunas consideraciones.

Existe una idea muy extendida que es la de ver el conflicto como algo negativo, y en consecuencia, que tiene que ser evitado. Esta reflexión se basa en algunas ideas, que son las siguientes: en primer lugar, a menudo la única forma de resolver los conflictos es mediante la violencia y la imposición del más fuerte, y no la búsqueda de una propuesta que sea justa y satisfactoria para las partes en conflicto. La solución que había encontrado el ayuntamiento de Barcelona era clara en este sentido: eliminar el supuesto problema, argumentando la sentencia judicial que amparaba a TMB, reiterando el rechazo a una oferta negociadora que suponía el fin de Can Vies a largo plazo como modelo de autogestión. Propuesta inaceptable para la otra parte. Propuesta aderezada con los miedos y quejas por parte de algunos vecinos y vecinas y el reiterado mantra de que con los antisistema no hay diálogo posible, ya que supuestamente había habido múltiples esfuerzos llevados a cabo por el consistorio para encontrar una solución, pero una de las partes no estaba dispuesta a aceptar. La demanda de espacios culturales y sociales es desoída y silenciada sistemáticamente por parte de las instituciones, lo que alimenta la okupación como práctica de acción colectiva, basada en la desobediencia a la lógica de la especulación inmobiliaria, la planificación del ocio y la política cultural del poder.

El segundo tópico a cuestionar es que el conflicto es visto como negativo, por desagradable y costoso por lo prolongado en el tiempo. Los medios de comunicación han reiterado por activa y por pasiva los años de negociaciones infructuosas para encontrar una solución –aunque en apenas unas semanas parece ser que se ha avanzado más de lo que se había realizado desde 2006, cuando TMB interpuso la demanda. Ciertamente, quien parece que legitime la respuesta violenta es el propio ayuntamiento, por su política errática. Durante estos años la respuesta habitual había sido mayormente pacífica en todas las movilizaciones que se han promovido desde Can Vies: así, la miopía institucional se ha hecho más evidente ya que solo cuando ha habido una gran movilización social y vecinal, junto a la desproporción de la respuesta policial y a las acciones violentas puntuales de algunos sectores de las movilizaciones, han decidido retomar el diálogo y la negociación. Me pregunto si nos hubiéramos podido ahorrar el derribo de Can Vies, el mobiliario urbano destruido, el gran despliegue policial, la unidad móvil quemada, las decenas de detenidas, heridas… y ciertamente, el mobiliario urbano lo paga toda la ciudadanía, pero también el coste del desmesurado despliegue policial: la poca estrategia e inteligencia mostrada por el consistorio e Interior ante la evolución de la situación es sorprendente, y suerte hemos tenido que no se han producido males mayores. No hace falta ser un visionario para imaginar que un barrio entero –e incluso un país– restaría impasible ante la pérdida de uno de sus más preciados símbolos de autogestión y dinamización de alternativas para la juventud. No ha sido hasta que la imagen de la marca Barcelona en llamas ha dado la vuelta al mundo cuando su alcalde ha decidido cambiar de actitud, cuestión que pone de manifiesto la incapacidad institucional de cara a prever los acontecimientos: la destrucción de Can Vies, centro social autogestionado con 17 años de historia a sus espaldas, supone el fracaso de las instituciones ante los retos que les plantean los movimientos sociales.

En tercer lugar, existe otro motivo a visibilizar, que es la resistencia al cambio. Aunque muchas luces rojas debían encenderse en el tablero de la consejería de Interior, aunque la propuesta ofrecida por el ayuntamiento objetivamente no era una solución digna de ese nombre, ¿nadie pudo prever que la unilateralidad institucional y la destrucción de este espacio podía tener unas consecuencias inimaginables, en un contexto de violencia estructural y grave crisis económica en la que se evidencia que el robo con guante blanco no es delito y en la que se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios? ¿pobreza, hambre, paro, desahucios, exclusión, Sareb…no les parece una bomba de relojería a la que no se están ofreciendo respuestas? Numerosos movimientos e iniciativas sociales, algunas de ellas presentes en Can Vies, están visibilizando reiteradamente este conflicto social al que no se le da solución desde las instituciones, cuando no es incentivado por ellas. Desde determinados movimientos sociales entendemos el conflicto como algo positivo, que debe visibilizarse y gestionarse, como una oportunidad para aprender y crecer, porque los conflictos son connaturales a las relaciones sociales, y solo a través del conflicto podemos desestabilizar las estructuras injustas, para que la sociedad avance hacia otros modelos más plurales, justos y solidarios.

¿Cuál será el reto? Aprender a enfrentar y resolver los conflictos de forma constructiva, positiva, noviolenta, entendiendo cuál es el conflicto en cuestión, el proceso para abordarlo y las causas que lo originan. No se trataba de una simple casa okupada. Era mucho más. Los CSA han contribuido a la creación de una conciencia crítica y una práctica ciudadana basada en la implicación directa con el territorio. Nuestra experiencia en el trabajo en el campo de la mediación, la transformación de conflictos y la construcción de la paz nos dice que todos los conflictos pueden, aparentemente, parecer intratables, y que es imprescindible deconstruir la imagen del enemigo, esa imagen estereotipada del otro, que aparentemente amenaza nuestro sistema de necesidades y valores. La negación de las ideas, su eliminación o exclusión puede parecer asumible en estos contextos. Tras el desalojo y la destrucción de Can Vies, la confianza está rota como consecuencia de la unilateralidad de las instituciones, y por lo tanto, son necesarios gestos para reconstruir esta confianza. Estos gestos, que deben proceder de ambas partes, aunque sobretodo del que se ha despeñado en la unilateralidad, serán atacados y cuestionados, pero buscar soluciones a través del diálogo –sincero, sin precondiciones– implica entender que no hay ganadores ni perdedores. Días después del derribo y tras la congelación de las actividades del ayuntamiento de Barcelona para frenar la espiral de violencia y movilizaciones se ha iniciado una oleada de descrédito contra el mismo ayuntamiento por hacer lo que debiera desde un primer momento, negociar y buscar soluciones.

En definitiva, tenemos que empezar a reconocer la existencia de movimientos sociales amplios, complejos, plurales, expresiones ciudadanas que exigen una democracia más directa, que además tienen un reconocimiento social innegable, y que las sociedades son mucho más plurales y complejas de lo que a algunos les gustaría, y sobretodo, que tienen derecho a ser escuchadas, a indignarse, y a que se les ofrezcan alternativas sostenibles y duraderas. Y a luchar por ellas, mediante la desobediencia civil. Incluso en contextos donde se discute sobre la necesidad o no de la lucha violenta para cambiar el estatus quo como Palestina, Colombia o Somalia, existen impresionantes iniciativas que utilizan la acción no violenta para confrontar las insurgencias, el poder y la violencia institucional. La violencia solo engendra más violencia. Solo un sistema político ciego y autista puede no ver el alcance del problema.

Jugando con fuego

María del Pozo (Amnistía Internacional), Jordi Armadans (FundiPau), José Luis García Ortega (Greenpeace España), Consuelo López-Zuriaga Hernández-Gil (Oxfam Intermón), Alberto Estévez, coordinador del Informe

Carro de combate Leopard (Foto: Agencia EFE)

En una semana que, en términos de atención mediática, estará marcada por la ceremonia de proclamación del Rey Felipe VI, el Parlamento español va a hacer un importante ejercicio de control del Ejecutivo, que quizá no tenga tanto eco informativo. Hoy por la tarde, la Comisión de Defensa del Congreso examinará las exportaciones de armas españolas en 2013. Tras la sesión de control, los Grupos deberán acordar una serie de recomendaciones para un dictamen no vinculante. Este ejercicio de control parlamentario es resultado de los esfuerzos de las ONG que, hace ya veinte años, iniciamos una campaña que, bajo el lema de “Hay Secretos que Matan”, buscaba conseguir que el Gobierno dejara de considerar secretas las actas de las reuniones en que se autorizaban las exportaciones de armas en España. Aunque ese objetivo aún no lo hemos conseguido, sí logramos que el gobierno aprobase una Ley sobre las exportaciones de armas, la 53/2007, que supuso un importante avance en algunas cuestiones.

Un año más, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón elaboramos un “contrainforme” al informe oficial: «Jugando con fuego. España duplica sus ventas de armas, aumentándose el riesgo de estar relajando el control de las exportaciones». También publicamos un informe en el que analizamos el cumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de los dictámenes de la Comisión de Defensa entre 2008 y 2013.

En 2013, el Gobierno español autorizó exportaciones de material de defensa y de otro material antidisturbios y armas de caza y tiro deportivo por un valor de más de 4.785 millones €, una cifra que, solo en material de defensa, representó un aumento de más del 100% respecto a las autorizaciones de 2012. Las exportaciones de armas españolas realizadas en 2013 ascendieron a más de 4.000 millones €. Comparado con los datos de 2004, las exportaciones autorizadas se han multiplicado por diez. Estos datos hacen que España ocupe el séptimo puesto en el ranking mundial de exportadores de armas entre 2009 y 2013, con un 3% de la tarta global.

Más allá de consideraciones sobre política exterior y económica, nos preguntamos si, como resultado de la decidida política de promoción de las exportaciones de armas, no se están relajando los controles. Nuestra conclusión es que sí, porque los números cantan: de las 1.608 licencias de material de defensa tramitadas solo 11 fueron denegadas, menos del 0,7 por ciento.

Según el SIPRI, las importaciones de armas de los Estados árabes del Golfo Pérsico crecieron un 23% entre 2004–08 y 2009–13, y representaron el 52% de las importaciones de Oriente Próximo. El gasto militar en Oriente Próximo aumentó un 4% en 2013, llegando a los 150.000 millones de dólares estimados. En relación con los países importadores de armas españolas, destaca, por ejemplo, que el gasto de Arabia Saudí aumentó un 14% hasta los 67.000 millones de dólares, a causa posiblemente de las tensiones con Irán pero también del interés en mantener unas fuerzas de seguridad fuertes y leales para prevenir potenciales protestas como las que se produjeron en la Primavera Árabe. Arabia Saudí es el quinto principal importador mundial de grandes armas en 2009–13. Eso no es óbice para el gobierno esté intentando venderle a este país 250 carros de combate Leopard.

El objetivo del Gobierno de apoyar la industria armamentística para exportar más armas se ha plasmado en medidas de liberalización y una intensa agenda internacional del ministro y otras autoridades para abrir y consolidar nuevos mercados. Un ejemplo de esta actividad son los viajes realizados en abril y mayo de 2014 a Oriente Próximo para vender carros de combate, fragatas y aviones militares a países comoArabia Saudí, Kuwait, Omán y Bahréin. Esta política de apoyo a la exportación de armas nos suscita gran preocupación y pone en riesgo los controles existentes sobre la venta de armas, además de afectar a la contribución española a la militarización de determinadas zonas como Oriente Próximo o la promoción de una política exterior que fomente el desarrollo humano, la paz y la seguridad colectivas.

Además de estas, en las operaciones de 2013 se mantienen algunas tendencias y elementos preocupantes. Se autorizaron o realizaron operaciones cuyo material exportado pueda ser usado para cometer o facilitar graves violaciones de derechos humanos. Veamos algunos ejemplos: la venta de aviones de transporte, la munición de artillería y obuses a Colombia, la donación de cartuchos lacrimógenos para la policía de Egipto en 2013 o las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a Ghana, un país ubicado en una zona de fuerte inestabilidad, con varios países de su entorno en situación de conflicto o postconflicto como Costa de Marfil, Mali, Mauritania y Libia. La propia Comisión Nacional sobre Armas Ligeras de Ghana está en alerta roja para evitar que el país se convierta en el destino y punto de tránsito de armas de fuego.

Las ONG hemos identificado una lista de operaciones sobre las cuales se necesita mayor información, como la venta de material de defensa a las fuerzas armadas de Bahréin por valor de 35,5 millones de Euros; las exportaciones de material de defensa a las fuerzas armadas de Catar y las medidas adoptadas para evitar un posible riesgo de desvío a otros países, la exportación de armas de caza y tiro deportivo y cartuchos a Honduras, pese a tener la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 2012 más alta de América Central; la autorización de una licencia de exportación de material antidisturbios a Libia por valor de casi 7 millones de euros, o la donación de cartuchos y botes lacrimógenos a la policía de Túnez y la exportación de material antidisturbios por valor de casi 4,9 millones de euros.

A mayor de número de operaciones, mayor es el riesgo de que armas españolas se puedan utilizar para cometer atrocidades. Hemos alertado al Gobierno y al Parlamento del riesgo de con que la política del Gobierno se estén relajando los controles y se lleven a cabo operaciones cuando existe un riesgo claro de que el material exportado se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos. También hemos hecho una serie de recomendaciones detalladas para corregir esta situación, porque estamos jugando con (armas de) fuego y podemos quemarnos.

¿Se quitará el Gobierno la venda de los ojos o tendremos que lamentarnos de que armas «marca España» se acaben usando para cometer atrocidades?

Violencia sexual en el conflicto armado colombiano

Isabel Ortigosa, Responsable de Incidencia de InspirAction

                                                                          Foto: Inspiraction

Indudablemente, la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia aún no ha recibido la atención que merece. Cuando los crímenes llegan a ser denunciados, las mujeres encuentran grandes obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo altísimos niveles de impunidad. Sin embargo, y a pesar de estos obstáculos y del gran costo personal, las mujeres colombianas están alzando su voz y exigiendo el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición. Hacerlo supone hacer frente a amenazas y riesgos a su integridad física y la de sus familias.

El informe “Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el Proceso de Paz”, lanzado recientemente por ABColombia, con el apoyo de la ONGD española InspirAction, explica como la violencia sexual en Colombia ha sido utilizada como estrategia de guerra con el objetivo de aterrorizar y controlar a las comunidades.

Hablamos de una práctica sistemática y generalizada. Como tal, es importante no tratar estos crímenes como violaciones aisladas, o –en el caso del Estado- como cometidas por agentes estatales deshonestos. Es fundamental reconocer el carácter generalizado y sistemático del crimen y analizar los patrones y tendencias con el fin de identificar a los responsables y establecer la responsabilidad en la cadena de mando.

Pero para abordar el impacto de la violencia sexual relacionada con el conflicto, es importante comprender el contexto social y cultural: además de los sistemas patriarcales basados en la dominación y la discriminación de género, existen otros factores como la marginación social, política y económica que deben ser tenidos en cuenta. Para las mujeres indígenas y afrocolombianas, estos factores se combinan con actitudes históricas relacionadas a la esclavitud y discriminación racial. La impunidad sirve para reforzar, en lugar de desafiar estas normas y patrones preexistentes de discriminación contra la mujer.

Este caldo de cultivo ha sido exacerbado por el conflicto armado interno.  La misma Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la violencia sexual se trata de un crimen perpetrado por todos los actores armados y que es “una práctica habitual, extensa, sistemática e invisible”. Los cuerpos de las mujeres han sido utilizados en este conflicto para lograr objetivos militares y como botín de guerra. La violencia sexual contra las mujeres ha sido también utilizada para ejercer control social y territorial sobre sus actividades cotidianas, especialmente por parte de los grupos paramilitares, incluyendo las BACRIM (grupos paramilitares que continuaron después del proceso de desmovilización). Muchas mujeres son además forzadas a prostituirse por parte de las empresas controladas por paramilitares.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, obligan al uso de la anticoncepción y al aborto a sus soldados rasos. Según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa, entre 2012 y 2013, 43 de 244 mujeres combatientes desmovilizadas informaron que habían sido obligadas a abortar. Es frecuente el reclutamiento forzado de niñas, con el fin obligarlas a prestar servicios sexuales, o como ‘pago’ para proteger a otros miembros de su familia.

Por su parte, el impacto de la participación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la violencia sexual tiene unas connotaciones especialmente devastadoras,  ya que ellas tienen el mandato de proteger a la población civil. Cuando la violencia sexual es cometida por los mismos representantes del Estado cuya función específica es proteger a la población, el resultado es un sentimiento total de desprotección y abandono: no queda nadie a quien acudir en busca de justicia.  Esta ausencia del Estado de Derecho deja a las comunidades expuestas, generando miedo y terror: aquellos que supuestamente deberían aplicar la justicia son  los que están violando derechos. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en Cartagena “los casos de violencia contra las mujeres por parte de la Fuerza Pública si bien no [correspondían] a una estrategia de guerra (…), sí se constituían en una práctica generalizada que se valía de las condiciones de subordinación históricas de las mujeres, las precarias condiciones económicas producto de la desprotección del Estado y la naturalización de ideas insertas en la cultura, como la de que el cuerpo de las mujeres era un objeto que le pertenecía a los hombres”.

Lamentablemente, solo un 18% de las mujeres colombianas denuncian violencia sexual, y el nivel de impunidad para crímenes sexuales llega a más del 98% de los casos. Detrás de los datos y las cifras, se esconden sentimientos de miedo, impotencia, frustración e inseguridad. Los factores que obstaculizan el acceso a la justicia son múltiples: actitudes patriarcales y racistas que influyen en la conducta de los responsables de la administración de justicia, intimidación y violencia contra los jueces, abogados y testigos, sistemas ineficientes e ineficaces en la administración de justicia, así como  la ausencia de estrategias articuladas, criterios tangibles y coordinación entre los departamentos que atienden a las víctimas. Pero para acabar con esta lacra se necesita ante todo voluntad política y compromiso en todos los niveles. Sin ellos, ninguna ley será eficaz.  

Es el momento de pensar críticamente en cómo las organizaciones de mujeres pueden participar en el proceso de reconstrucción y en la conformación de las leyes y las instituciones públicas resultado de estos diálogos. La exclusión de las mujeres en la construcción de la paz sería un error que sin duda marcaría el proceso; un lujo que los colombianos no pueden permitirse.