¿A quién le importa la vida humana?

El Parlamento de Gaza destruído por un bombardeo israelí en 2009 (REUTERS/Suhaib Salem)

Hace muchos años, el actual director de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB y entonces investigador sobre conflictos, paz y desarme, Vicenç Fisas afirmó en una entrevista que ‘existe un gran menosprecio hacia la vida humana’.

Es una frase que siempre me ha acompañado. Desgraciadamente, porque uno encuentra muchos ejemplos en los que esta idea parece estar detrás de muchas barbaridades y crímenes contra la humanidad. Pero no solo detrás de quién los comete, sino de quién los tolera y, en la práctica, los acepta, aunque sea con resignación.

Llevamos ya tres semanas de la ofensiva israelí sobre Gaza: las cifras de muertos, heridos y desplazados y, en general, el nivel de destrucción es espeluznante. Todo ello, además, en un territorio que ya hace tiempo sufre asedio y asfixia.

Asistimos impávidos como un estado ejecuta una acción militar devastadora sobre la población civil, saltándose los criterios del derecho internacional humanitario y del mismo organismo que lo creó (las Naciones Unidas), y la mayoría de Estados lo aceptan diciendo que ‘Israel tiene derecho a defenderse’. Curioso argumento: según el mismo criterio, los palestinos también deberían tener derecho a defenderse del asedio y la ocupación. Pero, es que, precisamente, de lo que se trata es de salir de la espiral de violencia y de la dinámica militarista que solo consigue ir sumando más capas y capas de dolor y destrucción.

La miopía internacional en República Centroafricana

                                                                Ton Koene (MSF)

Cada vez es más frecuente escuchar que los ejércitos deben ayudar aquí y allá. Donde hay problemas, será la intervención militar la que traerá las soluciones... Nada más lejos de la realidad. República Centroafricana es un buen ejemplo de la miopía de la Comunidad Internacional a la hora de gestionar militarmente las crisis de los países más desfavorecidos.

RCA es un país donde cuatro de los cinco presidentes han sido depuestos por un golpe de estado, donde existen 550.000 desplazados internos, cerca de la mitad en la capital Bangui, incluyendo a 70.000 viviendo en míseras condiciones en el aeropuerto de la ciudad, y donde además 340.000 se han refugiado en las vecinas Camerún, Chad, República Democrática del Congo y República del Congo.

El conflicto actual

RCA ha sido y es un país que se encuentra en una crisis humanitaria y política permanente, que ha visto agravada su situación por enésima vez. Por un lado, por la reciente irrupción de Seleka, un grupo armado que puede contar con entre 5000 y 7000 efectivos principalmente con origen en el noreste del país, compuesto por chadianos y sudaneses, y su posterior llegada al poder el 24 de marzo de 2013. Por otro, por la revuelta de los grupos anti-Balaka (anti-machete), compuestos por milicias rebeldes y otros grupos anti-Seleka,  y que incluye entre sus miembros ex-militares  de las Fuerzas Armadas Centro Africanas (FACA). Todo ello ha sumido a RCA en una situación de violencia generalizada y venganzas, en la que la utilización de las diferencias identitarias ha llevado a una elevada polarización entre cristianos y  musulmanes y al distanciamiento entre grupos étnicos. A ello hay que sumarle la desconfianza existente anteriormente, entre sedentarios y nómadas, una de las razones que con más acierto puede explicar las raíces de una parte de la violencia inicialmente de baja intensidad que hoy se ha generalizado en todo el país. El resto es lo de siempre, una baile de siglas de grupos armados cuyos líderes buscan su parte del pastel en los procesos de reparto de poder tras demasiados años de conflicto armado de mayor o menor intensidad y cuyos soldados tienen pocas alternativas a la lucha armada. Una eterna inestabilidad política, económica y las recurrentes crisis humanitarias que han azotado el país se han encargado de que RCA pase de ser un estado considerado frágil a uno fallido, en el que la Comunidad Internacional ha decidido actuar, como siempre, tarde y por la vía militar.

Ahora, en poco más de un año, el gobierno ha cambiado tres veces de manos. El Acuerdo de Paz de Libreville de enero de 2013 fue incumplido por Seleka, que tras colocar a su lider Michel Djotodia como autoproclamado presidente, fracasó por los abusos de los ex-Seleka y la irrupción de los grupos de autodefensa anti-Balaka que extendieron la violencia hasta la capital. Ello llevó a la dimisión de Djotodia a principios de 2014 y a la llegada al poder como presidenta interina de Catherine Samba-Panza, con el objetivo de estabilizar el país y organizar a toda prisa unas previsiblemente poco democráticas elecciones en 2015.

La intervención militar internacional

La Comunidad Internacional ha respondido en RCA con varias dosis de militarismo, a través de misiones regionales y en el marco de Naciones Unidas e incluso armas – solo España ha vendido en la última década unos 4 millones de euros en “armas, municiones, sus partes y accesorios” tal y como recoge código arancelario TARIC 93. Por otro lado, y de forma paralela, el ejército francés siempre ha estado presente en RCA, sobre todo en la capital. Pero su intervención militar actual, que ya cuenta con 2000 soldados, ha supuesto un salto cualitativo en su implicación en el conflicto centroafricano. A la Operación Sangaris del ejército francés hay que sumar un contingente de la UE de 1000 efectivos, que comienza a desplegarse en el segundo trimestre de 2014. En este contingente participa España desde que,  previa solicitud de las autoridades francesas, el Consejo de Ministros del 13 de diciembre de 2013 aprobó contribuir con un avión T-10 Hércules y un contingente de apoyo hasta un máximo de 60 efectivos militares. Con el objetivo de facilitar el despliegue y sostenimiento de las fuerzas francesas en RCA, inicialmente mediante el apoyo aéreo desde España y, en caso necesario, desde bases francesas en Gabón o Chad. El despliegue del destacamento Mamba en Libreville (Gabón) comenzó el 21 marzo de 2014. Un contingente español integrado por 50 componentes de Operaciones Especiales y un grupo de 25 efectivos de la Guardia Civil llegaron el 28 de mayo a Bangui, mientras otros 10 militares españoles ya se encuentran desplegados en los cuarteles generales instalados en Larissa (Grecia) y en Bangui. Este contingente permanecerá durante un periodo inicial de seis meses en RCA. Recientemente, el Consejo de Seguridad ha adoptado una resolución por la que establece una nueva misión en RCA, la MINUSCA, por un periodo inicial que llegará al 30 de abril de 2015. El 15 de de septiembre se espera que la MINUSCA cuente con 10000 militares, incluyendo 240 observadores militares, 200 destinados a administración; y 1800 policías.

Llegados a este punto nos tenemos que preguntar: ¿Ha ayudado una larga y relativamente numerosa presencia militar internacional a la población del país? La respuesta es no. A través de los datos humanitarios del país comprobamos que el caso de RCA es otro más en la larga lista de despropósitos de la miope Comunidad Internacional, que actúa tarde y mal, invirtiendo ingentes sumas de dinero por la vía militar para hacer frente a una violencia previsible y esperable que buena falta hacen en aspectos humanitarios y de desarrollo. Porque, ¿acaso no sabían en Naciones Unidas, Francia o España -que en este caso va de la mano de su vecino del norte-, que la situación en RCA era insostenible, que ya son décadas en las que su población vive en la miseria y en el mayor ostracismo por parte de la Comunidad Internacional? La Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en RCA estima en 2,5 millones la población con necesidades, más de la mitad del total. Organizaciones humanitarias que trabajan desde hace ya largo tiempo en el país prácticamente solas, como Médicos Sin Fronteras, vienen alertando de esta situación desde mucho antes de que estallara la violencia a niveles suficientes para aparecer en los medios de comunicación occidentales. Es cierto que hay que desarmar el país, es cierto que hace falta un proceso de democratización, pero sobre todo, lo que necesita RCA es una apuesta decidida por parte de la Comunidad Internacional para revertir una crónica crisis humanitaria que ofrezca una alternativa de desarrollo y paz a su población, no más armas ni más militares.

Las herramientas de las violaciones de los Derechos Humanos

Daniel Mack, analista del Instituto Sou da Paz, São Paulo (Brasil)

Campaña de recolección de armas en São Paulo (Foto: Sou da Paz)

En las Américas, hogar de seis de los siete países más violentos del mundo entre 2004 y 2009, 74% de los homicidios ocurren con armas de fuego, y la disponibilidad de armas ilegales está impulsando el aumento de las tasas de homicidio en América Central y el Caribe - las únicas sub-regiones del mundo que han experimentado aumentos recientes. En Brasil, alrededor de 70% de los más de 50 mil homicidios anuales –mórbido record mundial– son cometidos con armas de fuego.

Las armas pequeñas son protagonistas absolutas en la epidemia global de violencia armada, que mata más de 500 mil al año. De estas muertes, según el Global Burden of Armed Violence, solo 10% ocurren en una guerra o ataque terrorista. El hecho es que hoy la gran mayoría de la gente que muere, es herida, o sufre con la violencia armada lo hace en países ‘en paz’.

En el caso de incidentes no letales y los efectos psicológicos de la violencia armada (el miedo, las amenazas, la victimización indirecta), las armas son también las principales herramientas de la lesión y la intimidación en la mayoría del mundo, para la mayoría de la gente. Según el Small Arms Survey, hasta 7 millones de personas en la última década podrían estar viviendo con heridas por arma de fuego en países fuera de los conflictos armados. Los efectos psicológicos son igualmente sombríos, sub-notificados y generalizados.

En São Paulo, por ejemplo, aunque los homicidios han caído más del 70% en la última década –un logro histórico– encuestas recientes sugieren que la gran mayoría de la gente piensa en realidad que la "violencia" ha aumentado; el robo a mano armada es un importante culpable. Una reciente encuesta de victimización mostró que más de la mitad de todos los brasileños tienen "mucho miedo" de ser asesinado, y casi un tercio cree que podrían ser muertos en los próximos 12 meses.

Mientras tanto, en las (muchas y largas) discusiones en la ONU, se repite un especie de mantra: “evitar la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el mal uso” de armas pequeñas. En la última década la comunidad internacional trabajó con relativo éxito sobre el tema ‘transferencia’ pero hizo mucho menos acerca de la acumulación y mal uso.

Hoy sabemos que la transferencia internacional de armas es una parte importante pero no mayoritaria del problema: con 875 millones de armas pequeñas ya en el mundo, hasta la prohibición total de transferencias no cambiaría tan drásticamente la situación como sería necesario.

Así, lograr maneras de disminuir el mal uso de las armas y sus efectos en países ‘en paz’ es primordial. Globalmente, alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional, por ejemplo, incluyen el uso de armas pequeñas y ligeras.

No obstante, la “industria de los derechos humanos”, incluyendo las principales organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y los procesos de la ONU, han dedicado menos atención que el ideal a la violencia armada y, en particular, a las armas pequeñas como "herramientas de violaciones de derechos humanos" por excelencia. La única excepción, sin duda, fue la exitosa negociación del Tratado sobre Comercio de Armas, un importante paso adelante en cuanto a la conexión de las transferencias internacionales y el DIDH.

Pero ciertamente violaciones de derechos humanos perpetradas o facilitadas con armas no son más importantes porque las mismas hayan sido transferidas internacionalmente.

Este tema fue considerado por la ONU en un informe de 2006 que señala las armas pequeñas son las "herramientas utilizadas para violar los derechos humanos" en una variedad de niveles: el derecho a la vida; seguridad de la persona; la libertad de reunión, asociación, circulación; la libertad de expresión; derecho a la educación, salud, entre otros.

La relatora especial del informe, Barbara Frey, señaló que "en virtud del DIDH, el Estado puede ser considerado responsable por violaciones cometidas con armas pequeñas por particulares en dos situaciones: cuando los individuos armados están operando bajo el color de la autoridad estatal; y cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para proteger los derechos humanos”.

O sea, gobiernos nacionales pueden ser legalmente responsables por violaciones de derechos humanos con armas pequeñas no sólo por comisión, sino también por omisión. Ciertamente, el primer caso es un área madura para mejora, sobre todo en países como Brasil, dado el mal uso de armas de fuego por las fuerzas policiales. A pesar de normas internacionales y protocolos de operación para el uso de la fuerza, la letalidad de la policía en muchas sociedades es mucho más allá de aceptable.

Por ejemplo, en Brasil se estima que la policía (militar) mata a un promedio de cinco personas cada día (un total de 1.890 personas en 2012, 351 de los de São Paulo - alrededor del 20% de todos los homicidios en la ciudad, según el Anuario Fórum Brasilerio de Segurança Pública de 2013). Al igual que para muchos otros países, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y ​​de Armas de Fuego de la ONU no se han aplicado a fondo en la legislación y la práctica nacionales.

¿No sería hora de retomar este prisma? ¿Podría la sociedad civil hacer más para limitar el uso indebido de armas de fuego por las fuerzas del Estado a través de la implementación estratégica del DIDH? ¿Podrían los ciudadanos de los países con altos niveles de violencia armada tener un recurso legal para obligar a sus países a hacer más para prevenir la violencia, aunque los caminos internos para mejorar la legislación y las políticas públicas parezcan bloqueados?

Estas son preguntas sinceras y abiertas, que expertos en el derecho internacional y derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Conectas (Brasil), por ejemplo, pueden ayudar a abordar.

Para cumplir con el requisito de debida diligencia, de acuerdo con ese informe, las directrices adecuadas incluyen la concesión de licencias para impedir la posesión de armas por personas que están en riesgo de abusar de ellas, el almacenamiento seguro, investigar y enjuiciar a los que hacen mal uso de armas pequeñas, entre otros. ¿Cuántos países en el mundo en la actualidad no logran estos estándares -y puede la sociedad civil presiónalos desde este marco para que aborden estas fallas?

Para las "verdaderas armas de destrucción masiva" –cliché iniciado por Kofi Annan en 2000– los aspectos de "distinción" y "proporcionalidad" no se pueden atribuir a las armas en sí, sino a su mal uso. Mayormente utilizadas no entre los beligerantes en un conflicto militar (y por lo tanto cubiertos por el Derecho Internacional Humanitario), sino por y en contra de la población civil "en paz", ¿cómo podemos tratar de minimizar su uso indebido para reducir la violencia armada?

Independientemente de las respuestas precisas a muchas de estas preguntas, un nuevo enfoque en la violencia armada, y una posible perspectiva del uso indebido de armas pequeñas como una cuestión eminentemente de derechos humanos, es urgente. Los niveles de violencia armada alrededor del mundo nos dicen que algo nuevo tenemos que intentar.

De la fiesta del fútbol a la fiesta de la tolerancia

Alicia Cabezudo, profesora en la UOC (España), en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y representante de América Latina en el International Peace Bureau

La selección suiza celebra su clasificación. Jesús Diges / EFE

Podría presentarse la vida escolar de hoy como una imaginaria “línea de fuego” por la que se cruzan, en distintas direcciones, las múltiples violencias que aquejan al conjunto de la sociedad. Entre ellas, destacaríamos un tipo de violencia vinculada al sistema socioeconómico, con sus ajustes sucesivos y consiguiente aparición de estrecheces, pobreza y miseria. En segundo lugar, también destacaría la violencia del sistema político, ejercitado por un gobierno que esgrime una justa representatividad mientras la sociedad civil demanda además de esto correcta conducta ética, transparencia en los actos de gobierno, plena participación democrática, respeto a las minorías y decisiones consensuadas. En tercer lugar, cabe remarcar la violencia cotidiana que se manifiesta en los espacios públicos y privados y que tiende a ser reproducida en todas las actividades que participamos- ya sean de índole laboral o recreativa. En definitiva, la situación socioeconómica que reproduce pobreza y marginalidad, inyecta en la sociedad una violencia que se corresponde directamente con la injusticia social, y por ello, muchas veces las “fiestas” se convierten en pesadillas.

Este ha sido el caso del fútbol en los últimos años. Intentemos –por lo tanto– otra mirada. La Copa Mundial de Fútbol siempre ha sido para nuestros alumnos una “fiesta” en la que durante 20 días se vive pendiente de resultados, apuestas, juicios deportivos, penales, nombres de famosos e infinitas combinaciones vencedoras. Es objeto de charla entre amigos, vecinos, parientes y compañeros, convirtiéndose el máximo encuentro deportivo del mundo en un tema para dialogar, defender posiciones, compartir horas de expectación, planificar  interminables comidas en grupo y perder el tiempo (o ganarlo...) feliz y colectivamente.

Fiesta que facilita el encuentro, la comunicación, el intercambio de ideas, el diálogo entre amigos, compañeros y desconocidos así como la socialización  teñida de afecto. Prácticas inestimables en todo proceso de enseñanza. El conocimiento de otros países –su posición geográfica, formas de gobierno, características de la población, religión, arte y costumbres, su historia pasada y presente, relación con otras regiones– abre una nueva posibilidad de análisis a la usual lectura mecánica de un listado de exóticos estados hasta hoy perdidos en el planisferio y que ahora se transforman en territorios palpables por la mágica presencia de sus equipos en el “Mundial”.

La comprensión de la diversidad y las diferencias, las distintas civilizaciones y sus manifestaciones proponen una lectura de pluralismo político, religioso y cultural que enriquece el proceso educativo y constituyen ejes fundamentales en la formación democrática y en la construcción de valores para una verdadera educación por la paz y la convivencia. La construcción de estos valores, la defensa y el reconocimiento internacional a la libre autodeterminación de los pueblos, el derecho a la Paz, el respeto a los Derechos Humanos de “todos los hombres y todas las mujeres en todas partes” y el aprendizaje acerca del esfuerzo colectivo y solidario de los (las)  seres humanos como creadores de transformaciones forman parte de esta propuesta.

Es hora que en la Argentina de hoy, y en los diferentes equipos mundiales de fútbol que participan en este evento, se disponga de un buen equipo en que cada jugador contribuya desde su posición a la necesaria y acuciante construcción de un resultado armónico, equilibrado y competente, jugando limpio, respetando a todos y dando lecciones vitales de trabajo, solidaridad y eficacia al mundo y a nosotros mismos. Trabajemos en este sentido con nuestros estudiantes de todos los niveles, y aprovechemos esta oportunidad.