Las herramientas de las violaciones de los Derechos Humanos

Por: | 11 de julio de 2014

Daniel Mack, analista del Instituto Sou da Paz, São Paulo (Brasil)

SOU DA PAZ

Campaña de recolección de armas en São Paulo (Foto: Sou da Paz)

En las Américas, hogar de seis de los siete países más violentos del mundo entre 2004 y 2009, 74% de los homicidios ocurren con armas de fuego, y la disponibilidad de armas ilegales está impulsando el aumento de las tasas de homicidio en América Central y el Caribe - las únicas sub-regiones del mundo que han experimentado aumentos recientes. En Brasil, alrededor de 70% de los más de 50 mil homicidios anuales –mórbido record mundial– son cometidos con armas de fuego.

Las armas pequeñas son protagonistas absolutas en la epidemia global de violencia armada, que mata más de 500 mil al año. De estas muertes, según el Global Burden of Armed Violence, solo 10% ocurren en una guerra o ataque terrorista. El hecho es que hoy la gran mayoría de la gente que muere, es herida, o sufre con la violencia armada lo hace en países ‘en paz’.

En el caso de incidentes no letales y los efectos psicológicos de la violencia armada (el miedo, las amenazas, la victimización indirecta), las armas son también las principales herramientas de la lesión y la intimidación en la mayoría del mundo, para la mayoría de la gente. Según el Small Arms Survey, hasta 7 millones de personas en la última década podrían estar viviendo con heridas por arma de fuego en países fuera de los conflictos armados. Los efectos psicológicos son igualmente sombríos, sub-notificados y generalizados.

En São Paulo, por ejemplo, aunque los homicidios han caído más del 70% en la última década –un logro histórico– encuestas recientes sugieren que la gran mayoría de la gente piensa en realidad que la "violencia" ha aumentado; el robo a mano armada es un importante culpable. Una reciente encuesta de victimización mostró que más de la mitad de todos los brasileños tienen "mucho miedo" de ser asesinado, y casi un tercio cree que podrían ser muertos en los próximos 12 meses.

Mientras tanto, en las (muchas y largas) discusiones en la ONU, se repite un especie de mantra: “evitar la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el mal uso” de armas pequeñas. En la última década la comunidad internacional trabajó con relativo éxito sobre el tema ‘transferencia’ pero hizo mucho menos acerca de la acumulación y mal uso.

Hoy sabemos que la transferencia internacional de armas es una parte importante pero no mayoritaria del problema: con 875 millones de armas pequeñas ya en el mundo, hasta la prohibición total de transferencias no cambiaría tan drásticamente la situación como sería necesario.

Así, lograr maneras de disminuir el mal uso de las armas y sus efectos en países ‘en paz’ es primordial. Globalmente, alrededor del 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional, por ejemplo, incluyen el uso de armas pequeñas y ligeras.

No obstante, la “industria de los derechos humanos”, incluyendo las principales organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y los procesos de la ONU, han dedicado menos atención que el ideal a la violencia armada y, en particular, a las armas pequeñas como "herramientas de violaciones de derechos humanos" por excelencia. La única excepción, sin duda, fue la exitosa negociación del Tratado sobre Comercio de Armas, un importante paso adelante en cuanto a la conexión de las transferencias internacionales y el DIDH.

Pero ciertamente violaciones de derechos humanos perpetradas o facilitadas con armas no son más importantes porque las mismas hayan sido transferidas internacionalmente.

Este tema fue considerado por la ONU en un informe de 2006 que señala las armas pequeñas son las "herramientas utilizadas para violar los derechos humanos" en una variedad de niveles: el derecho a la vida; seguridad de la persona; la libertad de reunión, asociación, circulación; la libertad de expresión; derecho a la educación, salud, entre otros.

La relatora especial del informe, Barbara Frey, señaló que "en virtud del DIDH, el Estado puede ser considerado responsable por violaciones cometidas con armas pequeñas por particulares en dos situaciones: cuando los individuos armados están operando bajo el color de la autoridad estatal; y cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para proteger los derechos humanos”.

O sea, gobiernos nacionales pueden ser legalmente responsables por violaciones de derechos humanos con armas pequeñas no sólo por comisión, sino también por omisión. Ciertamente, el primer caso es un área madura para mejora, sobre todo en países como Brasil, dado el mal uso de armas de fuego por las fuerzas policiales. A pesar de normas internacionales y protocolos de operación para el uso de la fuerza, la letalidad de la policía en muchas sociedades es mucho más allá de aceptable.

Por ejemplo, en Brasil se estima que la policía (militar) mata a un promedio de cinco personas cada día (un total de 1.890 personas en 2012, 351 de los de São Paulo - alrededor del 20% de todos los homicidios en la ciudad, según el Anuario Fórum Brasilerio de Segurança Pública de 2013). Al igual que para muchos otros países, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y ​​de Armas de Fuego de la ONU no se han aplicado a fondo en la legislación y la práctica nacionales.

¿No sería hora de retomar este prisma? ¿Podría la sociedad civil hacer más para limitar el uso indebido de armas de fuego por las fuerzas del Estado a través de la implementación estratégica del DIDH? ¿Podrían los ciudadanos de los países con altos niveles de violencia armada tener un recurso legal para obligar a sus países a hacer más para prevenir la violencia, aunque los caminos internos para mejorar la legislación y las políticas públicas parezcan bloqueados?

Estas son preguntas sinceras y abiertas, que expertos en el derecho internacional y derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Conectas (Brasil), por ejemplo, pueden ayudar a abordar.

Para cumplir con el requisito de debida diligencia, de acuerdo con ese informe, las directrices adecuadas incluyen la concesión de licencias para impedir la posesión de armas por personas que están en riesgo de abusar de ellas, el almacenamiento seguro, investigar y enjuiciar a los que hacen mal uso de armas pequeñas, entre otros. ¿Cuántos países en el mundo en la actualidad no logran estos estándares -y puede la sociedad civil presiónalos desde este marco para que aborden estas fallas?

Para las "verdaderas armas de destrucción masiva" –cliché iniciado por Kofi Annan en 2000– los aspectos de "distinción" y "proporcionalidad" no se pueden atribuir a las armas en sí, sino a su mal uso. Mayormente utilizadas no entre los beligerantes en un conflicto militar (y por lo tanto cubiertos por el Derecho Internacional Humanitario), sino por y en contra de la población civil "en paz", ¿cómo podemos tratar de minimizar su uso indebido para reducir la violencia armada?

Independientemente de las respuestas precisas a muchas de estas preguntas, un nuevo enfoque en la violencia armada, y una posible perspectiva del uso indebido de armas pequeñas como una cuestión eminentemente de derechos humanos, es urgente. Los niveles de violencia armada alrededor del mundo nos dicen que algo nuevo tenemos que intentar.

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Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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