Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

Sangre y petróleo

Por: | 30 de octubre de 2014

Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs de Estudis per la Pau
María Jesús Pinto, activista e investigadora en Derechos Humanos

  Fuente.Oficina de Prensa - Sexta División y Brigada de Selva N.27

                                     Foto: Oficina de Prensa - Sexta División y Brigada de Selva N.27

En el suroccidente de Colombia, al pie del macizo andino, se encuentra el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, a 17 horas en carro de su cabecera municipal. Sin embargo, no ha sido la distancia el factor responsable de una historia de pobreza y de violencia sobre sus comunidades, sino su ubicación, literalmente, sobre un mar de petróleo.

Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia, lleva 32 años en la región, Los camiones cisterna diariamente recorren la única trocha de acceso al corregimiento, Cuando se recorren las vías veredales no se ve cuál ha sido el progreso que trajo la extracción de crudo al corregimiento, pero es muy palpable es la violencia sufrida por sus pobladores.

Uno de los últimos episodios de violencia ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando cuatro jóvenes de la vereda de El Alto Amarradero  fueron asesinados por efectivos del Batallón Especial Energético Vial N° 9 (BAEEV 9). El Ejército los presentó como guerrilleros de las FARC-EP muertos en un enfrentamiento armado. La comunidad rechazó esta versión, ya que son campesinos e indígenas pertenecientes a la comunidad y todos saben que las circunstancias no se corresponden con un enfrentamiento sino con una ejecución extrajudicial, ejecuciones extrajudiciales (en realidad asesinatos ya que en Colombia la pena de muerte fue abolida en 1910) que vienen cumpliendo con la estrategia de amedrentamiento a la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente para que abandone el territorio.

La historia de violencia, desplazamiento forzoso y asesinatos en esta región.es larga y dolorosa Pero hay un punto de inflexión en el año 2006. En ese año Ecopetrol decide reactivar la producción de los pozos petrolíferos de Jardines de Sucumbíos, instalando un destacamento del BAEEV 9 en la vereda de El Empalme. Este tipo de batallones se crearon a partir del año 2001, como parte del Plan Colombia, para proteger la infraestructura minero energética, atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector e implementar la política neoliberal extractivista. Actualmente Colombia dispone de 21 batallones minero energéticos, diez de ellos creados en los dos últimos años. 

Bateria el Empalme desde la vieja escuela. FotoTomasGisbert

                               Bateria el Empalme desde la vieja escuela. Foto: TomasGisbert

Ecopetrol compró unos terrenos con engaños para ubicar una base militar del BAEEV 9 junto a la Batería de Ecopetrol, lindando, pared por pared, con la escuela primaria y las casas de la vereda de El Empalme. Poco importaba que la presencia de la base militar pudiera afectar a la población civil, su objetivo no era brindar seguridad a la población sino proteger la extracción de crudo de Ecopetrol. La base militar y Ecopetrol, aprovecharon la presencia de la escuela de primaria y de la población civil para protegerse de los ataques insurgentes, desoyendo las obligaciones que el Derecho Internacional Humanitario plantea en los conflictos armados.

La base militar atrajo acciones de la insurgencia, con enfrentamientos y bombardeos que no han cesado y que han creado un clima de terror entre la población civil. La presencia de la base militar obligó a reubicar la escuela de primaria. La comunidad tuvo que luchar para lograr cambiar su emplazamiento y alejar a los niños y niñas de la primera línea de los enfrentamientos bélicos. Pero el alejamiento de la escuela no ha sido suficiente, el efecto de la guerra permanece en la mente de los niños. “Los niños pequeños se orinan cuando oyen balacera”, “Acá no se pueden celebrar fiestas con cohetes, ya que ese ruido asusta a los niños y las niñas”.

Las viviendas adyacentes a la base militar también se han visto afectadas, todas presentan agujeros o boquetes causados por el impacto inevitable de proyectiles y bombas. Muchos vecinos y vecinas de El Empalme han abandonado sus domicilios para huir de los imprevisibles hostigamientos. También las mujeres han resultado heridas por los bombardeos, otras siguen necesitando tratamiento hospitalario por el traumatismo psíquico de los bombardeos. Los señalamientos, las detenciones arbitrarias y los allanamientos sin órdenes judiciales se suceden continuamente. La comunidad en muchas ocasiones ha tenido que escuchar de los propios militares las advertencias de que “si se quedan en el territorio es porque son guerrilleros”. Más de 30 personas del corregimiento tienen procesos judiciales en curso, muchas de ellas han sido encarceladas sin poder contar con una asistencia profesional, por carecer de recursos; otras ya están condenadas. Las tropas del BAEEV 9 involucran a los niños y niñas en el conflicto, dándoles dinero a cambio de información, de en qué ocupan el tiempo sus padres, por dónde andan o a qué se dedican. Hay miedo de lo que pueda pasar con las jóvenes, miembros del Ejército violaron a una mujer indígena nasa,. Los efectivos del batallón que se apostan en las fincas han obligado a campesinos y campesinas a permanecer encerrados en sus ranchos durante 2, 3 y hasta 20 días en alguna ocasión. Han impuesto “de facto” un toque de queda.

Los soldados toman bienes de las familias como gallinas, cerdos o el fruto de lo que está sembrado sin dar nada a cambio, inutilizan cercas o contaminan pesqueras. Asimismo, las exploraciones sísmicas de Ecopetrol en busca de nuevos pozos han secado fuentes de agua dificultando el acceso a este elemento vital En una estrategia del Ejército y de la empresa para dejar a la población sin medios de vida para que abandone el territorio.

La presencia militar en las instalaciones de Ecopetrol también ha puesto en grave riesgo a los propios trabajadores de Ecopetrol, al tener que trabajar junto a soldados que en cualquier momento pueden ser atacados. En muchas ocasiones los trabajadores son obligados a transportar a militares en los vehículos de la empresa con el consiguiente riesgo para sus vidas. Al permanecer en los centros de trabajo el ejército, no respeta el Derecho Internacional Humanitario La empresa ha aprovechado la presencia del ejército en sus instalaciones para dar un trato militar a sus conflictos laborales violando las libertades sindicales.

Como resultado de la ofensiva paramilitar vivida, de las fumigaciones con glifosato y de la fuerte militarización en que vive actualmente el corregimiento, el desplazamiento forzado ha reducido el número de habitantes de 5.000 que eran en la primera mitad de los años 2000 a poco menos de 2.800 en 2012.

La población de Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria y al olvido estatal. En 2003 se creó la Fundación El Progreso, afiliada a Fensuagro, para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona, agrupando a todos los habitantes del corregimiento, sin reparar en las diferencias étnicas o de condición. Y ha ido diseñando su propia agenda política, combinando la movilización con la negociación.

En octubre de 2009 los habitantes del corregimiento paralizaron durante más de 15 días la producción de las tres baterías de Ecopetrol pidiendo inversión en educación, salud y vías. El bloqueo concluyó con la firma de los acuerdos de 2009 con el municipio y la gobernación. En marzo de 2010, ante el incumplimiento de los acuerdos, realizaron una toma pacífica de la Asamblea Departamental. En junio de 2012 un paro de docentes y estudiantes por falta de pago del transporte se transformó en un paro de la comunidad en general que presionaba nuevos acuerdos. En octubre la comunidad bloqueó durante 12 días la salida de crudo de los pozos petroleros hasta que logró un acuerdo con la alcaldía y Ecopetrol para “continuar con las inversiones sociales”. Por su parte la comunidad elaboró en 2012 un Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos.

Los habitantes son conscientes de que Ecopetrol lo que quiere “es desocupar el sector para apoderarse de los recursos”, “El gobierno no quiere acabar con la guerrilla, no quiere acabar con la coca, lo que quiere es venir a perforar pozos y por eso manda al Ejército”. Nos dicen: “para qué hacer planes agrícolas en el territorio, lo mejor que pueden hacer es negociar sus tierras y que les den una vivienda en Orito o en Ipiales”.

Los tres pozos en funcionamiento tienen una producción cercana a los 230 barriles diarios, pero los planes de la compañía pasan por la exploración de 62 puntos más con lo que la producción podría llegar a los 1.500 barriles al día. Pero visto el coste social de estos 230 barriles, la pregunta es ¿cuánta sangre más será necesaria para que Ecopetrol pueda llevarse los 1.500 barriles diarios de petróleo?

La presencia Batallón Especial Energético Vial no ha respondido al interés general, no ha protegido a la población civil, sino que por el contrario la ha estigmatizado, la ha hostigado, la ha utilizado como escudo humano e incluso ha asesinado a varios de sus miembros. Ha seguido provocando desplazamiento forzado. Ha actuado en favor de la seguridad privada y de los intereses privados de Ecopetrol.

Una versión más amplia de este trabajo puede consultarse en SANGRE Y PETROLEO: Ecopetrol en Jardines de Sucumbíos

 

Jugando con fuego en Irak y Siria

Por: | 14 de octubre de 2014

Alberto Estévez, analista de comercio de armas en Amnistía Internacional España

New York gravestones

Activistas de la coalición Armas Bajo Control denuncian que las armas causan 2.000 muertes diarias durante la Conferencia de la ONU sobre comercio de armas en 2012 (Foto: AI)

“Un momento mágico”. Así definió mi amigo Frank Johansson, director de Amnistía Internacional Finlandia, el momento en que, el 27 de marzo de 2013, tomó en sus manos el texto del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y vio que habíamos logrado incluir la «Regla de Oro» (prohibir la venta de armas para cometer atrocidades) en el texto. Para mí, ese fue un momento especial que nunca olvidaré, pues era el colofón a veinte años de trabajo para conseguir regular el comercio internacional de armas. Pocos días después, la Asamblea General votaba abrumadoramente a favor del TCA, tras bloquear Siria, Irán y Corea del Norte su adopción por consenso.

El pasado 25 de septiembre en la ONU, menos de un año y medio tras su firma, el TCA superó las 50 ratificaciones -acto mediante el cual un Estado declara su consentimiento en obligarse por las normas de un tratado- necesarias para entrar en vigor. El 24 de diciembre de este año, la humanidad tendrá un regalo de Navidad muy especial, pues ese día las normas del tratado comenzarán a surtir efecto y el TCA será de obligado cumplimiento para los Estados que lo hayan ratificado. Tras dos décadas de trabajo, en las que primero nos ignoraron, luego algunos se rieron de nosotros, durante los 7 años de negociación en la ONU nos atacaron, pero al final vencimos, porque el que la sigue, respaldado por una amplia alianza de la sociedad civil internacional, la consigue.

En un post anterior con motivo de la ratificación del TCA por parte de España explicamos las tres «patas» del TCA y cómo funcionará. En resumen, se trata del primer instrumento legalmente vinculante que, como pide el Artículo 26 de la Carta de Naciones Unidas, regula el comercio internacional de armas. Es un conjunto de normas para evitar que lleguen armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer o facilitar actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones graves de derechos humanos. Los Estados deberán analizar si existe un riesgo considerable de que la exportación de armas propuesta contribuya a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y, si así fuera, las armas no deben ser enviadas.

Con sus defectos, el TCA es un primer paso importante, pues establece por primera vez sólidas normas globales para que las armas no lleguen a manos de los autores de abusos contra los derechos humanos. Supone tres avances importantes:

a) controla las transferencias de las principales categorías de armas convencionales, desde barcos de guerra a tanques, pistolas y ametralladoras, las armas pequeñas y ligeras que son las verdaderas armas de destrucción masiva.

b) Consagra una Regla de Oro: no autorizar armas para cometer atrocidades, y

c) Establece mecanismos para su implementación y de transparencia.

¿Cuál es la siguiente parada de este viaje? Armarse de valor y detener el comercio de armas para cometer atrocidades, logrando la universalización del TCA, de modo que todos los grandes fabricantes de armas se sumen a él. Hasta ahora lo han hecho Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia. Otros como EE.UU., Brasil, Corea del Sur o Sudáfrica lo han firmado, pero no ratificado, y China, Israel, Rusia o India son reacios a sumarse a una liga del comercio de la muerte en la que todos los países jueguen con las mismas reglas.

Es importante destacar que España mantiene su compromiso con el TCA. Ha sido el primer país del mundo en recoger la Regla de Oro del TCA en su legislación nacional, plasmada en el nuevo Reglamento que desarrolla la ley de 2007 sobre comercio de armas. También apoya económicamente el Fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales.

Sin embargo, el TCA no es una varita mágica para solucionar todos los problemas del mundo. Al igual que la Convención contra la Tortura sirvió para procesar a Pinochet o la Corte Penal Internacional ha reducido la impunidad, será un instrumento importante para hacer del mundo un lugar más seguro. No le faltan retos complicado los de Sudán del Sur, Ucrania, Israel/Gaza, Siria e Irak/Kurdistán, crisis alimentadas por la mala regulación del comercio de armas.

Catástrofe humanitaria en Siria e Irak y armas

Veamos el caso de la catástrofe humanitaria y de derechos humanos en Siria e Irak, donde se han perdido muchas oportunidades de tomar medidas distintas de la fuerza –que darían para otro post- para proteger los derechos humanos en la región. En una crisis que dura ya más de tres años, la comunidad internacional ha hecho oídos sordos a las peticiones de AI de sanciones selectivas, embargo de armas y remisión de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional.

En el caso de Irak, conviene echar la vista atrás para entender el presente. En 1991 tuvo lugar la llamada primera Guerra del Golfo en Irak. En cuanto acabó, el informe Scott en el Reino Unido y otras investigaciones pusieron de manifiesto las lagunas de la escasa regulación del comercio de armas y se empezaron a tomar medidas. Irak estaba inundado de armas proporcionadas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, algunos de los cuales habían armado a Irán en la década anterior. Así, EE.UU. vendió armas a Irán a cambio de dinero para financiar a la contra antisandinista en el escándalo Irangate. La URSS, Reino Unido y Francia vendieron armas al Irak de su entonces aliado Saddam Hussein. Todos ellos alimentaron una guerra de 8 años con Irán que acabó con cientos de miles de vidas de civiles. Cuando en 1991 los soldados de EE.UU., Francia y Reino Unido, entre otros, se enfrentaron a sus armas fabricadas en sus países en manos de las fuerzas de Saddam, algo empezó a cambiar y el fin de la primera Guerra del Golfo supuso un primer acicate para poner orden en el comercio de armas.

Sin embargo, más de dos décadas después, la región sigue llena de armas, esta vez de EE.UU., Rusia, numerosos Estados de la UE como Alemania, Bulgaria, Rep. Checa, Croacia, Dinamarca, Francia, Italia, Rumanía y Reino Unido, así como Canadá y Albania e incluso Irán, que proporcionan armas a las fueras iraquíes y/o a las kurdas. Algunas de estas armas han sido capturadas por combatientes del EI y otros grupos afines por medio del mercado ilícito y del desvío.

Por su parte, España asegura haber examinado con detenimiento y cautela las solicitudes de exportación de armas a Irak presentadas por empresas españolas y ha decidido enviar tropas para formar a las fuerzas armadas iraquíes. Un reto adicional que tiene es incluir en esa instrucción formación en derechos humanos para corregir un historial del ejército iraquí, que incluye bombardeos indiscriminados que han causado muertes y lesiones a civiles.

Las armas en manos de Estado Islámico

El siguiente ejemplo explica el caos actual. ¿Cómo puede ser que munición fabricada en Rusia vendida por una empresa estadounidense acabe en manos de Estado Islámico (EI) en Irak? Era munición capturada por el EI a los peshmergas, las fuerzas del Gobierno Regional del Kurdistán, en el norte de Irak. Se trata de uno de los casos denunciados por la organización Conflict Armament Research en un reciente informe que pone los pelos de punta en el que  denuncia que los cinco principales fabricantes de armas encontradas en manos del EI son China, la Unión Soviética, EE.UU., Rusia y Serbia. Parte de la munición había sido fabricada en 1945, lo que demuestra el larguísimo ciclo vital de las armas. La clave en este caso es que el gobierno de EE.UU. compró grandes cantidades de munición de la marca WOLF a la empresa californiana Sporting Supplies International y las distribuyó a las fuerzas armadas iraquíes y a las fuerzas del Gobierno Regional de Kurdistán en el norte de Irak.

En este contexto, urgen medidas como la imposición de un embargo de armas global al EI, que los ataques aéreos se dirijan únicamente contra objetivos militares, se eviten ataques a civiles y se investiguen operaciones como los recientes ataques aéreos iraquíes a una escuela de Tikrit que causaron la muerte de al menos 31 civiles o los ataques aéreos iraquíes contra zonas residenciales que han causado la muerte de civiles en Faluya, Mosul y otras zonas de Irak desde julio.

Y, en medio de esta situación, ¿qué pinta el TCA?, ¿qué deberían hacer los Estados que suministran armas al gobierno de Irak para evitar que todo siga como hasta ahora?

La respuesta es sencilla, pero requiere voluntad política: deberían imponer medidas cautelares concretas para mitigar y eliminar el riesgo de ninguna transferencia de armas al gobierno iraquí o al Gobierno Regional del Kurdistán se usa –o se desvía ilegales mediante la corrupción o una gestión inadecuada del almacenamiento seguro de las armas y los arsenales y después se usa– para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Es, ni más menos, a lo que les obliga el TCA. Por ello Amnistía Internacional les ha pedido que apliquen medidas como:

  • Analizar los sistemas de formación, cadena de mando y rendición de cuentas de las posibles unidades armadas receptoras para respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y las normas internacionales relativas a la gestión, el uso y el control de armas;
  • Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales si hay informes verosímiles de víctimas civiles causadas por operaciones militares, publicar los resultados de estas investigaciones y poner a disposición judicial a los autores;
  • Reglas de intervención estrictas que cumplan con las obligaciones del Gobierno Regional del Kurdistán en virtud del derecho internacional;
  • Sistemas rigurosos para registrar qué personal está autorizado a portar y usar armas y munición;
  • Explicación adecuada del almacenamiento, registro y uso de todas las armas;
  • Un sistema de gestión de armamentos adecuado que impida de forma realista el desvío de las armas a usuarios no autorizados o mercados ilegales.

Solo se deberían suministrar armas a las fuerzas del Gobierno iraquí y del Gobierno Regional de Kurdistán si éstos pueden garantizar y demostrar que se cumplirán estos requisitos y medidas. De lo contrario, los gobiernos harán un flaco favor a la credibilidad de su compromiso de implementar el TCA de buena fe y corremos el riesgo de que todo siga como hasta ahora.

El País

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