Jugando con fuego en Irak y Siria

Alberto Estévez, analista de comercio de armas en Amnistía Internacional España

Activistas de la coalición Armas Bajo Control denuncian que las armas causan 2.000 muertes diarias durante la Conferencia de la ONU sobre comercio de armas en 2012 (Foto: AI)

“Un momento mágico”. Así definió mi amigo Frank Johansson, director de Amnistía Internacional Finlandia, el momento en que, el 27 de marzo de 2013, tomó en sus manos el texto del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y vio que habíamos logrado incluir la «Regla de Oro» (prohibir la venta de armas para cometer atrocidades) en el texto. Para mí, ese fue un momento especial que nunca olvidaré, pues era el colofón a veinte años de trabajo para conseguir regular el comercio internacional de armas. Pocos días después, la Asamblea General votaba abrumadoramente a favor del TCA, tras bloquear Siria, Irán y Corea del Norte su adopción por consenso.

El pasado 25 de septiembre en la ONU, menos de un año y medio tras su firma, el TCA superó las 50 ratificaciones -acto mediante el cual un Estado declara su consentimiento en obligarse por las normas de un tratado- necesarias para entrar en vigor. El 24 de diciembre de este año, la humanidad tendrá un regalo de Navidad muy especial, pues ese día las normas del tratado comenzarán a surtir efecto y el TCA será de obligado cumplimiento para los Estados que lo hayan ratificado. Tras dos décadas de trabajo, en las que primero nos ignoraron, luego algunos se rieron de nosotros, durante los 7 años de negociación en la ONU nos atacaron, pero al final vencimos, porque el que la sigue, respaldado por una amplia alianza de la sociedad civil internacional, la consigue.

En un post anterior con motivo de la ratificación del TCA por parte de España explicamos las tres «patas» del TCA y cómo funcionará. En resumen, se trata del primer instrumento legalmente vinculante que, como pide el Artículo 26 de la Carta de Naciones Unidas, regula el comercio internacional de armas. Es un conjunto de normas para evitar que lleguen armas a países donde se sabe que se destinarían a cometer o facilitar actos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones graves de derechos humanos. Los Estados deberán analizar si existe un riesgo considerable de que la exportación de armas propuesta contribuya a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos y, si así fuera, las armas no deben ser enviadas.

Con sus defectos, el TCA es un primer paso importante, pues establece por primera vez sólidas normas globales para que las armas no lleguen a manos de los autores de abusos contra los derechos humanos. Supone tres avances importantes:

a) controla las transferencias de las principales categorías de armas convencionales, desde barcos de guerra a tanques, pistolas y ametralladoras, las armas pequeñas y ligeras que son las verdaderas armas de destrucción masiva.

b) Consagra una Regla de Oro: no autorizar armas para cometer atrocidades, y

c) Establece mecanismos para su implementación y de transparencia.

¿Cuál es la siguiente parada de este viaje? Armarse de valor y detener el comercio de armas para cometer atrocidades, logrando la universalización del TCA, de modo que todos los grandes fabricantes de armas se sumen a él. Hasta ahora lo han hecho Francia, Alemania, Reino Unido, España e Italia. Otros como EE.UU., Brasil, Corea del Sur o Sudáfrica lo han firmado, pero no ratificado, y China, Israel, Rusia o India son reacios a sumarse a una liga del comercio de la muerte en la que todos los países jueguen con las mismas reglas.

Es importante destacar que España mantiene su compromiso con el TCA. Ha sido el primer país del mundo en recoger la Regla de Oro del TCA en su legislación nacional, plasmada en el nuevo Reglamento que desarrolla la ley de 2007 sobre comercio de armas. También apoya económicamente el Fondo de la ONU para cooperación en materia de regulación del control de armas convencionales.

Sin embargo, el TCA no es una varita mágica para solucionar todos los problemas del mundo. Al igual que la Convención contra la Tortura sirvió para procesar a Pinochet o la Corte Penal Internacional ha reducido la impunidad, será un instrumento importante para hacer del mundo un lugar más seguro. No le faltan retos complicado los de Sudán del Sur, Ucrania, Israel/Gaza, Siria e Irak/Kurdistán, crisis alimentadas por la mala regulación del comercio de armas.

Catástrofe humanitaria en Siria e Irak y armas

Veamos el caso de la catástrofe humanitaria y de derechos humanos en Siria e Irak, donde se han perdido muchas oportunidades de tomar medidas distintas de la fuerza –que darían para otro post- para proteger los derechos humanos en la región. En una crisis que dura ya más de tres años, la comunidad internacional ha hecho oídos sordos a las peticiones de AI de sanciones selectivas, embargo de armas y remisión de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional.

En el caso de Irak, conviene echar la vista atrás para entender el presente. En 1991 tuvo lugar la llamada primera Guerra del Golfo en Irak. En cuanto acabó, el informe Scott en el Reino Unido y otras investigaciones pusieron de manifiesto las lagunas de la escasa regulación del comercio de armas y se empezaron a tomar medidas. Irak estaba inundado de armas proporcionadas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, algunos de los cuales habían armado a Irán en la década anterior. Así, EE.UU. vendió armas a Irán a cambio de dinero para financiar a la contra antisandinista en el escándalo Irangate. La URSS, Reino Unido y Francia vendieron armas al Irak de su entonces aliado Saddam Hussein. Todos ellos alimentaron una guerra de 8 años con Irán que acabó con cientos de miles de vidas de civiles. Cuando en 1991 los soldados de EE.UU., Francia y Reino Unido, entre otros, se enfrentaron a sus armas fabricadas en sus países en manos de las fuerzas de Saddam, algo empezó a cambiar y el fin de la primera Guerra del Golfo supuso un primer acicate para poner orden en el comercio de armas.

Sin embargo, más de dos décadas después, la región sigue llena de armas, esta vez de EE.UU., Rusia, numerosos Estados de la UE como Alemania, Bulgaria, Rep. Checa, Croacia, Dinamarca, Francia, Italia, Rumanía y Reino Unido, así como Canadá y Albania e incluso Irán, que proporcionan armas a las fueras iraquíes y/o a las kurdas. Algunas de estas armas han sido capturadas por combatientes del EI y otros grupos afines por medio del mercado ilícito y del desvío.

Por su parte, España asegura haber examinado con detenimiento y cautela las solicitudes de exportación de armas a Irak presentadas por empresas españolas y ha decidido enviar tropas para formar a las fuerzas armadas iraquíes. Un reto adicional que tiene es incluir en esa instrucción formación en derechos humanos para corregir un historial del ejército iraquí, que incluye bombardeos indiscriminados que han causado muertes y lesiones a civiles.

Las armas en manos de Estado Islámico

El siguiente ejemplo explica el caos actual. ¿Cómo puede ser que munición fabricada en Rusia vendida por una empresa estadounidense acabe en manos de Estado Islámico (EI) en Irak? Era munición capturada por el EI a los peshmergas, las fuerzas del Gobierno Regional del Kurdistán, en el norte de Irak. Se trata de uno de los casos denunciados por la organización Conflict Armament Research en un reciente informe que pone los pelos de punta en el que  denuncia que los cinco principales fabricantes de armas encontradas en manos del EI son China, la Unión Soviética, EE.UU., Rusia y Serbia. Parte de la munición había sido fabricada en 1945, lo que demuestra el larguísimo ciclo vital de las armas. La clave en este caso es que el gobierno de EE.UU. compró grandes cantidades de munición de la marca WOLF a la empresa californiana Sporting Supplies International y las distribuyó a las fuerzas armadas iraquíes y a las fuerzas del Gobierno Regional de Kurdistán en el norte de Irak.

En este contexto, urgen medidas como la imposición de un embargo de armas global al EI, que los ataques aéreos se dirijan únicamente contra objetivos militares, se eviten ataques a civiles y se investiguen operaciones como los recientes ataques aéreos iraquíes a una escuela de Tikrit que causaron la muerte de al menos 31 civiles o los ataques aéreos iraquíes contra zonas residenciales que han causado la muerte de civiles en Faluya, Mosul y otras zonas de Irak desde julio.

Y, en medio de esta situación, ¿qué pinta el TCA?, ¿qué deberían hacer los Estados que suministran armas al gobierno de Irak para evitar que todo siga como hasta ahora?

La respuesta es sencilla, pero requiere voluntad política: deberían imponer medidas cautelares concretas para mitigar y eliminar el riesgo de ninguna transferencia de armas al gobierno iraquí o al Gobierno Regional del Kurdistán se usa –o se desvía ilegales mediante la corrupción o una gestión inadecuada del almacenamiento seguro de las armas y los arsenales y después se usa– para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Es, ni más menos, a lo que les obliga el TCA. Por ello Amnistía Internacional les ha pedido que apliquen medidas como:

• Analizar los sistemas de formación, cadena de mando y rendición de cuentas de las posibles unidades armadas receptoras para respetar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y las normas internacionales relativas a la gestión, el uso y el control de armas;
• Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales si hay informes verosímiles de víctimas civiles causadas por operaciones militares, publicar los resultados de estas investigaciones y poner a disposición judicial a los autores;
• Reglas de intervención estrictas que cumplan con las obligaciones del Gobierno Regional del Kurdistán en virtud del derecho internacional;
• Sistemas rigurosos para registrar qué personal está autorizado a portar y usar armas y munición;
• Explicación adecuada del almacenamiento, registro y uso de todas las armas;
• Un sistema de gestión de armamentos adecuado que impida de forma realista el desvío de las armas a usuarios no autorizados o mercados ilegales.

Solo se deberían suministrar armas a las fuerzas del Gobierno iraquí y del Gobierno Regional de Kurdistán si éstos pueden garantizar y demostrar que se cumplirán estos requisitos y medidas. De lo contrario, los gobiernos harán un flaco favor a la credibilidad de su compromiso de implementar el TCA de buena fe y corremos el riesgo de que todo siga como hasta ahora.