Sangre y petróleo

Por: | 30 de octubre de 2014

Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs de Estudis per la Pau
María Jesús Pinto, activista e investigadora en Derechos Humanos

  Fuente.Oficina de Prensa - Sexta División y Brigada de Selva N.27

                                     Foto: Oficina de Prensa - Sexta División y Brigada de Selva N.27

En el suroccidente de Colombia, al pie del macizo andino, se encuentra el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, a 17 horas en carro de su cabecera municipal. Sin embargo, no ha sido la distancia el factor responsable de una historia de pobreza y de violencia sobre sus comunidades, sino su ubicación, literalmente, sobre un mar de petróleo.

Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia, lleva 32 años en la región, Los camiones cisterna diariamente recorren la única trocha de acceso al corregimiento, Cuando se recorren las vías veredales no se ve cuál ha sido el progreso que trajo la extracción de crudo al corregimiento, pero es muy palpable es la violencia sufrida por sus pobladores.

Uno de los últimos episodios de violencia ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando cuatro jóvenes de la vereda de El Alto Amarradero  fueron asesinados por efectivos del Batallón Especial Energético Vial N° 9 (BAEEV 9). El Ejército los presentó como guerrilleros de las FARC-EP muertos en un enfrentamiento armado. La comunidad rechazó esta versión, ya que son campesinos e indígenas pertenecientes a la comunidad y todos saben que las circunstancias no se corresponden con un enfrentamiento sino con una ejecución extrajudicial, ejecuciones extrajudiciales (en realidad asesinatos ya que en Colombia la pena de muerte fue abolida en 1910) que vienen cumpliendo con la estrategia de amedrentamiento a la comunidad campesina, indígena y afrodescendiente para que abandone el territorio.

La historia de violencia, desplazamiento forzoso y asesinatos en esta región.es larga y dolorosa Pero hay un punto de inflexión en el año 2006. En ese año Ecopetrol decide reactivar la producción de los pozos petrolíferos de Jardines de Sucumbíos, instalando un destacamento del BAEEV 9 en la vereda de El Empalme. Este tipo de batallones se crearon a partir del año 2001, como parte del Plan Colombia, para proteger la infraestructura minero energética, atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector e implementar la política neoliberal extractivista. Actualmente Colombia dispone de 21 batallones minero energéticos, diez de ellos creados en los dos últimos años. 

Bateria el Empalme desde la vieja escuela. FotoTomasGisbert

                               Bateria el Empalme desde la vieja escuela. Foto: TomasGisbert

Ecopetrol compró unos terrenos con engaños para ubicar una base militar del BAEEV 9 junto a la Batería de Ecopetrol, lindando, pared por pared, con la escuela primaria y las casas de la vereda de El Empalme. Poco importaba que la presencia de la base militar pudiera afectar a la población civil, su objetivo no era brindar seguridad a la población sino proteger la extracción de crudo de Ecopetrol. La base militar y Ecopetrol, aprovecharon la presencia de la escuela de primaria y de la población civil para protegerse de los ataques insurgentes, desoyendo las obligaciones que el Derecho Internacional Humanitario plantea en los conflictos armados.

La base militar atrajo acciones de la insurgencia, con enfrentamientos y bombardeos que no han cesado y que han creado un clima de terror entre la población civil. La presencia de la base militar obligó a reubicar la escuela de primaria. La comunidad tuvo que luchar para lograr cambiar su emplazamiento y alejar a los niños y niñas de la primera línea de los enfrentamientos bélicos. Pero el alejamiento de la escuela no ha sido suficiente, el efecto de la guerra permanece en la mente de los niños. “Los niños pequeños se orinan cuando oyen balacera”, “Acá no se pueden celebrar fiestas con cohetes, ya que ese ruido asusta a los niños y las niñas”.

Las viviendas adyacentes a la base militar también se han visto afectadas, todas presentan agujeros o boquetes causados por el impacto inevitable de proyectiles y bombas. Muchos vecinos y vecinas de El Empalme han abandonado sus domicilios para huir de los imprevisibles hostigamientos. También las mujeres han resultado heridas por los bombardeos, otras siguen necesitando tratamiento hospitalario por el traumatismo psíquico de los bombardeos. Los señalamientos, las detenciones arbitrarias y los allanamientos sin órdenes judiciales se suceden continuamente. La comunidad en muchas ocasiones ha tenido que escuchar de los propios militares las advertencias de que “si se quedan en el territorio es porque son guerrilleros”. Más de 30 personas del corregimiento tienen procesos judiciales en curso, muchas de ellas han sido encarceladas sin poder contar con una asistencia profesional, por carecer de recursos; otras ya están condenadas. Las tropas del BAEEV 9 involucran a los niños y niñas en el conflicto, dándoles dinero a cambio de información, de en qué ocupan el tiempo sus padres, por dónde andan o a qué se dedican. Hay miedo de lo que pueda pasar con las jóvenes, miembros del Ejército violaron a una mujer indígena nasa,. Los efectivos del batallón que se apostan en las fincas han obligado a campesinos y campesinas a permanecer encerrados en sus ranchos durante 2, 3 y hasta 20 días en alguna ocasión. Han impuesto “de facto” un toque de queda.

Los soldados toman bienes de las familias como gallinas, cerdos o el fruto de lo que está sembrado sin dar nada a cambio, inutilizan cercas o contaminan pesqueras. Asimismo, las exploraciones sísmicas de Ecopetrol en busca de nuevos pozos han secado fuentes de agua dificultando el acceso a este elemento vital En una estrategia del Ejército y de la empresa para dejar a la población sin medios de vida para que abandone el territorio.

La presencia militar en las instalaciones de Ecopetrol también ha puesto en grave riesgo a los propios trabajadores de Ecopetrol, al tener que trabajar junto a soldados que en cualquier momento pueden ser atacados. En muchas ocasiones los trabajadores son obligados a transportar a militares en los vehículos de la empresa con el consiguiente riesgo para sus vidas. Al permanecer en los centros de trabajo el ejército, no respeta el Derecho Internacional Humanitario La empresa ha aprovechado la presencia del ejército en sus instalaciones para dar un trato militar a sus conflictos laborales violando las libertades sindicales.

Como resultado de la ofensiva paramilitar vivida, de las fumigaciones con glifosato y de la fuerte militarización en que vive actualmente el corregimiento, el desplazamiento forzado ha reducido el número de habitantes de 5.000 que eran en la primera mitad de los años 2000 a poco menos de 2.800 en 2012.

La población de Jardines de Sucumbíos no ha estado pasiva frente a la grave crisis humanitaria y al olvido estatal. En 2003 se creó la Fundación El Progreso, afiliada a Fensuagro, para afrontar la grave situación de los derechos humanos en la zona, agrupando a todos los habitantes del corregimiento, sin reparar en las diferencias étnicas o de condición. Y ha ido diseñando su propia agenda política, combinando la movilización con la negociación.

En octubre de 2009 los habitantes del corregimiento paralizaron durante más de 15 días la producción de las tres baterías de Ecopetrol pidiendo inversión en educación, salud y vías. El bloqueo concluyó con la firma de los acuerdos de 2009 con el municipio y la gobernación. En marzo de 2010, ante el incumplimiento de los acuerdos, realizaron una toma pacífica de la Asamblea Departamental. En junio de 2012 un paro de docentes y estudiantes por falta de pago del transporte se transformó en un paro de la comunidad en general que presionaba nuevos acuerdos. En octubre la comunidad bloqueó durante 12 días la salida de crudo de los pozos petroleros hasta que logró un acuerdo con la alcaldía y Ecopetrol para “continuar con las inversiones sociales”. Por su parte la comunidad elaboró en 2012 un Plan de Desarrollo Integral propio para Jardines de Sucumbíos.

Los habitantes son conscientes de que Ecopetrol lo que quiere “es desocupar el sector para apoderarse de los recursos”, “El gobierno no quiere acabar con la guerrilla, no quiere acabar con la coca, lo que quiere es venir a perforar pozos y por eso manda al Ejército”. Nos dicen: “para qué hacer planes agrícolas en el territorio, lo mejor que pueden hacer es negociar sus tierras y que les den una vivienda en Orito o en Ipiales”.

Los tres pozos en funcionamiento tienen una producción cercana a los 230 barriles diarios, pero los planes de la compañía pasan por la exploración de 62 puntos más con lo que la producción podría llegar a los 1.500 barriles al día. Pero visto el coste social de estos 230 barriles, la pregunta es ¿cuánta sangre más será necesaria para que Ecopetrol pueda llevarse los 1.500 barriles diarios de petróleo?

La presencia Batallón Especial Energético Vial no ha respondido al interés general, no ha protegido a la población civil, sino que por el contrario la ha estigmatizado, la ha hostigado, la ha utilizado como escudo humano e incluso ha asesinado a varios de sus miembros. Ha seguido provocando desplazamiento forzado. Ha actuado en favor de la seguridad privada y de los intereses privados de Ecopetrol.

Una versión más amplia de este trabajo puede consultarse en SANGRE Y PETROLEO: Ecopetrol en Jardines de Sucumbíos

 

Hay 1 Comentarios

Es muy penoso ver que en estos tiempos aún hay derramamiento de sangre de gente inocente, gracias a la fuerza militar que en muchos de los casos es autoritaria. Gracias a Dios las cosas en Colombia han cambiado en los últimos tiempos.

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Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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