Adiós a las armas para cometer atrocidades

Alberto Estévez, coordinó el trabajo de lobby de Amnistía Internacional (AI) en las negociaciones del TCA

Asamblea General de las Naciones Unidas, el día de la votación del Tratado sobre Comercio de Armas, el 2 de abril de 2013 en Nueva York (Foto: Reuters)

De niño, unas Navidades Papá Noel me regaló un traje de vaquero con dos pistolas de juguete que hacían un ruido terrible. En aquel momento me parecía el mejor regalo posible (en cuestión de ropa y bicicletas, me tocaba heredar las de mis tres hermanos mayores). Ni me imaginaba que años después participaría en las negociaciones del primer tratado que regula el comercio de armas y que entrará en vigor el día de Nochebuena. A partir del 24 de diciembre, los países que han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) deben cumplir las obligaciones que establece ese tratado, que tiene un objetivo muy claro: evitar que las armas se utilicen para cometer atrocidades, tal como explica este programa de En Portada.

Estas Navidades, la humanidad recibirá el mejor regalo posible, que pidió dos veces sin éxito a Papá Noel en el siglo pasado. La tenacidad de Brian Wood, que concibió la idea del Tratado hace más de 20 años y encarna el esfuerzo sin precedentes de movilización de Amnistía Internacional en alianza con ONG de todo el mundo, prueba que las cosas sí se pueden cambiar. ¿La receta mágica? Mucha constancia, creatividad, capacidad de investigación para destapar trapos sucios junto a rigor y conocimiento del tema para proponer soluciones.

En un post anterior analizamos qué supone el tratado y cómo funcionará. Se trata del primer instrumento internacional legalmente vinculante que regula las transferencias internacionales de armas y municiones. El TCA tiene tres “patas”:

i) Establece una “Regla de Oro” que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. También obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de exportar armas, municiones o componentes a donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos como homicidios arbitrarios, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas o torturas. Los gobiernos deben denegar las autorizaciones de exportación de armas si hay un riesgo preponderante de esas graves violaciones que no pueda mitigarse, teniendo en cuenta el riesgo de que se utilicen para cometer actos graves de violencia de género, violencia contra las mujeres y los niños.

ii) Se aplica a una serie de armas convencionales, desde los barcos de guerra y aviones militares a las pistolas y lanzagranadas, (pero no al material antidisturbios), y una serie de operaciones, aunque no controla las actividades de financiación y transporte. Lo bueno es que el tratado, imperfecto como todo producto de una negociación multilateral, se puede modificar a partir de 2020.

iii) Establece mecanismos de aplicación, como la obligación de regular las  importaciones, de crear un sistema nacional de control, medidas para evitar el desvío de armas convencionales, la presentación de informes anuales sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas y medidas de cooperación y asistencia internacional como la gestión de stocks, programas de desarme, desmovilización y reintegración, legislación modelo y prácticas de aplicación.

El TCA no prevé un mecanismo sancionador para quien viole sus disposiciones, pero en las reuniones periódicas del tratado los Estados quedarán expuestos a la crítica pública y, si surgen controversias sobre la interpretación o aplicación del TCA, deben negociar para solucionarlas.

Sin embargo, lo que supone realmente el TCA es un nuevo enfoque preventivo en el comercio de armas. En la década de los 90 asistimos, con rabia e impotencia, a matanzas en Ruanda, Sierra Leona, Liberia o la República Democrática del Congo (RDC) cometidas con armas europeas, chinas, rusas o estadounidenses. Durante las negociaciones del TCA Mujahid Alam, ex militar pakistaní que sirvió en los cascos azules de la ONU y participó en la delegación de Amnistía en Nueva York, explicaba a la delegación china el terrible impacto de las armas chinas en la RDC y Sudán. El mundo clamaba por otro enfoque, otra forma de enfrentarse a las atrocidades masivas más allá de mecanismos retrospectivos como los tribunales penales. Lo que movió a muchas personas en todo el mundo a apoyar el TCA fue la esperanza de que fuera ese marco regulador del comercio de armas que garantizase que le podríamos decir adiós a las armas para cometer delitos de derecho internacional como los ocurridos en Sierra Leona o Ruanda.

El TCA no es una panacea, pero su consecución es un elemento fundamental de la solución. Representa un cambio de paradigma y un instrumento para reducir el número de atrocidades que se cometen con armas. En palabras de la abogada internacional Clare da Silva, asesora legal de AI en las negociaciones: «[El Tratado] supone un cambio de orientación, pasar del enjuiciamiento retroactivo de personas a la posible prevención a la que está obligado el Estado y a una mayor atención a los factores estructurales que contribuyen a los conflictos armados y abusos contra los derechos humanos. Este cambio sólo puede contribuir a hacer que la vida de millones de personas sea más segura».

Lo realmente innovador del tratado es que los gobiernos, antes de autorizar una exportación de armas, deben ponderar los diversos riesgos que consideren que contribuyen o menoscaben la paz y la seguridad y evaluar el riesgo de que las armas puedan utilizarse para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, o de un acto que constituya un delito de terrorismo o de delincuencia organizada internacional en virtud del derecho internacional. Tras ese análisis, si existe un riesgo preponderante de que las armas sean empleadas para cometer atrocidades, la exportación no se podrá autorizar.

Además de su universalización y aplicación, la prueba del algodón para el TCA es cómo se enfrentan ahora los gobiernos a casos como los envíos de armas previstos de Estados Unidos – que ha firmado pero no ratificado el TCA- a Irak, donde AI ha documentado graves abusos contra los derechos humanos en los últimos meses; un envío masivo de armas y municiones de China –que se espera firme en breve el TCA- al conflictivo Sudán del Sur, donde se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; o los diversos países, incluida España, que suministran armas pequeñas y armas ligeras a Honduras, país que, según datos de la  ONU, presenta el índice de homicidios más alto del mundo. Esa es la prueba de fuego.

Comments

[Publicado por: alba]

Muy buena noticia para los que se quedan con las armas y para los que nos quedamos sin ellas.