Medidas de (des)confianza en la República Centroafricana

Por: | 09 de diciembre de 2014

Albert Caramés, investigador asociado al Groupe de Recherche et d’Information pour la Paix (GRIP)

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Bangui / Boris Matous

Un grupo de ex combatientes confinados en una caserna militar de la ciudad amenazan con detonar los explosivos almacenados si no reciben unas condiciones de retorno dignas a sus lugares de origen. No, no se trata del argumento de una película de acción. Es la última de las controversias que Bangui, la capital de la República Centroafricana, ha sufrido este mes noviembre. Dicha disputa, que podría tener un balance desastroso, es un claro ejemplo del incumplimiento del “Acuerdo de Cese de Hostilidades” de Brazzaville (República del Congo) firmados en julio de 2014. Más concretamente, este acuerdo insta al cese de hostilidades de las partes firmantes, la reconciliación entre las mismas o la reinserción de los ex combatientes, entre otros aspectos.

Además, este acuerdo presentaba todos los puntos pactados de forma muy abstracta, por lo que desde la comunidad internacional, también de manera poco concisa, apeló a la creación de “medidas de confianza” para su cumplimiento. El escenario para crearlos debe ponerse en entredicho por diversos motivos, principalmente por las constantes sospechas de falta de voluntad política de las partes firmantes. Para empezar, al Gobierno de transición se le acusa de no saber responder a las necesidades del país en este momento, incluso con acusaciones de falta de liderazgo. Para ilustrarlo, no hay nada mejor que la foto de la presidenta, Catherine Samba Panza, esperando en el vestíbulo a que la reunión de la Unión Africana sobre la propia RCA terminara.

Por otra parte, la comunidad internacional, guste o no, juega un papel preponderante. Ésta no está contribuyendo a la estabilización de la seguridad en Bangui, tal y como se demuestra en las dos oleadas de violencia que ha sufrido en el último trimestre. La falta de adaptación y comprensión del contexto -con la esperanza inicial a hacer frente a la situación más rápido de lo que está sucediendo en realidad- y la falta de visión común e intereses contrapuestos de los distintos actores externos presentes encabezados (oh sorpresa) por la ex metrópoli Francia, cuya principal prioridad es la celebración de elecciones en 2015, y a pesar de los muchos retos de seguridad que el país debe hacer frente todavía.
Algo similar se podría decir de los principales grupos armados. Por lo que respecta a la coalición Séléka - perpetradora del golpe de estado en marzo de 2013 y de cuya una de sus facciones protagoniza la amenaza citada al principio - estuvo representada en Brazaville por un antiguo ministro del periodo Séléka, pero que parece haber perdido una clara ascendencia respecto a las otras facciones, de etnia distinta, cuyos cuarteles generales se sitúan en el centro-este del país. Finalmente, en el seno de las milicias anti-Balaka –responsables de los ataques en Bangui en diciembre de 2013– son muchas las personas que se proclaman como líderes de la milicia y pocas las que podrían explicar una estructura más cercana a una agrupación de grupos de autodefensa de la misma procedencia geográfica y étnica.

Ambos bandos parecen más posicionados que nunca y dispuestos a nuevas ofensivas, las cuales se pretenden mitigar con las ya mencionadas medidas. Respecto a éstas, uno de los aspectos de mayor preocupación es la estabilización en Bangui. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no se está realizando un desarme de las zonas de mayor tensión, sino que el objetivo es controlar los stocks de armamento existentes. Por el momento, la existencia de una alternativa plausible para que el arma no sea vista como la principal herramienta de supervivencia parece situarse muy lejos. Así, esta aproximación no hace más que acrecentar las acusaciones de inacción del gobierno de transición y de la comunidad internacional.

IMG_5923Aeropuerto de Bangui / Boris Matous

A día de hoy, no hay mejor indicador para valorar la confianza que la situación que vive la población. Informes como los de Amnistía Internacional muestran como, si ya Bangui se muestra profundamente inestable, la impunidad y las numerosas violaciones de los derechos humanos son aspectos desgraciadamente recurrentes en el resto del país. En definitiva, parece acertado priorizar la lucha contra la impunidad, tal y como lo denunciaba Human Rights Watch. Sin embargo, las formas y el proceso con las que se está intentando construir las medidas de confianza para cumplir el acuerdo del cese de hostilidades no parecen augurar futuro esperanzador para el fin de la violencia ni, mucho menos, a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas a mediados de 2015. En todo caso, y a la espera que el Foro de Bangui –previsto para el mes de enero –aúne de nuevo todas las partes firmantes, a día de hoy sería más apropiado hablar de la perpetuación de medidas de desconfianza.

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Africa, corrupción, todo igual, el rico más rico, los pobres más pobres, y todo permitido desde las grandes potencias, dependiendo de intereses, así funciona este mundo

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Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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