La confluencia de la igualdad de género, la paz y el desarrollo sostenible en 2015

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau

Grupo de Madres del distrito de Arghakhanchi en Nepal / ECP

Las agendas internacionales sobre igualdad de género, paz y desarrollo han transcurrido históricamente por vías paralelas, con algunos puntos de encuentro, pero sin que la necesaria confluencia haya tenido la fuerza que requeriría. El año 2015 puede ser un momento importante para que estos tres ámbitos logren un escenario en el que fortalecerse mutuamente y evidenciar que la interdependencia de las agendas es una oportunidad para alcanzar logros mayores y más sostenibles. El año 2015 es la fecha establecida por Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se cumplen 20 años de la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Estos tres instrumentos serán objeto de revisión durante 2015. Esta coincidencia en el tiempo que puede tener una importante trascendencia para dar un nuevo impulso a la agenda de género en un contexto internacional en el que los derechos de las mujeres se ven gravemente amenazados por diferentes factores como la crisis financiera internacional o un mayor conservadurismo por parte de numerosos gobiernos que pretenden la reforma regresiva de compromisos internacionales con la equidad ya adquiridos, en detrimento de las mujeres.

Gracias al fuerte impulso por parte de las organizaciones de mujeres, la agenda internacional para la equidad de género ha experimentado importantes avances desde el año 1995, cuando la conferencia de Beijing supuso un punto de inflexión al unir a decenas de miles de mujeres de todo el mundo, en un impulso sin precedentes para el movimiento de mujeres y un trampolín para el trabajo por la equidad de género a escala internacional. En el año 2000 Naciones Unidas, en el marco de la Cumbre del Milenio, adoptó los ODM, entre los que se incluían dos objetivos explícitamente de género: 1) promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer y 2) mejorar la salud materna. Además, se incluyeron otros objetivos que en su desarrollo incluían cuestiones de género, como por ejemplo el de la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. En paralelo, en el año 2000 la agenda por la paz y la seguridad internacional también iniciaba el proceso de integración de la perspectiva de género a través de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU era escenario de un debate sobre el impacto de los conflictos armados en las mujeres y las niñas y el papel que las mujeres juegan en la construcción de la paz a nivel local e internacional.

Durante 2015 se llevará a cabo un proceso de revisión de estos tres procesos destinados, en primer lugar, a evaluar la implementación de los ODM, la Plataforma de Acción de Beijing y la resolución 1325, y en segundo lugar a mejorar esta implementación, en algunos casos con la aprobación de nuevos instrumentos, como los nuevos objetivos que sustituirán a los ODM. Las organizaciones de mujeres han reclamado que esta nueva agenda para el desarrollo incluya en mayor medida la equidad de género –cuya integración en los ODM fue muy débil– y que además se produzca una mayor integración de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, argumentando que la paz y la seguridad son condiciones necesarias e imprescindibles para el desarrollo, y que éste no puede lograrse sin la igualdad de género.

Las propuestas oficiales para una nueva agenda de desarrollo post 2015 contemplan la creación de un objetivo en sí mismo sobre igualdad entre los géneros, el empoderamiento de la mujer y los derechos humanos de mujeres y niñas de carácter mucho más ambicioso que el que se incluía en los ODM. Las nuevas propuestas contemplan que para lograr la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas debe eliminarse la discriminación y todas las formas de violencia contra éstas, además de producirse la erradicación de prácticas dañinas como el matrimonio infantil, reconocer el derecho de las mujeres a la posesión de tierras y garantizar la participación igual y efectiva en la vida política, económica y pública. Además, se incluye el acceso universal a la salud y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, además de la reducción en la mortalidad materna. También se hace  una referencia explícita al trabajo no remunerado del cuidado y el trabajo doméstico. A pesar de las reticencias de muchos Estados, algunas propuestas de las organizaciones de mujeres finalmente han logrado penetrar en los documentos oficiales, en consonancia con todos los compromisos internacionales que hasta el momento se han gestado para promover la equidad de género. En paralelo, también puede considerarse un avance positivo que se contemple como objetivo promover o garantizar sociedades pacíficas, inclusivas y estables.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y específicamente las organizaciones de mujeres, han apuntado también a las carencias de las propuestas y la necesidad de que sean mucho más ambiciosas: no se pone  en cuestión de manera sustantiva el actual modelo económico neoliberal y las políticas macroeconómicas que se hallan detrás de buena parte de las profundas desigualdades, la pobreza –incluyendo su feminización y su transferencia intergeneracional– así como de la perpetuación de algunos conflictos armados. No se aborda el grave impacto de la crisis financiera y económica ni las nefastas consecuencias que las políticas de austeridad están teniendo sobre el bienestar de la población mundial, y en particular sobre las mujeres. Además, se pone un gran énfasis en el papel de los actores privados en el desarrollo sin aludir a su responsabilidad directa en las difíciles e injustas condiciones de vida de buena parte de la población mundial.

Con respecto a la inclusión de la paz y la seguridad en la agenda sobre desarrollo, hay algunas carencias importantes desde una perspectiva de género, ya que se habrían dejado fuera aspectos cruciales como el desarme y la desmilitarización, así como indicadores para medir el impacto de la violencia más sensibles al género. Por ejemplo, se propone medir la consecución del objetivo de sociedades pacíficas a partir de las muertes violentas, dejando fuera otros impactos que afectan más específicamente a las mujeres, como la violencia sexual o el desplazamiento forzado de población. En paralelo, existe el riesgo añadido de aprobación de documentos ambiciosos con objetivos exhaustivos que tengan una buena acogida por la sociedad civil, pero que posteriormente no sean implementados por los Gobiernos.

Para la revisión de la resolución 1325 y de la Plataforma de Acción de Beijing, está previsto un estudio global sobre la implementación de la resolución que estará coordinado por Radhika Coomaraswamy, antigua relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y que cuenta con el asesoramiento de un grupo de personas expertas de la sociedad civil, Naciones Unidas y otros ámbitos. En el caso de la Plataforma de Acción de Beijing, durante el 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se revisará esta implementación. Tristemente, la opción una nueva Conferencia mundial sobre las mujeres parece haber sido descartada entre otros motivos, para no abrir la puerta a la aprobación de documentos que supongan un retroceso con respecto a avances anteriores, dada la posición en este sentido de un núcleo de Estados.

La confluencia de estos tres procesos representa una oportunidad importante para avanzar hacia un compromiso mucho más firme y sustantivo con un desarrollo sostenible genuino en el que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas sean una de las piedras angulares, también para la construcción de la paz. Naciones Unidas y los diferentes Estados tienen la oportunidad de demostrar que los instrumentos internacionales no son solo papel mojado, sino que constituyen verdaderas plataformas desde las que promover cambios genuinos. El año 2015 será un año de revisión, y podría convertirse también en un año de avances importantes si la sociedad civil es capaz de articular con fuerza sus exigencias y los Estados mantienen sus compromisos para que no se abra la puerta a retrocesos que tendrían nefastas consecuencias para las vidas de las mujeres y las niñas.

El gasto militar agudiza la crisis en España

                                           Eurofighter EF-2000/Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Hay quien dice que la crisis ya se ha acabado. No hace falta recordar quién lo dice y quien no. Y puede ser verdad. Depende de para quién. Incluso hay quien puede afirmar que nunca ha habido crisis, ya que los millonarios han aumentado en número y en patrimonio durante los años de la crisis, ya són más de 400.000 las personas que en España tienen al menos un millón de dólares en su caja A. No sabemnos si también tienen una caja B. Lo que en todo caso nadie puede negar es que la crisis ha venido para quedarse en muchos hogares españoles. Más de la mitad de parados no reciben ninguna prestación, cerca de un millón de hogares no tienen ningún ingreso, quien consigue trabajo debe aceptar contratos a tiempo parcial, en muchos casos de tan solo unos días y con salarios míseros, de nimilieuristas. Ni qué decir del impacto de los históricos recortes del gobierno de Mariano Rajoy en sanidad y educación de 10.000 millones de euros, que han dejado excluidas del sistema sanitario a cientos de miles de personas y deteriorado enormemente la educación pública. La lista de recortes es mucho más larga, para un análisis más exhaustivo pueden dirigirse aquí y coger la calculadora. En caso de hacer tal ejercicio, la cifra que nos aparecerá será enorme, tanto como la destinada a rescatar a los bancos o, como veremos a continuación, al gasto militar.

Porque, en relación a los efectos y consecuencias de la crisis, otro ejercicio que se puede hacer es el de navegar por los presupuestos oficiales del estado y ver de qué manera estos han variado desde 2008. Al hacerlo nos sorprenderá que haya algunos ministerios que no hayan sufrido más que ligeramente los recortes, pese a que la crisis así parece que lo requería. Me refiero al Ministerio de Defensa y, consecuentemente, al gasto militar, que el afán de opacidad del gobierno hace que no se vea reflejado más que en poco más de un tercio en el propio Ministerio de Defensa, escondiendo la mayor parte del gasto militar real en industria, interior, exteriores... En el informe Inercia, despilfarro y engaño en el gasto militar, demostramos que los políticos españoles, aun en tiempos de crisis, han mantenido (y ocultado) un más que elevado gasto militar, al tiempo que recortaban partidas esenciales para el bienestar de sus votantes.

De este modo calculamos la cifra de 130.000 millones de euros, el presupuesto destinado desde que comenzó la crisis en 2008 a mantener las estructuras de carácter militar en España. Es cierto que buena parte de este dinero se dedica a pagar salarios y al mantenimiento o gastos corrientes de las infraestructuras militares. La primera cuestión que aquí nos aparece es si necesitamos recortar, como se ha hecho en otros sectores, también en la estructura militar. Es evidente que la respuesta a tal pregunta será afirmativa siempre que nuestros valores se sitúen en la cultura de paz y negativa en caso contrario. Pero, incluso desde un punto de vista no necesariamente pacifista, imaginémonos que estamos ahora en situación de decidir que hubiéramos hecho con este presupuesto en momentos difíciles, y prestemos atención a partidas que cualquiera puede identificar como fácilmente reducibles en tiempos de crisis.

Gasto español en operaciones militares en el exterior (millones de euros) 

 ¿Qué hubiera decidido usted durante estos años, destinar una buena parte de su presupuesto a pagar aventuras militares en lejanas montañas y en desiertos remotos (5.000 millones), a conceder ayudas y créditos blandos a la I+D militar (7.000 millones), o a realizar inversiones militares y a comprar nuevos armamentos (12.000 millones)? O en cambio hubiera optado por no recortar la sanidad o la educación, dedicar más recursos a ayudas sociales o a prestaciones por desempleo a los hogares que no tienen ningún ingreso, por poner tan solo algunos ejemplos.

Programas especiales de armamento en España (millones de euros) 

Desde el inicio de la crisis en España se han malgastado en gastos militares al menos 24.000 millones de euros y si el cuestionamiento del gasto militar es más profundo, podemos llegar a considerar el desvío de fondos del sector civil al militar, solo en los siete años que llevamos de crisis, en 130.000 millones de euros.

 I+D militar en España (millones de euros)           

Es evidente que las decisiones políticas con respecto al gasto militar en España no han priorizado las necesidades más acuciantes de la sociedad española. Nuestros gobernantes no han optado por eliminar aventuras militares fuera de nuestras fronteras, hacer lo propio con la I+D militar que lo único que genera, además de un enorme gasto para las arcas públicas, es más armas y más destructivas, ni tampoco han optado por dejar de comprar nuevas armas que en la mayoría y en el mejor de los casos no son nunca utilizadas. Sino que han mantenido en líneas generales la senda de presupuestos militares de los años de vacas gordas, como si aquí no hubiera pasado nada.

Pero la cosa es todavía más grave. A este disparatado dispendio militar hay que sumar la deuda existente a día de hoy en el Ministerio de Defensa por la adquisición de armas por valor de 34.000 millones de euros que deben ser recibidas (y pagadas) los próximos años. Pero, por si esto fuera poco, también hay que sumar la promesa de Pedro Morenés de aumentar en 10.000 millones más el dinero público que el gobierno destinará a la adquisición de nuevo armamento. ¿Quién vive aquí por encima de sus posibilidades? Causa temor, por otra parte, la similitud entre la promesa del ministro a la industria militar y el recorte en educación y sanidad decidido en el pasado. ¿Supondrá esto que se podría recuperar el nivel educativo y sanitario públicos perdidos si no compráramos más armas o que habrá que reducirlo en 10.000 millones más?

El gasto militar ha tenido un impacto enórmemente negativo en la crisis española de los últimos años. Decenas de miles de millones de los presupuestos generales del estado han sido destinados a mantener el despilfarro militar, al tiempo que se recortaban los presupuestos de los pilares del estado de bienestar. Lo peor de todo es la tendencia a que el despilfarro militar continue y que al menos 44.000 millones de dinero público vayan a ir a parar a los bolsillos de fabricantes y vendedores de armas y a continuar lastrando el desarrollo de este país. Así como otros 5.000 para misiones militares en el exterior y muy probablemente otros 7.000 millones de euros en I+D militar. Ahora solo podemos pensar en qué hubiéramos podido hacer con los 24.000 millones fácilmente recortables de los presupuestos militares en tiempos de crisis, pero quizá aun estamos a tiempo de decidir qué haremos con los 56 mil millones de euros totalmente prescindibles que pretenden que nos gastemos en armas y guerras durante los próximos años.

Reducción de presupuestos de ministerios 2008-2015

Todos los cuadros y gráficos han sido extraídos del Informe: Inercia, despilfarro y engaño en el gsato militar, de Pere Ortega y Jordi Calvo Rufanges, publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz

Derechos Humanos y Terrorismo: ¿ingenuidad o efectividad?

Prisión de Abu Ghraib, en Irak (Foto: Reuters)

Pasada la tristeza y el impacto por los brutales atentados de París, han aparecido numerosas reflexiones, sobre las causas del terrorismo yihadista, las consecuencias sobre la política internacional y las políticas para hacerle frente.

Pese a que se considera que no se debe legislar a golpe de impacto emocional, menos de una semana después de los ataques, en Francia, Gran Bretaña, España, etcétera. ya se habla de hacer reformas legislativas para ser eficaces en la lucha antiterrorista. Y, ante algunas propuestas aparecidas, se ha reabierto el debate sobre si una política más orientada a la seguridad puede conllevar recortes en el ámbito de los derechos humanos y el espacio de libertades. Un debate interesante, y necesario, para evaluar la calidad de los sistemas democráticos.

Sin embargo, me doy cuenta que muchos de los que defienden incrementar la seguridad por encima de la libertad y una parte importante de los que defienden preservar la libertad frente a la seguridad terminan por coincidir en la premisa de que los dos conceptos son imposibles de conciliar. Entre los primeros, se destaca que a fin de evitar situaciones como las vividas en París hay que resignarse a perder espacios de libertad. Que, para garantizarnos la seguridad, el Estado debe tener capacidad para, por ejemplo, intervenir nuestras comunicaciones, adoptar decisiones más expeditivas o ser menos estricto en el cumplimiento de la ley. De alguna manera, vienen a decir: no seamos ingenuos, si queremos estar seguros hay que ser menos exigente con los derechos humanos.

En la segunda visión abunda la reflexión sobre cómo, con la excusa de la seguridad, se cercenan derechos y libertades y se suele indicar que los Estados aprovechan estas oportunidades para incrementar su control sobre la ciudadanía, no siempre para buenas causas. Y algunos terminan por decir algo así como: prefiero renunciar a algo de seguridad para preservar el espacio de democracia, libertad y derechos humanos que hemos conseguido.

Comparto este análisis crítico, pero con un matiz muy importante.

Muchas de las medidas que postulan dar prioridad a la seguridad por encima de la libertad, está claro que cercenan la libertad pero no está nada claro que garanticen la seguridad.

Libia, ante el abismo de la violencia y la fragmentación

Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Las perspectivas de un diálogo para buscar una salida política al conflicto en Libia parecen encallarse. La segunda ronda de conversaciones auspiciada por la ONU, prevista para diciembre de 2014 y luego para el 5 de enero, fue postergada una vez más –sine die–, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis desde los cruentos combates que acabaron en el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Tres años después de la caída del longevo dictador libio, la situación se aleja radicalmente de las expectativas de estabilidad, paz y democracia que movilizaron a muchas libias y  libios en el marco de las revueltas. A día de hoy la escena libia se caracteriza por la polarización y fragmentación y por una debilidad institucional reflejada en la configuración de dos gobiernos paralelos, por la intensificación de los enfrentamientos entre numerosos actores armados de diverso signo, por la prevalencia de todo tipo de tráficos ilícitos, por el grave impacto de la violencia en la población civil, y por la proyección en el territorio de rivalidades regionales. Estos factores permiten señalar a Libia como uno de los principales escenarios de riesgo para 2015, más aún teniendo en cuenta que durante 2014 los intentos de promover un cese de las hostilidades fueron infructuosos y que, para prosperar, los esfuerzos de mediación deben sortear serios obstáculos.

Libia - Mohammed el-Sheikhy / AP

Hacer frente a la descontrolada violencia en el país es una tarea compleja debido a la masiva disponibilidad de armas y a la consolidación de milicias que operan con impunidad. Tras la caída de Gaddafi, las autoridades de la transición no consiguieron el desarme y reintegración de los actores armados y, por el contrario, promovieron un sistema de complejas interconexiones con el Estado. Muchas de las milicias fueron subcontratadas por instancias gubernamentales, lo que derivó en una convivencia entre las fuerzas formales y grupos informales que reivindican legitimidad por su relación con órganos del Estado. Este sistema –descrito por algunos analistas como un orden de seguridad híbrido–, ha supuesto que en algunas zonas las milicias hayan operado de manera relativamente efectiva como fuerzas de seguridad, pero en otros muchos casos los grupos armados se han movilizado por sus propias agendas ideológicas y por sus intereses políticos, económicos y criminales. Disputas en distintos puntos del país han estado muchas veces motivadas por la competencia por el control de recursos o rutas de tráfico de todo tipo (bienes, personas, armas, drogas), que han proliferado aprovechando las debilidades del Estado central.