La educación militarizada

                                          El Rey preside el desfile militar de 2012 (Reuters/Juan Medina)

La educación es un término que ha dado pie a un sinfín de denominaciones. Hablamos de educación formal e informal, de educación en valores, de educación para la paz o para el desarrollo, hasta hace poco se hablaba de educación para la ciudadanía, y hay quien trabaja para una educación transformadora, como contrapartida a la educación bancaria que definió Paulo Freire, a la que propuso como alternativa la educación popular. Son muchas las formas de educación, pero de entre las que aquí faltan, hay una de la que nadie habla pero que está muy presente, una educación que nos transmite valores, que nos enseña maneras de afrontar la vida y que nos educa ante el conflicto. Una educación que recibimos durante nuestra vida, en casa, en la calle, en las noticias, en la escuela. Es la educación que todo lo impregna y que sin darnos cuenta nos hace hacer las cosas de una manera determinada. Es una educación que proviene de las estructuras creadas en nuestra sociedad para gobernar nuestras vidas, pero también proviene de nuestra cultura, que es causa y consecuencia de nuestra educación.

La educación a la que me refiero nos enseña lo que está bien y lo que está mal, nuestros deberes y nuestros derechos, pero también nos enseña quién está arriba y quién está abajo, quien puede decidir y quién debe obedecer, quien tiene las de ganar y quien tiene las de perder. Es la educación de las cosas son así y no serás tú quien las va a cambiar, es la educación de la necesidad de la fuerza para sobrevivir en este mundo hostil, es la educación de prepararse para lo peor, de defenderse de las agresiones, vigilar y estar alerta de los riesgos y peligros de estar vivos.

Es también la educación de crecer, de subir, de ganar, de tener, de acaparar, de sumar, de triunfar y de luchar con el alma si es necesario para conseguir nuestros objetivos. Asimismo esta educación de la que hablo es la educación de la norma, de las reglas, del respeto de lo establecido, de las cosas se hacen así porque siempre ha sido así, y no serás tú quien ahora vendrá y lo cambiará todo. Es la educación del statu quo, de ir haciendo, de la aceptación de las injusticias, de la resignación ante la violencia. Es la educación del miedo, del no levantes demasiado la voz, del no te signifiques políticamente, del no cuestiones las cosas, del no contestes a tus padres, del no, no, no a todo excepto a lo que te toca hacer por quien eres, por tu apellido, por tu estatus, por tu nacionalidad, por tu físico, por tu barrio, por tu sexo. Es la educación de aquí se hace lo que digo yo, y del calla, que aún será peor... Es la educación patriarcal, machista, violenta contra la mujer, o mejor dicho, contra el que no sea un hombre fuerte , viril, macho alfa dominante.

Esta educación no está necesariamente planificada en los currículos escolares, ni en las guías didácticas. Esta educación emana en nuestros actos, en nuestras palabras, nuestros escritos, no importa que seamos maestras, madres o padres, amigos o amigas. Pero que se manifieste con naturalidad y sin premeditación no significa que no esté de alguna manera planificada y promovida.

Esta educación que nos enseña a vivir en un marco jerárquico, donde se debe obedecer al superior, donde se deben cumplir las normas sin lugar a la disensión, donde se tiene que seguir la senda marcada por la sociedad, donde tenemos que competir para ganar, donde tenemos que conseguir nuestros objetivos por encima de la importancia de la relación con los demás ... esta educación es la que podríamos denominar como educación militarizada. Es decir, aquella basada en los principios militares, en el ejemplo de la vida militar y en la manera de hacer de los militares para conseguir sus objetivos.

Esta educación se promueve a través de la existencia de una estructura militar, que recibe un trato prioritario por parte del Estado. Una estructura militar que recibe privilegios y que tiene el poder de cambiar el signo de un país o de no permitir que esto ocurra sólo con el uso de las armas, o la amenaza y posibilidad de hacerlo.

Pero la educación militar no se limita a los valores y modos de hacer de los militares, sino a su componente armada y violenta para hacer frente a los conflictos. La respuesta violenta es la razón de ser de la lógica militar, y ésta se hace principalmente con armas. Si bien no siempre se deben utilizar para conseguir sus objetivos, con la amenaza del uso de las armas tienen suficiente. La amenaza nuclear y la barbarie a la que ésta nos ha llevado es un buen ejemplo.

La educación militarizada acepta, pues, el uso de la violencia, incluso extrema y, como podemos ver en infinidad de videojuegos y películas de guerra, quien gana es quien mata, masacra y destruye a los demás. No les falta razón a los militares, la mejor manera de acabar con un conflicto es eliminar al otro y a cualquiera que pueda apoyarlo.

Es por todo ello que tenemos la obligación de cambiar esta educación, empezando por identificar que en buena parte es militarizada. Es por eso que debemos mantener nuestros jóvenes bien lejos de la educación y cultura militares. No es fácil, un año más el ejército estará presente en el Salón de la enseñanza de Barcelona. En un mar de opciones transformadoras, ciudadanas, de paz y desarrollo, el ejército ofrece a chicos la opción de alistarse en las fuerzas armadas, con engañosos argumentos de aventuras y ayudas humanitarias.

Los ejércitos sirven para hacer la guerra, las armas sirven para matar. No militaricemos más ni de una forma tan descarada la educación, hay mucho que hacer para construir un mundo mejor, demasiadas guerras que dejar de hacer y la militarización de la educación no nos ayudará a conseguir la paz de verdad.

Violencia sexual, conflictos armados y teléfonos móviles

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau

Durante estos días Barcelona se ha convertido en la capital de la tecnología móvil con la celebración del Mobile World Congress. Miles de personas visitarán la ciudad para conocer las últimas innovaciones en una industria que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones a cualquier escala, incluida la personal. Los teléfonos móviles nos acercan, nos permiten comunicarnos de manera instantánea, hacer frente a emergencias de forma rápida, difundir imágenes, convertirnos en periodistas por un breve instante aunque nos dediquemos a ocupaciones que nada tengan que ver con la comunicación. Sin duda han supuesto un avance de dimensiones planetarias y han impregnado nuestras vidas de tal manera que nos costaría imaginarnos sin su constante presencia. Pero como cualquier avance tecnológico o de otro tipo, tiene un coste social que no deberíamos ignorar y que en el caso de la telefonía móvil impacta directamente en los cuerpos y vidas de centenares de miles de mujeres y niñas congoleñas. Para conseguir los minerales que permiten su fabricación –especialmente el coltán– miles de vidas humanas están siendo sacrificadas en África, fundamentalmente en la República Democrática del Congo (RDC).   La extracción de los minerales imprescindibles para la tecnología de las comunicaciones alimenta y sostiene el conflicto armado que afecta a la región oriental de este país. Los recursos naturales no son el único elemento que explica que la guerra en RDC se prolongue durante tantos años, pero son un factor importante que en ningún caso debe ser obviado.

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Y dentro de esta economía de la guerra, la violencia sexual contra las mujeres congoleñas es un aspecto crucial que no debe ni puede ser ignorado. La violencia sexual en el conflicto armado en RDC no tiene un carácter aislado, puntual u oportunista únicamente. La violencia sexual forma parte de un amplio repertorio de gravísimas violaciones de los derechos humanos que permiten garantizar el control sobre la población que vive en las zonas ricas en minerales. La violencia sexual es una de las principales causas del desplazamiento forzado de poblaciones, lo que sin duda facilita el acceso de las multinacionales de la tecnología móvil a los recursos mineros a un coste económico mucho más reducido, lo que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. La violencia sexual facilita la explotación laboral de las personas que trabajan en las minas de las que se extraen el coltán y otros minerales. Así pues, desde que los minerales son extraídos en las minas de RDC hasta que los móviles están en funcionamiento en nuestras manos, muchas mujeres y niñas (y en menor proporción hombres y niños) han sido violadas o han sufrido otras formas de violencia y explotación sexual.

La economía política global de la guerra se beneficia de un sistema capitalista patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres son utilizados para beneficio de una multiplicidad de actores que van desde las milicias y las empresas locales hasta las grandes corporaciones internacionales que en estos días se reúnen en Barcelona. La violencia sexual que tiene lugar en los conflictos armados es un fenómeno de una enorme complejidad y no debe ser entendida únicamente en términos de beneficio económico. No son solo los actores armados los que utilizan la violencia sexual como una estrategia y un arma de guerra. También la población civil y los actores humanitarios presentes en el país están detrás de muchos actos de violencia sexual. Pero esta complejidad no puede hacernos ignorar el hecho de que en la larga y compleja cadena de producción de los teléfonos móviles y otros productos tecnológicos la violencia sexual está presente de diferentes maneras. Aunque precisar cifras sobre el impacto de la violencia sexual es enormemente difícil, Naciones Unidas estimó en 2013 que desde 1998 al menos 200.000 mujeres habían sido violadas, cifra que podría quedarse corta. Y las economías ilícitas que florecen y se expanden al calor de las guerras no están desligadas de la mercantilización y la explotación de los cuerpos de las mujeres, que pueden verse forzadas a recurrir al sexo para garantizar su supervivencia o la de las personas que dependen de ellas o pueden ser víctimas directamente de la violencia sexual por parte de quienes obtienen pingües beneficios de la explotación ilegal de los recursos naturales.

La violencia sexual no es un elemento inevitable de los conflictos armados. Autoras como Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Greeen y Elisabeth Jean Wood han destacado en diferentes estudios que los niveles de violencia sexual varían considerablemente de unos conflictos a otros y que también pueden encontrarse importantes variaciones entre los distintos actores armados que participan en las guerras. Así pues, existe la posibilidad de incidir sobre los factores que llevan a la violencia sexual en los conflictos para que ésta no tenga lugar. En el mes de junio de 2014, 155 países, entre ellos España, adoptaron una declaración de compromiso para poner fin a la violencia sexual en los conflictos armados. La declaración compromete a los Gobiernos que se han adherido a ella a no permitir que continúe la violencia sexual en los conflictos. Sin embargo los Gobiernos siguen sin exigir a las empresas que certifiquen la procedencia de los recursos naturales para garantizar que para su obtención no se ha hecho uso de violencia sexual, ni se han cometido otras graves violaciones de los derechos humanos. El Mobile World Congress es un ejemplo más de la falta de compromiso y la irresponsabilidad que ha permitido el impresionante crecimiento de la industria de las comunicaciones. Como nos recordaba la recién galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, Caddy Adzuba, para las mujeres de RDC el precio sigue siendo demasiado alto.

Las otras capitales del Congreso Mundial de los Móviles

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Del 2 al 5 de marzo, Barcelona vuelve a acoger el Congreso Mundial de los Móviles (MWC, por sus siglas en inglés). Este año se cumple el 10º aniversario de la llegada de este evento a Barcelona, convertida durante unos días en la capital mundial de la telefonía móvil. Las cifras de este evento cada año son más abrumadoras, y se repiten como un mantra que parece imposible cuestionar. Se espera que este año se superen las cifras del 2014, alcanzando los 90.000 asistentes, más de 4.500 altos directivos (CEO, en la jerga anglosajona) de las principales multinacionales del sector, 4.000 periodistas, analistas y delegaciones gubernamentales de decenas de países, según ha destacado el consejero delegado del consorcio de las multinacionales de telefonía móvil (GSMA), John Hoffman, responsable de la organización de este evento.

No obstante, pocos de los asistentes al MWC que empieza hoy se preguntan por las repercusiones que la industria de la telefonía móvil tiene en todo el mundo, más allá de los aspectos meramente comunicativos y los beneficios económicos que genera –pastel que mueve alrededor del 2% del PIB mundial, un billón de euros, cifra cercana a la de otro sector industrial global, el armamentístico, ambos en permanente crecimiento– y en especial pocos se plantean los vínculos entre este sector y las graves violaciones de los derechos humanos, la explotación laboral en régimen de semiesclavitud y la retroalimentación de la guerra que padece el este de la República Democrática del Congo (RDC).

La otra capital mundial del móvil se sitúa en Goma, epicentro de una guerra ha causado desde mediados de los años 90 alrededor de 5 millones de víctimas mortales del conflicto, y 2,8 millones de personas siguen desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad que persiste en la zona este del país y casi otro medio millón se encuentra en los países vecinos. La explotación de los minerales presentes en esta región (coltán, estaño, tugsteno y oro, también conocidos por sus iniciales en inglés, los 3TG, que en 2013 representaban 123.000 millones de euros en el comercio global) son imprescindibles para la fabricación de los condensadores de la industria del móvil y toda una amplia gama de productos de alta tecnología.

Sin embargo, este negocio ha contribuido a crear una economía de guerra y a beneficiar a los actores que participan en ella –el propio Ejército congolés, los grupos armados y a los países de la región, en especial a Rwanda y Uganda. Este saqueo, calificado ya en abril de 2001 de sistemático y sistémico por Naciones Unidas, tiene ramificaciones por todo el mundo. El Gobierno congolés es incapaz de resolver las causas de fondo de un conflicto cada vez más olvidado que sigue sufriendo el este del país –cuando no ha sido el responsable de su continuidad– y ha fracasado al intentar extender el control del Estado en todo el territorio. La situación es compleja debido a las raíces históricas y culturales del conflicto, la multiplicidad de actores involucrados y de las múltiples dimensiones del conflicto a nivel local, regional e internacional, vinculadas no sólo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas de poder, donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental.

Las otras capitales mundiales del móvil tienen un elemento en común con RDC: la explotación laboral y las violaciones de los derechos humanos. Muchas multinacionales de la telefonía móvil tienen sus factorías en Shenzen y en Zhengzhou (China), tal y como incluso reconoce Fairphone, uno de los pocos proyectos que en la actualidad pretende ofrecer al consumidor una alternativa transparente y ética en toda la cadena de producción. No obstante, tras una importante campaña de lobby en la capital mundial de facto de la telefonía móvil, en julio de 2010 el Gobierno estadounidense llevó a cabo una ley de reforma financiera en el marco de la crisis económica, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, de la que la Sección 1502 señalaba que el regulador económico de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), obligaba a las empresas norteamericanas a realizar un informe anual relativo a su cadena de suministro de minerales, las medidas adoptadas para determinar su origen y garantías de que no contribuyen a la financiación de las insurgencias.

Esta legislación entró en vigor a mediados de 2014, y las multinacionales están buscando cualquier excusa para evitar cambios, incluso abandonando a sus suministradores congoleses. En este sentido, existen numerosos límites y efectos no previstos por la regulación de la explotación de los minerales en las zonas de conflicto, tal y como han señalado numerosos expertos, como la caída de la producción, la consiguiente reducción de puestos de trabajo y de las economías vinculadas a la producción artesanal, y la militarización de la economía por la fuerte presencia del Ejército (con las mismas consecuencias vinculadas a corrupción, clientelismo y explotación). Ciertamente, el control de la procedencia de los minerales es un paso imprescindible, pero no el único. El enfoque debe ser integral y multidimensional, al existir en paralelo otras causas y dinámicas locales y regionales vinculadas a la propiedad de la tierra y la identidad en la raíz del conflicto, y sobre todo, a la ausencia de gobernanza. Sin olvidar el papel de Rwanda. Pero la ciudadanía tiene un papel muy relevante, como consumidora que debe exigir un compromiso ético a las multinacionales para que resuelvan su parte en el complejo conflicto.

Población desplazada en Kivu Norte / JMR

En la otra capital de la telefonía móvil, Bruselas, se está actualmente elaborando una regulación que también pretende establecer un mecanismo de certificación responsable de los minerales procedentes de las zonas de conflicto. La UE representa una cuarta parte del comercio de los minerales 3TG, y actualmente es el segundo importador mundial de móviles y laptops, por lo que su responsabilidad y capacidad de influencia en este sector no es menor. No obstante, la actual orientación de la UE al servicio de los intereses de las grandes corporaciones económicas en detrimento del 99% de la población, difícilmente se va a establecer una regulación que exija responsabilidades a estas multinacionales, y parece que las medidas que se están discutiendo en la Comisión Europea en la actualidad van en la línea de las recomendaciones voluntarias planteadas en el 2010 por la OCDE que pocas empresas han hecho suyas y nulos cambios han provocado. En paralelo, está por ver cómo pueden afectar las negociaciones en ciernes entre la UE y EEUU relativas al Tratado de Comercio e Inversiones (TTIP) respecto a esta cuestión, ya que por el momento no auguran nada positivo.

Ciertamente, la respuesta se sitúa en diversos niveles y capitales. Pero lo que no puede continuar así es el silencio sobre todas estas cuestiones en el MWC. Conceder el merecido premio Príncipe de Asturias 2014 a la periodista Caddy Adzuba, y el premio Sakharov 2014 al doctor Dennis Mukwege, ambos hartos de denunciar la violencia sexual, la expoliación de los recursos naturales y la persistencia de la guerra en la RDC, no puede ser en balde, tiene que ir vinculado a una coherencia política real sobre el terreno, ya que por ahora la sintonía se encuentra entre las grandes corporaciones y la gobernanza política neoliberal, alianza que la ciudadanía debe dejar de alimentar.