Derecho a saber si hay secretos que matan

Por: | 08 de mayo de 2015

Alberto Estévez, coordinador de la Campaña 'Armas Bajo Control'

Yemen

Bombardeo en Saná, capital de Yemen, este mes de abril. Foto: Khaled Abdullah (Reuters)

725 millones de Euros. O, lo que es lo mismo para la generación de la EGB –entre la que me incluyo-, más de 120 mil millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Es el valor de los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles que España ha vendido desde 2003 a Arabia Saudí. Esa cifra lo convierte en el primer importador de armas “Marca España” en Oriente Próximo.

La pregunta del millón es si Arabia Saudí -y el resto de los países de la coalición que atacó a Yemen, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Bahréin, Qatar, Kuwait, Marruecos y Jordania- usó esas armas en los bombardeos del último mes y medio en Yemen. Según la ONU, esos ataques causaron la muerte de más de 550 civiles, incluidos más de un centenar de niños y niñas. Amnistía Internacional documentó ocho ataques en cinco zonas densamente pobladas en los que murieron al menos 139 personas, incluidos 97 civiles y 33 menores. En varios de ellos parecía haberse hecho caso omiso de las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil. Los bombardeos han destruido o dañado hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, mezquitas, vehículos de transporte de alimentos, fábricas, gasolineras, redes telefónicas, centrales eléctricas y estadios. Miles de personas han quedado sin electricidad, alimentos y combustible. Por eso es necesario investigar estos ataques, para determinar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario. Si es como indican los indicios, habrá que juzgar a los responsables.

“No autorizar la exportación de armas para cometer atrocidades”. Esa es la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por España y que entró en vigor en diciembre de 2014. España fue el primer país en declarar que aplicaría provisionalmente esta norma cuando lo firmó el 3 de junio de 2013, por lo que las exportaciones a la coalición encabezada por Arabia Saudí se regían ya por este principio legalmente vinculante desde entonces. El propio artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas establece que se podrán denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Sin embargo, los datos publicados por el Gobierno español no permiten saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles en los ataques aéreos en Yemen, que se enfrenta a una grave crisis humanitaria con más de 150.000 personas desplazadas internas.

Según el informe ¿Secretos que matan? publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón que analiza las ventas de armas españolas en la primera mitad de 2014, la respuesta a esa pregunta del millón es que la falta de transparencia impide saber si las armas españolas se usan para cometer atrocidades prohibidas por el derecho internacional, como lo que parecen ser ataques indiscriminados en Yemen. Por eso las ONG han pedido al Gobierno que: i) investigue si se han usado armas españolas para matar civiles en el conflicto de Yemen y ii) suspenda las transferencias de armas a todas las partes del conflicto que puedan utilizarse para cometer delitos graves de derecho internacional, como crímenes de guerra.

Pese a los avances en transparencia en los últimos 20 años, sigue sin ser posible saber qué tipo de arma concreta España vende ni la unidad específica de las fuerzas armadas o policiales que usan las armas españolas. Informar, como hace el Gobierno, sobre 22 categorías genéricas amplias de una lista de material de defensa no es suficiente. Por ejemplo, la de “armas de calibre inferior a 20 mm.” incluyefusiles, revólveres, pistolas o ametralladoras y la de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”, botes de humo, minas, cargas de profundidad o granadas. Nada impide dar información más detallada, excepto la falta de voluntad de hacerlo.

Lo único que se requiere para avanzar en la descripción del producto es voluntad política de hacerlo, máxime cuando la transparencia no afecta negativamente a unas cifras de negocio que, entre 2003 y 2013, se multiplicaron por diez hasta alcanzar los 4.000 millones de euros anuales y casi 1.450 millones de Euros en el primer semestre de 2014. Obviamente, a los mercaderes de la muerte les va bien, pues en esta legislatura el Gobierno ha autorizado la exportación de armas por valor de casi de 13.000 millones y realizado exportaciones por más de 6.200 millones. Así, Egipto es el tercer importador de armas españolas en Oriente Próximo, con 277 millones de Euros desde 2003, tras A. Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

¿Se pueden cambiar las cosas? Claro, pero hace falta voluntad política. Aparte de medidas para reforzar la transparencia y el control parlamentario y cumplir la legislación, un aspecto clave es revocar la decisión del Consejo de Ministros de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas, que data del año ¡1987! Esto contribuiría a la rendición de cuentas y, entre otras cosas, a saber exactamente cómo evalúa el Gobierno el riesgo de que, por ejemplo, la munición o las bombas exportadas a Colombia o los vehículos terrenos vendidos a Pakistán en 2014 no se usen para cometer atrocidades en sus respectivos conflictos armados internos. Pero sobre todo ayudaría a reducir las operaciones preocupantes de armas que puedan usarse para violar el derecho internacional. Solo con transparencia plena podremos saber si el Gobierno ha autorizado la venta de armas a Bahréin que hayan sido utilizadas contra manifestantes o la exportación de armas a Egipto que puedan ser utilizadas en la represión de protestas, dos de los diversos casos que las ONG detallan en su informe, porque tenemos derecho a saber, para acabar con los secretos que matan.

Hay 3 Comentarios

Saludos a Lady Maruja por su objetividad. Solo añado que las guerras son fabricadas por hampones que han convertido las matanzas humanas en un gran negocio.La ONU lo sabe, pero guarda un bochornoso silencio, ya que esa Institución es un simple disfraz de las grandes potencias que controlan las manadas del ganado humano.

Vamos a ver...cuál es negocio que mueve más dinero en el mundo? La venta de armas...y nos extrañamos que haya guerras....y encima fabricar armas es legal...Toma ya!!! Será que los que permiten eso piensan que una granada sirve para algo más que para sembrar la muerte y la destrución

Vamos a ver...cuál es negocio que mueve más dinero en el mundo? La venta de armas...y nos extrañamos que haya guerras....y encima fabricar armas es legal...Toma ya!!! Será que los que permiten eso piensan que una granada sirve para algo más que para sembrar la muerte y la destrución

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Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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