Verdad, justicia y reparación: asignatura pendiente de campaña

Las próximas elecciones contribuirán a definir el modelo de ciudad y el alcance de nuevos espacios políticos por parte de la ciudadanía que pueden marcar, desde diferentes perspectivas, el futuro de los próximos procesos electorales que tendrán lugar en el Estado español. No obstante, en esta campaña electoral ha pasado desapercibido un debate que aunque tiene una clarísima dimensión de política de Estado, la inacción estatal ha dejado en manos del ámbito municipal y autonómico el completo protagonismo en torno a esta cuestión, y es donde se han producido mayores avances y a la vez donde se ha percibido una mayor desmemoria. Este debate hace referencia a las medidas para conocer la verdad, promover la justicia y exigir reparaciones relativas al legado de la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura posteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Memorial Democràtic

Las respuestas a esta cuestión en los últimos años se han caracterizado por su fragmentación y por la inexistencia de una política de Estado consistente, incluyente y global, tal y como se encargaba de recordarnos el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en su informe publicado en julio de 2014 tras su visita oficial en enero y febrero de ese mismo año. De Greiff, a pesar de alabar la existencia de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno en el 2007,  destacaba que los mayores vacíos se evidenciaban en materia de verdad y justicia. Además, la inexistencia actual de dotación presupuestaria había dejado inactiva dicha ley.

Existen importantes disparidades relativas al tema entre el nivel autonómico y nacional, lo que provoca una desigual y heterogénea protección de las víctimas, señalaba el informe de la ONU. Muchos municipios y comunidades autónomas siguen viviendo en la desmemoria, aunque también es cierto que se han producido importantes avances en diferentes partes del Estado español. El último de ellos en Andalucía, con el intento de aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ley que finalmente no vio la luz por el avance electoral en esa comunidad pero que el amplio consenso político en torno a la cuestión hace prever que será uno de los primeros pasos del futuro Ejecutivo. Desde 2001 se han llevado a cabo numerosas iniciativas por parte del Gobierno andaluz, por lo que esta Ley situará a Andalucía en la vanguardia de las iniciativas para la recuperación de la memoria histórica, debido a que establece un régimen jurídico para las víctimas del franquismo y llega abrazada a dos claves: que ninguna fosa quede sin abrir y un presupuesto para su desarrollo.

Asimismo, el Relator Especial de la ONU celebró el trabajo realizado en Catalunya, donde este debate también cuenta con un amplísimo consenso social y político. En este sentido,  el Gobierno catalán estableció en octubre de 2007 la Llei del Memorial Democràtic, cuyo desarrollo dio pie a la creación de una institución pública, el Memorial Democràtic, que tiene por misión la recuperación, conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Catalunya (1931-1980) en concreto la Segunda República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil y las víctimas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión a personas y colectivos por parte de la dictadura franquista –incluyendo la lengua y la cultura catalanas–, el exilio y la deportación. De Greiff destacó el mapa de símbolos franquistas y el informe de la comisión asesora del Memorial Democràtic. Este informe fue elaborado por un equipo interuniversitario coordinado por la historiadora Pilar Mateo que, entre 2008 y 2009, inició la investigación y catalogación de los símbolos franquistas de 185 municipios seleccionados según criterios geográficos, demográficos y de interés histórico y en septiembre de 2010 la propia Generalitat de Catalunya ya hizo un catálogo de recomendaciones sobre los símbolos censados. La gran mayoría de ayuntamientos de Catalunya, independientemente del color político que los gobernara, se pusieron en marcha para hacer cumplir las recomendaciones emanadas del estudio, que suponían la retirada de esta simbología y en algunos casos, su traslado a un museo, tal y como también recomendaba la Ley estatal de Memoria Histórica.

No obstante, existe todavía en Catalunya uno de los monumentos dedicados al franquismo más grandes de todo el Estado español tras el Valle de los Caídos, el monumento a la Batalla del Ebro, situado en Tortosa. Se trata de una columna de 25 metros de acero que levantan un soldado y un águila en medio del río Ebro a su paso por la localidad, apoyados en una pilastra que otrora sustentó el puente de la Cinta, volado por el ejército republicano en la primavera de 1938. Sobre este monumento, inaugurado por el mismo Franco en 1966, el estudio elaborado por el mundo universitario catalán y que cuenta con el apoyo de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya señalaba que "Previa negociación de retirada con el titular del monumento, se recomienda al municipio su conservación y señalización".

Ningún alcalde de Tortosa desde la Transición ha querido retirarlo, tal vez considerando que ya formaba parte del paisaje tortosino, aunque significaba un agravio y una herida abierta en la memoria de la Guerra Civil a su paso por nuestras tierras, tal vez por una cierta nostalgia de algunos actores políticos del escenario tortosino del periodo histórico anterior, el franquismo. Sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, y sobre todo a las puertas de las citas electorales, este monumento se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Tortosa es uno de los pocos lugares donde este debate sigue vivo en campaña electoral, justamente, por no haber hecho los debres. El último episodio lo tenemos en los últimos meses, cuando se ha planteado incluso la posibilidad de hacer una consulta en torno a su retirada, propuesta que el consistorio vetó porque no era una prioridad ciudadana. El mundo científico catalán, tres Gobiernos de la Generalitat de Catalunya y la misma ONU avalan el estudio que propone su retirada. No hay discusión en torno a la retirada de éste y de otros símbolos y monumentos en el territorio catalán, como un claro síntoma de normalidad democrática que ya han ido llevando a cabo muchos municipios catalanes, la mayoría. Tortosa, en este punto, hace tiempo que llega tarde. Pero lo que no puede hacer la clase política tortosina es recuperar un debate que Catalunya ya ha superado. No podemos quedarnos atrás de la Catalunya que mira hacia el siglo XXI, y plantear que el problema debe resolverse con una consulta a la ciudadanía, o que no es una prioridad de la ciudadanía por lo que no se debe discutir sobre su retirada. De Greiff celebró los resultados del estudio y de la Llei que le dio origen, recomendando su retirada.

La clase política tortosina y la de tantos otros municipios de la geografía española no pueden pretender dar lecciones al mundo científico ni a la comunidad internacional sobre cómo afrontar la recuperación de la memoria histórica silenciando el pasado o sobre cómo reconciliarse con el pasado manteniendo monumentos que ensalzan a los victimarios de la Guerra Civil y a la barbarie del Franquismo. Ha llegado el momento de que las Tortosas que todavía quedan en el Estado español empiecen a cerrar las heridas de este pasado reciente, y el 24 de mayo se pueden dar los primeros pasos para ello.

 

Derecho a saber si hay secretos que matan

Alberto Estévez, coordinador de la Campaña 'Armas Bajo Control'

Bombardeo en Saná, capital de Yemen, este mes de abril. Foto: Khaled Abdullah (Reuters)

725 millones de Euros. O, lo que es lo mismo para la generación de la EGB –entre la que me incluyo-, más de 120 mil millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Es el valor de los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles que España ha vendido desde 2003 a Arabia Saudí. Esa cifra lo convierte en el primer importador de armas “Marca España” en Oriente Próximo.

La pregunta del millón es si Arabia Saudí -y el resto de los países de la coalición que atacó a Yemen, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Bahréin, Qatar, Kuwait, Marruecos y Jordania- usó esas armas en los bombardeos del último mes y medio en Yemen. Según la ONU, esos ataques causaron la muerte de más de 550 civiles, incluidos más de un centenar de niños y niñas. Amnistía Internacional documentó ocho ataques en cinco zonas densamente pobladas en los que murieron al menos 139 personas, incluidos 97 civiles y 33 menores. En varios de ellos parecía haberse hecho caso omiso de las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil. Los bombardeos han destruido o dañado hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, mezquitas, vehículos de transporte de alimentos, fábricas, gasolineras, redes telefónicas, centrales eléctricas y estadios. Miles de personas han quedado sin electricidad, alimentos y combustible. Por eso es necesario investigar estos ataques, para determinar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario. Si es como indican los indicios, habrá que juzgar a los responsables.

“No autorizar la exportación de armas para cometer atrocidades”. Esa es la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por España y que entró en vigor en diciembre de 2014. España fue el primer país en declarar que aplicaría provisionalmente esta norma cuando lo firmó el 3 de junio de 2013, por lo que las exportaciones a la coalición encabezada por Arabia Saudí se regían ya por este principio legalmente vinculante desde entonces. El propio artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas establece que se podrán denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Sin embargo, los datos publicados por el Gobierno español no permiten saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles en los ataques aéreos en Yemen, que se enfrenta a una grave crisis humanitaria con más de 150.000 personas desplazadas internas.

Según el informe ¿Secretos que matan? publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón que analiza las ventas de armas españolas en la primera mitad de 2014, la respuesta a esa pregunta del millón es que la falta de transparencia impide saber si las armas españolas se usan para cometer atrocidades prohibidas por el derecho internacional, como lo que parecen ser ataques indiscriminados en Yemen. Por eso las ONG han pedido al Gobierno que: i) investigue si se han usado armas españolas para matar civiles en el conflicto de Yemen y ii) suspenda las transferencias de armas a todas las partes del conflicto que puedan utilizarse para cometer delitos graves de derecho internacional, como crímenes de guerra.

Pese a los avances en transparencia en los últimos 20 años, sigue sin ser posible saber qué tipo de arma concreta España vende ni la unidad específica de las fuerzas armadas o policiales que usan las armas españolas. Informar, como hace el Gobierno, sobre 22 categorías genéricas amplias de una lista de material de defensa no es suficiente. Por ejemplo, la de “armas de calibre inferior a 20 mm.” incluyefusiles, revólveres, pistolas o ametralladoras y la de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”, botes de humo, minas, cargas de profundidad o granadas. Nada impide dar información más detallada, excepto la falta de voluntad de hacerlo.

Lo único que se requiere para avanzar en la descripción del producto es voluntad política de hacerlo, máxime cuando la transparencia no afecta negativamente a unas cifras de negocio que, entre 2003 y 2013, se multiplicaron por diez hasta alcanzar los 4.000 millones de euros anuales y casi 1.450 millones de Euros en el primer semestre de 2014. Obviamente, a los mercaderes de la muerte les va bien, pues en esta legislatura el Gobierno ha autorizado la exportación de armas por valor de casi de 13.000 millones y realizado exportaciones por más de 6.200 millones. Así, Egipto es el tercer importador de armas españolas en Oriente Próximo, con 277 millones de Euros desde 2003, tras A. Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

¿Se pueden cambiar las cosas? Claro, pero hace falta voluntad política. Aparte de medidas para reforzar la transparencia y el control parlamentario y cumplir la legislación, un aspecto clave es revocar la decisión del Consejo de Ministros de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas, que data del año ¡1987! Esto contribuiría a la rendición de cuentas y, entre otras cosas, a saber exactamente cómo evalúa el Gobierno el riesgo de que, por ejemplo, la munición o las bombas exportadas a Colombia o los vehículos terrenos vendidos a Pakistán en 2014 no se usen para cometer atrocidades en sus respectivos conflictos armados internos. Pero sobre todo ayudaría a reducir las operaciones preocupantes de armas que puedan usarse para violar el derecho internacional. Solo con transparencia plena podremos saber si el Gobierno ha autorizado la venta de armas a Bahréin que hayan sido utilizadas contra manifestantes o la exportación de armas a Egipto que puedan ser utilizadas en la represión de protestas, dos de los diversos casos que las ONG detallan en su informe, porque tenemos derecho a saber, para acabar con los secretos que matan.