Verdad, justicia y reparación: asignatura pendiente de campaña

Por: | 21 de mayo de 2015

Las próximas elecciones contribuirán a definir el modelo de ciudad y el alcance de nuevos espacios políticos por parte de la ciudadanía que pueden marcar, desde diferentes perspectivas, el futuro de los próximos procesos electorales que tendrán lugar en el Estado español. No obstante, en esta campaña electoral ha pasado desapercibido un debate que aunque tiene una clarísima dimensión de política de Estado, la inacción estatal ha dejado en manos del ámbito municipal y autonómico el completo protagonismo en torno a esta cuestión, y es donde se han producido mayores avances y a la vez donde se ha percibido una mayor desmemoria. Este debate hace referencia a las medidas para conocer la verdad, promover la justicia y exigir reparaciones relativas al legado de la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura posteriores.

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 Fuente: Memorial Democràtic

Las respuestas a esta cuestión en los últimos años se han caracterizado por su fragmentación y por la inexistencia de una política de Estado consistente, incluyente y global, tal y como se encargaba de recordarnos el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en su informe publicado en julio de 2014 tras su visita oficial en enero y febrero de ese mismo año. De Greiff, a pesar de alabar la existencia de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno en el 2007 destacaba que los mayores vacíos se evidenciaban en materia de verdad y justicia. Además, la inexistencia actual de dotación presupuestaria había dejado inactiva dicha ley.

Existen importantes disparidades relativas al tema entre el nivel autonómico y nacional, lo que provoca una desigual y heterogénea protección de las víctimas, señalaba el informe de la ONU. Muchos municipios y comunidades autónomas siguen viviendo en la desmemoria, aunque también es cierto que se han producido importantes avances en diferentes partes del Estado español. El último de ellos en Andalucía, con el intento de aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ley que finalmente no vio la luz por el avance electoral en esa comunidad pero que el amplio consenso político en torno a la cuestión hace prever que será uno de los primeros pasos del futuro Ejecutivo. Desde 2001 se han llevado a cabo numerosas iniciativas por parte del Gobierno andaluz, por lo que esta Ley situará a Andalucía en la vanguardia de las iniciativas para la recuperación de la memoria histórica, debido a que establece un régimen jurídico para las víctimas del franquismo y llega abrazada a dos claves: que ninguna fosa quede sin abrir y un presupuesto para su desarrollo.

Asimismo, el Relator Especial de la ONU celebró el trabajo realizado en Catalunya, donde este debate también cuenta con un amplísimo consenso social y político. En este sentido,  el Gobierno catalán estableció en octubre de 2007 la Llei del Memorial Democràtic, cuyo desarrollo dio pie a la creación de una institución pública, el Memorial Democràtic, que tiene por misión la recuperación, conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Catalunya (1931-1980) en concreto la Segunda República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil y las víctimas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión a personas y colectivos por parte de la dictadura franquista –incluyendo la lengua y la cultura catalanas–, el exilio y la deportación. De Greiff destacó el mapa de símbolos franquistas y el informe de la comisión asesora del Memorial Democràtic. Este informe fue elaborado por un equipo interuniversitario coordinado por la historiadora Pilar Mateo que, entre 2008 y 2009, inició la investigación y catalogación de los símbolos franquistas de 185 municipios seleccionados según criterios geográficos, demográficos y de interés histórico y en septiembre de 2010 la propia Generalitat de Catalunya ya hizo un catálogo de recomendaciones sobre los símbolos censados. La gran mayoría de ayuntamientos de Catalunya, independientemente del color político que los gobernara, se pusieron en marcha para hacer cumplir las recomendaciones emanadas del estudio, que suponían la retirada de esta simbología y en algunos casos, su traslado a un museo, tal y como también recomendaba la Ley estatal de Memoria Histórica.

No obstante, existe todavía en Catalunya uno de los monumentos dedicados al franquismo más grandes de todo el Estado español tras el Valle de los Caídos, el monumento a la Batalla del Ebro, situado en Tortosa. Se trata de una columna de 25 metros de acero que levantan un soldado y un águila en medio del río Ebro a su paso por la localidad, apoyados en una pilastra que otrora sustentó el puente de la Cinta, volado por el ejército republicano en la primavera de 1938. Sobre este monumento, inaugurado por el mismo Franco en 1966, el estudio elaborado por el mundo universitario catalán y que cuenta con el apoyo de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya señalaba que "Previa negociación de retirada con el titular del monumento, se recomienda al municipio su conservación y señalización".

Ningún alcalde de Tortosa desde la Transición ha querido retirarlo, tal vez considerando que ya formaba parte del paisaje tortosino, aunque significaba un agravio y una herida abierta en la memoria de la Guerra Civil a su paso por nuestras tierras, tal vez por una cierta nostalgia de algunos actores políticos del escenario tortosino del periodo histórico anterior, el franquismo. Sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, y sobre todo a las puertas de las citas electorales, este monumento se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Tortosa es uno de los pocos lugares donde este debate sigue vivo en campaña electoral, justamente, por no haber hecho los debres. El último episodio lo tenemos en los últimos meses, cuando se ha planteado incluso la posibilidad de hacer una consulta en torno a su retirada, propuesta que el consistorio vetó porque no era una prioridad ciudadana. El mundo científico catalán, tres Gobiernos de la Generalitat de Catalunya y la misma ONU avalan el estudio que propone su retirada. No hay discusión en torno a la retirada de éste y de otros símbolos y monumentos en el territorio catalán, como un claro síntoma de normalidad democrática que ya han ido llevando a cabo muchos municipios catalanes, la mayoría. Tortosa, en este punto, hace tiempo que llega tarde. Pero lo que no puede hacer la clase política tortosina es recuperar un debate que Catalunya ya ha superado. No podemos quedarnos atrás de la Catalunya que mira hacia el siglo XXI, y plantear que el problema debe resolverse con una consulta a la ciudadanía, o que no es una prioridad de la ciudadanía por lo que no se debe discutir sobre su retirada. De Greiff celebró los resultados del estudio y de la Llei que le dio origen, recomendando su retirada.

La clase política tortosina y la de tantos otros municipios de la geografía española no pueden pretender dar lecciones al mundo científico ni a la comunidad internacional sobre cómo afrontar la recuperación de la memoria histórica silenciando el pasado o sobre cómo reconciliarse con el pasado manteniendo monumentos que ensalzan a los victimarios de la Guerra Civil y a la barbarie del Franquismo. Ha llegado el momento de que las Tortosas que todavía quedan en el Estado español empiecen a cerrar las heridas de este pasado reciente, y el 24 de mayo se pueden dar los primeros pasos para ello.

 

Hay 1 Comentarios

No se prodrán cerrar las heridas deribadas del franquismo, hasta que no se juzgen los que fomentaron aquella guerra y los muchos asesinos que trajo consigo. Mientras tanto seguirá el rencor y la humillación sentida.

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Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

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Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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