El drama de las miles de personas sepultadas como no identificadas en Colombia

Por Isabel Ortigosa, Incidencia y Comunicación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (@CsOFB)

                                      Foto: Oriol Segon Torra y Colectivo Orlando Fals Borda.

“En Colombia arrastramos una historia aterradora de estigmatización y humillación del enemigo. Durante años se ha maltratado a las víctimas de crímenes tan horrendos como las ejecuciones extrajudiciales, negándoles hasta un nombre a la hora de enterrarlos” El Padre Javier Giraldo S.J. comenzaba así su intervención en la Audiencia Pública sobre la entrega digna de personas no identificadas sepultadas en cementerios y enterramientos clandestinos en Colombia celebrada la pasada semana en el Congreso de la República, en Bogotá. “El problema es que los llamamos NN y no lo son. La dignidad no termina con la muerte”, decía el Doctor Valdés, Director del Instituto de Medicina Legal colombiano.

El conflicto armado interno ha dejado Colombia sembrada de cadáveres sin identificar. En el país se registran más de 20.000 casos de personas inhumadas como no identificadas en cementerios municipales, de acuerdo con información suministrada a la Fiscalía General de la Nación por 861 alcaldías locales. Estas cifras no recogen los miles de cuerpos que se estima que están sepultados en enterramientos clandestinos, muchos en fosas comunes de áreas remotas del país, aunque también hay casos en zonas urbanas. La identificación de estas personas, la entrega digna de sus restos a sus familiares, y el esclarecimiento de los hechos que rodearon su desaparición y muerte, son parte fundamental de la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica del país. Vale la pena recordar que la desaparición forzada es un delito imprescriptible, y que en Colombia existen al menos 89.736 casos de personas desaparecidas a fecha del 31 de diciembre de 2013, de los cuales 20.944 corresponden a desapariciones presuntamente forzadas, según datos del Instituto de Medicina Legal. Es más que probable que muchos de estos cuerpos hayan sido enterrados como Personas No Identificadas cementerios municipales.

Detengámonos por un momento en la región de los Llanos Orientales, una de las zonas, por cierto, más castigadas por el fenómenos de los mal llamados “falsos positivos”. En sólo cinco cementerios de esta región se acumulan 2292 cuerpos de Personas No Identificadas, el 11,2 % de los registrados por el Censo Nacional de NN elaborado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Hasta el momento se han exhumado casi 1,000 cuerpos de estos cinco cementerios, y se han identificado a poco más de 800, según datos de la Fiscalía General de la Nación. De estos 2292, 1421 fueron reportados por el Ejército Nacional como dados de baja en combate.

Organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda lleva años acompañando a los familiares de estas personas, tanto a nivel socio jurídico como de atención psicosocial, para ayudarles a localizar e identificar los restos de sus seres queridos, y lograr la entrega digna de los mismos. La mayor parte de estas familias no reconocen que sus familiares pertenecieran a un grupo armado. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cuántos de estos casos se deben a ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Actualmente la Fiscalía colombiana investiga al menos 3.000 de estos casos en todo el país, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Hasta ahora, sólo soldados de los rangos más bajos han sido condenados por este tipo de actos.

Sin embargo, de lo que no hay duda alguna es de que estos casos evidencian una grave situación de crisis humanitaria a la que el Estado colombiano debe dar respuesta. Hasta el momento, y sólo en la muestra acotada de estos cinco cementerios, apenas se ha hecho entrega de 77 cuerpos en casi cinco años. A este ritmo, harían falta 143,83 años para entregar el resto de los cuerpos inhumados en estos cinco cementerios, lo que evidencia que resulta imprescindible acelerar este proceso dotándolo de más recursos humanos, técnicos, financieros y, sobre todo, de voluntad política de las entidades involucradas.

El propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró en la Audiencia Pública celebrada la semana pasada que, a pesar de la importancia de este trabajo, el personal asignado a estos casos “no es suficiente, dado el volumen de actividades a realizar para la plena identificación de cada caso, la ubicación de los familiares, la exhumación y la entrega de cadáveres”.

Anna Ferrero, Subdirectora de Operaciones de la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó durante su intervención en la Audiencia que Colombia está en la obligación de cumplir con los tratados internacionales, en especial sobre derechos humanos, e hizo un llamamiento a que se lleven a cabo cambios estructurales en la política pública y en las instituciones competentes, para facilitar los procesos de identificación humana, y mitigar el riesgo de acumulación de restos óseos sin identificar en laboratorios. Para ello, indicó, es necesario incrementar las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los procesos de investigación.

Desde las organizaciones de la sociedad civil insistimos en que es imprescindible que, en el marco de las negociaciones de Paz en La Habana, se haga realidad un compromiso firme de hacer frente a este drama humanitario, garantizando recursos humanos y económicos para el mismo, y sobre todo, concretando un intercambio de información e incluso de cuerpos que acelere este proceso.

Ali Lmrabet, sin papeles

Jordi Armadans, Jordi Calvo y Josep Maria Royo

El periodista marroquí Ali Lmrabet se encuentra en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra desde hace más de tres semanas. Este periodista, que participó como invitado en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha decidido protestar para reclamar no un favor, sino un derecho del que nadie en Marruecos o en cualquier otro lugar puede ser privado. En abril finalizó la prohibición de 10 años para ejercer el periodismo en Marruecos por motivos políticos, y cuando ha ido a renovar el DNI para hacerse el nuevo pasaporte se lo han negado para evitar que vuelva a abrir los semanarios que le cerraron en 2003.

Debe recordarse que Ali Lmrabet ha tenido un papel relevante en el desarrollo de una prensa crítica e independiente en Marruecos. Ha sido identificado por Reporteros sin Fronteras como uno de los 100 héroes de la información y ha obtenido una docena de prestigiosos premios internacionales. A lo largo de los últimos años, las autoridades marroquíes han intentado por diversos medios impedir el desarrollo de su trabajo, tal y como muestran las diferentes condenas que ha sufrido desde el año 2000. Destaca por su severidad sin precedentes la condena a cuatro años de prisión incondicional de 21 de mayo de 2003, que fue acompañada de la prohibición de los dos semanarios satíricos que dirigía: Demain Magazine y Duman. Fue finalmente liberado gracias a una enorme movilización internacional.

Este periodista tuvo la honradez de declarar a una publicación de su país en 2005 que los refugiados saharauis de los campos de refugiados de Tindouf, en Argelia son, efectivamente, refugiados reconocidos por la ONU, y no " secuestrados por el Frente Polisario" como clama la propaganda oficial marroquí. Por ello fue condenado en 2005 a diez años de inhabilitación de ejercer en Marruecos el oficio de periodista. Durante estos diez años no tuvo derecho a escribir ni una sola línea en la prensa de su país, ni a dar su opinión en las ondas de una radio o a aparecer en la televisión. En este tiempo ha publicado libros, fue columnista de diferentes medios y se ha movido intensamente por foros internacionales de derechos humanos, donde ha recibido algunos premios y reconocimientos.

Por todo ello, Ali Lmrabet tuvo que optar por la información en la red y en 2011 lanzó una publicación electrónica, Demainonline. El 11 de abril de 2015 finalizó la prohibición que durante una década ha alejado a Ali Lmrabet de la prensa en su país, y creyó que podría relanzar por fin sus semanarios. Pero desde el 20 de abril las autoridades marroquíes se niegan a renovarle sus documentos de identidad.

Estos hechos constituyen una violación gravísima de la libertad de expresión en Marruecos y una muestra más de las agresiones que ha sufrido la prensa independiente en el curso de los últimos años. Marruecos ocupa el puesto 130 (entre 180 países) en la Clasificación Mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras 2015, que considera que la libertad de información continúa enfrentando importantes obstáculos en los textos y en la práctica.

Numerosas voces se están solidarizando con su caso, el Parlamento Catalán y el Congreso de Diputados español han aprobado sendas declaraciones de apoyo a Ali Lmrabet y el ayuntamiento de Ginebra ha dirigido una carta al Rey de Marruecos.  Más de 100 personalidades marroquíes han solicitado a las autoridades que cesen todas las formas de acoso contra él y que goce de todos sus derechos civiles y políticos como ciudadano marroquí, e incluso hay activa una petición internacional a las autoridades marroquíes para que permitan a Ali Lmrabet la renovación de sus documentos de identidad. Si Marruecos pretende avanzar en el fortalecimiento de su democracia, tiene que entender que poner trabas a la libertad de expresión va en la dirección contraria y acaba sentando las bases de la intolerancia y el autoritarismo.