La espiral del terror contra el terror

                                                                                  ^{_{YVES HERMAN (REUTERS)}}

Los ataques en Bruselas han despertado, una vez más, la sensación de terror en nuestro país. Si bien no han dejado de haber ataques de carácter yihadista en el mundo desde el tristemente célebre 11-S, la atención mediática aparece cuando las víctimas podríamos haber sido nosotros. Pero más allá del comprensible sentimiento identitario más acusado hacia Bruselas, París o Nueva York, hace falta apelar en primer lugar a la responsabilidad de los medios a la hora de utilizar narrativas que pueden servir para crear violencias o terrores futuros. Es decir, la utilización, otra vez de términos como islamista, musulmán o árabe para referirse a estos actos de terrorismo sirven para legitimar los cada vez más numerosos discursos islamófobos en nuestro país. Lo cual no es baladí, ya que legitima políticas xenófobas, insolidarias -por ejemplo con las refugiadas- y la utilización de la violencia para hacer frente a esta amenaza. La extrema derecha está, sin duda, frotándose las manos.

Pero estos discursos no son nuevos. Desde el 11-S han sido hegemónicos y son los que han justificado la llamada Guerra Contra el Terror, impulsada por George W. Bush, de la mano de sus aliados europeos y de la OTAN. La doctrina basada en el ojo por ojo, diente por diente promovida por EEUU, ahora vigente más que nunca en Europa, es el soporte ideológico que necesitan las medidas que ante un siempre horroroso y despreciable ataque terrorista, optan por aumentar en las calles la presencia policial y en algunos casos militar, reducir las libertades individuales (y consecuentemente aumentar la represión) para facilitar la labor de investigación de las fuerzas de seguridad (llegando a extremos como Guantánamo y las torturas legalizadas de la policía norteamericana), y responder con la misma moneda a los que se supone como causantes originarios de la amenaza terrorista, en Afganistán fue Bin Laden y al Qaeda, en Siria es el ISIS (Daesh o Estado Islámico). De hecho la Guerra Contra el Terror es todo esto, un conjunto de medidas para acabar con el terrorismo (refiriéndose sobre todo al autodenominado como yihadista) lideradas por la invasión de Afganistán con la excusa de ir a capturar a Bin Laden y el aumento de la persecución (muchas veces en forma de represión) de los ciudadanos de origen árabe, de religión musulmana o cualquier cosa que se les parezca. Cabe decir que la declaración de guerra de Bush y Rumsfeld, como bien explica el profesor e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz José Luis Gordillo en el Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme, además de Al Qaeda incluía la Yihad islámica, Hizbulá, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte y Cuba.

Una vez han pasado 15 años de guerra, de las fuerzas armadas más poderosas del mundo (Estados Unidos y Europa acumulan dos tercios de las capacidades militares mundiales) contra unos miles de terroristas, el balance no puede ser más negativo. La Guerra Contra el Terror ha dejado Afganistán tan mal como estaba, pero con decenas de miles de nuevas víctimas de un conflicto armado que ha reforzado no sólo en Afganistán sino en la región, los discursos anti-occidentales de talibanes y otros grupos agraviados por la intervención militar aliada. La Guerra Contra el Terror continuó expandiendo sus actividades en los países de la lista Bush-Rumsfeld, invadiendo Irak, interviniendo directa e indirectamente en el derrocamiento de Gadafi y ahora con la guerra de Siria. En cómo han quedado estos países después de la intervención de los ejércitos aliados no hace falta insistir, cientos de miles de muertos, millones de heridos, mutilados y decenas de millones de personas forzadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Pero de lo que no se habla es de la responsabilidad de estas actuaciones hacia el terrorismo actual. Es decir, hay que responder a la pregunta de si la Guerra contra el Terror ha podido ser causa de la expansión de Al Qaeda, de la creación y crecimiento del ISIS, y de la aparición de pequeños grupos e incluso individuos, ciudadanos americanos o europeos, que cometen actos terroristas en nuestro entorno. La respuesta es como siempre en el análisis de conflictos más compleja -no hemos hablado aquí, por ejemplo, de quien ha armado y entrenado a estos grupos armados que ahora nos atacan a nosotros- pero todo indica que la Guerra contra el Terror más que reducirlo la ha aumentado, lo ha potenciado. Porque la estrategia de la fuerza militar, de los bombardeos y de la represión de la población musulmana en Occidente, han sido el combustible de los terroristas que ahora amenazan nuestra seguridad. ¿Acaso alguien piensa que las bombas que ahora caen sobre Raqqa no son la excusa perfecta para acusar al malvado Occidente de masacrar la población musulmana? Los dirigentes del ISIS no dejarán pasar la oportunidad de captar nuevos adeptos a su abominable causa cada vez que un familiar suyo muere como consecuencia de los bombardeos aliados. Las bombas sirven para legitimar los ataques terroristas de hoy y fabrican los terroristas del futuro.

La Guerra contra el Terror nos ha convertido en una amenaza para una parte importante del mundo, nos ha hecho ser enemigos, ya que nosotros los hemos tratado como tal. La Guerra contra el Terror ha sido, pues, un fracaso absoluto, porque ha generado más terror, un mundo más inseguro y una sociedad menos tolerante. 15 años de errores son suficientes. Si queremos crear un mundo más seguro, hay que darle la vuelta a las respuestas de Occidente al terrorismo. Hay que parar la espiral de violencia que ha creado y potenciado la Guerra contra el Terror y probar con alternativas basadas en la paz y la convivencia. Las respuestas armadas ya hemos visto que no han funcionado.

¿Es posible la mediación con grupos criminales?

Mabel Bustelo, investigadora en paz y seguridad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomdenoia

La mediación, una herramienta clásica de resolución de conflictos, encuentra límites frente a la violencia no convencional que predomina en América Latina. La violencia se considera un asunto interno de los Estados y las respuestas tienden a ser de “mano dura”. Hablar con grupos criminales es un tabú y, en algunos casos, ilegal. La mediación se da en la práctica, pero los Gobiernos suelen negar su implicación y la participación internacional es limitada o inexistente. Sin embargo, el fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora a la hora de reducir la violencia sugiere que es hora de una reflexión abierta sobre las políticas de seguridad y el papel que la mediación y la resolución de conflictos podrían jugar en ellas. La mediación internacional en conflictos ha ganado importancia en décadas recientes. Vicenç Fisas subraya que un 76% de todas las negociaciones activas en el año 2014 tenían participación de mediadores externos, una categoría que incluye organizaciones internacionales y regionales, estados y “grupos de amigos”, centros y agencias especializadas. Un buen ejemplo, actual, es la participación internacional en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que se desarrollan con apoyo de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile.

No todos los casos son tan claros. En muchas zonas de conflicto hay vínculos entre violencia política y criminal, desde Mali y la RDC, a Siria y Libia. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime estima que un 70% de las actuales misiones de paz de la ONU se desarrollan en contextos afectados por el crimen organizado. La mitad tienen un mandato que incluye “lidiar” con grupos criminales. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2005 una resolución que mencionaba el crimen organizado como amenaza a la paz y la seguridad y 28 resoluciones en 2014. Cómo actuar, y conducir la mediación, cuando estos actores están presentes es objeto de debate en instituciones internacionales y centros especializados, ya que desafían la concepción tradicional de mediar sobre objetivos políticos que pueden ser objeto de compromiso y acuerdo.

El caso extremo de este desafío es América Latina. Se la considera una región en paz y no hay guerras excepto en Colombia, mientras ha habido transiciones exitosas desde la dictadura y la guerra a la democracia y la paz. Pero ésta es la región más violenta del mundo; de hecho, se puede considerar la “zona cero” de la violencia no convencional.

El Estudio Global sobre Homicidios 2013, realizado por UNODC, muestra que en 2012 hubo 165,617 homicidios (28,5 por 100.000 habitantes, una ratio cuatro veces superior a la media global, y el 36% del total mundial de homicidios intencionados). Los cinco países más violentos en este estudio eran Honduras (90,4), Venezuela (53,7), Belice, El Salvador y Guatemala. El Salvador se ha situado ahora en el primer puesto con más de 100 homicidios por 100,000 habitantes. Las cifras del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en México han muerto de forma violenta más de 160.000 personas desde el año 2007, una cifra superior a la suma de Afganistán e Irak. Por supuesto, estas cifras dejan fuera la extorsión, secuestros, desplazamiento forzado y desapariciones que acompañan a los homicidios.

En esta región, los protagonistas de la violencia son las maras, grupos vinculados al narcotráfico, organizaciones creadas por presidiarios, oficiales y sectores del Estado corruptos, vigilantes y milicias paramilitares, en un contexto de profundas desigualdades, corrupción y debilidad institucional. Vinculados a la economía informal o ilegal, estos actores tienen motivaciones territoriales y/o económicas, no políticas. Las respuestas se han centrado en la supresión del crimen con políticas como la “mano dura” en Centroamérica o la “guerra contra las drogas” en varios países de la región, entre otras.

¿Es posible la mediación en este tipo de violencia?

América Latina presenta varias experiencias. La más ambiciosa se dio en El Salvador en 2012. Un ex guerrillero y asesor del Gobierno, y el obispo castrense mediaron durante meses para lograr una tregua entre las dos principales bandas, MS-13 y Barrio 18. Sus líderes fueron trasladados a prisiones ordinarias para facilitar la comunicación con sus filas en la calle, y los homicidios diarios cayeron de catorce a cinco. La contrapartida fue una mejora de las condiciones penitenciarias. Por primera vez desde la guerra, se invitó a una misión del CICR a monitorear la situación de los derechos humanos en las cárceles. La OEA dio un paso arriesgado al apoyar de forma abierta el proceso y, cuando el Gobierno reconoció su propio apoyo, la UE también participó.

Los opositores a la tregua siempre defendieron que sólo servía para permitir a las bandas reorganizarse y rearmarse. La extorsión continuó (desde el principio, sus portavoces afirmaron que no podían ponerle fin mientras no tuvieran alternativas económicas para ellos y sus familias). Pero la reducción sostenida de los homicidios permitió avanzar hacia una segunda fase, de pacificación. 11 municipios se declararon zonas de paz. Aquí, los mediadores, las bandas, la sociedad civil y las autoridades municipales se comprometían a impulsar el desarrollo de las comunidades marginadas, la rehabilitación de jóvenes en riesgo, y la reducción de las operaciones policiales indiscriminadas, a cambio del fin de todas las actividades criminales.

Las causas fundamentales del fracaso de esta iniciativa hay que buscarlas en una posición ambivalente del Gobierno (y el reemplazo de algunos de sus miembros que apostaban por explorar esta vía), una fuerte polarización de la opinión pública y la oposición de importantes sectores conservadores, incluyendo parte de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Hoy, El Salvador se ha aupado al puesto de país más violento del mundo.

En cualquier caso, las noticias pronto se extendieron por Centroamérica. En mayo de 2013, las mismas maras en Honduras anunciaron el fin de los homicidios a cambio de una serie de peticiones a las autoridades. Con la mediación de un buen conocedor de las bandas, el arzobispo de San Pedro Sula Rómulo Emiliani, y el apoyo de la OEA, el anuncio logró apoyo verbal del Gobierno, pero éste nunca se materializó. En realidad, los anuncios fueron separados (indicador de que aún no había tregua entre bandas), y éstas tienen en este país un liderazgo menos fuerte y más fragmentación interna. Además, en Honduras los actores violentos están más diversificados (grupos del narcotráfico, sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y el establishment) y el Gobierno, que había emergido tras el golpe de Estado de 2009, carecía de legitimidad interna y externa para recabar apoyos.

Por supuesto hay más ejemplos, como la mediación para reducir la violencia en Medellín, los intentos del Gobierno mexicano de integrar a las autodefensas de Michoacán en las fuerzas oficiales (y otros intentos previos de reducir la violencia entre cárteles del narcotráfico), o la tregua que, según medios brasileños, mantuvo durante seis años el gobierno de Sao Paulo con el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Estos intentos, en su mayoría fallidos, muestran varios problemas que es preciso clasificar y ordenar. Algunos afectan al núcleo de la mediación. En un excelente documento, Teresa Withfield se pregunta cuál es el fin último de una mediación con grupos criminales: ¿la reducción de la violencia? ¿el final de todas las actividades ilegales? ¿la desaparición de los grupos? Una cuestión siempre latente es si la mediación otorga legitimidad a estos actores ilegales. Otros analistas plantean que los mediadores deben considerar la economía política de las actividades ilegales y qué alternativas se pueden proporcionar.

En El Salvador, el proceso más duradero se basó en un intercambio de peticiones realistas y legales, cuyo cumplimiento permitió crear la confianza para avanzar. El apoyo del Gobierno abrió paso a la participación internacional, aunque varias razones le llevaron a retirarlo después. Éste es un problema clave: el uso de la seguridad pública y la mano dura como bazas electorales impone serios obstáculos a cualquier posibilidad de explorar esta vía.

En ninguno de los casos hubo una estrategia de comunicación que permitiera conciliar la necesaria confidencialidad de las conversaciones con la pedagogía hacia la opinión pública. Los protagonistas de la mediación fueron lo que el PNUD y otros denominan insiders: en lugar de diplomáticos internacionales, figuras locales que conocen el contexto, tienen autoridad y son percibidas como justas por las partes. Pero sin apoyo externo, son vulnerables a cambios en los vientos políticos e incluso a la persecución judicial posterior.

Aunque las palabras “tregua” y “mediación” siguen siendo tabúes en gran parte de América Latina, es previsible que de una forma u otra estos procesos continúen. Cabe preguntarse si el “kit de herramientas” de la comunidad internacional podría adaptarse a estos casos, o si es necesario desarrollar uno nuevo. Y de qué forma los actores internacionales involucrados en mediación podrían contribuir con su reflexión y experiencia práctica a dar apoyo a estos procesos.

Mabel González Bustelo es consultora internacional en paz y seguridad, y Fellow de la Global South Unit for Mediation (GSUM), que ha publicado su informe Mediation with Non-Conventional Armed Groups? Experiences from Latin America. @MabelBustelo