¿Licencias para matar? Armas españolas podrían usarse para violar el derecho internacional

Alberto Estévez, María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río y Paula San Pedro, son responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Bombardeos en Yemen. Foto: AI

“Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros... Escondí a las niñas debajo de la escalera. [...] Dos impactos hicieron añicos la casa. [...] No había manera de escapar”. Así describió Abdelhaseeb al Mutawakil el aterrador momento en el que las fuerzas de la coalición saudí atacaron su casa en Mueen (Yemen), con dos ataques aéreos consecutivos en enero de 2016. Su esposa y dos hijas de corta edad estaban en la casa en ese momento y escaparon por poco de la explosión. Este ataque contra una vivienda civil es uno de los muchos ataques aéreos semejantes registrados durante el último año que han violado las leyes de la guerra, que prohíbe y califica como crímenes de guerra los ataques deliberados contra civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

¿En esos crímenes de guerra se han usado los aviones, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles españoles vendidos a la coalición saudí que interviene en Yemen desde marzo de 2015? Es la pregunta del millón (o, más bien, de los más de 1.100 millones de € vendidos a Arabia Saudí en armas desde 2011). El Gobierno español no investiga esta cuestión pese a que casi la cuarta parte de las armas vendidas en los primeros seis meses de 2015 fueron a Arabia Saudí, concretamente 447 millones € de un total de exportaciones valoradas en 1.824 millones-. Es una pequeña parte de los más de 28.000 millones € en licencias de exportación y ventas de armas de diferentes países a Arabia Saudí, pero una parte del pastel que España reclama.

El informe ¿Licencias para matar? denuncia carencias en el sistema de control de las exportaciones de armas y el riesgo claro de que armas exportadas a la coalición saudí que opera en Yemen se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional. Identifica 13 operaciones especialmente preocupantes, como las ventas de munición y bombas a Arabia Saudí; armas pequeñas y municiones a las fuerzas armadas de Brasil, pese a los indicios de ejecuciones extrajudiciales y el constante uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro; municiones, aviones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a Colombia, donde no se puede garantizar que se utilicen conforme al derecho internacional; municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a las fuerzas armadas de Irak pese al deterioro de la situación de derechos humanos; granadas de mano de gas lacrimógeno y aerosoles de defensa personal a la policía de Túnez pese a los informes de torturas, o cartuchos exportados a Camerún susceptibles de ser desviados a la República Centroafricana que atraviesa una crisis de derechos humanos.

El informe también identifica otras 14 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información para emitir una opinión informada, incluidas las armas pequeñas y ligeras y municiones exportadas a EE.UU. pese a leyes estatales demasiado permisivas sobre el uso de fuerza letal y el riesgo de que las armas exportadas puedan ser utilizadas para cometer delitos, armas de caza y tiro deportivo a Ghana pese al riesgo de desvío a Mali o Libia, y las armas exportadas a Guatemala, Honduras, Jamaica y la República Dominicana, con altos niveles de violencia armada.

Ocho años y medio después de la aprobación de la Ley sobre comercio de armas y ante el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, el próximo Gobierno y los grupos parlamentarios tienen deberes: mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y la transparencia para cumplir estrictamente la legislación española, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencias de armas para cometer atrocidades, mejorar la evaluación de riesgo de uso indebido de las operaciones y reforzar el control parlamentario, asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo en las operaciones preocupantes. Es la mejor receta para evitar que España otorgue licencias para matar violando el derecho internacional.