Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.
Jordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).
Josep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Paula San Pedro y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón
Un Chico yemení entre los escombros tras un ataque aéreo dirigido por la coalición de Arabia Saudí el 25 de febrero de 2016 en la capital, Sanaa © MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images
"Sentí que la humanidad se ha perdido. A ver, un lugar de aprendizaje, atacado de esta manera, sin previo aviso... ¿dónde está la humanidad? Se supone que es ilegal atacar esos lugares en una guerra".
Esto es lo que decía la directora de una escuela en la ciudad de Hodeidah, el Complejo Educativo para niñas de Al Shaymeh, que acogía a unas 3.200 estudiantes, después de que la escuela fuera atacada dos veces en cuestión de días, en agosto de 2015. En los ataques perdieron la vida dos personas.
Este ataque es un buen ejemplo de los numerosos bombardeos indiscriminados y desproporcionados de la coalición saudí, dirigidos contra la población civil y lugares donde se celebraban funerales, hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y fábricas e infraestructuras económicas clave, que podrían constituir crímenes de guerra, llevados a cabo desde el inicio del conflicto el 25 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí lanzó los primeros ataques aéreos contra el grupo armado huzí, que fueron el detonante de un conflicto armado en el que todas las partes han cometido impunemente violaciones generalizadas del derecho internacional. Por su parte, las fuerzas huzíes y sus aliados han bombardeado zonas pobladas civiles en el sur de Arabia Saudí, en las que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil.
Mientras se producían ataques como este, el Gobierno español siguió autorizando exportaciones de municiones, aviones, granadas de mortero y otras armas a Arabia Saudí y otros países de la coalición que interviene en Yemen desde 2015. España fue el tercer exportador de armas a Arabia Saudí en 2015, tras EE.UU. y Reino Unido y entre 2015 y el primer semestre de 2016 (últimas cifras oficiales disponibles), exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 600 millones €, casi la mitad de los cerca de 1.400 millones € exportados en los últimos diez años.
¿Cómo puede ser? Parece que al Gobierno no le importa que las armas “Marca España” exportadas a Arabia Saudí puedan estar siendo utilizadas en Yemen para cometer delitos de derecho internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno español a la reiterada petición de las ONG de suspender la venta de armas? Mirar para otro lado, aplicando la máxima del refranero popular: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.
El conflicto armado de Yemen entre el gobierno del presidente Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, entre las que había unidades del ejército leales al ex presidente Salé, lleva dos años haciendo estragos. La coalición saudí ha usado de forma reiterada municiones de racimo de EE.UU., Reino Unido y Brasil en ataques en los que han muerto o han quedado mutilados civiles. El bloqueo marítimo y aéreo parcial impuesto por la coalición saudí restringió la importación de productos de primera necesidad, agravando la crisis humanitaria causada por el conflicto, e impidió la llegada de vuelos comerciales. El 80% de la población de los más de 27 millones de yemeníes depende de la ayuda humanitaria para alimentarse y el país está al borde de la hambruna. Organizaciones locales e internacionales del ayuda humanitaria han denunciado restricciones ilícitas al envío de ayuda, tanto por parte de los huzíes como de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí.
El coste humano de los dos años de conflicto en Yemen es aterrador: Más de 50.000 víctimas, más de 40.000 personas heridas, cerca de 8.000 muertas y 3 millones de personas desplazadas internas y más de 22.000 casos de cólera que han causado más de un centenar de muertes.
En 2016 también hubo denuncias de un desvío sistemático de armas a grupos armados en Siria y Yemen por valor de 1.200 millones € desde diversos países de Europa Central y Oriental a Arabia Saudí, Jordania, EAU y Turquía.
En este contexto, hemos pedido al Gobierno español la suspensión de la venta de armas que se puedan utilizar en Yemen y hemos expresado nuestra oposición a la firma de un contrato entre la empresa pública Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, una operación que cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos. Existe un riesgo manifiesto de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, que supone una violación grave del derecho internacional humanitario. El Gobierno debe denegar cualquier autorización de armas a Arabia Saudí que pueda utilizarse para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen. No puede ni debe ser cómplice de estos crímenes. Hemos denunciado la ilegalidad de esta posible operación.
Si el Gobierno sigue adelante con esta política de mirar para otro lado, puede encontrarse con que deba rendir cuentas de forma similar al del Reino Unido, donde el Tribunal Supremo está examinando la transferencia de armas británicas a Arabia Saudí durante la guerra de Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Rights Watch (Reino Unido) y Oxfam presentaron informes ante este Tribunal, en un recurso judicial presentado por la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) en Reino Unido.