La crisis en Ucrania desde una perspectiva de seguridad humana

Ana Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la UAB

(Foto: Wojciech Zmudzinski) (Sloviansk, Ucrania)

La situación generada por el despliegue masivo de tropas y armamento por parte de Rusia junto a la frontera de Ucrania supone una amenaza grave para millones de personas, con escenarios de riesgo de diversa intensidad y alcance y dilemas en torno a cómo abordar una crisis de esta envergadura. Desde una aproximación de seguridad humana urge poner en el centro de los debates las vidas de las personas y la necesidad de minimizar el riesgo de una escalada mayor.

La presentación por Rusia de un listado de demandas en diciembre en forma de tratados dirigidos a EEUU y a la OTAN en diciembre para que estos los firmen supone, en el contexto de amenaza de invasión, una política de coerción militarista sumamente grave. En estos documentos Rusia plantea una reformulación total de la arquitectura de seguridad en el continente. Algunos análisis han señalado la posición de fondo de Rusia de avanzar hacia otro orden internacional, que revierta el surgido del fin de la Guerra Fría construido sobre la hegemonía de EEUU y la OTAN. En ese empeño, Ucrania y el esquema de seguridad continental son convertidos en campo de batalla. El pulso de Rusia impone un cronograma exprés a cuestiones de tanto calado (y que afectan a tantas poblaciones) como el entramado de seguridad continental, y pasa por alto principios básicos del sistema internacional como la soberanía de los Estados para decidir su orientación política (y materializarla en medidas y políticas concretas).

A su vez, estamos ante escenarios que incluyen el riesgo de más muertes en Ucrania, más desplazamiento forzado de población civil, impactos en el acceso a la educación, salud, infraestructura básica, riesgos de más violencia de género en un contexto de incremento de la militarización, entre muchos otros. Es un riesgo que afecta tanto a los 2,9 millones de personas que en 2022 están en situación de necesidad de asistencia humanitaria en la actual zona de conflicto en Ucrania así como al conjunto de la población del país y, pudiera ser, de otros países vecinos, dadas las incertidumbres sobre el alcance y derivadas de una posible ofensiva militar por parte del Ejército ruso. Hay que añadir el impacto psicológico sobre tantas vidas que ya genera la amenaza militar, se haga efectiva en un grado u otro o no. 

¿Y qué hacemos con todo ello? La posición hegemónica entre EEUU, la OTAN y la UE y buena parte de analistas y medios de comunicación prioriza la diplomacia acompañada con algunas líneas rojas acompañada de disuasión militar y advertencia de sanciones coordinadas, poniendo el foco en la amenaza militar de Rusia contra la soberanía e integridad estatal. A la espera de las respuestas por escrito de EEUU y la OTAN a finales de enero y principios de febrero a las demandas rusas, en la aproximación diplomática se han trazado aparentemente algunas líneas rojas, de rechazo a la exigencia rusa de no ampliación de la OTAN, entre otras, en tanto ello iría contra el principio básico de soberanía estatal y contra la propia idiosincrasia de la OTAN. Además, la amenaza militar de Rusia haría indefendible tal opción en tanto debilitaría a quien la aceptase, se argumenta.

Desde un enfoque de seguridad humana, se hace necesario abordar y priorizar aproximaciones que minimicen riesgos para la población civiles. Las guerras generan tanta devastación y pérdidas humanas, socioeconómicas y medioambientales y tanto legado de militarización que es necesario intentar evitarlas, pese a la extrema complejidad de una crisis como la actual. La llamada “disuasión militar” tiene sus riesgos, en tanto puede no evitar una escalada militar mayor y una eventual ofensiva rusa (del tipo y alcance que sea) y, en su lugar, contribuir a una mayor militarización.

En el marco de la crisis abierta y como parte de la intensa diplomacia puesta en marcha, un abordaje no militarista a la crisis pasaría por la no ampliación de la OTAN.  No como aceptación de una imposición de una Rusia expansionista ni como renuncia al principio de soberanía de elección, sino como política afirmativa de búsqueda de otros caminos a la seguridad del continente que no pasen por el militarismo y que se construyan sobre un enfoque de seguridad continental más integrado.

Seguramente, el cronograma impuesto por Rusia es incompatible con una reflexión de fondo entre los socios de la OTAN (y sus poblaciones) sobre arquitecturas de seguridad no exclusivas ni polarizadoras. La respuesta de los gobiernos de los miembros de la OTAN ya ha sido unánime: la OTAN ha de poder seguir ampliándose, sin matices. Aun si han cerrado esa puerta, no por ello dejaremos de proponerlo quienes pensamos que la no ampliación era y es un camino posible a explorar. Frente al enfoque que defiende la OTAN como actor disuasorio imprescindible, desde otros enfoques algunas consideramos que la OTAN no sirve a ese objetivo, que el militarismo no disuade ni da respuesta a las necesidades básicas de seguridad de las poblaciones civiles, sino que alimenta carreras militares y desvía prioridades y recursos.

En el caso de Ucrania, se añade el hecho de que hay una división significativa entre su población en torno a la idoneidad o no de integrarse en la OTAN, según diversas encuestas, que apuntan a entre 54% y 58% de apoyo en 2021, 40% en 2020. Un enfoque a la soberanía Estatal que tenga en cuenta el contexto y sus matices abre campo como mínimo a reflexionar sobre cómo interrelacionar principio de soberanía estatal, cohesión local y continental y prevención y transformación de conflictos.

Otros elementos de abordaje a la crisis pueden incluir medidas en torno a las ideas lanzadas por la vicesecretaria de Estado de EEUU Wendy R. Sherman de control de armas, desescalada recíproca, comunicación, transparencia, entre otras. Analistas han planteado la posibilidad de acuerdos en materia de misiles de corto y medio alcance y de otras armas ofensivas en Europa. También sería necesario un reimpulso a la implementación de los acuerdos de Minsk (I y II) de 2014 y 2015, únicos acuerdos marco hasta la fecha para la resolución del conflicto, pese a las divergencias de interpretación (y de concreción de pasos para su materialización), en tanto que Minsk II establece una secuencia temporal desfavorable para Ucrania en una cuestión central como es la recuperación del control de su frontera. Más esfuerzos internacionales en apoyo a la implementación de los acuerdos de Minsk deberían priorizar avances en tiempos razonables, sin más dilatación del proceso de paz. También deberían impulsar arquitecturas de diálogo más inclusivas, con más apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y mayor nexo entre éstas y las negociaciones formales. Organizaciones de mujeres y mujeres activistas han reclamado en diversos momentos participación y consultas y han señalado los obstáculos que enfrentan.

Por otra parte, y en una crisis como la actual que podría desembocar en una grave escalada militar y en graves impactos humanitarios, se hace necesario prever planes de asistencia humanitaria y de políticas de migración y asilo basadas en el respeto a los derechos humanos y  las obligaciones internacionales. La política actual de la UE y la de buena parte de sus Estados de cerrar sus puertas a las personas en movimiento (refugio, asilo, inmigración) y de amparar graves violaciones del derecho internacional es cuando menos cínica. Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2014, fueron muchos los ucranianos y ucranianas que se toparon con puertas cerradas y graves dilaciones en las respuestas a sus peticiones de protección internacional por países de la UE. Conjurarse para apoyar la soberanía de otros Estados frente a amenazas externas, pero cerrar puertas y abandonar a su suerte a las poblaciones de esos Estados cuando se ven afectadas por esas amenazas y guerras no elegidas es indigno, una total incoherencia de políticas y en muchos casos una vulneración de la obligación de los Estados a ofrecer protección internacional frente a la violencia y la persecución.

Rusia ha demostrado ser un Estado que puede llegar a priorizar la fuerza militar agresiva/expansionista en base a sus intereses estratégicos (Georgia, Crimea, Donbás) por encima de toda diplomacia y con métodos encubiertos (Crimea, Donbás). Y con una política de hechos militares consumados. Rusia  ha mostrado una y otra vez que en medio de crisis agudas veta y/o desprecia mecanismos y foros de gestión de conflictos que no sirven a sus intereses, incluyendo el veto en 2009 a la renovación de la misión de la OSCE en Georgia, los frecuentes plantones al grupo de trabajo humanitario en las Conversaciones Internacionales de Ginebra relativas a los conflictos en torno a Abjasia y Osetia del Sur, el veto a la prolongación de la Misión de observación en los puntos de control fronterizos rusos de Gukovo y Donetsk en 2021, o más recientemente el menosprecio a la OSCE como foro en que abordar -entre otros espacios- la crisis actual, cuestionando incluso su estatus legal, entre otros muchos desplantes.

La guerra en Ucrania ha causado en torno a 14.000 víctimas mortales, 1,5 millones de desplazados internos, 2,3 millones de refugiados, violencia de género, reclutamiento forzado de hombres, problemas de acceso a alojamiento y medios de vida…  El riesgo de nueva escalada y ofensiva militar agravaría la situación humanitaria de amplios sectores de población civil. Desde una aproximación de seguridad humana urge poner en el centro de los debates las vidas de las personas y la necesidad de minimizar el riesgo de que haya nuevas vidas truncadas por la guerra. Ni la no ampliación de la OTAN, ni medidas en control de armamento, entre otras, puede que sean suficientes para reconducir la situación de crisis actual. Pero no por ello habría que dejar de explorarlo. Sin ingenuidad, desde el compromiso con la prioridad de la seguridad humana.

 

Defendemos la educación, sostenemos el mundo

Cristina Álvarez, Coordinadora de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación

Campaña Mundial por la Educación

“Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de manera que otros se unan a ti”. Debemos esta frase a Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos (fue la segunda mujer en lograrlo), defensora de los derechos humanos e icono feminista. RBG, como se la conoce popularmente, me recuerda en muchos aspectos a Greta Thunberg, la impulsora del movimiento contra el cambio climático que está abarrotando de jóvenes las calles de Europa. Tras una apariencia de engañosa fragilidad, ambas atesoran una voluntad inquebrantable que ha conseguido aunar a millones de personas en torno a las mayores luchas de los siglos XX y XXI.

En el caso de Greta, su determinación ha logrado sacar los colores a los líderes políticos mundiales por su vergonzosa inacción ante la actual crisis climática. Porque, pese a que aún haya quien se empeñe en negarlo, el cambio climático es una realidad incuestionable que tiene un impacto decisivo en nuestras vidas: según datos de la OMS, cada año mueren de forma prematura más de cuatro millones de personas en todo el mundo a causa de la contaminación ambiental del aire. En España, la temperatura media de las ciudades se ha incrementado el doble que la media mundial en los últimos cincuenta años. Sin embargo, quienes más sufren las consecuencias de esta espiral de autodestrucción en la que estamos inmersos son los países y personas más empobrecidos, que suelen vivir en zonas más vulnerables y cuya subsistencia depende de manera más directa del acceso a los recursos naturales. No podemos olvidar que sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social son dos caras de la misma moneda. De hecho se estima que, en función de cómo se adapten los ecosistemas y la economía, el cambio climático podría llevar a 122 millones de personas a la pobreza en 2030.

Podemos empeñarnos en emular al famoso violinista del Titanic, pero lo cierto es que ya estamos con el agua al cuello. Si queremos evitar el hundimiento, tenemos que actuar sin demora. En ese camino, la educación es clave. En primer lugar, porque permite que las personas sean capaces de entender los problemas medioambientales, sepan cómo darles respuesta y puedan reducir su vulnerabilidad frente a sus efectos. Por ejemplo, la educación aumenta en un 20 % las probabilidades de que un agricultor o agricultora se adapte a los efectos del cambio climático, a través de técnicas como la conservación del suelo, fechas de plantación variadas y diversidad de cultivos. Por otro lado, la educación es un impulso fundamental para un cambio (individual y colectivo) de valores y comportamientos que, a día de hoy, es imprescindible para nuestra supervivencia. Para que seamos conscientes, por ejemplo, de que cada año se tiran 1.300 millones de toneladas de alimentos (en muchos casos por su “falta de valor estético”) y de que este desperdicio genera un 8% del total anual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo así podremos empezar a hacer frente al que sin duda es uno de los mayores retos de este siglo: desvincular el crecimiento económico y el desarrollo del consumo insaciable (e insostenible) de recursos naturales. Empecemos por ahí.

Campaña Mundial por la Educación

Por eso, desde la Campaña Mundial por la Educación (CME) reivindicamos la necesidad de que la educación ocupe un espacio prioritario en el marco de las medidas políticas necesarias para que nuestro planeta pueda ser un lugar habitable para todas las personas. Al igual que Ruth y Greta, las personas que formamos parte de la CME luchamos por algo que nos importa: el derecho a la educación, la sostenibilidad del planeta y el bienestar de quienes lo habitan. Y, como ellas, tratamos de hacerlo de manera que el mayor número posible de personas se una a esta empresa. Con ese espíritu arranca hoy la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) que, bajo el lema “Defendemos la educación, sostenemos el mundo”, aspira a convertirse en un espacio de encuentro ciudadano en el que niños, niñas y jóvenes alcen su voz en defensa de su derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad que verdaderamente contribuya a construir sociedades más igualitarias y sostenibles. Tú también puedes. Únete.

 

 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es movimiento presente en más de 120 países que reúne a organizaciones de muy distinto signo en defensa del derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad. La Coalición Española de la CME está formada por las ONG Ayuda en Acción (que la lidera), Educo, Entreculturas y Plan International España, y cuenta con la participación de más de cuarenta organizaciones a nivel autonómico y local. Para más información sobre la CME, la SAME y los actos que van a tener lugar durante esta semana, puede visitar la página www.cme-espana.org

 

Dinero público europeo para la industria militar

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas, investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

P. T. FALLON (REUTERS)

La Unión Europea quiere conseguir la aprobación de un plan de financiación multimillonario que tendrá como principal beneficiaria la industria militar.

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en su declaración sobre el Estado de la Unión del 14 de noviembre de 2016, hizo pública la intención de la UE de promover y financiar la investigación militar. La Comisión, sin embargo, ya trabajaba en ello desde tiempo atrás. En 2015 la Comisaria europea de Mercado Interno e Industria, Elżbieta Bieńkowska, creó un Grupo de Personalidades (GOP) sobre investigación en defensa. De los dieciséis miembros, nueve representaban empresas de armamento y centros que realizan investigación militar. Por mencionar alguna de las empresas: BAE Systems, INDRA, Airbus Group (antes EADS), Leonardo (antes Finmeccanica). Dicho GOP presentó un informe en 2016 y la Comisión asumió una buena parte de sus recomendaciones en aspectos como el nivel de financiación, la propiedad intelectual, un mercado garantizado y, desde 2021, un programa de financiación muy bien dotado.

El 7 de junio 2017, la Comisión Europea lanzaba oficialmente el programa European Defence Fund. Este Fondo estará constituido por diferentes instrumentos de financiación pública para financiar proyectos de Investigación y Desarrollo en tecnologías y productos con objetivos militares. Las principales receptoras son las empresas y grupos de investigación aplicada activos en este ámbito. Se priorizan las tecnologías de vanguardia como los sistemas autónomos (incluyendo los drones), inteligencia-vigilancia, ciberseguridad y seguridad marítima. El borrador Defence Fund 2021-2027 menciona concretamente las llamadas tecnologías disruptivas ("tecnología cuya aplicación puede cambiar radicalmente los conceptos y la práctica de los asuntos relacionados con la defensa", según el mismo Defence Fund 2021-2027). Según las instituciones europeas, el objetivo de este programa es doble: fortalecer las capacidades militares de los Estados miembros de la UE (y por tanto la autonomía estratégica) y contribuir al crecimiento y el empleo en Europa mediante el apoyo a la competitividad y la innovación de este sector industrial.

Este programa está planificado en dos etapas. La primera (2017-2020), ya aprobada, es la que está en curso y está dotada con 590 millones de euros del presupuesto ordinario de la UE. Se cuenta con que los Estados miembros complementarán esta cifra con, al menos, 2.000 millones adicionales (procedentes de sus respectivos presupuestos estatales). La segunda etapa (2021-2027) está pendiente de aprobación y se propone que esté financiada con 13.000 millones de los presupuestos de la UE, una cifra astronómica. También en esta segunda etapa se prevé que los Estados miembros aporten 35.600 millones adicionales. Si finalmente se aprueba esta segunda etapa, se habrá financiado la investigación, el desarrollo de prototipos, los ensayos, la producción y la adquisición de tecnología militar. Y se habrán concedido a la industria de armamento, entre 2017 y 2027, hasta 51.000 millones de subsidios europeos.

La mayor parte de este dinero se canalizará como subvenciones que la industria no tendrá que reembolsar. Es previsible que los Estados miembros no acepten incrementar sustancialmente sus contribuciones a los presupuestos de la UE. Si es así, para poder financiar todo el programa militar, la UE deberá redistribuir sus presupuestos y desviar asignaciones destinadas a políticas civiles hacia el fondo de defensa.

Una de las razones aducidas por la UE para poner en marcha este fondo de defensa es la creación de empleo. Esta es una razón, cuando menos, discutible. Un estudio de 2007 de dos profesores del Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts evaluaba los puestos de trabajo que se generarían si se invirtieran, en EE.UU., 1.000 millones de dólares en seis ámbitos distintos: gasto militar, reducción de impuestos (que, según los autores, implica un aumento del consumo privado), sanidad, educación, transporte público y construcción dirigida a la ambientalización de las casas y reparación de infraestructuras. El estudio está realizado únicamente desde el punto de vista económico y no entra en ninguna consideración ética o política.

El resultado es abrumador. Invertir 1.000 millones de dólares en cualquiera de las cinco alternativas civiles genera más puestos de trabajo que una inversión igual en el sector militar. Las diferencias no son despreciables. Si la inversión se hiciera en el sector sanitario o de rehabilitación de viviendas, se generaría un 50% más de puestos de trabajos que en el caso de invertir en el sector militar. Pero si la inversión se hiciera en el sector educativo o en el transporte público, se generarían, en cada uno de estos sectores, más del doble de puestos de trabajo.

La Comisión no puede hacer ninguna propuesta legislativa ni subvencionar ninguna acción relacionada con la política de defensa y seguridad, incluidos asuntos militares, ya que el Tratado de Lisboa de la UE (2007) estableció que las dos políticas de la UE, la CFSP (Common Foreign and Security Policy) y la CSDP (Common Security and Defence Policy), quedarían bajo control únicamente de los Estados miembros. Para eludir esta restricción, la Comisión Europea presentó sus propuestas para subvencionar la I + D militar como parte de su política industrial, para la que sí tiene plena competencia.

Esta, sin embargo, no será la primera vez que la UE destina dinero a la industria europea de seguridad y defensa. Unos cuantos años atrás, en 2003, la Comisión Europea ya estableció un Grupo de Personalidades en el campo de la investigación en seguridad, que incluía 15 representantes (sobre un total de 28 miembros) de la empresa armamentística y de centros que realizan investigación militar. Algunos de estos representantes de la industria militar los encontraremos, años más tarde, en el GOP de 2015 sobre investigación militar que hemos mencionado más arriba. En febrero de 2004 la Comisión ya incluía la mayoría de las recomendaciones de ese GOP y anunciaba el lanzamiento de una Preparatory Action on Security Research (PASR). En 2007 un amplio programa sobre investigación en seguridad, el llamado ERSP, fue integrado en el programa marco FP7 de investigación de la UE. El ERSP se prolongó hasta 2014, incrementándole el presupuesto.

Es fácil relacionar estas nuevas políticas de la UE con el hecho de que, desde hace unos años, el sector del armamento ha ido ampliando su producción hacia la tecnología de seguridad y vigilancia. Además de aviones o tanques de combate, actualmente también fabrica radares, sistemas de detección, dispositivos de vigilancia y de identificación biométrica, tecnología destinada a los muros fronterizos, etc.

La industria de defensa y seguridad europea se está beneficiando ya ahora de fondos europeos y lo hará en el futuro. Ahora ya recibe fondos para la tecnología asociada a seguridad: muros fronterizos, mecanismos de seguimiento, reconocimiento... Y muy probablemente recibirá en un futuro inmediato, si finalmente se aprueba el borrador presentado por la Comisión, enormes subvenciones para desarrollar tecnología militar. Además, los resultados generados por los proyectos de I + D militar subvencionados por la UE serán de plena propiedad de las empresas de armamento que reciban los fondos.

Los presupuestos de la UE se nutren con las aportaciones de los Estados miembros y, por tanto, estos contribuyen a estas subvenciones europeas para la investigación y producción militar. Pero no olvidemos que, paralelamente, cada uno de los Estados miembros tiene, dentro de sus presupuestos estatales, partidas destinadas a defensa, una buena parte a adquisición de la producción del sector de defensa y seguridad. Es decir, este sector industrial está recibiendo dinero público tanto de la UE como de cada uno de los Estados miembros. Además, es previsible que la mayoría de los Estados miembros incrementen su gasto militar, entre otras razones, para cumplir su compromiso adquirido en la cumbre de 2014 de la OTAN. De todo ello se puede concluir que el gasto militar en Europa aumentará de forma muy significativa durante los próximos años.

En una de las fases ya en curso del Defence Fund, se aprobó una cláusula excepcional que excluía el Parlamento Europeo de la implementación del programa, con la excusa de la falta de tiempo. En el borrador de la regulación del Defence Fund para el periodo 2021-2027, esta cláusula se ha vuelto a incluir, ahora ya directamente sin ninguna excusa. En definitiva, el borrador propone que sean únicamente los Estados miembros los que definan qué temáticas serán prioritarias y cómo se debe implementar el programa.

En la UE hay una voluntad clara de aumentar el gasto militar. Ha contribuido, en buena medida, la influencia del sector de defensa y seguridad europea y sus grupos de presión, que mantienen vínculos estrechos con los líderes con poder decisorio y con funcionarios clave de la Comisión Europea. Este sector ha participado decisivamente en el diseño de la financiación de la investigación militar (procedente de la UE) y es el principal interlocutor e inspirador de la implementación de esta financiación.

Además, en el borrador de Regulación del European Defence Fund, se pide a los Estados miembros el compromiso de adquisición de los productos o la tecnología resultantes de la investigación financiada por el fondo. Es decir, si finalmente se aprueba este borrador, la UE financiará con dinero público la investigación y con dinero público se comprarán los resultados de la investigación. Y la propiedad intelectual continuará en manos de las empresas que se habrán beneficiado. Queremos insistir en que, probablemente, parte del dinero destinado al fondo de defensa provendrá de reducir las asignaciones de programas civiles. Si la UE pretende contribuir al bienestar de sus ciudadanos y a la paz mundial, dedicar tanto dinero al sector militar es una de las peores opciones posibles.

¿Por qué las mujeres saharauis deben participar en la mesa de negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos?

Lehdía Mohamed Dafa, investigadora e integrante de WILPF

Protesta pacifista de mujeres saharauis ante la ONU en Ginebra/Banat Saguia

Desde que se inició el conflicto, armado en su primera fase, entre el Frente Polisario y el régimen de Marruecos en 1975, a causa de la ocupación militar y civil del Sahara Occidental por Marruecos y Mauritania, siempre se han llevado a cabo distintos encuentros y negociaciones para intentar encontrar algún tipo de solución mediante el acuerdo. Por citar solo algunos ejemplos, en la década de los setenta y ochenta tuvieron lugar varios encuentros entre destacados dirigentes del F. Polisario y altos cargos civiles y militares marroquíes. Al año de iniciada la guerra, en 1976, tuvo lugar una reunión entre Emhamed Jadad embajador saharaui en Argel y el general Dlimi entonces jefe del ejército marroquí en el Sahara; posteriormente, Bachir Mustafa Sayed, entonces jefe de la diplomacia saharaui, se encontró, al menos en dos ocasiones en 1980 y 1983, con Reda Guedra consejero personal del rey Hassan II. El 5 de agosto de 1979, tras varias negociaciones previas, el Frente Polisario firma la paz definitiva con Mauritania que retiraba su ejército del territorio saharaui. Casi diez años más tarde, el 3 de enero de 1989, una delegación de alto nivel del F. Polisario visitó por primera vez Marruecos, donde fue recibida por el mismo Hassan II. Aunque el objetivo de aquella reunión, como dijo el monarca alauí, “no era negociar sino discutir” acerca de las perspectivas de paz, aquel encuentro marcó el inicio de una larga serie de reuniones y negociaciones para intentar resolver el conflicto mediante el diálogo directo entre las partes. Así, el 29 de abril de 1991, bajo la Resolución 690, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el denominado “Plan de Arreglo” para el conflicto saharaui; se firmó el alto el fuego y se abrió el camino para intentar encontrar una solución negociada. Sin embargo, y como dijo Jenny Pearce, “la ausencia de guerra no significa necesariamente la ausencia de violencia en una sociedad, y ciertamente no significa, el final del conflicto”. 27 años después del cese de las hostilidades militares, el conflicto saharaui-marroquí continua sin avances ni visos de solución, con un muro de dificultades y obstáculos hasta la fecha insalvables.

En todas estas décadas, nunca, en ningún momento, se dio voz ni participación directa a las mujeres en la mesa de las negociaciones.

Se anuncia una próxima ronda de negociaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos en Ginebra para el mes de diciembre, auspiciadas por Naciones Unidas. A mi juicio convendría integrar de manera ya permanente y directa a las mujeres en las negociaciones en cumplimiento de la Resolución 1325 aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su sesión 4213ª celebrada el 31 de octubre de 2000, para que participen en el proceso como nuevos actores de paz, y no sólo como víctimas en este conflicto interminable, aportando en los análisis y propuestas una perspectiva diferente, lo que para entendernos viene denominándose una perspectiva de género.

Las mujeres deben formar parte de los equipos negociadores, no por una cuestión de cuotas o porque las mujeres por “naturaleza” pudiéramos ser más proclives a soluciones pacíficas que los hombres (y en ese sentido moralmente superiores como podría deducirse de algunas teorías); tampoco como simples floreros para dar un toque colorista con nuestras melhfas y “feminista” a la causa de la paz.

Seamos capaces o no de lograr nuestra presencia en las negociaciones con una agenda propia o iniciativas concretas, creo firmemente que nuestra participación en la mesa de dialogo es obligada, necesaria y conveniente por varias razones. En primer lugar, porque las mujeres seguimos siendo las principales víctimas de una guerra, un conflicto político y un desastre humanitario al que en gran medida hemos sido arrastradas. A ambos lados del muro, sobre nuestras biografías sigue proyectándose la sombra y las secuelas de la guerra. Miles de mujeres han sufrido la pérdida, las heridas o mutilaciones de sus seres más queridos, hijos, padres, maridos, hermanos… Han sufrido el desgarro de una viudedad prematura o la orfandad de sus hijos que en muchos casos no llegaron ni siquiera a conocer a sus padres. Han sufrido y siguen sufriendo la falta o menores oportunidades, que en tantos casos conducen a la exclusión y la pobreza. A lo largo de todos estos años de “no guerra, no paz”, las familias, lo más importante que todos tenemos, siguen separadas por un muro militarizado y minado, una cicatriz de hierro que secciona y hiere el espacio infinito y bello de nuestra badia. En los territorios ocupados, vemos irritadas, con frecuencia insoportable, la violencia que se ejerce contra las mujeres, que tienen un papel destacado en las manifestaciones y protestas; la violación de sus derechos fundamentales y las agresiones impunes. Muchas mujeres han tenido que optar por permanecer recluidas en sus hogares, no ir a la universidad, ni buscar un trabajo fuera de casa, por el miedo a la discriminación, la segregación o las violencias de todo tipo que pueden sufrir. Paralelamente, en los campamentos de refugiados en territorio argelino, la larga duración y pervivencia del conflicto “sine díe” es hoy el principal obstáculo que mantiene suspendida en el tiempo la lucha de las mujeres por sus derechos civiles y la igualdad de oportunidades personales, sociales y económicas, que injusta e inoportunamente, siempre se nos dice que deben quedar supeditadas a la solución definitiva del conflicto y la consecución de la independencia nacional.

Protesta pacifista de mujeres saharauis para la solución del conflicto ante la sede de la ONU en Ginebra/Banat Saguia

En segundo lugar, a mi juicio, la participación directa y activa de las mujeres en la búsqueda de acuerdos y en la solución negociada, es lo que en justicia corresponde a nuestra participación y sacrificios en la retaguardia, en la construcción y administración, en los primeros años de los campamentos y hasta en la política natalicia de gestación intensiva con graves daños para nuestra salud de nuevos guerrilleros. Si tuvimos que participar activamente en la guerra tenemos que exigir con autoridad y firmeza la participación en cualquier proceso de paz, y ya de manera definitiva la participación en igualdad de condiciones en la construcción de la futura sociedad saharaui que tiene que aspirar a una vida en paz, protegidos los derechos individuales por la justicia y con oportunidades de prosperidad.

En tercer lugar, porque millones de mujeres en todo el mundo y en tantas épocas de la historia han demostrado su compromiso con la paz y su capacidad para contribuir al dialogo y los acuerdos aportando visiones y propuestas alternativas como ha quedado demostrado en conflictos como los de Palestina, Somalia, Ruanda, Liberia, Irlanda del Norte, Sri Lanka, Colombia y Siria. En estos países, la participación directa de las mujeres ha puesto en evidencia contrastable que ha dado frutos muy positivos, contribuyendo de manera determinante a generar un clima de confianza y empatía que ha mejorado la comunicación y el acercamiento de posiciones entre las partes en la búsqueda de una situación de paz duradera, y entre cuyos resultados también figuran marcos basados en valores democráticos, con mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la promoción de la educación y una cultura de paz en la infancia. Para terminar y como inspiración quisiera citar unas palabras de María Villellas Ariño, investigadora en la Escola de Cultura de Pau en la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante de la junta internacional de WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad), organización a la que me honro pertenecer: “el género debe guiar los procesos de paz en su sentido político completo y no a través de perspectivas parciales que reducen el género a la idea de introducir a las mujeres en la esfera pública”.

Debemos detener las nuevas armas robóticas

Pere Brunet, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

FABRIZIO BENSCH (REUTERS)

A principios de este mes de octubre, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UAB, representantes del International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), juntamente con representantes de Fundipau y del Centro Delàs, presentaron la Campaña internacional Stop Killer Robots. Esta campaña para detener los robots asesinos se inició en Londres en abril de 2013, respaldada por una agrupación internacional de entidades que trabaja para prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas. Debemos tener presente que los avances tecnológicos que están realizando en esta dirección algunos estados pueden cambiar drásticamente el concepto de guerra y los escenarios bélicos, comportando asimismo importantes desafíos a nivel humanitario y legal.

Sin embargo, hace solo un mes, en Ginebra, la sexta reunión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCAC) de la ONU terminó sin ningún acuerdo vinculante. Aunque una clara mayoría de los estados asistentes proponía iniciar negociaciones en 2019 para definir un nuevo tratado que estableciese la prohibición preventiva del desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos letales, Estados Unidos y Rusia rechazaron y vetaron la iniciativa (que apoyaban países como Austria, Brasil, Chile, Colombia, Irak, Pakistán, Panamá, un grupo de estados africanos y el grupo de estados del Movimiento de Países No Alineados). Los 88 estados participantes, que mayoritariamente estuvieron de acuerdo sobre la necesidad de alguna forma de control humano sobre los sistemas armados y el uso de la fuerza, no acordaron cómo proceder para lograr este objetivo.

En este contexto, querría aportar cuatro reflexiones al debate sobre los sistemas militares robóticos y sobre la prohibición preventiva de las armas autónomas letales.

En primer lugar, se trata de sistemas éticamente reprobables. Porque, incluso en el caso de las armas robóticas no autónomas que requieren una persona humana en el circuito de decisión, autores como Medea Benjamin y Markus Wagner consideran que cuando las operaciones militares se realizan a través del filtro de una cámara de video lejana, desaparece posibilidad del contacto visual con el enemigo, con lo que decrece la percepción del costo humano del posible ataque. Y, aunque no hay constancia de que los sistemas robóticos letales y totalmente autónomos (LAWS) estén siendo utilizados actualmente en acciones militares, ya existen sistemas que detectan y “deciden” las personas a atacar, aunque ofrecen la posibilidad de que un operador remoto detenga su acción mortífera. El debate ético, en este caso, se centra en los sesgos que las maquinas generan en los procesos humanos de decisión ya que, como bien explica Noel Sharkey, estos sistemas generan el fenómeno conocido como sesgo de automatización (“automation bias”) que hace que los operadores humanos tiendan a aceptar como correctas las soluciones propuestas por los sistemas robóticos e informáticos, ignorando o dejando de buscar información complementaria. Pero, en todo caso, siempre será éticamente inaceptable que no exista un grado suficiente de control humano en las funciones críticas de cualquier sistema militar armado.

Además, son armas no precisas, que matan civiles no involucrados. Hay que dejar bien claro que los nuevos sistemas basados en algoritmos masivamente heurísticos de aprendizaje a partir de datos incluyen inevitablemente un margen de error, que en el caso de las armas se traduce en muertes de personas inocentes. Cualquier sistema autónomo es solo parcialmente fiable. Este es un hecho bien conocido a nivel de la comunidad científica internacional, publicado reiteradamente y accesible universalmente como todos los resultados científicos, pero que sorprendentemente no se divulga lo suficiente.

En tercer lugar, estas armas son un gran negocio. Un negocio que enriquece a algunas personas mientras destruye y mata otras muchas. Hace días podíamos leer, en la versión impresa de un artículo de Ignacio Vidal-Folch sobre la venta de bombas de precisión a Arabia Saudita, que “no hay una solución fácil en este conflicto entre economía y ética”. El análisis de este oxímoron, que equipara principios éticos con beneficio económico en el caso de las llamadas bombas de precisión (armas que podemos incluir en la categoría de sistemas robóticos letales) nos desvela la gran hipocresía de los gobiernos estatales, que se llenan la boca de frases humanitarias mientras se “venden” para garantizar el negocio de su complejo militar-industrial y sus corporaciones financieras. Porque, como proclamaba la ex ministra Cospedal cuando intentaba animar a los inversores, se trata de un negocio muy rentable.

Finalmente, las nuevas armas robóticas son opacas. Su uso ha dejado de ser transparente, y raramente aparece en los medios de comunicación. Pero el número de víctimas civiles es realmente alto. Como explica por ejemplo David Hookes, incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que al menos un tercio de las muertes causadas por ataques con drones en Pakistán han sido no combatientes. Y, en palabras de Ben Emmerson en el informe A/HRC/25/59 a la Asamblea General de Naciones Unidas, entre 2009 y 2013 por ejemplo, los Estados Unidos realizaron como mínimo 86 operaciones letales en Yemen con drones dirigidos a distancia y otros medios, que produjeron un total de 500 muertes. En su informe, Ben Emmerson documentaba con detalle un total de 30 ataques que afectaron a personas civiles en distintos países, y evidenciaba las grandes dificultades que su equipo encontró al investigar estos ataques.

Muchas entidades y campañas como Stop Killer Robots se oponen enérgicamente a permitir el desarrollo de sistemas de armas que, una vez activados, podrían seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. Permitirlo sería abominable, inmoral, contrario al concepto de dignidad humana y a los principios humanitarios, con consecuencias impredecibles para la población civil en todo el mundo. Pero además, estamos viendo otras señales de esperanza: un gran número de científicos e ingenieros están diciendo que no, objetando y negándose a trabajar en temas que puedan aplicarse al desarrollo de estas armas, oponiéndose a la simple idea de programar máquinas para matar seres humanos y considerando que hablar de paz y diálogo no es utópico, porque lo realmente utópico es creer que los problemas del mundo podrán resolverse con el uso de la violencia, como bien afirmaba Vicent Martínez Guzmán.

La paz de las mujeres

Júlia Vigó, Associació Acció Internacional per la Pau (IAP) Catalunya

Mujeres colombianas /IAP

El Acuerdo de Paz en Colombia incluye sobre el papel el enfoque de género, sin embargo a la práctica no se está implementando. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida.

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba por unanimidad la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Dieciocho años después, el balance presenta claroscuros. De los 1.168 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2014, sólo el 18% hace alguna mención a las mujeres o a cuestiones de género. Desde la aprobación de la Resolución y en comparación con los años anteriores, el porcentaje aumenta hasta el 27% según ONU Mujeres (2015). Insuficiente y decepcionante. Sin embargo es emblemático el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en cuanto a la aplicación de la perspectiva de género a la que apelaba la ONU.

El camino no ha sido fácil. Más allá de ser una voluntad inicial de los negociadores, el enfoque de género se ha integrado en el Acuerdo Final de Paz por la tozudez y el compromiso innegable de las mujeres colombianas que, ya durante el conflicto, han sido verdaderas constructoras de paz. En este sentido, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (2013) supuso un punto de inflexión en la negociación. Con el lema "Mujeres pactantes y no pactadas", esta plataforma de organizaciones de mujeres mixtas, étnicas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y juveniles, externa a la Mesa de diálogo -entonces ya conformada-, estaba decidida a incidir plenamente. Fruto de la repercusión que tuvo, se establecieron varios mecanismos de participación para las mujeres, siendo la Subcomisión de Género uno de los principales.

Efectivamente, el Acuerdo Final de Paz aprobado el 30 de noviembre de 2016 hace referencia explícita al enfoque de género. "Implica, en particular, la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto". Para lograrlo, en el Acuerdo se definen más de un centenar de disposiciones que comprometen a las partes y que, al desarrollarse, tendrán la capacidad de incidir en las discriminaciones patriarcales estructurales y en los impactos sufridos por mujeres y niñas durante más de sesenta años de conflicto armado.

De todos modos, la implementación está llena de obstáculos y la voluntad política requerida para desarrollarla con plenas garantías es a día de hoy, más que dudosa. Así, de entre las recomendaciones recogidas en el "Primer informe de la implementación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz en Colombia" de Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, se establece la necesidad de capacitar a los funcionarios y funcionarias del Estado en cuestiones de género y de establecer protocolos específicos para que este nuevo enfoque se haga efectivo a todas las instituciones del país. Además, el informe alerta de la importancia de tener en cuenta las interseccionalidades: la necesidad de asumir que el ser mujer tiene múltiples vivencias en función de la etnia, el origen o la identidad sexual y que, en un país como Colombia, con tantas realidades que comparten un mismo territorio, es algo de urgencia.

Colombia / IAP

Más allá de los retos, que son muchos, hay que reconocer las implicaciones positivas de la adopción de un enfoque transversal de género en un Acuerdo de Paz, precisamente, porque supone el cierre de un capítulo de la historia colombiana para iniciar otro nuevo que permitirá construir nuevas formas de vivir. Aunque tengan un sabor agridulce, debemos ser justas con las victorias que conseguimos y asumirlas como tal; por más que sólo sean puntos de partida. El enfoque de género integrado en el Acuerdo Final de Paz colombiano significa que los conflictos armados no son neutrales en cuanto al género. Y no lo son porque las sociedades, en este caso la colombiana, tampoco lo es. Y mientras no lo sea, las violencias que sufren las mujeres de forma habitual y naturalizada, se exacerba en la guerra.

El Acuerdo no sólo es una oportunidad única para integrar a las mujeres en la toma de decisiones e implicarse efectivamente en la construcción de paz desde sus múltiples vivencias y realidades, sino que es en sí mismo una declaración de principios: hay una paz que no es suficiente para las mujeres, la que es cómplice de las desigualdades de género. Una paz donde se ejerce violencia contra las mujeres no puede ser una paz válida. El Acuerdo de paz colombiano es un instrumento pensado para abordar la paz desde un sentido positivo. No es simplemente la ausencia de guerra: la paz es justicia de género, social y ambiental. Y las mujeres colombianas no renunciarán.

Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz y con la llegada del nuevo presidente del Gobierno Ivan Duque del partido Centro Democrático, se abre un capítulo de incertidumbre respecto a la implementación del Acuerdo. En este contexto se hace necesario que la comunidad internacional conozca la importancia de los acuerdos en materia de género y sea garante de su implementación y por eso es especialmente relevante la apuesta temática de las jornadas de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia sobre "Las mujeres, protagonistas de la Paz en Colombia" en las que durante dos días lideresas colombianas evaluarán desde diferentes ámbitos y analizarán la situación.

 

¿Por qué las 400 bombas españolas podrán ser utilizadas contra la población civil?

NAIF RAHMA (REUTERS)

Es más que probable que las 400 bombas de guiado por láser (GBU Paveway II) que el Gobierno español quiere exportar a Arabia Saudí acaben cometiendo crímenes de guerra. Lo sabe la ministra de Defensa, cualquier experto en seguridad y conflictos y, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. 

Arabia Saudí se ha armado en la última década con cientos de aviones de combate y miles de misiles y proyectiles. Las bombas de la familia GBU Paveway II, de producción estadounidense, son unas de sus preferidas, en particular en la guerra en Yemen, en la que Riad es parte beligerante. Sus especificaciones técnicas,  les atribuyen mayor precisión que a las bombas tradicionales y, sobre todo, que otras ya prohibidas como las municiones en racimo británicas BL755 que Arabia Saudí también ha reconocido haber utilizado en la guerra en Yemen.

Con todo, al contrario de lo que afirma el Sr. Borrell, el Gobierno español no debe tomar la decisión de autorizar y realizar una exportación de material de defensa en función de los aspectos técnicos del armamento, sino del uso que se le vaya a dar. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso así lo establece determinando que las autorizaciones serán suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. Añade la legislación que “para determinar la existencia de estos indicios racionales”, se tendrán en cuenta los informes “de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas”.

Utilicemos, pues, la información del Panel de Expertos sobre Yemen de Naciones Unidas, quienes en la Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, de 27 de Enero de 2017, aseguran que la bomba que causó 19 muertos y 24 heridos y destrozó el hospital de Médicos sin Fronteras el 15 de agosto de 2016 fue, precisamente, una GBU Paveway II. Ese ataque fue reconocido por Arabia Saudí como un “error”. También estima el Panel de Expertos que fueron dos bombas “inteligentes” GBU Paveway II las utilizada por Arabia Saudí para bombardear un funeral civil al que asistieron más de mil personas en Saná el 8 de octubre de 2016, en el que murieron 132 personas y otras 695 resultaron heridas, muchos de ellos niños. Los ataques contra la población civil y contra el personal humanitario son crímenes de guerra,  tal y como establece el Derecho Internacional Humanitario, que España tiene la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir. El Panel de Expertos de Naciones Unidas recoge en su informe que el Ejército Saudí es altamente incompetente e incapaz de utilizar de manera profesional el material de alta tecnología que posee, mostrando una evidente mala praxis con los llamados objetivos militares dinámicos. Son muchas las voces de expertos sobre el terreno que coinciden en señalar esta incompetencia, además de un conocimiento y respeto muy deficitarios del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, el Panel de Expertos de Naciones Unidas (y muchas otras personas expertas en la situación en Yemen) advierten que el Ejército Saudí no es capaz de utilizar las GBU Paveway II de una manera compatible con el Derecho Internacional Humanitario, con independencia de la precisión que puedan tener estas bombas. Naciones Unidas, por tanto, considera que hay indicios racionales de que las 400 bombas que España quiere vender a Arabia Saudí serán utilizadas contra la población civil y/o contra personal humanitario. Es decir, para cometer crímenes de guerra. Es probable que la contundencia de este informe haya llevado a que la Ministra de Defensa no pudiera considerar legal esta venta de armamento. Sin lugar a dudas, genera más confianza el criterio de la titular de Defensa, magistrada, que el del Ministro Borrell. Además, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania e incluso EEUU han restringido en algún momento sus ventas de armas a Arabia Saudí.

Sin embargo, no somos tan ingenuos como para pensar que el Sr. Borrell y los muchos asesores del Gobierno no sean conocedores de los informes del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Yemen. Los obscenos comentarios sobre la precisión de las bombas GBU Paveway II conllevan un grado de cinismo político solo superado por José María Aznar y sus explicaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

 

Los conflictos que explican el récord de desplazamiento forzado en el mundo

Escola de Cultura de Pau de la UAB

Hace unos días ACNUR daba a conocer su informe sobre el desplazamiento forzado global y, como en los últimos años, las cifras arrojaron un nuevo récord. Hasta finales de 2017, un total de 68,5 millones de personas –50% más que hace una década– se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de situaciones de violencia, persecución y conflictos armados. Entre ellas, 25,4 millones de personas refugiadas, 40 millones desplazadas dentro de sus propios países y 3,1 millones de solicitantes de asilo. Las circunstancias y motivaciones de cada una de estas personas son múltiples y complejas, pero es indudable que, a nivel general, el significativo aumento del desplazamiento forzado está vinculado con el panorama global de conflictos y violencia, que también ofrece una evolución preocupante.

Sirios y sirias en zona fronteriza entre Grecia y Turquía / Reuters

El análisis de la conflictividad en el mundo por parte de la Escola de Cultura de Pau (ECP), recogido anualmente en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, concluyó que en 2017 se produjeron 33 conflictos armados en el mundo. De ellos, la mayor parte (13 casos) fueron conflictos armados de alta intensidad, es decir, disputas que provocaron la muerte de más de mil personas en un año, además de otros severos impactos sobre la población y el territorio. En términos comparativos, los casos de alta intensidad también se han incrementado en los últimos años. Si en 2008 los conflictos graves representaban un 26% de los casos, en 2018 ese porcentaje había aumentado hasta el 40%, según los datos de la ECP. Además, cabe destacar que muchos en muchos de estos casos los niveles de letalidad estaban muy por sobre las mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, solo en el caso de Iraq se estimaba que el número de personas fallecidas entre la población civil a causa del conflicto en 2017 ascendía a unas 13.000 personas.

La conexión de este panorama de conflictos con el desplazamiento forzado es evidente. Según los datos de ACNUR, excluyendo a la población refugiada palestina (5,4 millones), más de dos tercios (68%) de todas las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos conflictos armados de alta intensidad: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia y Myanmar. El conflicto en Siria continuó siendo una de las principales causas del exponencial aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 un total de 6,3 millones de sirios y sirias habían abandonado el país, mientras que otras 6,2 millones de personas se habían desplazado internamente–algunas de ellas en múltiples ocasiones– a causa de las complejas dinámicas de violencia; los numerosos y cambiantes frentes de batalla; y la diversidad de actores armados locales, regionales e internacional implicados. Sólo en 2017 el conflicto sirio habría causado la muerte de unas 10.000 personas –según estimaciones–, además de otros múltiples impactos, entre ellos violencia sexual, torturas, ejecuciones sumarias, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles y asedios (al finalizar el año unas 390.000 personas permanecían cercadas por las fuerzas del régimen). Como consecuencia del conflicto, siete de cada diez personas en Siria requerían ayuda humanitaria.

En el caso de Afganistán, las hostilidades causaron más de 3.400 víctimas mortales solo entre la población civil a lo largo de 2017. El país, que ha vivido en conflicto armado de manera casi ininterrumpida desde 1979, continuó siendo escenario de enfrentamientos armados, múltiples violaciones a los derechos humanos y ataques explosivos (con varios atentados de magnitud en Kabul, que provocaron cientos de víctimas). En los últimos años la situación de seguridad se ha caracterizado por una consolidación de la capacidad talibán para controlar territorios y por una presencia más notoria de ISIS. En este contexto, Afganistán continuó siendo el segundo país emisor de población refugiada a nivel mundial, la mayor parte de la cual ha encontrado refugio en la vecina Pakistán.

Población rohingya que huye de Myanmar llegando a Bangladesh / Reuters

Myanmar fue uno de los casos más notorios en 2017. La violencia en el país no sólo causó miles de víctimas mortales –en tan solo un mes había dejado más de 6.700 personas fallecidas–, sino que también motivó nuevos y masivos desplazamientos de población. Unas 660.000 personas abandonaron el país y se refugiaron principalmente en Bangladesh, huyendo de la persecución a la población rohingya. El conflicto armado escaló de manera abrupta a mediados de 2017, después de que unas acciones de un grupo armado de oposición motivaran una ofensiva militar sin precedentes. Las vulneraciones a los derechos humanos en Myanmar –incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y uso de la violencia sexual– llevaron a alertar sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidio.

En África, Sudán del Sur y Somalia continuaron registrando conflictos con un grave impacto en términos de desplazamiento forzado. En el primer caso, la violencia agudizó la situación de crisis humanitaria durante 2017, mientras que Somalia siguió viéndose afectada por el conflicto que protagoniza al-Shabaab y padeció el peor atentado de su historia, con más de 500 víctimas mortales. Otro de los casos destacados en el continente africano fue el de la República Democrática del Congo (RDC). Escenario de múltiples dinámicas de conflicto, durante 2017 la RDC vivió una significativa escalada de violencia en la región de Kasai (centro) debido a los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Gobierno y entre diversos grupos étnicos. Como consecuencia de este conflicto, también de alta intensidad, el número de personas desplazadas internas en RDC se duplicó en 2017, alcanzando los 4,4 millones de personas. RDC se convirtió así en el país con la mayor población desplazada interna de toda África.

 

El conflicto en Kasai: ¿una nueva disputa étnica?

Martí Font i Carbó, diplomado en Cultura de Paz por la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Cinta hallada en una fosa común, emblena de Kamuina Nsapu. Reuters//Aaron Ross

La crisis política y humanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo (RDC) sigue generando periódicamente nuevos y violentos conflictos que ponen de manifiesto la frágil e inestable situación en la que se encuentra sumido el país bajo la dirección del presidente Joseph Kabila. En paralelo a la tragedia que lleva tiempo asolando las provincias del este y noreste, hace poco más de un año y medio se produjo el estallido de un nuevo conflicto en la región de Kasai, un territorio que abarca buena parte del centro y el sur de la RDC y que hasta el momento había logrado eludir el clima de conflictividad que lleva décadas intoxicando otras geografías del país. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, el origen del conflicto en Kasai poco o nada tiene que ver con la pugna por el control de los recursos naturales ni con la extracción de los denominados minerales de sangre. De hecho, aunque las tierras de Kasai son abundantes en oro y minerales, su industria minera se encuentra en decadencia debido a la falta de infraestructuras y a los innumerables impedimentos logísticos y energéticos derivados de la situación de subdesarrollo crónico que padece la región.

En tales circunstancias, la estabilidad existente hasta mediados de 2016 difícilmente podría considerarse como sinónimo de bienestar. Según datos del PNUD, en el año 2012 la región registraba una tasa de pobreza de entre el 75 y el 80%, poseía una esperanza de vida inferior a los 50 años, y contaba con unos niveles altísimos de mortalidad infantil, malnutrición y analfabetismo. Al mismo tiempo, la miseria en la región – cuyos índices no han cesado de crecer desde 2005 –, se ha visto agravada de manera sistemática por el total y absoluto abandono que sufren sus habitantes por parte del Gobierno, que de esta manera sanciona el importante apoyo que históricamente ha recibido en estos territorios el candidato de la oposición Étienne Tshisekedi, oriundo de Kasai y perteneciente a su etnia mayoritaria, los luba.

Tambores de guerra en el Gran Kasai

El conflicto en la región empieza a gestarse a partir del mes de marzo de 2012, momento en el que se produce el fallecimiento del líder tradicional de la jefatura de Bajila Kasanga (Kasai Central) y se inician los trámites para coronar al nuevo Kamuina Nsapu de la comunidad. El elegido para suceder al líder fallecido fue Jean Pierre Mpandi, un hombre carismático y muy crítico con el régimen de Kabila, que en 2016 acabó siendo vetado por la propia administración central en beneficio de otro candidato más afín a la ideología del Gobierno. La intromisión del Estado sobre esta cuestión generó de inmediato un profundo malestar que el propio Mpandi aprovechó para dar legitimidad a su llamado a la insurrección popular. La creciente miseria que vive la región, combinada con el sentimiento de exclusión política derivado de la gestión partidista del poder tradicional, cuaja en un peligroso cóctel que, utilizado convenientemente por el Kamuina Nsapu, desatará finalmente la insurrección violenta en Kasai Central.

4 millones de personas se han desplazado como consecuencia del conflicto en Kasai. REUTERS/James Akena

El conflicto no tardó en expandirse por toda la provincia. Los partidarios de Mpandi, jóvenes en su gran mayoría, se organizaron en torno a una milicia que bautizan con el nombre de Kamuina Nsapu y empezaron a atacar edificios públicos y otros símbolos del Estado. Finalmente, el 12 de agosto de 2016 se produjo el hecho que hará escalar definitivamente el conflicto: Jean Pierre Mpandi fue asesinado en Tshimbulu en medio de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). Este hecho, lejos de diluir la revuelta, la acabó exacerbando y ampliando más allá de Kasai Central. Ante estos ataques, las FARDC lanzaron una contraofensiva desproporcionada que, según fuentes de MONUSCO, podría haber ido acompañada de numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra sobre la población civil.

En abril de 2017, tras varios meses de conflicto armado y numerosas reuniones entre la familia de Mpandi y el Gobierno congoleño, las autoridades se comprometieron a retornar el cuerpo del Kamuina Nsapu fallecido y a facilitar el nombramiento de un nuevo líder tradicional. La milicia, por su lado, accedió a deponer las armas y a abandonar la lucha armada, aunque en la práctica la tensión todavía tardó unos meses en suavizarse. De hecho, a partir de este mismo mes el conflicto en Kasai adquiere una dimensión étnica más pronunciada. Por un lado, los miembros de las etnias luba y lulua, ambas mayoritarias en la región, empezaron a ser acusados de simpatizar con el Kamuina Nsapu, mientras que los miembros de las etnias pende, tetela y tchokwe empezaron a asumir posiciones cada vez más próximas al ejército y al Gobierno. Al estar formada casi exclusivamente por lubas, los ataques de la milicia fueron interpretados por las otras etnias como un intento de erradicar su identidad y como un medio de imponer la hegemonía étnica sobre toda la región. Es por esta razón que, a principios de abril, algunos de ellos decidieron pasar a la acción y organizarse en torno a una nueva milicia, la denominada Bana Mura, que aunque inicialmente es concebida como una milicia de autodefensa, con el paso de las semanas empezó a perpetrar atentados y asesinatos masivos sobre la población de etnia luba. La Bana Mura está constituida principalmente por miembros de las comunidades pende, tchokwe y tetela, y el liderazgo de la milicia se encuentra en manos de jefes tradicionales progubernamentales y de actores paramilitares. Asimismo, no son pocas las voces que vinculan a la milicia con el aparato político cercano a la órbita del poder. En este sentido, ni siquiera el partido del propio presidente Kabila parece estar libre de responsabilidades en este asunto, tal y como parecen demostrarlo los numerosos testimonios que delatan las presuntas conexiones entre el Gobierno y los líderes tradicionales que apoyan abiertamente a la Bana Mura.

Con todo, es innegable que el conflicto de Kasai ha conducido a un incremento de las tensiones interétnicas en la región. Si bien es verdad que las disputas entre los distintos grupos étnicos existen desde hace tiempo, también lo es que nunca antes habían llegado a extremos como los que se han podido observar en el transcurso del conflicto. Sin embargo, cabe remarcar el hecho de que la cuestión étnica solamente adquiere relevancia en este contexto a partir de la aparición en escena de la milicia de la Bana Mura, ya que desde el inicio del conflicto los ataques del Kamuina Nsapu fueron dirigidos casi de manera exclusiva a objetivos militares y gubernamentales. En ese sentido, los testimonios que apuntaron a la existencia de vínculos entre la Bana Mura, las FARDC y el poder político, obligaron a poner sobre la mesa la hipótesis de que actualmente se esté instrumentalizando y manipulando la identidad étnica de Kasai con fines electoralistas por parte de esferas de poder cercanas al presidente Kabila.

La gestión partidista del poder tradicional y la instrumentalización de las identidades étnicas

El origen del conflicto en Kasai, por lo tanto, tiene mucho que ver con la falta de legitimidad del Estado y la sensación de abandono y ninguneo institucional que padecen los habitantes de este territorio, uno de los más empobrecidos de la RDC. Las constantes maniobras del presidente Kabila por permanecer en el poder, sumadas al terremoto político que genera su decisión de no reconocer al Kamuina Nsapu legítimo, contraviniendo abiertamente la tradición local, espolearon el sentimiento de agravio y exclusión política que desemboca en la insurrección popular de agosto de 2016. Los líderes tradicionales en la RDC no solamente juegan un importante papel en el seno de sus comunidades, sino también en el propio panorama nacional. De esta manera, asuntos como el nombramiento de nuevos líderes rara vez quedan circunscritos al ámbito local, ya que en última instancia su reconocimiento depende de las autoridades centrales y, por lo tanto, está sujeto a posibles injerencias políticas. Los líderes tradicionales normalmente se encuentran conectados económica y políticamente con los centros de poder de la capital, y es precisamente en el marco de esta interrelación cuando se activa toda la maquinaria de intereses e influencias que conducen a la gestión partidista del poder tradicional.

Paralelamente, la gestión del conflicto por parte de las autoridades centrales y las FARDC, caracterizada por un uso brutal e indiscriminado de la fuerza contra la milicia, ha contribuido a agravar la situación. En este sentido, la cronificación de la violencia en el centro y el este del país le ha servido al Gobierno como justificación para postergar sistemáticamente las operaciones de actualización del censo electoral necesarias para poder llevar a cabo la inscripción de electores de manera correcta. Con esta maniobra, Kabila gana unos cuantos meses para lograr aquello que muchos consideran que es su principal objetivo, que es promulgar una reforma de la Constitución que le permita optar a un tercer mandato.

En este sentido, el pacto con la familia de Mpandi no parece que vaya a resolver un conflicto que ya ha superado con creces la dimensión local que tuvo en sus inicios y cuya evolución se encuentra cada vez más vinculada al devenir político nacional. Las conexiones entre las milicias y los distintos grupos de poder, tanto en Kasai como en Kinshasa, complejizan mucho más, si cabe, un conflicto que, según fuentes de la Iglesia Católica, ya ha dejado más de 3300 muertos y 3,9 millones de desplazados. Si bien es cierto que el nivel de hostilidades en la región se ha reducido en los últimos meses, también lo es que las tensiones intercomunitarias se mantienen altas. Así, el riesgo de nuevos brotes de violencia no solo dependerá de cómo acabe evolucionando el panorama político nacional tras la enésima negativa del presidente Kabila de convocar elecciones en el país, sino también de cómo empiecen a gestionarse a partir de ahora los efectos devastadores que ha tenido la instrumentalización política de las identidades que han convivido históricamente en la región.

 

Las cicatrices de los conflictos en los niños y niñas de la región MENA

Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora de la Escola de Cultura de Pau e integrante de WILPF

La intensificación en los niveles de violencia y el deterioro en las condiciones de vida como resultado de los graves conflictos armados que afectan a diversos países del Norte de África y Oriente Medio (MENA) están teniendo un creciente impacto en un sector altamente vulnerable: los niños y niñas de la región. En los últimos años se han ido observando una serie de hechos y tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, detenciones, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación, entre otros ámbitos, que amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación. Tanto por las consecuencias directas y a largo plazo de estas dinámicas, como por el hecho de que miles de niños y niñas de la región han nacido y crecido en medio de las hostilidades, por lo que apenas conocen un entorno diferente al de la guerra.

Campo de desplazados de Quneitra (Siria) ALAA AL-FAQEER/UNICEF

Las y los menores de edad se han visto crecientemente expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados caracterizados por el uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia en zonas densamente pobladas y en los que se transgreden múltiples normas del derecho internacional humanitario, incluyendo la necesaria distinción entre civiles y combatientes. Países como Libia, Yemen, Iraq o Siria ilustran esta tendencia. En el caso de Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas en 2017, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de organizaciones como la Syrian Network for Human Rights (SNHR) apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período. En Yemen, a finales de 2017 UNICEF estimaba que un total de 5.000 menores habían muerto o resultado heridos desde la intensificación de la violencia en el país en marzo de 2015. Además de las consecuencias físicas y psicológicas por la exposición a brutales niveles de violencia, niños y niñas también sufren por la pérdida de familiares y amigos. En Iraq, por ejemplo, se estimaba que 90% de los menores de Mosul padecía traumas por la pérdida de una persona cercana.

Al finalizar 2017 casi uno de cada cinco menores de la región requería asistencia humanitaria inmediata, 90% de los cuales vivía en países afectados por conflictos. En algunos casos la entrega de ayuda humanitaria se vio obstaculizada por las medidas impuestas por algunos actores en conflicto, como en el caso del régimen de Bashar al-Assad y su política de asedios contra zonas controladas por la oposición –Aleppo y Ghouta Oriental son ejemplo de ello– o el bloqueo de Arabia Saudita en el conflicto yemení. Tanto UNICEF como OCHA llamaron la atención sobre los problemas de malnutrición en estos países –1,8 millones de menores en Yemen, de los cuales 400.000 sufrían desnutrición severa; 20.000 con desnutrición severa aguda en Siria–, y HRW alertaba de que utilizar el hambre como estrategia de guerra, sin considerar su impacto en menores, constituía una de las tendencias más preocupantes de los conflictos en la región.

Salud y educación, en riesgo

Niños y niñas de MENA también se vieron directamente afectados por la destrucción de infraestructuras civiles en el marco de estos conflictos, particularmente en el caso de hospitales y escuelas. En Yemen, el severo deterioro de las instalaciones de salud no sólo ha mermado las posibilidades de tratar a las personas heridas por el conflicto, sino también de controlar la expansión de enfermedades. Así, según datos de UNICEF, los niños y niñas menores de 5 años representaban un cuarto del millón de enfermos de cólera y otros graves casos de diarrea en Yemen, una situación agravada por la destrucción de infraestructuras sanitarias y la falta de acceso a agua potable. Paralelamente, millones de menores han padecido los problemas en el sistema educativo. En Siria, por ejemplo, OCHA estimaba que el 40% de la infraestructura escolar se había visto afectada por el conflicto armado y que unos 180.000 profesores ya no estaban en servicio. Los menores sirios que han abandonado el país junto a sus familias en los últimos años tampoco tienen garantizada la escolarización. Así, por ejemplo, a finales de 2017 se estimaba que más de 280.000 menores sirios refugiados en Líbano permanecían fuera del sistema educativo.

Reclutamiento de menores

Otro de los fenómenos preocupantes tiene que ver con el reclutamiento de menores por parte de actores armados. Datos de la ONU indican que los menores están asumiendo roles cada vez más activos –manejando armas, recibiendo entrenamiento, desempeñando tareas en puestos de control– y que el número de niños reclutados activamente para actividades de combate en la región se ha incrementado significativamente en los últimos años. En Yemen, desde marzo de 2015 hasta finales de 2016 se habían reclutado a más de 2.100 menores, según cifras verificadas por la ONU, principalmente por parte de las fuerzas al-houthistas. En Siria, numerosos actores armados han reclutado a niños y adolescentes en sus filas, algunos de los cuales han sido captados en los campos de refugiados en los países vecinos (en ocasiones con ofertas de compensación económica para sus familias). Tanto en Siria como en Libia e Iraq, el grupo armado ISIS desplegó una estrategia deliberada para el reclutamiento de niños para combatir en primera línea, perpetrar operaciones suicidas y otras acciones de extrema violencia, o utilizarlos como escudos humanos. Incluso se llegó a crear una unidad de ISIS integrada por menores (Fetiyen al Jinneh). Tras el retroceso de ISIS en 2017, uno de los retos es qué ocurrirá con los niños soldados captados por el grupo armado. En Iraq, después de la expulsión de ISIS de Mosul, estos menores enfrentaban amenazas de venganza y algunos de ellos permanecían ocultos en campos de ayuda o casas particulares en el norte del país. HRW ha alertado de que el sistema judicial iraquí trata a estos menores como adultos y no como víctimas. Los informes recientes del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados también han llamado la atención sobre el arresto y la detención de cientos de menores en países como Iraq, Siria o Yemen por su participación en grupos armados.

Trabajo infantil y matrimonios forzados

Cabe destacar que, a nivel global, Oriente Medio es la principal región emisora, pero también receptora, de población refugiada y desplazada internamente. El abandono del hogar, la ciudad y, en algunos casos, el país, ha afectado a millones de menores de la zona, que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. En situaciones de extrema precariedad, muchos menores se ven forzados al trabajo infantil. Así, se ha detectado a menores refugiados sirios de hasta seis años que están trabajando extensas jornadas en fábricas en Turquía. Lo mismo ocurre en Líbano, más aún teniendo en cuenta que las restricciones en los permisos de trabajo para los adultos convierten a muchos menores en los principales proveedores de sus familias. En el caso de las niñas, uno de los fenómenos más alarmantes es el incremento en los matrimonios forzados y a muy temprana edad. Las estimaciones varían, pero algunas indican que los matrimonios de niñas y adolescentes se han cuadruplicado entre la población refugiada siria, con numerosos casos en Líbano, Jordania, Turquía y Egipto. En otros países de la región, como Libia, el desplazamiento forzado de población ha conducido a otras situaciones alarmantes, como la instalación de mercados de esclavos y los abusos contra población refugiada y migrante, incluyendo agresiones sexuales, que también han afectado a niños y niñas. Respecto a la violencia sexual, cabe recordar que ha sido utilizada por actores armados en varios conflictos de la región y que un caso emblemático ha sido el de ISIS y sus abusos contra la población yazidí. Miles de mujeres y niñas de esta minoría capturadas a mediados de 2014 fueron abusadas y convertidas en esclavas sexuales en Iraq y Siria.

El amplio abanico de formas de violencia a las que se han visto expuestos los menores en diversos países de MENA –y que en muchos casos continúa afectándoles– supone, por tanto, uno de los principales retos para el futuro de la zona. Lamentablemente, la espiral de conflictos, el constante desprecio por las normas de derecho humanitario por parte de numerosos actores armados, el bloqueo en las negociaciones para buscar salidas a las crisis y la falta de acción de la comunidad internacional están normalizando unos niveles de violencia en MENA que no permiten augurar un cambio a corto plazo que permita salvaguardar el futuro de millones de niños y niñas de la región.