1537124125_380213_1537124420_noticia_normal_recorte1NAIF RAHMA (REUTERS)

Es más que probable que las 400 bombas de guiado por láser (GBU Paveway II) que el Gobierno español quiere exportar a Arabia Saudí acaben cometiendo crímenes de guerra. Lo sabe la ministra de Defensa, cualquier experto en seguridad y conflictos y, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell. 

Arabia Saudí se ha armado en la última década con cientos de aviones de combate y miles de misiles y proyectiles. Las bombas de la familia GBU Paveway II, de producción estadounidense, son unas de sus preferidas, en particular en la guerra en Yemen, en la que Riad es parte beligerante. Sus especificaciones técnicas,  les atribuyen mayor precisión que a las bombas tradicionales y, sobre todo, que otras ya prohibidas como las municiones en racimo británicas BL755 que Arabia Saudí también ha reconocido haber utilizado en la guerra en Yemen.

Con todo, al contrario de lo que afirma el Sr. Borrell, el Gobierno español no debe tomar la decisión de autorizar y realizar una exportación de material de defensa en función de los aspectos técnicos del armamento, sino del uso que se le vaya a dar. La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso así lo establece determinando que las autorizaciones serán suspendidas o revocadas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”. Añade la legislación que “para determinar la existencia de estos indicios racionales”, se tendrán en cuenta los informes “de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas”.

Utilicemos, pues, la información del Panel de Expertos sobre Yemen de Naciones Unidas, quienes en la Carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, de 27 de Enero de 2017, aseguran que la bomba que causó 19 muertos y 24 heridos y destrozó el hospital de Médicos sin Fronteras el 15 de agosto de 2016 fue, precisamente, una GBU Paveway II. Ese ataque fue reconocido por Arabia Saudí como un “error”. También estima el Panel de Expertos que fueron dos bombas “inteligentes” GBU Paveway II las utilizada por Arabia Saudí para bombardear un funeral civil al que asistieron más de mil personas en Saná el 8 de octubre de 2016, en el que murieron 132 personas y otras 695 resultaron heridas, muchos de ellos niños. Los ataques contra la población civil y contra el personal humanitario son crímenes de guerra,  tal y como establece el Derecho Internacional Humanitario, que España tiene la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir. El Panel de Expertos de Naciones Unidas recoge en su informe que el Ejército Saudí es altamente incompetente e incapaz de utilizar de manera profesional el material de alta tecnología que posee, mostrando una evidente mala praxis con los llamados objetivos militares dinámicos. Son muchas las voces de expertos sobre el terreno que coinciden en señalar esta incompetencia, además de un conocimiento y respeto muy deficitarios del Derecho Internacional Humanitario.

Es decir, el Panel de Expertos de Naciones Unidas (y muchas otras personas expertas en la situación en Yemen) advierten que el Ejército Saudí no es capaz de utilizar las GBU Paveway II de una manera compatible con el Derecho Internacional Humanitario, con independencia de la precisión que puedan tener estas bombas. Naciones Unidas, por tanto, considera que hay indicios racionales de que las 400 bombas que España quiere vender a Arabia Saudí serán utilizadas contra la población civil y/o contra personal humanitario. Es decir, para cometer crímenes de guerra. Es probable que la contundencia de este informe haya llevado a que la Ministra de Defensa no pudiera considerar legal esta venta de armamento. Sin lugar a dudas, genera más confianza el criterio de la titular de Defensa, magistrada, que el del Ministro Borrell. Además, Holanda, Bélgica, Suecia, Alemania e incluso EEUU han restringido en algún momento sus ventas de armas a Arabia Saudí.

Sin embargo, no somos tan ingenuos como para pensar que el Sr. Borrell y los muchos asesores del Gobierno no sean conocedores de los informes del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre Yemen. Los obscenos comentarios sobre la precisión de las bombas GBU Paveway II conllevan un grado de cinismo político solo superado por José María Aznar y sus explicaciones sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

 

Escola de Cultura de Pau de la UAB

Hace unos días ACNUR daba a conocer su informe sobre el desplazamiento forzado global y, como en los últimos años, las cifras arrojaron un nuevo récord. Hasta finales de 2017, un total de 68,5 millones de personas –50% más que hace una década– se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de situaciones de violencia, persecución y conflictos armados. Entre ellas, 25,4 millones de personas refugiadas, 40 millones desplazadas dentro de sus propios países y 3,1 millones de solicitantes de asilo. Las circunstancias y motivaciones de cada una de estas personas son múltiples y complejas, pero es indudable que, a nivel general, el significativo aumento del desplazamiento forzado está vinculado con el panorama global de conflictos y violencia, que también ofrece una evolución preocupante.

Refus1Sirios y sirias en zona fronteriza entre Grecia y Turquía / Reuters

El análisis de la conflictividad en el mundo por parte de la Escola de Cultura de Pau (ECP), recogido anualmente en Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, concluyó que en 2017 se produjeron 33 conflictos armados en el mundo. De ellos, la mayor parte (13 casos) fueron conflictos armados de alta intensidad, es decir, disputas que provocaron la muerte de más de mil personas en un año, además de otros severos impactos sobre la población y el territorio. En términos comparativos, los casos de alta intensidad también se han incrementado en los últimos años. Si en 2008 los conflictos graves representaban un 26% de los casos, en 2018 ese porcentaje había aumentado hasta el 40%, según los datos de la ECP. Además, cabe destacar que muchos en muchos de estos casos los niveles de letalidad estaban muy por sobre las mil víctimas mortales anuales. Así, por ejemplo, solo en el caso de Iraq se estimaba que el número de personas fallecidas entre la población civil a causa del conflicto en 2017 ascendía a unas 13.000 personas.

La conexión de este panorama de conflictos con el desplazamiento forzado es evidente. Según los datos de ACNUR, excluyendo a la población refugiada palestina (5,4 millones), más de dos tercios (68%) de todas las personas refugiadas procedían de tan solo cinco países, todos ellos conflictos armados de alta intensidad: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Somalia y Myanmar. El conflicto en Siria continuó siendo una de las principales causas del exponencial aumento en las cifras de desplazamiento forzado global. A finales de 2017 un total de 6,3 millones de sirios y sirias habían abandonado el país, mientras que otras 6,2 millones de personas se habían desplazado internamente–algunas de ellas en múltiples ocasiones– a causa de las complejas dinámicas de violencia; los numerosos y cambiantes frentes de batalla; y la diversidad de actores armados locales, regionales e internacional implicados. Sólo en 2017 el conflicto sirio habría causado la muerte de unas 10.000 personas –según estimaciones–, además de otros múltiples impactos, entre ellos violencia sexual, torturas, ejecuciones sumarias, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles y asedios (al finalizar el año unas 390.000 personas permanecían cercadas por las fuerzas del régimen). Como consecuencia del conflicto, siete de cada diez personas en Siria requerían ayuda humanitaria.

En el caso de Afganistán, las hostilidades causaron más de 3.400 víctimas mortales solo entre la población civil a lo largo de 2017. El país, que ha vivido en conflicto armado de manera casi ininterrumpida desde 1979, continuó siendo escenario de enfrentamientos armados, múltiples violaciones a los derechos humanos y ataques explosivos (con varios atentados de magnitud en Kabul, que provocaron cientos de víctimas). En los últimos años la situación de seguridad se ha caracterizado por una consolidación de la capacidad talibán para controlar territorios y por una presencia más notoria de ISIS. En este contexto, Afganistán continuó siendo el segundo país emisor de población refugiada a nivel mundial, la mayor parte de la cual ha encontrado refugio en la vecina Pakistán.

Refus2Población rohingya que huye de Myanmar llegando a Bangladesh / Reuters

Myanmar fue uno de los casos más notorios en 2017. La violencia en el país no sólo causó miles de víctimas mortales –en tan solo un mes había dejado más de 6.700 personas fallecidas–, sino que también motivó nuevos y masivos desplazamientos de población. Unas 660.000 personas abandonaron el país y se refugiaron principalmente en Bangladesh, huyendo de la persecución a la población rohingya. El conflicto armado escaló de manera abrupta a mediados de 2017, después de que unas acciones de un grupo armado de oposición motivaran una ofensiva militar sin precedentes. Las vulneraciones a los derechos humanos en Myanmar –incluyendo incendios de viviendas con personas en su interior, ejecuciones sumarias y uso de la violencia sexual– llevaron a alertar sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidio.

En África, Sudán del Sur y Somalia continuaron registrando conflictos con un grave impacto en términos de desplazamiento forzado. En el primer caso, la violencia agudizó la situación de crisis humanitaria durante 2017, mientras que Somalia siguió viéndose afectada por el conflicto que protagoniza al-Shabaab y padeció el peor atentado de su historia, con más de 500 víctimas mortales. Otro de los casos destacados en el continente africano fue el de la República Democrática del Congo (RDC). Escenario de múltiples dinámicas de conflicto, durante 2017 la RDC vivió una significativa escalada de violencia en la región de Kasai (centro) debido a los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Gobierno y entre diversos grupos étnicos. Como consecuencia de este conflicto, también de alta intensidad, el número de personas desplazadas internas en RDC se duplicó en 2017, alcanzando los 4,4 millones de personas. RDC se convirtió así en el país con la mayor población desplazada interna de toda África.

 

El conflicto en Kasai: ¿una nueva disputa étnica?

Por: | 03 de julio de 2018

Martí Font i Carbó, diplomado en Cultura de Paz por la Escola de Cultura de Pau de la UAB

Cinta
Cinta hallada en una fosa común, emblena de Kamuina Nsapu. Reuters//Aaron Ross

La crisis política y humanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo (RDC) sigue generando periódicamente nuevos y violentos conflictos que ponen de manifiesto la frágil e inestable situación en la que se encuentra sumido el país bajo la dirección del presidente Joseph Kabila. En paralelo a la tragedia que lleva tiempo asolando las provincias del este y noreste, hace poco más de un año y medio se produjo el estallido de un nuevo conflicto en la región de Kasai, un territorio que abarca buena parte del centro y el sur de la RDC y que hasta el momento había logrado eludir el clima de conflictividad que lleva décadas intoxicando otras geografías del país. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, el origen del conflicto en Kasai poco o nada tiene que ver con la pugna por el control de los recursos naturales ni con la extracción de los denominados minerales de sangre. De hecho, aunque las tierras de Kasai son abundantes en oro y minerales, su industria minera se encuentra en decadencia debido a la falta de infraestructuras y a los innumerables impedimentos logísticos y energéticos derivados de la situación de subdesarrollo crónico que padece la región.

En tales circunstancias, la estabilidad existente hasta mediados de 2016 difícilmente podría considerarse como sinónimo de bienestar. Según datos del PNUD, en el año 2012 la región registraba una tasa de pobreza de entre el 75 y el 80%, poseía una esperanza de vida inferior a los 50 años, y contaba con unos niveles altísimos de mortalidad infantil, malnutrición y analfabetismo. Al mismo tiempo, la miseria en la región – cuyos índices no han cesado de crecer desde 2005 –, se ha visto agravada de manera sistemática por el total y absoluto abandono que sufren sus habitantes por parte del Gobierno, que de esta manera sanciona el importante apoyo que históricamente ha recibido en estos territorios el candidato de la oposición Étienne Tshisekedi, oriundo de Kasai y perteneciente a su etnia mayoritaria, los luba.

Tambores de guerra en el Gran Kasai

El conflicto en la región empieza a gestarse a partir del mes de marzo de 2012, momento en el que se produce el fallecimiento del líder tradicional de la jefatura de Bajila Kasanga (Kasai Central) y se inician los trámites para coronar al nuevo Kamuina Nsapu de la comunidad. El elegido para suceder al líder fallecido fue Jean Pierre Mpandi, un hombre carismático y muy crítico con el régimen de Kabila, que en 2016 acabó siendo vetado por la propia administración central en beneficio de otro candidato más afín a la ideología del Gobierno. La intromisión del Estado sobre esta cuestión generó de inmediato un profundo malestar que el propio Mpandi aprovechó para dar legitimidad a su llamado a la insurrección popular. La creciente miseria que vive la región, combinada con el sentimiento de exclusión política derivado de la gestión partidista del poder tradicional, cuaja en un peligroso cóctel que, utilizado convenientemente por el Kamuina Nsapu, desatará finalmente la insurrección violenta en Kasai Central.

1491485608_126481_1491487749_noticia_normal
4 millones de personas se han desplazado como consecuencia del conflicto en Kasai. REUTERS/James Akena

El conflicto no tardó en expandirse por toda la provincia. Los partidarios de Mpandi, jóvenes en su gran mayoría, se organizaron en torno a una milicia que bautizan con el nombre de Kamuina Nsapu y empezaron a atacar edificios públicos y otros símbolos del Estado. Finalmente, el 12 de agosto de 2016 se produjo el hecho que hará escalar definitivamente el conflicto: Jean Pierre Mpandi fue asesinado en Tshimbulu en medio de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC). Este hecho, lejos de diluir la revuelta, la acabó exacerbando y ampliando más allá de Kasai Central. Ante estos ataques, las FARDC lanzaron una contraofensiva desproporcionada que, según fuentes de MONUSCO, podría haber ido acompañada de numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra sobre la población civil.

En abril de 2017, tras varios meses de conflicto armado y numerosas reuniones entre la familia de Mpandi y el Gobierno congoleño, las autoridades se comprometieron a retornar el cuerpo del Kamuina Nsapu fallecido y a facilitar el nombramiento de un nuevo líder tradicional. La milicia, por su lado, accedió a deponer las armas y a abandonar la lucha armada, aunque en la práctica la tensión todavía tardó unos meses en suavizarse. De hecho, a partir de este mismo mes el conflicto en Kasai adquiere una dimensión étnica más pronunciada. Por un lado, los miembros de las etnias luba y lulua, ambas mayoritarias en la región, empezaron a ser acusados de simpatizar con el Kamuina Nsapu, mientras que los miembros de las etnias pende, tetela y tchokwe empezaron a asumir posiciones cada vez más próximas al ejército y al Gobierno. Al estar formada casi exclusivamente por lubas, los ataques de la milicia fueron interpretados por las otras etnias como un intento de erradicar su identidad y como un medio de imponer la hegemonía étnica sobre toda la región. Es por esta razón que, a principios de abril, algunos de ellos decidieron pasar a la acción y organizarse en torno a una nueva milicia, la denominada Bana Mura, que aunque inicialmente es concebida como una milicia de autodefensa, con el paso de las semanas empezó a perpetrar atentados y asesinatos masivos sobre la población de etnia luba. La Bana Mura está constituida principalmente por miembros de las comunidades pende, tchokwe y tetela, y el liderazgo de la milicia se encuentra en manos de jefes tradicionales progubernamentales y de actores paramilitares. Asimismo, no son pocas las voces que vinculan a la milicia con el aparato político cercano a la órbita del poder. En este sentido, ni siquiera el partido del propio presidente Kabila parece estar libre de responsabilidades en este asunto, tal y como parecen demostrarlo los numerosos testimonios que delatan las presuntas conexiones entre el Gobierno y los líderes tradicionales que apoyan abiertamente a la Bana Mura.

Con todo, es innegable que el conflicto de Kasai ha conducido a un incremento de las tensiones interétnicas en la región. Si bien es verdad que las disputas entre los distintos grupos étnicos existen desde hace tiempo, también lo es que nunca antes habían llegado a extremos como los que se han podido observar en el transcurso del conflicto. Sin embargo, cabe remarcar el hecho de que la cuestión étnica solamente adquiere relevancia en este contexto a partir de la aparición en escena de la milicia de la Bana Mura, ya que desde el inicio del conflicto los ataques del Kamuina Nsapu fueron dirigidos casi de manera exclusiva a objetivos militares y gubernamentales. En ese sentido, los testimonios que apuntaron a la existencia de vínculos entre la Bana Mura, las FARDC y el poder político, obligaron a poner sobre la mesa la hipótesis de que actualmente se esté instrumentalizando y manipulando la identidad étnica de Kasai con fines electoralistas por parte de esferas de poder cercanas al presidente Kabila.

La gestión partidista del poder tradicional y la instrumentalización de las identidades étnicas

El origen del conflicto en Kasai, por lo tanto, tiene mucho que ver con la falta de legitimidad del Estado y la sensación de abandono y ninguneo institucional que padecen los habitantes de este territorio, uno de los más empobrecidos de la RDC. Las constantes maniobras del presidente Kabila por permanecer en el poder, sumadas al terremoto político que genera su decisión de no reconocer al Kamuina Nsapu legítimo, contraviniendo abiertamente la tradición local, espolearon el sentimiento de agravio y exclusión política que desemboca en la insurrección popular de agosto de 2016. Los líderes tradicionales en la RDC no solamente juegan un importante papel en el seno de sus comunidades, sino también en el propio panorama nacional. De esta manera, asuntos como el nombramiento de nuevos líderes rara vez quedan circunscritos al ámbito local, ya que en última instancia su reconocimiento depende de las autoridades centrales y, por lo tanto, está sujeto a posibles injerencias políticas. Los líderes tradicionales normalmente se encuentran conectados económica y políticamente con los centros de poder de la capital, y es precisamente en el marco de esta interrelación cuando se activa toda la maquinaria de intereses e influencias que conducen a la gestión partidista del poder tradicional.

Paralelamente, la gestión del conflicto por parte de las autoridades centrales y las FARDC, caracterizada por un uso brutal e indiscriminado de la fuerza contra la milicia, ha contribuido a agravar la situación. En este sentido, la cronificación de la violencia en el centro y el este del país le ha servido al Gobierno como justificación para postergar sistemáticamente las operaciones de actualización del censo electoral necesarias para poder llevar a cabo la inscripción de electores de manera correcta. Con esta maniobra, Kabila gana unos cuantos meses para lograr aquello que muchos consideran que es su principal objetivo, que es promulgar una reforma de la Constitución que le permita optar a un tercer mandato.

En este sentido, el pacto con la familia de Mpandi no parece que vaya a resolver un conflicto que ya ha superado con creces la dimensión local que tuvo en sus inicios y cuya evolución se encuentra cada vez más vinculada al devenir político nacional. Las conexiones entre las milicias y los distintos grupos de poder, tanto en Kasai como en Kinshasa, complejizan mucho más, si cabe, un conflicto que, según fuentes de la Iglesia Católica, ya ha dejado más de 3300 muertos y 3,9 millones de desplazados. Si bien es cierto que el nivel de hostilidades en la región se ha reducido en los últimos meses, también lo es que las tensiones intercomunitarias se mantienen altas. Así, el riesgo de nuevos brotes de violencia no solo dependerá de cómo acabe evolucionando el panorama político nacional tras la enésima negativa del presidente Kabila de convocar elecciones en el país, sino también de cómo empiecen a gestionarse a partir de ahora los efectos devastadores que ha tenido la instrumentalización política de las identidades que han convivido históricamente en la región.

 

Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora de la Escola de Cultura de Pau e integrante de WILPF

La intensificación en los niveles de violencia y el deterioro en las condiciones de vida como resultado de los graves conflictos armados que afectan a diversos países del Norte de África y Oriente Medio (MENA) están teniendo un creciente impacto en un sector altamente vulnerable: los niños y niñas de la región. En los últimos años se han ido observando una serie de hechos y tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, detenciones, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación, entre otros ámbitos, que amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación. Tanto por las consecuencias directas y a largo plazo de estas dinámicas, como por el hecho de que miles de niños y niñas de la región han nacido y crecido en medio de las hostilidades, por lo que apenas conocen un entorno diferente al de la guerra.

MenoresMENA
Campo de desplazados de Quneitra (Siria) ALAA AL-FAQEER/UNICEF

Las y los menores de edad se han visto crecientemente expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados caracterizados por el uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia en zonas densamente pobladas y en los que se transgreden múltiples normas del derecho internacional humanitario, incluyendo la necesaria distinción entre civiles y combatientes. Países como Libia, Yemen, Iraq o Siria ilustran esta tendencia. En el caso de Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas en 2017, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de organizaciones como la Syrian Network for Human Rights (SNHR) apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período. En Yemen, a finales de 2017 UNICEF estimaba que un total de 5.000 menores habían muerto o resultado heridos desde la intensificación de la violencia en el país en marzo de 2015. Además de las consecuencias físicas y psicológicas por la exposición a brutales niveles de violencia, niños y niñas también sufren por la pérdida de familiares y amigos. En Iraq, por ejemplo, se estimaba que 90% de los menores de Mosul padecía traumas por la pérdida de una persona cercana.

Al finalizar 2017 casi uno de cada cinco menores de la región requería asistencia humanitaria inmediata, 90% de los cuales vivía en países afectados por conflictos. En algunos casos la entrega de ayuda humanitaria se vio obstaculizada por las medidas impuestas por algunos actores en conflicto, como en el caso del régimen de Bashar al-Assad y su política de asedios contra zonas controladas por la oposición –Aleppo y Ghouta Oriental son ejemplo de ello– o el bloqueo de Arabia Saudita en el conflicto yemení. Tanto UNICEF como OCHA llamaron la atención sobre los problemas de malnutrición en estos países –1,8 millones de menores en Yemen, de los cuales 400.000 sufrían desnutrición severa; 20.000 con desnutrición severa aguda en Siria–, y HRW alertaba de que utilizar el hambre como estrategia de guerra, sin considerar su impacto en menores, constituía una de las tendencias más preocupantes de los conflictos en la región.

Salud y educación, en riesgo

Niños y niñas de MENA también se vieron directamente afectados por la destrucción de infraestructuras civiles en el marco de estos conflictos, particularmente en el caso de hospitales y escuelas. En Yemen, el severo deterioro de las instalaciones de salud no sólo ha mermado las posibilidades de tratar a las personas heridas por el conflicto, sino también de controlar la expansión de enfermedades. Así, según datos de UNICEF, los niños y niñas menores de 5 años representaban un cuarto del millón de enfermos de cólera y otros graves casos de diarrea en Yemen, una situación agravada por la destrucción de infraestructuras sanitarias y la falta de acceso a agua potable. Paralelamente, millones de menores han padecido los problemas en el sistema educativo. En Siria, por ejemplo, OCHA estimaba que el 40% de la infraestructura escolar se había visto afectada por el conflicto armado y que unos 180.000 profesores ya no estaban en servicio. Los menores sirios que han abandonado el país junto a sus familias en los últimos años tampoco tienen garantizada la escolarización. Así, por ejemplo, a finales de 2017 se estimaba que más de 280.000 menores sirios refugiados en Líbano permanecían fuera del sistema educativo.

Reclutamiento de menores

Otro de los fenómenos preocupantes tiene que ver con el reclutamiento de menores por parte de actores armados. Datos de la ONU indican que los menores están asumiendo roles cada vez más activos –manejando armas, recibiendo entrenamiento, desempeñando tareas en puestos de control– y que el número de niños reclutados activamente para actividades de combate en la región se ha incrementado significativamente en los últimos años. En Yemen, desde marzo de 2015 hasta finales de 2016 se habían reclutado a más de 2.100 menores, según cifras verificadas por la ONU, principalmente por parte de las fuerzas al-houthistas. En Siria, numerosos actores armados han reclutado a niños y adolescentes en sus filas, algunos de los cuales han sido captados en los campos de refugiados en los países vecinos (en ocasiones con ofertas de compensación económica para sus familias). Tanto en Siria como en Libia e Iraq, el grupo armado ISIS desplegó una estrategia deliberada para el reclutamiento de niños para combatir en primera línea, perpetrar operaciones suicidas y otras acciones de extrema violencia, o utilizarlos como escudos humanos. Incluso se llegó a crear una unidad de ISIS integrada por menores (Fetiyen al Jinneh). Tras el retroceso de ISIS en 2017, uno de los retos es qué ocurrirá con los niños soldados captados por el grupo armado. En Iraq, después de la expulsión de ISIS de Mosul, estos menores enfrentaban amenazas de venganza y algunos de ellos permanecían ocultos en campos de ayuda o casas particulares en el norte del país. HRW ha alertado de que el sistema judicial iraquí trata a estos menores como adultos y no como víctimas. Los informes recientes del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados también han llamado la atención sobre el arresto y la detención de cientos de menores en países como Iraq, Siria o Yemen por su participación en grupos armados.

Trabajo infantil y matrimonios forzados

Cabe destacar que, a nivel global, Oriente Medio es la principal región emisora, pero también receptora, de población refugiada y desplazada internamente. El abandono del hogar, la ciudad y, en algunos casos, el país, ha afectado a millones de menores de la zona, que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. En situaciones de extrema precariedad, muchos menores se ven forzados al trabajo infantil. Así, se ha detectado a menores refugiados sirios de hasta seis años que están trabajando extensas jornadas en fábricas en Turquía. Lo mismo ocurre en Líbano, más aún teniendo en cuenta que las restricciones en los permisos de trabajo para los adultos convierten a muchos menores en los principales proveedores de sus familias. En el caso de las niñas, uno de los fenómenos más alarmantes es el incremento en los matrimonios forzados y a muy temprana edad. Las estimaciones varían, pero algunas indican que los matrimonios de niñas y adolescentes se han cuadruplicado entre la población refugiada siria, con numerosos casos en Líbano, Jordania, Turquía y Egipto. En otros países de la región, como Libia, el desplazamiento forzado de población ha conducido a otras situaciones alarmantes, como la instalación de mercados de esclavos y los abusos contra población refugiada y migrante, incluyendo agresiones sexuales, que también han afectado a niños y niñas. Respecto a la violencia sexual, cabe recordar que ha sido utilizada por actores armados en varios conflictos de la región y que un caso emblemático ha sido el de ISIS y sus abusos contra la población yazidí. Miles de mujeres y niñas de esta minoría capturadas a mediados de 2014 fueron abusadas y convertidas en esclavas sexuales en Iraq y Siria.

El amplio abanico de formas de violencia a las que se han visto expuestos los menores en diversos países de MENA –y que en muchos casos continúa afectándoles– supone, por tanto, uno de los principales retos para el futuro de la zona. Lamentablemente, la espiral de conflictos, el constante desprecio por las normas de derecho humanitario por parte de numerosos actores armados, el bloqueo en las negociaciones para buscar salidas a las crisis y la falta de acción de la comunidad internacional están normalizando unos niveles de violencia en MENA que no permiten augurar un cambio a corto plazo que permita salvaguardar el futuro de millones de niños y niñas de la región.

 

María Villellas, investigadora de la Escola de Cultura de Pau e integrante de WILPF

S3.reutersmedia.netPoblación refugiada cruzando la frontera Bangladesh-Myanmar. REUTERS/Adnan Abidi

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que asoló Myanmar durante el año 2017 amenaza con poner en peligro los frágiles avances en términos de democratización y construcción de paz que han tenido lugar en el país en los últimos años. En agosto, las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron una operación militar a gran escala en respuesta a varios ataques llevados a cabo por el grupo armado rohingya ARSA en el estado de Rakhine. Como consecuencia de esta operación, casi 700.000 personas rohingyas se desplazaron de manera forzada, refugiándose fundamentalmente en Bangladesh, y miles murieron fruto de la violencia. La organización Médicos sin Fronteras denunció que al menos 6.700 rohingyas murieron como consecuencia de la violencia, incluyendo numerosos menores –más de 700 menores de cinco años–, en el primer mes después del inicio de la operación militar. Además se documentaron múltiples casos de violencia sexual por parte de personal militar contra población civil y otras graves violaciones de derechos humanos, como incendios y saqueos. Diversas organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas alertaron de que la acción de las fuerzas de seguridad birmanas podía ser constitutiva de delitos de genocidio. Así pues, si bien al finalizar 2017 la intensidad de la violencia se había reducido, la grave crisis ha puesto de manifiesto la enorme fragilidad de los avances de la transición política iniciada en el país en los últimos años y liderada por la Consejera de Estado y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.

La desproporcionada respuesta militar por parte de las fuerzas de seguridad birmanas a los ataques de ARSA han puesto de manifiesto el papel central que las poderosas Fuerzas Armadas pretenden seguir jugando en Myanmar. Tras décadas de férrea dictadura militar, el proceso de transición había dado lugar a un delicado equilibrio entre las fuerzas políticas y militares, que la crisis en Rakhine ha roto, dejando en evidencia la incapacidad de los poderes civiles de controlar y ejercer autoridad sobre el estamento militar. Pese a los múltiples llamamientos por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos para que se pusiera fin a la operación militar que estaba dejando tras de sí un éxodo masivo de población rohingya, las autoridades civiles no pusieron fin a la operación militar sin precedentes en la que se cometieron atroces violaciones de derechos humanos. De hecho, la propia Aung San Suu Kyi, no se desplazó a la zona afectada por el conflicto armado hasta el mes de noviembre y el Gobierno negó en repetidas ocasiones las acusaciones de genocidio y limpieza étnica.

Aunque la violencia de mayor intensidad ha remitido, se ha iniciado un proceso de militarización del estado de Rakhine, con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que han ocupado amplias zonas civiles. Este despliegue, unido a la destrucción de poblaciones enteras que fueron arrasadas y quemadas, hace prever que el retorno al estado de los centenares de miles de personas desplazadas por la violencia está seriamente en riesgo. Así pues, la crisis humanitaria de desplazamiento –que actualmente tiene un carácter internacional, puesto que es Bangladesh el país donde se ha refugiado la inmensa mayoría de la población rohingya– amenaza con perpetuarse en el tiempo, con el consiguiente impacto en las condiciones de vida de centenares de miles de personas. La militarización de Rakhine, por tanto, no solo amenaza la fragilidad de las estructuras políticas civiles del país, construidas en los últimos años de transición, sino que también llevará con toda probabilidad al enquistamiento de la crisis humanitaria. Tampoco pueden descartarse nuevas acciones militares de la insurgencia rohingya, y el grupo armado ARSA, que ha estado inactivo en los últimos meses, podría llevar a cabo de nuevo ataques contra las fuerzas de seguridad o contra población rakhine. Además, el yihadismo internacional podría tratar de interferir en este conflicto, que hasta el momento ha permanecido ajeno a estas dinámicas. Grupos armados como ISIS o al-Qaeda ya han hecho algunos llamamientos a dar apoyo a la causa rohingya.

757646
La activista Razia Sultana en el Consejo de Seguridad de la ONU.UN Photo/Mark Garten

Por otra parte, la crisis en el estado de Rakhine también puede tener un impacto muy negativo en el proceso de paz que se está llevando a cabo con un amplio número de grupos armados de oposición y que se ha materializado en un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y en la celebración de la Conferencia de Paz Panglong 21. Sin embargo, persisten enormes dificultades para lograr avances sustantivos en el marco de esta Conferencia, fundamentalmente por la exclusión de los grupos armados que no han firmado acuerdos de alto el fuego, pero indudablemente, la crisis de derechos humanos desencadenada tras la operación militar en el estado Rakhine representa un nuevo obstáculo para lograr definitivamente acuerdos de alto el fuego con todos los grupos insurgentes y avances en las reivindicaciones de las diferentes minorías étnicas que componen el país. La situación de seguridad en Rakhine ha impedido la celebración de procesos de consultas y de diálogo nacional asociados al proceso de paz, lo que ha derivado que se pospongan nuevas sesiones de la Conferencia Panglong 21, por esta y otras dificultades.

Todos estos factores amenazan el futuro inmediato de Myanmar y han puesto de relieve la incapacidad tanto de las autoridades civiles como de la comunidad internacional para detener la masacre de la población rohingya. En el futuro inmediato, se deberá hacer frente a las acusaciones de genocidio y limpieza étnica y, desde instancias internacionales, promover una investigación independiente de lo sucedido que permita la rendición de cuentas ante la justicia internacional.

 

Oportunidades para el diálogo

Por: | 11 de octubre de 2017

“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con
tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero” - Nelson Mandela

Hace unos años el Centro para el Diálogo Humanitario (HD Centre) publicó el estudio Conflict analysis: the foundation for effective action. Se planteaba la necesidad de disponer de un profundo conocimiento analítico del contexto de conflicto para poder llevar a cabo cualquier iniciativa de mediación. Para ello, esa guía identificaba siete elementos que debían ser analizados para poder desarrollar cualquier esfuerzo mediador, como son el contexto, los actores implicados en el conflicto, el diseño del proceso a seguir y su secuenciación, los problemas identificados para llevar a cabo una negociación efectiva, las iniciativas de negociación previas (y sus éxitos y fracasos), el estudio comparativo de otros procesos de paz y las dificultades y retos en la implementación de un acuerdo de paz. El HD Centre es una organización independiente creada en 1999 que se ha convertido en una de las principales organizaciones a nivel internacional en el campo de la mediación de conflictos. En la actualidad está trabajando de forma pública o confidencial en más de 40 iniciativas de diálogo en unos 20 países, como Filipinas, Malí, Nigeria, Senegal, Siria, Somalia, Sudán o Túnez, algunos de ellos escenarios de conflicto armado y otros situaciones de tensión política. En España es conocida por su papel de garante y facilitador de los contactos con ETA.

Intentando responder a alguna de estas cuestiones, el informe Alerta 2017, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz durante el 2016 y la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo, lo que permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar algunas tendencias globales. Este análisis es clave para poder llevar a cabo cualquier iniciativa de mediación y construcción de paz, tal y como parece que se está planteando en el conflicto político que se está dibujando en el complicado panorama político catalán.

índex2Foto: JMR

Una de las tendencias de los casi 40 procesos de paz y negociaciones analizados en 2016 es identificar claramente el quién. En la mayoría de los casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y los actores opositores políticos, sociales y armados afectados o activos en esos conflictos, lo que implica la constatación de que los principales actores, incluidos los gobiernos, no pueden rehuir de participar en las iniciativas de diálogo. Para resolver un conflicto, las partes implicadas deberán participar tarde o temprano en alguna iniciativa de diálogo. La negación del diálogo no resuelve los conflictos, si acaso los agrava, enquista y eterniza.

En segundo lugar, el qué. Aunque se niegue por activa y por pasiva, a nivel internacional se está dialogando entre gobiernos y entidades que exploran arquitecturas políticas intermedias, que buscan un nuevo estatus político y administrativo o que aspiran a ser Estados con pleno reconocimiento internacional. En la mitad de los 33 conflictos armados actuales y en la mitad de los 87 escenarios de tensión a nivel internacional estuvieron presentes demandas de autogobierno y/o identitarias. Entre estos casos en los que existen procesos de negociación se cuentan varios en Europa, por ejemplo, el de Georgia en lo referente a Abjasia y Osetia del Sur; Moldova y la autoproclamada república de Transdniestria; Ucrania y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk; o el de Serbia y Kosovo –si bien el estatus legal internacional de Kosovo no está definido, ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. En el continente africano cabe mencionar la situación en el norte de Malí, la región senegalesa de Casamance, el conflicto en los estados sudaneses de Darfur, de Kordofán Sur y Nilo Azul, o Sudán del Sur, declarado independiente mediante un referéndum pactado, el caso de Marruecos-Sáhara Occidental –la RASD no ha sido reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la propia ONU como un territorio pendiente de descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no está reconocida por el derecho internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas¬–, o el de Israel y Palestina –donde aún está pendiente la configuración y reconocimiento internacional del Estado palestino, pese a su admisión como “Estado observador” en la ONU en 2012 y su reconocimiento por numerosos Estados. En Asia podrían destacar las negociaciones entre el Gobierno filipino y el MILF en la Región Autónoma en Mindanao Musulmán, las negociaciones entre el Gobierno de Tailandia y las provincias del sur del país o el pueblo naga en la India, por citar algunos ejemplos actuales.

Las terceras partes

Otra de las cuestiones que ha saltado a la luz en los últimos días es el papel de las terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación. Las terceras partes intervienen en la disputa a propuesta de los actores implicados y con aceptación de éstos para contribuir al diálogo entre los actores enfrentados y favorecer una salida negociada del conflicto. Cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores involucrados en tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, por la necesidad de respaldo público a la iniciativa de paz, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública, para preservar el contenido de las conversaciones y evitar que su publicidad afecte o determine las propias negociaciones. En el escenario catalán, en los últimos días se han publicitado multitud de iniciativas que pueden favorecer el diálogo pero sería deseable que surgiera alguna iniciativa que preservara la confidencialidad de los actores y el contenido de las propuestas, en un escenario en el que la aceptación de una mediación podría ser percibida como una renuncia o una debilidad.

A nivel internacional, la ONU, organizaciones regionales, Estados y sociedad civil son los principales actores involucrados como terceras partes en los numerosos diálogos abiertos durante 2016. En un tercio de los 40 procesos analizados ese año estuvo presente la ONU, mientras que en 11 de los 15 casos africanos fueron la Unión Africana o bien otras organizaciones regionales del continente, como ECOWAS, IGAD o SADC. En Europa, la ONU ha actuado en Chipre con apoyo de la UE, mientras que en Serbia-Kosovo es la UE (y en el pasado la ONU) la que ha activado procesos de diálogo, además de la situación de Georgia, en la que han actuado la UE, la OSCE y la ONU. La OSCE también ha actuado en numerosos espacios del continente europeo, como por ejemplo en Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiyán). A su vez, la UE también ha desempeñado funciones como tercera parte más allá del continente europeo, en especial en contextos de África y Oriente Medio, entre ellos Mozambique, RDC, Sudán del Sur, Israel-Palestina (integrando el Cuarteto para Oriente Medio) o Siria (como parte del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, el ISSG). En el caso de América, la UNASUR estuvo involucrada en Venezuela. En Oriente Medio, la Liga Árabe estuvo implicada en Siria. En Asia destaca la participación de una organización intergubernamental de carácter religioso, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en Filipinas. La OCI también estuvo presente en la RCA y en Siria. La Iglesia Católica también se implicó en algunos procesos negociadores. Históricamente, el ejemplo de la Comunidad de Sant’Egidio en Mozambique es el más revelador. En la actualidad, en Venezuela esta participación se tradujo en la implicación del Vaticano en el equipo mediador; en Mozambique la Iglesia Católica se sumó al equipo negociador; y en la RDC la Iglesia Católica congolesa fue clave para facilitar la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición política a finales de diciembre de 2016.

Además, cabría recordar las decenas de organizaciones y centros de investigación que facilitan herramientas, conocimientos y/o pueden dinamizar procesos de diálogo de forma discreta en diferentes conflictos actuales, como son, entre otras, la Fundación Jimmy Carter (EEUU); Conciliation Resources e International Alert (Reino Unido); Berghoff Foundation (Alemania); NOREF, IPRA y PRIO (Noruega); SIPRI (Suecia); Swisspeace, CICR, Geneva Call y la antes mencionada HD Centre (Suiza); CMI (Finlandia); el International Crisis Group, o departamentos de paz y conflictos como los de las universidades de Notre Dame (EEUU), Uppsala (Suecia) o Bradford (Reino Unido), en apoyo de los múltiples actores que participan en los procesos de negociación, por citar algunos ejemplos.

A lo largo de 2016 también se registraron otros contextos en los que la intensificación de la violencia y de la tensión afectó seriamente las perspectivas de la negociación, derivando en algunos casos en un deterioro, reducción o bloqueo de la vía o espacio de diálogo, aunque siempre existen espacios, procesos y oportunidades de diálogo y negociación en todo el ciclo del conflicto, como ponen de manifiesto los múltiples ejemplos reseñados antes. Por último, cabe tener en cuenta que cada vez hay más evidencias que sustentan que los procesos inclusivos en los que no se reproducen las dinámicas de exclusión de las mujeres y la sociedad civil obtienen mejores resultados en términos de firma de acuerdos así como de sostenibilidad y su implementación.

Nunca es demasiado tarde. Pero el primer paso en todos los conflictos es reconocer la existencia de ese conflicto. Aunque no se comparta el mismo análisis del conflicto, los actores tienen que estar de acuerdo en que existe un conflicto y que debe ser resuelto mediante el diálogo. Esta premisa todavía no está clara y aceptada en el escenario catalán, aunque sí está sobre la mesa la oportunidad para el diálogo.

Dos años de guerra en Yemen: ¿con armas españolas?

Por: | 24 de marzo de 2017

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Paula San Pedro y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Untitled (3)

Un Chico yemení entre los escombros tras un ataque aéreo dirigido por la coalición de Arabia Saudí el 25 de febrero de 2016 en la capital, Sanaa © MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images

 

"Sentí que la humanidad se ha perdido. A ver, un lugar de aprendizaje, atacado de esta manera, sin previo aviso... ¿dónde está la humanidad? Se supone que es ilegal atacar esos lugares en una guerra".

Esto es lo que decía la directora de una escuela en la ciudad de Hodeidah, el Complejo Educativo para niñas de Al Shaymeh, que acogía a unas 3.200 estudiantes, después de que la escuela fuera atacada dos veces en cuestión de días, en agosto de 2015. En los ataques perdieron la vida dos personas.

Este ataque es un buen ejemplo de los numerosos bombardeos indiscriminados y desproporcionados de la coalición saudí, dirigidos contra la población civil y lugares donde se celebraban funerales, hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y fábricas e infraestructuras económicas clave, que podrían constituir crímenes de guerra, llevados a cabo desde el inicio del conflicto el 25 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí lanzó los primeros ataques aéreos contra el grupo armado huzí, que fueron el detonante de un conflicto armado en el que todas las partes han cometido impunemente violaciones generalizadas del derecho internacional. Por su parte, las fuerzas huzíes y sus aliados han bombardeado zonas pobladas civiles en el sur de Arabia Saudí, en las que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil.

Mientras se producían ataques como este, el Gobierno español siguió autorizando exportaciones de municiones, aviones, granadas de mortero y otras armas a Arabia Saudí y otros países de la coalición que interviene en Yemen desde 2015. España fue el tercer exportador de armas a Arabia Saudí en 2015, tras EE.UU. y Reino Unido y entre 2015 y el primer semestre de 2016 (últimas cifras oficiales disponibles), exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 600 millones €, casi la mitad de los cerca de 1.400 millones € exportados en los últimos diez años.

¿Cómo puede ser? Parece que al Gobierno no le importa que las armas “Marca España” exportadas a Arabia Saudí puedan estar siendo utilizadas en Yemen para cometer delitos de derecho internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno español a la reiterada petición de las ONG de suspender la venta de armas? Mirar para otro lado, aplicando la máxima del refranero popular: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

El conflicto armado de Yemen entre el gobierno del presidente Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, entre las que había unidades del ejército leales al ex presidente Salé, lleva dos años haciendo estragos. La coalición saudí ha usado de forma reiterada municiones de racimo de EE.UU., Reino Unido y Brasil en ataques en los que han muerto o han quedado mutilados civiles. El bloqueo marítimo y aéreo parcial impuesto por la coalición saudí restringió la importación de productos de primera necesidad, agravando la crisis humanitaria causada por el conflicto, e impidió la llegada de vuelos comerciales. El 80% de la población de los más de 27 millones de yemeníes depende de la ayuda humanitaria para alimentarse y el país está al borde de la hambruna. Organizaciones locales e internacionales del ayuda humanitaria han denunciado restricciones ilícitas al envío de ayuda, tanto por parte de los huzíes como de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí.

El coste humano de los dos años de conflicto en Yemen es aterrador: Más de 50.000 víctimas, más de 40.000 personas heridas, cerca de 8.000 muertas y 3 millones de personas desplazadas internas y más de 22.000 casos de cólera que han causado más de un centenar de muertes.

En 2016 también hubo denuncias de un desvío sistemático de armas a grupos armados en Siria y Yemen por valor de 1.200 millones € desde diversos países de Europa Central y Oriental a Arabia Saudí, Jordania, EAU y Turquía.

En este contexto, hemos pedido al Gobierno español la suspensión de la venta de armas que se puedan utilizar en Yemen y hemos expresado nuestra oposición a la firma de un contrato entre la empresa pública Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, una operación que cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos. Existe un riesgo manifiesto de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, que supone una violación grave del derecho internacional humanitario. El Gobierno debe denegar cualquier autorización de armas a Arabia Saudí que pueda utilizarse para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen. No puede ni debe ser cómplice de estos crímenes. Hemos denunciado la ilegalidad de esta posible operación.

Si el Gobierno sigue adelante con esta política de mirar para otro lado, puede encontrarse con que deba rendir cuentas de forma similar al del Reino Unido, donde el Tribunal Supremo está examinando la transferencia de armas británicas a Arabia Saudí durante la guerra de Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Rights Watch (Reino Unido) y Oxfam presentaron informes ante este Tribunal, en un recurso judicial presentado por la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) en Reino Unido.

 

Refugio en el aula. Acogiendo recelos, dilemas y respuestas complejas

Por: | 16 de diciembre de 2016

Cécile Barbeito es formadora en Educación para la paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, y miembro de la Junta de gobierno del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Anna-Surinyach_01Foto: Anna Surinyach

Tal vez porque se sigue batiendo, semana a semana, día tras día, el triste récord histórico de personas sometidas al desplazamiento forzado, un número considerable de educadores tratará durante este curso escolar la cuestión de las personas refugiadas. Pero, como en cualquier proceso educativo que pretenda educar en valores desde una mirada crítica y transformadora, “no todo vale”.

A raíz de la publicación del material didáctico “Barcelona, ciutat refugi” (por el IMEB, Pla Barcelona Ciutat Refugi, y ECP) y de posteriores sesiones de formación con profesorado, brotaron reflexiones, recelos, dilemas para quien desee dinamizar actividades educativas sobre la cuestión del refugio y sobre su acogida. Este artículo refleja cuatro conclusiones de estos intensos debates:

Romper estereotipos: A la hora de abordar esta cuestión, cabe hacerlo con precisión y desmontando mitos. ¿Es realmente un drama histórico? Efectivamente: el número de desplazamientos forzados actual, que supera los 65 millones de personas, es el más alto de la historia. Pero también es cierto que dos tercios de estas personas son desplazadas internas, no cruzan las fronteras de sus países. Es un drama humano sin igual, pero no una emergencia que Europa sean incapaz de asumir. Sobretodo teniendo en cuenta que, de los 10 países que más personas refugiadas acogen, ni uno solo es europeo.

¿De quién estamos hablando? Parece haber interés en reflexionar sobre las personas refugiadas. Pero ¿hasta qué punto tiene sentido limitarse a ellas? Aunque las definiciones teóricas permiten distinguir claramente qué es una persona refugiada, desplazada, y migrante, la realidad desmiente estas categorías. Oficialmente, personas refugiadas y desplazadas huyen por fuerza, porque les va la vida en ello, mientras que las personas inmigrantes lo harían “por gusto”. Cuesta creer que muchas personas inmigrantes crucen el Mar Mediterráneo, o, peor aún, el desierto del Sáhara, “por gusto”. ¿Se expondrían las personas inmigrantes a peligros mortíferos si pudieran vivir dignamente en sus países de origen? Distinguir motivos “por la fuerza” y “por gusto” parece cuestionable.

Además, una perversión del sistema de acogida español desdibuja todavía más esta distinción: el proceso de solicitud de asilo en España puede comportar la expulsión del país. En un país en que el porcentaje de aceptación del derecho de asilo es el 31%, y por tanto el de inadmisiones y denegaciones del 69%, no es una posibilidad desdeñable. Por ello, muchas personas que cumplen los requisitos para solicitar asilo no ejercen este derecho por miedo a ser deportadas, y entran en el país como cualquier otra inmigrante.

Teniendo en cuenta estos dos argumentos, ¿tiene sentido educar exclusivamente sobre las personas refugiadas? Muy probablemente no, porque la realidad desmiente la distinción teórica.

¿¿Y yo qué?? Cabe tener en cuenta, además, que de los tres grupos mencionados, las personas reconocidas como refugiadas son las que reciben una protección legal y económica más completa. Aunque su situación es verdaderamente dramática, si el Estado les concede el asilo entran en un programa de 18 meses que, siendo de los peores de Europa, no deja de ser un derecho que no tienen las personas inmigrantes - ni tampoco las autóctonas. En este sentido, las personas refugiadas reconocidas como tales, y sin ánimo de minimizar la gravedad de su experiencia, están más protegidas que las inmigrantes una vez se encuentran en nuestro país.
Defender la necesidad de proteger a las personas refugiadas, y así lo ha verbalizado profesorado con alumnado cuyas necesidades básicas no están cubiertas (órdenes de desahucio, insuficiencia alimentaria, etc.), puede despertar polémica y alimentar el sentimiento de rechazo del alumnado más excluido.

Por este motivo, cabe reconocer las necesidades de las persones refugiadas por su situación de excepcionalidad, pero sin dejar de reivindicar los derechos de todos los colectivos necesitados. Lo cual, de nuevo, lleva a traspasar la distinción entre persona refugiada y no refugiada, y también a adoptar una perspectiva de derechos para que las personas, refugiadas, inmigrantes o autóctonas, tengan las necesidades básicas cubiertas.

El profesorado debe abordar estas controversias y afrontar posibles frustraciones del alumnado en clase. A pesar del reto que supone gestionar tal rabia, es la forma de canalizar el probable sentimiento de exclusión hacia una acción ciudadana constructiva. Sin ser fácil, es mejor utilizar el descontento del alumnado como motivación al pensamiento complejo y la reivindicación de sus derechos, que dejar enquistar ese sentimiento de marginación como si no existiera.

Acogida de brazos abiertos… ¿y qué más? Personas refugiadas, desplazadas, inmigradas y autóctonas merecen nuestra empatía por igual. Dicho esto, ¿tiene sentido acoger un número ilimitado de personas que huyen de guerras y dictaduras? Parece pertinente recordar que acoger a personas refugiadas es un apaño de emergencia, asistencialista, que en ningún momento resuelve el problema de raíz, que son mayoritariamente las guerras.

Podemos congratularnos de una movilización social – que no gubernamental – mayoritariamente solidaria, pero hay que ser conscientes, a la vez, que tal reacción es absolutamente insuficiente y “de parche” si no va asociada a medidas que intervengan sobre la raíz del problema y no sobre sus síntomas. También es necesario, pues, tomar medidas como el control de la producción de armas, la inversión en investigación e industria militar, la opacidad de los paraísos fiscales que vehiculan la financiación de grupos armados, la explotación de recursos naturales para financiar las guerras… y un largo etcétera de factores y ámbitos de acción.

Tres recomendaciones para promover la implicación del alumnado sobre este tema, en conclusión: Construir a partir de la indignación del alumnado, aprovechando los sentimientos solidarios, pero también afrontando posibles sentimientos de marginación; Cuidar de las personas que tengamos cerca en base a sus necesidades, independientemente que sean refugiadas, inmigradas, minorías asentadas o autóctonas; y Actuar sobre la raíz del problema (guerras, dictaduras, etc) y no solo sobre sus síntomas.

¿Barcos para matar civiles en Yemen? ¡No, gracias!

Por: | 11 de noviembre de 2016

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Carmen Suárez-Llanos y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Afotopost2016iemen

Efectos de los bombardeos en Yemen. Foto: AI

Mi hijo iba al mercado a diario. No pudimos localizar todo su cuerpo, sólo pudimos encontrar su pierna derecha después del ataque aéreo”.

Así contó Hasan Mohamed Masafi a Amnistía Internacional cómo perdió a su hijo de 18 años y dos primos, uno de ellos un niño de 12 años, en un mortífero ataque aéreo de la coalición saudí contra un concurrido mercado en la gobernación de Hajjah, en el norte de Yemen, controlada por fuerzas huzíes. El ataque se produjo el 15 de marzo de 2016. Murieron al menos 44 civiles y decenas resultaron heridos.

El hijo de Hasan Mohamed es una de las más de 7.000 personas muertas, 36.000 heridas y 3,2 millones de desplazadas internas que ponen rostro al coste humano de 19 meses de guerra en Yemen.

Imagínense que la mitad de la población española necesitase ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Pues esa es la situación en Yemen para más de 21 millones de personas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen, una violación grave del derecho internacional humanitario y donde, según Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saudí podría causar más muertes que la propia violencia.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados. Ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas en los que se emplearon municiones de racimo fabricadas en Brasil, EE.UU. y Reino Unido, unas armas de efecto indiscriminado prohibidas internacionalmente.

Hoy, el mismo día que el gobierno desbloquearía la venta de munición a Arabia Saudí, Felipe VI inicia una visita del gobierno español a ese país. Es llamativo que, la misma semana en que en Marrakesh se iniciaron las negociaciones de la COP22 tras la firma del Acuerdo de París sobre el clima, cuestiones clave para Greenpeace y Oxfam Intermón, el primer destino de la agenda exterior del Rey sea  uno de los mayores productores de crudo, uno de los principales verdugos globales  en el que se reprime la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Todo indica que una prioridad de la visita será impulsar la firma del contrato entre la empresa pública Navantia y la armada saudí para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Ferrol y Cádiz. Hay tres elementos a considerar en este caso: i) la legalidad del contrato; ii) los puestos de trabajo que supondría, y iii) “si no vendo yo, lo hará otro”.

En cuanto al primer argumento, en enero ya denunciamos en una carta abierta al Gobierno español y a Navantia que esta operación es ilegal de acuerdo con la normativa española e internacional sobre comercio de armas. Se lo hemos reiterado esta semana por carta al Rey y al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores.

Tras 19 meses de guerra y dada la comisión de presuntos crímenes de guerra por la coalición saudí en Yemen, en la actualidad existe un riesgo manifiesto de que estos barcos podrían utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles y para mantener el bloqueo naval que ha agravado la crisis humanitaria en Yemen.

El Gobierno español sabe que estas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y, concretamente, del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) cuya adopción en la ONU en 2013 apoyó. El Artículo 6 del TCA prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. Blanco y en botella.

Igualmente, debería cumplir la Proposición No de Ley aprobada en abril de 2016 en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno español a, entre otras medidas, no autorizar ventas de armas a las partes del conflicto de Yemen.

Pasemos al segundo argumento, los puestos de trabajo.  De nuevo ha habido declaraciones de  representantes de partidos políticos y sindicatos, hasta el momento todas a favor del contrato, obviando sus gravísimas implicaciones para la población civil de Yemen. Las ONG no nos oponemos a la creación de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia, que está negociando acuerdos con otros países. Siempre que esos contratos respeten el derecho internacional, no habrá problema.

 No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre “nuestros” y “sus” derechos humanos, pues estos son universales e indivisibles. Si este caso ayuda a plantear un debate serio sobre la necesidad de reconversión de la industria militar española, bienvenido sea. Sin embargo, no es eso lo que nos ocupa, pues es únicamente que la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí es manifiestamente ilegal.

El tercer elemento a considerar es “Si España no vende estos barcos a Arabia Saudí, lo hará otro país”. Eso no es necesariamente así. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, se adoptó precisamente para evitar este tipo de situaciones. 130 Estados ya han firmado el Tratado y 87, incluida España, lo han ratificado. Eso quiere decir que deben aplicar y respetar las normas globales para regular la venta de armas establecidas en el Tratado, entre cuyos fines está contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Con el tiempo, los Estados que aún no han ratificado este Tratado se darán  cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas apliquen las mismas reglas. Si no, se quedarán fuera de los acuerdos que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades de negocio. Y no querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para cometer atrocidades, sometidos al escrutinio de la opinión pública mundial. Porque en el comercio de armas también hay reglas, y la primera es que vender armas para cometer atrocidades está prohibido.

República Democrática del Congo: 20 años de una guerra inacabada

Por: | 24 de octubre de 2016

Marta Iñiguez de Heredia, doctora en RRII por la LSE, actualmente Marie Sklodowska-Curie Fellow en el IBEI

ChildsoldiersgroupFoto: Menores-soldado en centro de desmovilización de Masisi / Marta Íñiguez

El 24 de octubre se cumplen dos décadas del comienzo de una serie de guerras en la República Democrática del Congo (RDC) que no han acabado. Ese otoño de 1996, los rebeldes del general Laurent Kabila, sumados a los Ejércitos de Ruanda y Uganda y el apoyo estratégico de EEUU y Reino Unido, entraban por las provincias orientales del Norte y Sur de Kivu. Su propósito: desmantelar los campos de refugiados del genocidio ruandés, desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo gobierno y ejército ruandeses, y dar un golpe de Estado contra el Mariscal Mobutu, al frente del Gobierno del entonces Zaire. Se confirmaron con ello los augurios de Franz Fanon hace 50 años: África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo. Esta guerra, que apenas duró siete meses, desató una serie de conflictos, incluyendo la llamada Guerra Mundial Africana, y marcó el rumbo de la región de los Grandes Lagos y África Central.

Las claves del conflicto en la RDC

La guerra del 96 tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales a distintos niveles. En primer lugar, se consolidó un cambio en el balance regional de poder, adquiriendo Ruanda y Uganda una hegemonía militar que tanto ha garantizado como que ha comprometido su seguridad, y ha involucrado a Angola y Sudáfrica, erigiéndose como contrapoderes. Las relaciones Ruanda-RDC vienen marcadas desde entonces por la mutua instrumentalización y confrontación en torno a intereses políticos, económicos y de seguridad en el este de la RDC. Se consolidó también que buena parte de las dinámicas y la violencia en el este del Congo adquirieran (artificialmente) una perspectiva étnica entre ruandófonos, Tutsis y Hutus, por una parte, y población “autóctona” por otra. Este cariz, si bien ha influido en la ideología que muchos grupos armados han tomado, no explica en sí mismo el conflicto.

En segundo lugar, una creciente influencia anglófona se impuso en la región de los Grandes Lagos, desbancando a la Francofonía. El Mariscal Mobutu ya había sido una de las joyas de la corona anti-soviética de EEUU (a pesar de ser vehículo de diamantes y otros recursos del socialista Frente Nacional de Libertação de Angola). La subida de Museveni en Uganda y Kagame en Ruanda dio sustento al ímpetu de Bill Clinton de apoyar nuevos líderes africanos que supieran llevar con mano de hierro la agenda liberal que se había impuesto después de la guerra fría. Esto se sumó al peso de la culpa que líderes como Tony Blair sentían por la inacción ante el genocidio ruandés de 1994. Estas alianzas han conseguido que graves violaciones de la soberanía congoleña por parte de estos países no hayan sido realmente el objetivo de una condena internacional seria.

En tercer lugar, los eventos del 96-97 siguen siendo uno de los periodos más violentos que ha vivido la RDC. El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en 2010 sugirió la posibilidad de un genocidio en las incursiones contra los campos de refugiados por parte de la coalición Kabila-Ruanda-Uganda. Este conflicto además marcó el carácter de las sucesivas guerras como una guerra contra la población civil. Desde esta fecha ha sido la población civil la que más ha sufrido asesinatos, torturas, trabajo esclavo, matrimonios forzosos, violencia sexual y desplazamiento forzoso de sus tierras. Es por esto también que las milicias populares Mai Mai han jugado y juegan un papel fundamental no sólo en avanzar su agenda política, sino en ofrecer seguridad a la población - si bien estas milicias también han cometido graves abusos.  

Finalmente, pero más importante si cabe, la guerra del 96 transformó la lucha por la democracia en un combate violento. Durante los años 80 la oposición contra Mobutu se había intensificado, llegando a lograr el fin del partido único en 1990. El levantamiento del 96 precipitó a muchos, tanto parlamentarios como intelectuales, jóvenes y población rural, a la lucha armada, viendo una oportunidad para quitarse el yugo del autoritarismo y la pobreza. En algunas áreas, especialmente en los Kivus, algunas milicias Mai Mai, formadas en su mayor parte por jóvenes sin trabajo y campesinado, llegaron a administrar varios territorios. En el 2002 la ONU calculó que podían tener cerca de 30,000 combatientes. La rebelión del 96 fue por tanto no sólo un alzamiento militar de soldados renegados y tropas extranjeras, fue también un levantamiento popular.

Mobutu fue derrotado, pero ni la democracia ni la paz se impusieron. En 1998 recomenzaba la guerra, esta vez, más intensa y más larga, la Guerra Mundial Africana. Nueve países se involucraron, apoyados por potencias extranjeras, llegando a partir la RDC en tres. También en esta guerra, milicias populares se alzaron para defender la integridad del país y la posibilidad de un cambio político y económico. De ahí, se han ido sucediendo una serie de conflictos más localizados de forma cíclica hasta hoy, en los que algunas milicias han servido de proxy para la confrontación armada entre el gobierno congoleño y países vecinos.

Volver a una guerra inacabada… e incomprendida

Parece que, como decía Gardel, 20 años no son nada. Es posible volver a la guerra como se vuelve a un primer amor. La negativa del presidente Joseph Kabila a celebrar elecciones como toca en noviembre de este año está llevando a la RDC a una crisis profunda en la que, nuevamente, la lucha por la democracia es protagonista. Kabila ‘fils’ (hijo), otrora alabado por las potencias occidentales por su compromiso con la liberalización económica y la democratización, está haciendo caso omiso al límite de dos mandatos que le impone la Constitución congoleña. El presidente ha argumentado que hace falta rehacer el censo y que no hay recursos, posponiendo las elecciones hasta julio de 2017. Entre tanto el Gobierno ha intensificado la represión contra disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes religiosos.

BunyakiriPoblación desplazada por las FDLR en Bunyaikiri / MI

En la RDC hay un conflicto político. Y tal como se vio en el conflicto del 96-97, éste tiene que ver tanto con la injerencia internacional, la explotación de recursos, los intereses politicos y de seguridad, como con las ansias de cambio político y del fin de la pobreza de la población. No obstante, hay otro problema grave que es la falta de comprensión del conflicto por parte de los actores internacionales que se dicen constructores de la paz en la RDC. Los paradigmas con los que se suele explicar el conflicto en la RDC son la avaricia, la explotación de recursos naturales y la conflictividad étnica. Pero en la RDC no hay un conflicto étnico, tampoco una guerra civil, ni el fin último de las milicias es simplemente la explotación de recursos. Los recursos pueden engrasar la maquinaria de guerra, pero no son su causa. Tampoco los recursos explican todo en cuanto a la injerencia de países vecinos y de fuera de la región. Si bien es verdad que hay diversos actores compitiendo por el control de zonas fértiles de cultivo, de coltan, uranio, oro y petróleo, los intereses de los países involucrados también hay que entenderlos en forma de seguridad y de control político. Tampoco el paradigma del Estado fallido explica mucho sobre lo que pasa en la RDC. La corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones son el mal de muchos países en el mundo, y no cuentan con una guerra a sus espaldas de más de 3 millones de personas. Esta falta de comprensión ha llevado a beneficiar a Ruanda y a Uganda con ayudas, mientras intervenían militarmente en la RDC, directa o indirectamente. Ha llevado también a forzar la integración de grupos armados en el Ejército congoleño, creando así un Ejército que es un mosaico de grupos armados, infiltrado por países vecinos. Ha llevado a ignorar los reclamos políticos de las milicias populares, aplicando una lectura étnica de sus actividades. Las prisas por formar un Gobierno ha desembocado en el apoyo a un presidente autoritario.

La complejidad del conflicto en la RDC radica no sólo en que tiene raíces locales, nacionales, regionales e internacionales sino también en que pone en evidencia el modelo político y económico que define las relaciones Estado-sociedad en la RDC y de la RDC con la economía y política mundiales. Es por esto que las soluciones hasta ahora probadas en torno a un modelo de Estado liberal a base de elecciones y una liberalización de sectores industriales clave no han dado salida a los problemas de conflicto, pobreza y autoritarismo. No es por tanto extraño que sigamos viendo el conflicto del 96 proyectado en el futuro a largo plazo, y que cobre fuerza otra vez cuando peligren los pequeños avances democráticos conseguidos.  

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal