República Democrática del Congo: 20 años de una guerra inacabada

Por: | 24 de octubre de 2016

Marta Iñiguez de Heredia, doctora en RRII por la LSE, actualmente Marie Sklodowska-Curie Fellow en el IBEI

ChildsoldiersgroupFoto: Menores-soldado en centro de desmovilización de Masisi / Marta Íñiguez

El 24 de octubre se cumplen dos décadas del comienzo de una serie de guerras en la República Democrática del Congo (RDC) que no han acabado. Ese otoño de 1996, los rebeldes del general Laurent Kabila, sumados a los Ejércitos de Ruanda y Uganda y el apoyo estratégico de EEUU y Reino Unido, entraban por las provincias orientales del Norte y Sur de Kivu. Su propósito: desmantelar los campos de refugiados del genocidio ruandés, desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo gobierno y ejército ruandeses, y dar un golpe de Estado contra el Mariscal Mobutu, al frente del Gobierno del entonces Zaire. Se confirmaron con ello los augurios de Franz Fanon hace 50 años: África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo. Esta guerra, que apenas duró siete meses, desató una serie de conflictos, incluyendo la llamada Guerra Mundial Africana, y marcó el rumbo de la región de los Grandes Lagos y África Central.

Las claves del conflicto en la RDC

La guerra del 96 tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales a distintos niveles. En primer lugar, se consolidó un cambio en el balance regional de poder, adquiriendo Ruanda y Uganda una hegemonía militar que tanto ha garantizado como que ha comprometido su seguridad, y ha involucrado a Angola y Sudáfrica, erigiéndose como contrapoderes. Las relaciones Ruanda-RDC vienen marcadas desde entonces por la mutua instrumentalización y confrontación en torno a intereses políticos, económicos y de seguridad en el este de la RDC. Se consolidó también que buena parte de las dinámicas y la violencia en el este del Congo adquirieran (artificialmente) una perspectiva étnica entre ruandófonos, Tutsis y Hutus, por una parte, y población “autóctona” por otra. Este cariz, si bien ha influido en la ideología que muchos grupos armados han tomado, no explica en sí mismo el conflicto.

En segundo lugar, una creciente influencia anglófona se impuso en la región de los Grandes Lagos, desbancando a la Francofonía. El Mariscal Mobutu ya había sido una de las joyas de la corona anti-soviética de EEUU (a pesar de ser vehículo de diamantes y otros recursos del socialista Frente Nacional de Libertação de Angola). La subida de Museveni en Uganda y Kagame en Ruanda dio sustento al ímpetu de Bill Clinton de apoyar nuevos líderes africanos que supieran llevar con mano de hierro la agenda liberal que se había impuesto después de la guerra fría. Esto se sumó al peso de la culpa que líderes como Tony Blair sentían por la inacción ante el genocidio ruandés de 1994. Estas alianzas han conseguido que graves violaciones de la soberanía congoleña por parte de estos países no hayan sido realmente el objetivo de una condena internacional seria.

En tercer lugar, los eventos del 96-97 siguen siendo uno de los periodos más violentos que ha vivido la RDC. El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en 2010 sugirió la posibilidad de un genocidio en las incursiones contra los campos de refugiados por parte de la coalición Kabila-Ruanda-Uganda. Este conflicto además marcó el carácter de las sucesivas guerras como una guerra contra la población civil. Desde esta fecha ha sido la población civil la que más ha sufrido asesinatos, torturas, trabajo esclavo, matrimonios forzosos, violencia sexual y desplazamiento forzoso de sus tierras. Es por esto también que las milicias populares Mai Mai han jugado y juegan un papel fundamental no sólo en avanzar su agenda política, sino en ofrecer seguridad a la población - si bien estas milicias también han cometido graves abusos.  

Finalmente, pero más importante si cabe, la guerra del 96 transformó la lucha por la democracia en un combate violento. Durante los años 80 la oposición contra Mobutu se había intensificado, llegando a lograr el fin del partido único en 1990. El levantamiento del 96 precipitó a muchos, tanto parlamentarios como intelectuales, jóvenes y población rural, a la lucha armada, viendo una oportunidad para quitarse el yugo del autoritarismo y la pobreza. En algunas áreas, especialmente en los Kivus, algunas milicias Mai Mai, formadas en su mayor parte por jóvenes sin trabajo y campesinado, llegaron a administrar varios territorios. En el 2002 la ONU calculó que podían tener cerca de 30,000 combatientes. La rebelión del 96 fue por tanto no sólo un alzamiento militar de soldados renegados y tropas extranjeras, fue también un levantamiento popular.

Mobutu fue derrotado, pero ni la democracia ni la paz se impusieron. En 1998 recomenzaba la guerra, esta vez, más intensa y más larga, la Guerra Mundial Africana. Nueve países se involucraron, apoyados por potencias extranjeras, llegando a partir la RDC en tres. También en esta guerra, milicias populares se alzaron para defender la integridad del país y la posibilidad de un cambio político y económico. De ahí, se han ido sucediendo una serie de conflictos más localizados de forma cíclica hasta hoy, en los que algunas milicias han servido de proxy para la confrontación armada entre el gobierno congoleño y países vecinos.

Volver a una guerra inacabada… e incomprendida

Parece que, como decía Gardel, 20 años no son nada. Es posible volver a la guerra como se vuelve a un primer amor. La negativa del presidente Joseph Kabila a celebrar elecciones como toca en noviembre de este año está llevando a la RDC a una crisis profunda en la que, nuevamente, la lucha por la democracia es protagonista. Kabila ‘fils’ (hijo), otrora alabado por las potencias occidentales por su compromiso con la liberalización económica y la democratización, está haciendo caso omiso al límite de dos mandatos que le impone la Constitución congoleña. El presidente ha argumentado que hace falta rehacer el censo y que no hay recursos, posponiendo las elecciones hasta julio de 2017. Entre tanto el Gobierno ha intensificado la represión contra disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes religiosos.

BunyakiriPoblación desplazada por las FDLR en Bunyaikiri / MI

En la RDC hay un conflicto político. Y tal como se vio en el conflicto del 96-97, éste tiene que ver tanto con la injerencia internacional, la explotación de recursos, los intereses politicos y de seguridad, como con las ansias de cambio político y del fin de la pobreza de la población. No obstante, hay otro problema grave que es la falta de comprensión del conflicto por parte de los actores internacionales que se dicen constructores de la paz en la RDC. Los paradigmas con los que se suele explicar el conflicto en la RDC son la avaricia, la explotación de recursos naturales y la conflictividad étnica. Pero en la RDC no hay un conflicto étnico, tampoco una guerra civil, ni el fin último de las milicias es simplemente la explotación de recursos. Los recursos pueden engrasar la maquinaria de guerra, pero no son su causa. Tampoco los recursos explican todo en cuanto a la injerencia de países vecinos y de fuera de la región. Si bien es verdad que hay diversos actores compitiendo por el control de zonas fértiles de cultivo, de coltan, uranio, oro y petróleo, los intereses de los países involucrados también hay que entenderlos en forma de seguridad y de control político. Tampoco el paradigma del Estado fallido explica mucho sobre lo que pasa en la RDC. La corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones son el mal de muchos países en el mundo, y no cuentan con una guerra a sus espaldas de más de 3 millones de personas. Esta falta de comprensión ha llevado a beneficiar a Ruanda y a Uganda con ayudas, mientras intervenían militarmente en la RDC, directa o indirectamente. Ha llevado también a forzar la integración de grupos armados en el Ejército congoleño, creando así un Ejército que es un mosaico de grupos armados, infiltrado por países vecinos. Ha llevado a ignorar los reclamos políticos de las milicias populares, aplicando una lectura étnica de sus actividades. Las prisas por formar un Gobierno ha desembocado en el apoyo a un presidente autoritario.

La complejidad del conflicto en la RDC radica no sólo en que tiene raíces locales, nacionales, regionales e internacionales sino también en que pone en evidencia el modelo político y económico que define las relaciones Estado-sociedad en la RDC y de la RDC con la economía y política mundiales. Es por esto que las soluciones hasta ahora probadas en torno a un modelo de Estado liberal a base de elecciones y una liberalización de sectores industriales clave no han dado salida a los problemas de conflicto, pobreza y autoritarismo. No es por tanto extraño que sigamos viendo el conflicto del 96 proyectado en el futuro a largo plazo, y que cobre fuerza otra vez cuando peligren los pequeños avances democráticos conseguidos.  

Naciones Unidas: renovarse o morir

Por: | 11 de octubre de 2016

MARTIAL TREZZINI EFEFoto: Martial Trezzini/EFE

Los focos de las cámaras de los principales medios de comunicación de todo el mundo se han reunido en Nueva York para plasmar el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Este encuentro anual retrata en blanco y negro y con olor a naftalina una organización septuagenaria cuyos principales miembros se resisten a dejarla entrar en boxes a pesar de las numerosas críticas que la sitúan permanentemente al borde del abismo. Sin embargo, esta organización sigue siendo en la actualidad la principal garante de la paz y la seguridad internacionales de carácter multilateral. A pesar de numerosos fracasos y déficits, sobre todo democráticos y de representatividad en el seno de su principal órgano decisorio, el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta ocasión ha trascendido a las anteriores por el hecho de coincidir la salida de dos de sus principales líderes: por un lado, el presidente de los EEUU, Barack Obama, sobre el que se habían depositado tantas expectativas que incluso se le concedió de antemano un premio Nobel de la Paz, aunque su sello en Afganistán, Libia, Irak y Siria no pasará a la historia precisamente por su promoción de la diplomacia multilateral. Por el otro, el coreano Ban Ki-moon, después de liderar –con más pena que gloria– la organización durante los últimos nueve años. Entre sus éxitos se destaca el reciente acuerdo global contra el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un brindis al sol viendo la actual cartera de líderes occidentales conservadores que debieran encabezar esta iniciativa, empezando por la UE.

Mientras, los objetivos de otras cámaras –con menos luz y taquígrafos– siguen intentando dar testimonio de las más de 4.000 personas de Siria, Iraq, Afganistán, Eritrea y otros países fallecidas durante el año 2016 en las aguas del Mediterráneo y de los centenares de miles de personas originarias de estos mismos países que han conseguido cruzar esta tumba abierta pero que se enfrentan a la inacción española, europea y de la ONU, cuando no el boicot activo -véase el fallido referéndum anti-inmigración de Hungría. Este gran fracaso internacional camuflado como crisis de refugio, los conflictos en Siria, Irak y Afganistán y el reto que supone Estado Islámico son los principales frentes que le deparan al nuevo secretario general de la ONU.

Sin embargo, existen otros muchos escenarios que se encuentran todavía más alejados de los focos de los medios de comunicación, tal y como han recordado algunos periodistas españoles y africanos en el I Encuentro de Periodistas África-España organizado por Casa África en Madrid, escenarios que tienen que luchar para tener una presencia que huya de los estereotipos que tradicionalmente acompañan la información que procede del continente africano.

Financiando el conflicto en RCA

Un bochornoso ejemplo de silencio mediático y de fracaso del papel de la ONU en los últimos años es la situación que padece la República Centroafricana (RCA). El 2 de septiembre se hizo público un nuevo escándalo concerniente al papel que la ONU está desempeñando en este país y cómo la organización incluso contribuye a financiar el conflicto armado que padece. Una investigación de IRIN, agencia creada en los noventa por la propia ONU que en 2015 decidió abandonar el corsé de la organización internacional, desveló que esta organización había pagado más de medio millón de dólares a una de las empresas que la propia ONU había incluido en su lista de empresas y particulares sancionadas por haber alimentado el conflicto armado en el país con la venta de diamantes procedentes de zonas en conflicto y por haber proporcionado apoyo a los grupos armados, y que a pesar de conocer este hecho seguía contratando a dicha empresa. Conocida como el Bureau d’Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA), fue incorporada a la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en agosto de 2015 por su controvertido papel en el comercio de diamantes en la RCA. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU confirmó a IRIN que alquilaba unos terrenos propiedad de BADICA en la capital donde se alojaba la Bangui Joint Task Force, el centro de operaciones conjuntas formado por la Policía de la ONU y los batallones de la MINUSCA, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país. BADICA forma parte del Grupo empresarial Abdoulkarim, con base en Antwerp (Bélgica), país en el que también vive su líder empresarial, Abdoulkarim Dan Azoumi.

Júlia Serramitjana IO-EPFoto: Júlia Serramitjana/IO

Fuentes de la ONU han argumentado que son conscientes de esta irregular situación desde que BADICA fuera incluida en la lista en agosto de 2015, pero la búsqueda de instalaciones que cuenten con las condiciones que ofrece el terreno de BADICA han sido infructuosas, por lo que sigue contratando a esta empresa. El mismo Consejo de Seguridad de la ONU ha señalado que los contratos pre-existentes con firmas sancionadas pueden continuar bajo determinadas circunstancias que se establezcan en las propias resoluciones. La actual extensión del contrato con BADICA expira a finales de octubre de 2016, y por el momento no hay noticias de que la ONU vaya a abandonar estas instalaciones, lo que pone de manifiesto no sólo el fracaso de la comunidad internacional para frenar la financiación de los actores que contribuyen a la prolongación de la guerra en el país, sino incluso su connivencia y responsabilidad en los hechos. El último informe de la ONU dibuja un panorama desolador de persistencia de tráfico de armas, de acciones bélicas de los grupos armados, de explotación ilícita de recursos naturales así como de abusos y desplazamiento de civiles.

Violencia sexual, abusos e impunidad

Pero el desolador panorama no termina aquí. Un recuento de las cifras que ha ofrecido la misma ONU en febrero de 2016 sobre acusaciones de abusos sexuales y violencia por personal de las misiones de la ONU situaron la RCA como el país donde se han producido más acusaciones de violencia y abusos del mundo en el año 2015, con 22 de las 69 denuncias. Una comisión de expertos designada por la misma ONU reconoció en 2015 el fracaso de la organización en hacer frente a esta situación, ejemplificada con la dimisión de Ander Kompass en junio de 2016. Este diplomático sueco, director de operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR), filtró a las autoridades francesas información clasificada de la ONU sobre abusos sexuales de menores cometidos por los soldados franceses. El Alto Comisionado de la OHCHR, el jordano Zeid bin Ra’ad, consideró que Kompass no había consultado esta decisión y forzó su dimisión, aunque posteriormente tuvo que readmitirlo. El alud de críticas forzó la creación de esta comisión de expertos, que determinó la pésima gestión de la ONU, por no haber atajado el problema de abusos que había detectado y por haber dedicado más esfuerzos a desacreditar a Kompass que a perseguir a los culpables. A su vez, exoneró a Kompass por las filtraciones. Sin embargo, éste decidió dimitir cargando contra el clima de impunidad y por la incapacidad de la ONU para corregir esta situación.

El ejemplo de RCA pone de manifiesto algunos de los principales déficits y retos que afronta la ONU en la actualidad. Esperemos que el nuevo secretario general de la ONU, el ex primer ministro socialista portugués António Guterres, pueda hacer virar la dirección de la nave. Su mismo proceso de elección, también opaco y antidemocrático como la organización,  ha suscitado movilizaciones internacionales para escoger una mujer –She4SG– y para democratizar el proceso –1 para 7.000 millones– que han oscurecido su candidatura.

Alberto Estévez, María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río y Paula San Pedro, son responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Yemen Airstrikes

Bombardeos en Yemen. Foto: AI

Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros... Escondí a las niñas debajo de la escalera. [...] Dos impactos hicieron añicos la casa. [...] No había manera de escapar”. Así describió Abdelhaseeb al Mutawakil el aterrador momento en el que las fuerzas de la coalición saudí atacaron su casa en Mueen (Yemen), con dos ataques aéreos consecutivos en enero de 2016. Su esposa y dos hijas de corta edad estaban en la casa en ese momento y escaparon por poco de la explosión. Este ataque contra una vivienda civil es uno de los muchos ataques aéreos semejantes registrados durante el último año que han violado las leyes de la guerra, que prohíbe y califica como crímenes de guerra los ataques deliberados contra civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

¿En esos crímenes de guerra se han usado los aviones, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles españoles vendidos a la coalición saudí que interviene en Yemen desde marzo de 2015? Es la pregunta del millón (o, más bien, de los más de 1.100 millones de € vendidos a Arabia Saudí en armas desde 2011). El Gobierno español no investiga esta cuestión pese a que casi la cuarta parte de las armas vendidas en los primeros seis meses de 2015 fueron a Arabia Saudí, concretamente 447 millones € de un total de exportaciones valoradas en 1.824 millones-. Es una pequeña parte de los más de 28.000 millones € en licencias de exportación y ventas de armas de diferentes países a Arabia Saudí, pero una parte del pastel que España reclama.

El informe ¿Licencias para matar? denuncia carencias en el sistema de control de las exportaciones de armas y el riesgo claro de que armas exportadas a la coalición saudí que opera en Yemen se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional. Identifica 13 operaciones especialmente preocupantes, como las ventas de munición y bombas a Arabia Saudí; armas pequeñas y municiones a las fuerzas armadas de Brasil, pese a los indicios de ejecuciones extrajudiciales y el constante uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro; municiones, aviones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a Colombia, donde no se puede garantizar que se utilicen conforme al derecho internacional; municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a las fuerzas armadas de Irak pese al deterioro de la situación de derechos humanos; granadas de mano de gas lacrimógeno y aerosoles de defensa personal a la policía de Túnez pese a los informes de torturas, o cartuchos exportados a Camerún susceptibles de ser desviados a la República Centroafricana que atraviesa una crisis de derechos humanos.

El informe también identifica otras 14 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información para emitir una opinión informada, incluidas las armas pequeñas y ligeras y municiones exportadas a EE.UU. pese a leyes estatales demasiado permisivas sobre el uso de fuerza letal y el riesgo de que las armas exportadas puedan ser utilizadas para cometer delitos, armas de caza y tiro deportivo a Ghana pese al riesgo de desvío a Mali o Libia, y las armas exportadas a Guatemala, Honduras, Jamaica y la República Dominicana, con altos niveles de violencia armada.

Ocho años y medio después de la aprobación de la Ley sobre comercio de armas y ante el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, el próximo Gobierno y los grupos parlamentarios tienen deberes: mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y la transparencia para cumplir estrictamente la legislación española, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencias de armas para cometer atrocidades, mejorar la evaluación de riesgo de uso indebido de las operaciones y reforzar el control parlamentario, asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo en las operaciones preocupantes. Es la mejor receta para evitar que España otorgue licencias para matar violando el derecho internacional.

La espiral del terror contra el terror

Por: | 27 de marzo de 2016

Yevsheermanreuters

                                                                                  YVES HERMAN (REUTERS)

Los ataques en Bruselas han despertado, una vez más, la sensación de terror en nuestro país. Si bien no han dejado de haber ataques de carácter yihadista en el mundo desde el tristemente célebre 11-S, la atención mediática aparece cuando las víctimas podríamos haber sido nosotros. Pero más allá del comprensible sentimiento identitario más acusado hacia Bruselas, París o Nueva York, hace falta apelar en primer lugar a la responsabilidad de los medios a la hora de utilizar narrativas que pueden servir para crear violencias o terrores futuros. Es decir, la utilización, otra vez de términos como islamista, musulmán o árabe para referirse a estos actos de terrorismo sirven para legitimar los cada vez más numerosos discursos islamófobos en nuestro país. Lo cual no es baladí, ya que legitima políticas xenófobas, insolidarias -por ejemplo con las refugiadas- y la utilización de la violencia para hacer frente a esta amenaza. La extrema derecha está, sin duda, frotándose las manos.

Pero estos discursos no son nuevos. Desde el 11-S han sido hegemónicos y son los que han justificado la llamada Guerra Contra el Terror, impulsada por George W. Bush, de la mano de sus aliados europeos y de la OTAN. La doctrina basada en el ojo por ojo, diente por diente promovida por EEUU, ahora vigente más que nunca en Europa, es el soporte ideológico que necesitan las medidas que ante un siempre horroroso y despreciable ataque terrorista, optan por aumentar en las calles la presencia policial y en algunos casos militar, reducir las libertades individuales (y consecuentemente aumentar la represión) para facilitar la labor de investigación de las fuerzas de seguridad (llegando a extremos como Guantánamo y las torturas legalizadas de la policía norteamericana), y responder con la misma moneda a los que se supone como causantes originarios de la amenaza terrorista, en Afganistán fue Bin Laden y al Qaeda, en Siria es el ISIS (Daesh o Estado Islámico). De hecho la Guerra Contra el Terror es todo esto, un conjunto de medidas para acabar con el terrorismo (refiriéndose sobre todo al autodenominado como yihadista) lideradas por la invasión de Afganistán con la excusa de ir a capturar a Bin Laden y el aumento de la persecución (muchas veces en forma de represión) de los ciudadanos de origen árabe, de religión musulmana o cualquier cosa que se les parezca. Cabe decir que la declaración de guerra de Bush y Rumsfeld, como bien explica el profesor e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz José Luis Gordillo en el Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme, además de Al Qaeda incluía la Yihad islámica, Hizbulá, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte y Cuba.

Una vez han pasado 15 años de guerra, de las fuerzas armadas más poderosas del mundo (Estados Unidos y Europa acumulan dos tercios de las capacidades militares mundiales) contra unos miles de terroristas, el balance no puede ser más negativo. La Guerra Contra el Terror ha dejado Afganistán tan mal como estaba, pero con decenas de miles de nuevas víctimas de un conflicto armado que ha reforzado no sólo en Afganistán sino en la región, los discursos anti-occidentales de talibanes y otros grupos agraviados por la intervención militar aliada. La Guerra Contra el Terror continuó expandiendo sus actividades en los países de la lista Bush-Rumsfeld, invadiendo Irak, interviniendo directa e indirectamente en el derrocamiento de Gadafi y ahora con la guerra de Siria. En cómo han quedado estos países después de la intervención de los ejércitos aliados no hace falta insistir, cientos de miles de muertos, millones de heridos, mutilados y decenas de millones de personas forzadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Pero de lo que no se habla es de la responsabilidad de estas actuaciones hacia el terrorismo actual. Es decir, hay que responder a la pregunta de si la Guerra contra el Terror ha podido ser causa de la expansión de Al Qaeda, de la creación y crecimiento del ISIS, y de la aparición de pequeños grupos e incluso individuos, ciudadanos americanos o europeos, que cometen actos terroristas en nuestro entorno. La respuesta es como siempre en el análisis de conflictos más compleja -no hemos hablado aquí, por ejemplo, de quien ha armado y entrenado a estos grupos armados que ahora nos atacan a nosotros- pero todo indica que la Guerra contra el Terror más que reducirlo la ha aumentado, lo ha potenciado. Porque la estrategia de la fuerza militar, de los bombardeos y de la represión de la población musulmana en Occidente, han sido el combustible de los terroristas que ahora amenazan nuestra seguridad. ¿Acaso alguien piensa que las bombas que ahora caen sobre Raqqa no son la excusa perfecta para acusar al malvado Occidente de masacrar la población musulmana? Los dirigentes del ISIS no dejarán pasar la oportunidad de captar nuevos adeptos a su abominable causa cada vez que un familiar suyo muere como consecuencia de los bombardeos aliados. Las bombas sirven para legitimar los ataques terroristas de hoy y fabrican los terroristas del futuro.

La Guerra contra el Terror nos ha convertido en una amenaza para una parte importante del mundo, nos ha hecho ser enemigos, ya que nosotros los hemos tratado como tal. La Guerra contra el Terror ha sido, pues, un fracaso absoluto, porque ha generado más terror, un mundo más inseguro y una sociedad menos tolerante. 15 años de errores son suficientes. Si queremos crear un mundo más seguro, hay que darle la vuelta a las respuestas de Occidente al terrorismo. Hay que parar la espiral de violencia que ha creado y potenciado la Guerra contra el Terror y probar con alternativas basadas en la paz y la convivencia. Las respuestas armadas ya hemos visto que no han funcionado.

¿Es posible la mediación con grupos criminales?

Por: | 14 de marzo de 2016

Mabel Bustelo, investigadora en paz y seguridad

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La mediación, una herramienta clásica de resolución de conflictos, encuentra límites frente a la violencia no convencional que predomina en América Latina. La violencia se considera un asunto interno de los Estados y las respuestas tienden a ser de “mano dura”. Hablar con grupos criminales es un tabú y, en algunos casos, ilegal. La mediación se da en la práctica, pero los Gobiernos suelen negar su implicación y la participación internacional es limitada o inexistente. Sin embargo, el fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora a la hora de reducir la violencia sugiere que es hora de una reflexión abierta sobre las políticas de seguridad y el papel que la mediación y la resolución de conflictos podrían jugar en ellas. La mediación internacional en conflictos ha ganado importancia en décadas recientes. Vicenç Fisas subraya que un 76% de todas las negociaciones activas en el año 2014 tenían participación de mediadores externos, una categoría que incluye organizaciones internacionales y regionales, estados y “grupos de amigos”, centros y agencias especializadas. Un buen ejemplo, actual, es la participación internacional en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que se desarrollan con apoyo de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile.

No todos los casos son tan claros. En muchas zonas de conflicto hay vínculos entre violencia política y criminal, desde Mali y la RDC, a Siria y Libia. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime estima que un 70% de las actuales misiones de paz de la ONU se desarrollan en contextos afectados por el crimen organizado. La mitad tienen un mandato que incluye “lidiar” con grupos criminales. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2005 una resolución que mencionaba el crimen organizado como amenaza a la paz y la seguridad y 28 resoluciones en 2014. Cómo actuar, y conducir la mediación, cuando estos actores están presentes es objeto de debate en instituciones internacionales y centros especializados, ya que desafían la concepción tradicional de mediar sobre objetivos políticos que pueden ser objeto de compromiso y acuerdo.

El caso extremo de este desafío es América Latina. Se la considera una región en paz y no hay guerras excepto en Colombia, mientras ha habido transiciones exitosas desde la dictadura y la guerra a la democracia y la paz. Pero ésta es la región más violenta del mundo; de hecho, se puede considerar la “zona cero” de la violencia no convencional.

El Estudio Global sobre Homicidios 2013, realizado por UNODC, muestra que en 2012 hubo 165,617 homicidios (28,5 por 100.000 habitantes, una ratio cuatro veces superior a la media global, y el 36% del total mundial de homicidios intencionados). Los cinco países más violentos en este estudio eran Honduras (90,4), Venezuela (53,7), Belice, El Salvador y Guatemala. El Salvador se ha situado ahora en el primer puesto con más de 100 homicidios por 100,000 habitantes. Las cifras del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en México han muerto de forma violenta más de 160.000 personas desde el año 2007, una cifra superior a la suma de Afganistán e Irak. Por supuesto, estas cifras dejan fuera la extorsión, secuestros, desplazamiento forzado y desapariciones que acompañan a los homicidios.

En esta región, los protagonistas de la violencia son las maras, grupos vinculados al narcotráfico, organizaciones creadas por presidiarios, oficiales y sectores del Estado corruptos, vigilantes y milicias paramilitares, en un contexto de profundas desigualdades, corrupción y debilidad institucional. Vinculados a la economía informal o ilegal, estos actores tienen motivaciones territoriales y/o económicas, no políticas. Las respuestas se han centrado en la supresión del crimen con políticas como la “mano dura” en Centroamérica o la “guerra contra las drogas” en varios países de la región, entre otras.

¿Es posible la mediación en este tipo de violencia?

América Latina presenta varias experiencias. La más ambiciosa se dio en El Salvador en 2012. Un ex guerrillero y asesor del Gobierno, y el obispo castrense mediaron durante meses para lograr una tregua entre las dos principales bandas, MS-13 y Barrio 18. Sus líderes fueron trasladados a prisiones ordinarias para facilitar la comunicación con sus filas en la calle, y los homicidios diarios cayeron de catorce a cinco. La contrapartida fue una mejora de las condiciones penitenciarias. Por primera vez desde la guerra, se invitó a una misión del CICR a monitorear la situación de los derechos humanos en las cárceles. La OEA dio un paso arriesgado al apoyar de forma abierta el proceso y, cuando el Gobierno reconoció su propio apoyo, la UE también participó.

Los opositores a la tregua siempre defendieron que sólo servía para permitir a las bandas reorganizarse y rearmarse. La extorsión continuó (desde el principio, sus portavoces afirmaron que no podían ponerle fin mientras no tuvieran alternativas económicas para ellos y sus familias). Pero la reducción sostenida de los homicidios permitió avanzar hacia una segunda fase, de pacificación. 11 municipios se declararon zonas de paz. Aquí, los mediadores, las bandas, la sociedad civil y las autoridades municipales se comprometían a impulsar el desarrollo de las comunidades marginadas, la rehabilitación de jóvenes en riesgo, y la reducción de las operaciones policiales indiscriminadas, a cambio del fin de todas las actividades criminales.

Las causas fundamentales del fracaso de esta iniciativa hay que buscarlas en una posición ambivalente del Gobierno (y el reemplazo de algunos de sus miembros que apostaban por explorar esta vía), una fuerte polarización de la opinión pública y la oposición de importantes sectores conservadores, incluyendo parte de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Hoy, El Salvador se ha aupado al puesto de país más violento del mundo.

En cualquier caso, las noticias pronto se extendieron por Centroamérica. En mayo de 2013, las mismas maras en Honduras anunciaron el fin de los homicidios a cambio de una serie de peticiones a las autoridades. Con la mediación de un buen conocedor de las bandas, el arzobispo de San Pedro Sula Rómulo Emiliani, y el apoyo de la OEA, el anuncio logró apoyo verbal del Gobierno, pero éste nunca se materializó. En realidad, los anuncios fueron separados (indicador de que aún no había tregua entre bandas), y éstas tienen en este país un liderazgo menos fuerte y más fragmentación interna. Además, en Honduras los actores violentos están más diversificados (grupos del narcotráfico, sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y el establishment) y el Gobierno, que había emergido tras el golpe de Estado de 2009, carecía de legitimidad interna y externa para recabar apoyos.

Por supuesto hay más ejemplos, como la mediación para reducir la violencia en Medellín, los intentos del Gobierno mexicano de integrar a las autodefensas de Michoacán en las fuerzas oficiales (y otros intentos previos de reducir la violencia entre cárteles del narcotráfico), o la tregua que, según medios brasileños, mantuvo durante seis años el gobierno de Sao Paulo con el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Estos intentos, en su mayoría fallidos, muestran varios problemas que es preciso clasificar y ordenar. Algunos afectan al núcleo de la mediación. En un excelente documento, Teresa Withfield se pregunta cuál es el fin último de una mediación con grupos criminales: ¿la reducción de la violencia? ¿el final de todas las actividades ilegales? ¿la desaparición de los grupos? Una cuestión siempre latente es si la mediación otorga legitimidad a estos actores ilegales. Otros analistas plantean que los mediadores deben considerar la economía política de las actividades ilegales y qué alternativas se pueden proporcionar.

En El Salvador, el proceso más duradero se basó en un intercambio de peticiones realistas y legales, cuyo cumplimiento permitió crear la confianza para avanzar. El apoyo del Gobierno abrió paso a la participación internacional, aunque varias razones le llevaron a retirarlo después. Éste es un problema clave: el uso de la seguridad pública y la mano dura como bazas electorales impone serios obstáculos a cualquier posibilidad de explorar esta vía.

En ninguno de los casos hubo una estrategia de comunicación que permitiera conciliar la necesaria confidencialidad de las conversaciones con la pedagogía hacia la opinión pública. Los protagonistas de la mediación fueron lo que el PNUD y otros denominan insiders: en lugar de diplomáticos internacionales, figuras locales que conocen el contexto, tienen autoridad y son percibidas como justas por las partes. Pero sin apoyo externo, son vulnerables a cambios en los vientos políticos e incluso a la persecución judicial posterior.

Aunque las palabras “tregua” y “mediación” siguen siendo tabúes en gran parte de América Latina, es previsible que de una forma u otra estos procesos continúen. Cabe preguntarse si el “kit de herramientas” de la comunidad internacional podría adaptarse a estos casos, o si es necesario desarrollar uno nuevo. Y de qué forma los actores internacionales involucrados en mediación podrían contribuir con su reflexión y experiencia práctica a dar apoyo a estos procesos.

Mabel González Bustelo es consultora internacional en paz y seguridad, y Fellow de la Global South Unit for Mediation (GSUM), que ha publicado su informe Mediation with Non-Conventional Armed Groups? Experiences from Latin America. @MabelBustelo

Paz y seguridad en el acuerdo PSOE - Ciudadanos

Por: | 24 de febrero de 2016

ACUERDO

Foto: Juan Medina (Reuters/Atlas)

Pedro Sánchez y Albert Rivera acaban de firmar en el Congreso el pacto entre el PSOE y Ciudadanos para explorar la investidura de un nuevo Gobierno, 2 meses después de las Elecciones Generales del 20 de Diciembre.

Más allá de dilucidar las bases de posibilidad y viabilidad que pueda tener este acuerdo -asuntos bien interesantes pero que no competen a este blog- nos interesa, aquí, analizar el papel y alcance que los temas de paz, defensa, seguridad y desarme tienen en este acuerdo.

Hay que advertir que, tradicionalmente, todos estas cuestiones han tenido poco espacio en los programas electorales y, aún más, en los espacios de debate público. Aún más, si cabe, sucedió en las pasadas elecciones.

También es cierto que, en los redactados de los programas electorales así como en otras propuestas lanzadas y publicitadas en período electoral, las propuestas suelen ser lo suficientemente genéricas y abstractas para que puedan interpretarse y concretarse de maneras muy diferentes y, en algunos casos, claramente contradictorias.

Finalmente, es obvio que, de concretarse un acuerdo de Gobierno, cosas que no se incluyen en el acuerdo podrían ser impulsadas y cosas que sí se incluyen podrían ser reformadas o cambiadas.

Sin embargo, y pese a todas estas advertencias, siempre resulta interesante analizar qué papel y espacio reservan los partidos a estas cuestiones y, en concreto, qué se comprometen a llevar a cabo.

En el acuerdo firmado hoy, el conjunto de la política exterior (que incluye Europa, Latinoamérica, África, cooperación, derechos humanos, paz, defensa y seguridad) ocupa 6 páginas del documento, lo que supone un 9% del total. La parte específica de paz, seguridad y defensa supone 2,5 páginas, menos de un 4% del total.

En general, en el acuerdo presentado hoy, y comparándolo con los programas respectivos con los que el PSOE y Ciudadanos acudieron a las urnas, se aprecia una ligera preponderancia de la visión del PSOE en los temas de cooperación, derechos humanos y crisis de refugiados (aspectos a los que Ciudadanos dedicaba muy poco espacio) y que en los de Defensa, se recogen varias de las preocupaciones compartidas entre el PSOE y Ciudadanos pero con más acento de Ciudadanos.

¿Qué propone el acuerdo sobre paz, seguridad y derechos humanos?

Ante la crisis de refugiados, el programa recoge fundamentalmente la propuesta de impulsar una política común europea de asilo e inmigración, así como incrementar el número de acogidos en España y una mayor dotación de los programas de reasentamiento.

Se estipula que los derechos humanos deben convertirse en eje fundamental de la política exterior y, en concreto, se apuesta por la adopción de un Plan renovado de Derechos Humanos, así como revocar la reforma del Gobierno del PP que dio fin a la jurisdicción universal. 

Por lo que respecta a la cooperación al desarrollo, se menciona la voluntad de que recupere parte del espacio perdido (incluyendo una 'senda realista' en lo que respecta a la dotación presupuestaria) en los últimos años y se anuncia la voluntad que la cooperación forme parte de un pacto de Estado sobre política exterior.

Sobre paz, seguridad y defensa, un primer aspecto a lamentar es que la palabra paz no aparece en ninguno de los títulos de los cuatro objetivos fundamentales de la política exterior ni en los subtítulos interiores. Puede parecer algo menor, pero no lo es tanto: en los programas previos respectivos, el PSOE situaba el objetivo de la paz (más allá del grado de coherencia que ello implicara) como un objetivo fundamental de la política exterior mientras que en el programa de Ciudadanos no había ningún apartado, título o subtítulo que incluyera la paz. Así, en el programa conjunto final, la paz como objetivo político en sí mismo, ha desaparecido.

En segundo lugar, y pese que en la política contra el terrorismo y en el fomento de una gobernaza global se reconoce la necesidad de fomentar las dimensiones no militares de la seguridad, la mayoría de propuestas tienen que ver con la política de defensa militar. En este ámbito, los redactados son poco explícitos pero se deduce fácilmente que el acuerdo no contempla la reducción del gasto militar. De hecho, en los programas previos respectivos, el PSOE apostaba por no reducirlo y, en el caso de Ciudadanos, se hablaba de incrementarlo (para alguién interesado en conocer y comparar las propuestas sobre paz y desarme de los partidos, puede consultar este informe que elaboró FundiPau). 

La única revisión, parcialmente crítica, que se recoge respecto a la política de Defensa practicada por el Gobierno del PP es en relación a la no presupuestación de los programas de adquisición de armas. El acuerdo, así, supone una enmienda a la práctica del PP (y, todo hay que decirlo, también del PSOE anteriormente) de, vía decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, incrementar el gasto militar, especialmente, en el apartado de compras de armamentos. Sin embargo, en ningún lugar se plantea que deba revisarse las políticas de adquisiciones (que, como sabemos, son absolutamente desproporcionadas, y han generado una enorme deuda).

En el programa conjunto desaparecen las menciones a fomentar la cultura de defensa (que, des del movimiento por la paz, siempre se ha interpretado como una voluntad de legitimar el militarismo y contrarestar la educación por la paz).

Por contra, si bien el programa del PSOE incluía algunas, pocas, propuestas sobre desarme (desarme general, desarme armas qímicas y biológicas, desarme nuclear) en este acuerdo todo esto desaparece.

Finalmente, por lo que respecta al comercio de armas, si bien se menciona la necesidad de cumplir estrictamente la Ley, denegando la autorización a aquellas ventas que puedan ser usadas 'contra la dignidad humana', el redactado es mucho menos explícito y detallado que el que aparecía en el programa del PSOE. Claro está, más allá de las propuestas y las promesas, están las realidades: el PSOE se ha mostrado favorable (también Podemos e IU) a la venta de corbetas de Navantia a Arabia Saudí, un claro ejemplo de venta que no cumple los requisitos impuestos por el Tratado sobre el Comercio de Armas o la Ley española.

Aparece, también un gazapo: el acuerdo plantea perseguir el tráfico ilegal de armas, cosa bien necesaria, pero también se habla de 'prohibir'. Sin duda, no se puede prohibir lo que es ilegal. En cualquier caso, sí poner más medios y voluntad a combatirlo.

En definitiva, poco espacio, poca priorización y, especialmente en lo referente a paz, desarme y seguridad, poca novedad respecto a lo acontecido en los últimos años.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz para 2016

Por: | 12 de enero de 2016

Según un informe de la Escola de Cultura de Pau, de cara a 2016 existen algunos escenarios de riesgo y diversas oportunidades de paz que pueden posibilitar, a corto o medio de plazo, la construcción de la paz o bien conllevar un incremento de la violencia y la inestabilidad, por lo que es imprescindible aumentar el acompañamiento para consolidar los procesos de paz en unos casos, o por otra parte, aumentar la presión en otros para que la situación de inestabilidad actual no se deteriore aún más si cabe.

Oportunidades de paz

Mapa oportunidades pazFuente: Escola de Cultura de Pau

Chipre. El reinicio las negociaciones de paz en 2015 y la confluencia de factores vinculados al proceso –compromiso del liderazgo local; acompañamiento internacional; movilización pro-diálogo de actores no gubernamentales de ambas comunidades de la isla; y resultados tangibles, incluyendo medidas de confianza de peso; entre otros– supone una ventana de oportunidad histórica para la consecución de un acuerdo definitivo, a pesar de los obstáculos coyunturales y de fondo.

Burkina Faso. El país ha puesto fin a la fase de transición abierta tras la caída del régimen de Blaise Compaoré mediante la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias que habían sido pospuestas tras el fracasado golpe de Estado de septiembre de 2015. Los comicios han devuelto al pueblo burkinés el control de las instituciones políticas tras 18 meses de Gobierno interino, representando para la sociedad burkinesa el comienzo de un nuevo periodo democrático.

Myanmar. Los resultados de las elecciones generales, que han otorgado una abrumadora mayoría al partido opositor NLD de Aung San Suu Kyi y que conducirán a la formación de un nuevo Gobierno sin tutela militar, unidos a la firma de un acuerdo de alto el fuego con ocho organizaciones insurgentes, permiten augurar avances en el camino hacia la democracia y la paz en el país durante 2016.

Tailandia. Durante el 2015 se reanudaron las conversaciones exploratorias entre la junta militar y Mara Patani, una organización que agrupa a los principales grupos armados que operan en el sur del país. La unificación de las demandas por parte del movimiento insurgente y el reconocimiento por parte del Estado de que hace falta el diálogo para resolver el conflicto armado suponen dos condiciones necesarias para la creación de confianza entre las partes.

Procesos de paz. Investigaciones recientes demuestran que los procesos de paz inclusivos desde una perspectiva de género y con la sociedad civil son más sostenibles y tienen más posibilidades de resultar en la firma de acuerdos de paz que aquellos que no lo son. Además, la presencia de mujeres podría contribuir también a la redacción de acuerdos en los que se integren cuestiones de igualdad.

Escenarios de riesgo

Mapa escenarios riesgoFuente: Escola de Cultura de Pau

Burundi. En los últimos años se ha producido un deterioro significativo de la gobernabilidad en el país. El creciente autoritarismo y la controvertida candidatura del presidente Pierre Nkurunziza junto al clima de violencia política y las violaciones de los derechos humanos son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación y que han situado al país en los últimos meses al borde del conflicto armado.

Malí. En junio del 2015 se logró un acuerdo de paz entre el Gobierno y los movimientos rebeldes árabe-tuareg que operan en la región septentrional, después de tres años y medio de conflicto armado. Sin embargo, la exclusión de los movimientos yihadistas de las negociaciones y la ineficacia de las medidas de securitización para contener su presencia, representan serios obstáculos para lograr el fin de la violencia, pudiendo incluso poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz.

República Democrática del Congo. La proximidad del nuevo ciclo electoral está derivando en una escalada de la violencia política y de la inestabilidad general como consecuencia de los intentos del presidente Kabila para posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato, a lo que se unen los fracasos de la operación militar contra las FDLR y de amnistía y retorno del grupo armado M23, que podrían suponer la reactivación del conflicto.

Sudán del Sur. Tras la firma de la paz después de 20 meses de cruenta guerra civil, la falta de apropiación del acuerdo por parte de las partes enfrentadas, las decisiones unilaterales del Gobierno en materias que deberían ser competencias del nuevo Gobierno de Transición aun por crear, las violaciones reiteradas al alto el fuego, así como el surgimiento de nuevos actores armados, están poniendo en serio riesgo las perspectivas de paz en el país.

Venezuela. El contundente triunfo en las elecciones parlamentarias de la oposición ha abierto en el país un nuevo escenario político marcado por la polarización de fuerzas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta nueva situación política, que tras 15 años modifica sustancialmente el poder del chavismo, puede favorecer nuevas tensiones y disputas entre el Gobierno y las fuerzas opositoras que podrían convulsionar aun más la política nacional, ampliar la fragmentación social y propiciar brotes de violencia.

Afganistán. El proceso de negociación entre los talibán y el Gobierno afgano ha sufrido un parón por la crisis interna del movimiento talibán. La división en torno al liderazgo perjudica el futuro de las negociaciones. La apuesta de Ashraf Ghani por dialogar a pesar del aumento de la violencia y de tender la mano a Pakistán, que sigue dando santuario a la cúpula talibán, debilita aún más al ya frágil Gobierno afgano. Asimismo, aunque Pakistán debe formar parte del acuerdo, su deseo de controlar el proceso está enfrentando más a las partes.

Filipinas. Las dificultades y retrasos por parte del Congreso para aprobar la Bangsamoro Basic Law, una suerte de estatuto de autonomía que regula la nueva entidad autónoma de Bangsamoro y concreta los contenidos del histórico acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y el MILF en 2014, han provocado una parálisis en el proceso de paz y hacen temer por una fractura interna del MILF y una reanudación de la violencia en Mindanao.

Turquía. El conflicto entre Turquía y el PKK se deterioró gravemente en 2015 de la mano de factores como la urbanización de la guerra, la “sirianización” de la cuestión kurda de Turquía y la irrupción de ISIS en suelo turco, el deterioro del clima social, la regresión democrática y los interrogantes sobre opciones sostenibles de diálogo. Estas dinámicas podrían agravarse en 2016 si no se ponen en marcha urgentemente medidas de confianza y de desescalada de la violencia.

Yemen. La violencia en el país escaló significativamente a partir de marzo de 2015, cuando una coalición internacional liderada por Arabia Saudita decidió intervenir para frenar el avance de las milicias al-houthistas, que a principios de año habían forzado la caída del gobierno. De cara a 2016, la situación amenaza con agravarse dada la creciente complejidad del conflicto armado, el severo impacto de la violencia en la población civil y los obstáculos para una salida política al conflicto.

Amenaza yihadista. ISIS se ha consolidado como un nuevo modelo para el yihadismo internacional y competidor de al-Qaeda, demostrando una mayor capacidad para actuar con una proyección global. Múltiples factores pueden favorecer un aumento de la violencia yihadista en el futuro, entre ellos una intensificación en la pugna entre ISIS y al-Qaeda, una mayor incidencia de acciones armadas de milicianos retornados o “lobos solitarios” y los posibles efectos adversos de la respuesta internacional a ISIS.

 

Fabricar armas en casa

Por: | 04 de enero de 2016

Ainhoa Ruiz, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz

Pistola3d

La creación de impresoras 3D está suponiendo una verdadera revolución tecnológica, se imprimen desde piezas de ingeniería hasta órganos humanos y cartílago susceptibles de ser trasplantados, sin embargo, como toda revolución tecnológica, plantea dilemas sociales, políticos y éticos importantes para el conjunto de la sociedad y para la evolución moral de nuestro mundo.

La tecnología tiende a adelantarse en el tiempo a los posibles debates que genera, como es el caso de la impresión en 3D que permite crear objetos desde nuestra casa, no sin abrir cuestiones sobre seguridad, producción, medio ambiente, derechos de autor y, el más controvertido, la impresión de armas. El fenómeno todavía no se encuentra en su fase más extendida y por tanto el debate aún no es tan amplio como los riegos que comporta deberían incentivar, pero ya empiezan a aparecer noticias relacionadas con el caso, en mayo de 2014 se detiene a un hombre en Japón que portaba armas impresas en 3D.

El impulsor de la impresión de armas en 3D aparece en Texas, donde la cultura de las armas está ampliamente implementada. El autodenominado cripto-anarquista Cody Wilson empezó a imprimir piezas de armas en su casa y a colgar los archivos en la red en código abierto haciéndolos completamente accesibles. Wilson funda en 2012 Defense Distributed, el wiki de las armas, donde explica sus nuevos proyectos y ofrece los planos para imprimir las piezas que permiten ensamblar y crear un arma en casa. “The liberator” es el nombre de la pistola completamente funcional que ha desarrollado, el documento que permite realizar la impresión de la pistola ha recibido más de 100.000 descargas.

El gobierno de EEUU se ha encontrado con una auténtica paradoja política, el estado del mundo que más defiende la pertinencia de armas como símbolo de seguridad individual, se encuentra cuestionado ante la producción y libre acceso a las armas. Desde el gobierno, la cuestión se está abordando desde una perspectiva más legal que moral debido al debate, nunca definitivamente abordado, que existe en la sociedad estadounidense y que los lobbys de armamento, la Asociación del Rifle y los partidarios del neoliberalismo más extremo siempre se aseguran de acaparar y neutralizar.

La ideología de Defense Distributed se basa en defender un concepto de libertad restringido a las libertades individuales como la que te permite fabricar tu propia arma, una forma extrema de liberalismo social que obvia la libertad desde aspectos globales y desde un enfoque comunitario y de libertades colectivas. Además incide en la idea de que la seguridad depende de estar armado para defenderse de los que están armados, un análisis propio de la política EEUU que lleva años sufriendo las problemáticas de la facilidad de acceso a las armas y que ha demostrado ser mucho más insegura.

También abre diversas cuestiones sobre el control de armas, aquellas impresas en 3D no pueden ser rastreadas ya que no tienen código de fabricación, se imprimen por piezas que después se montan utilizando munición adquirida por internet, están fabricadas con variedades de plásticos lo que permite que pasen por detectores de metales sin problemas. Es decir, se desregulan todos los elementos a nuestra disposición que permiten rastrear y controlar el uso, adquisición, fabricación y flujo de las armas, una ideología propia del neoliberalismo, que reivindica que el estado no sea el agente regulador, haciendo el mercado de las armas más opaco y difícil de controlar de lo que ya es.

Teniendo en cuenta que en unos años las impresoras 3D serán comunes en nuestras casas se hace necesario abrir un debate, legislativo, social y ético sobre el impacto de producir armas por nuestra cuenta. De la misma manera que sigue haciéndose necesario el debate sobre el papel de las armas y su industria en nuestras sociedades y en la seguridad, tanto individual como colectiva.

Alberto Estévez, María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río y Paula San Pedro, son responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

POST ALBERTO PAIS

Vecinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo de la coalición encabezada por Arabia Saudí en el que murieron 17 civiles en una zona residencial del barrio de Bab al-Sha’b de Sa’wan, al este de Sana'a el 1 de mayo de 2015. Foto: Amnistía Internacional

De la guerra y las bombas en Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Yemen, Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana… De las atrocidades cometidas con armas, en su mayoría estadounidenses, rusas, europeas y chinas, como consecuencia del comercio irresponsable de armas durante décadas, que destroza sus vidas y medios de subsistencia. De eso es lo que huyen las personas refugiadas.

He arriesgado mi vida para llegar aquí y quiero que valga la pena. Estoy cansada, agotada y no quiero que todo haya sido para nada”. Así se expresaba en septiembre Noujain, una niña discapacitada siria detenida en Eslovenia, que actualmente está en un centro de acogida en Alemania.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 un millón de personas refugiadas y migrantes han llegado a Europa en busca de una vida mejor. Casi 3.700 han muerto en todo el Mediterráneo.

La vergonzosa respuesta de la Europa fortaleza a una de las mayores crisis de refugiados de la historia: darles con la puerta en las narices e intentar poner puertas al campo. Los Estados miembros de la UE han construido más de 235 km de vallas en las fronteras exteriores, que han costado más de 175 millones de euros.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam reclaman a la Unión Europea que no mire hacia otro lado y que cumpla con sus obligaciones y garantice rutas legales y seguras a las personas refugiadas. Es necesaria una estrategia para salvar vidas en el Mare Nostrum y un aumento de la ayuda humanitaria y del número de plazas de reasentamiento acorde a las necesidades. Barcos de Greenpeace colaboran con las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras. La respuesta humanitaria queda en manos de ONG como Oxfam, que ayuda a personas que llegan a Italia, Grecia, Serbia o Croacia proporcionándoles servicios básicos, un lugar de acogida y facilitando apoyo legal y psicológico.

En última instancia, la crisis de refugiados y migrantes terminará cuando se aborden las causas que la generan. Los Estados deben actuar sobre las causas de fondo que abocan a millones de personas a abandonar su hogar para buscar un futuro: participar en la exigencia de rendición de cuentas por los abusos cometidos, la resolución de conflictos, el control de la venta de armas y aumentar dramáticamente su inversión en las políticas de lucha contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Destaca la escasa atención prestada a una de las principales causas subyacentes de esta crisis sin precedentes: el comercio irresponsable de armas, cuyas ventas en el último lustro superan los 90.000 millones de Euros anuales. La mala regulación de los flujos de armas hacia Irak durante decenios y la falta de control sobre el terreno han proporcionado al autodenominado Estado Islámico un gran arsenal mortífero que se está utilizando para cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra a escala masiva en Irak y Siria. Entre 2012, cuando empezó la Primavera Árabe, y 2013, las transferencias de armas de la UE a Oriente Próximo y el norte de África superaron los 20.000 millones de Euros.

España no es ajena a esta cuestión. Entre 2010 y 2014, España fue el séptimo exportador mundial de de las principales armas convencionales, con el 3 por ciento del pastel. En 2013, una de cada tres exportaciones de armas españolas, por valor de casi 1.400 millones de euros, fue a parar a Oriente Próximo. Arabia Saudí se lleva la palma: en 2010—14 recibió armas españolas por valor de casi 800 millones de Euros desde 2004. La coalición encabezada por ese país ha sido acusada de cometer presuntos crímenes de guerra en Yemen en los últimos meses, y no sabemos si el gobierno español ha investigado si bombas y municiones españolas se han utilizado en estos crímenes de derecho internacional.

En la última legislatura, España aumentó un 50 por ciento las exportaciones de armas respecto a la anterior. Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón alertamos en diversos informes sobre una posible relajación en los controles de las exportaciones de armas debido a la crisis económica. Llamamos la atención sobre la clara tensión entre las limitaciones y restricciones que la Ley española de 2007 que regula el comercio de armas y la voluntad del gobierno de incrementar esas exportaciones. Identificamos exportaciones concretas preocupantes. Denunciamos que el gobierno estaba jugando con fuego y corría el peligro de autorizar armas para cometer crímenes de derecho internacional.

La nueva legislatura tiene tres retos importantes:

i) no exportar armas para cometer atrocidades.

ii) mejorar la evaluación de riesgo en la toma de decisiones de exportaciones de armas, los mecanismos de control de quién y cómo usan las armas exportadas; e,

iii) impulsar la transparencia, dejando de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial que aprueba estas exportaciones, y el control parlamentario.

La pelota está en el tejado del nuevo Parlamento y el próximo gobierno, que serán claves para que armas españolas no alimenten los conflictos que causan la crisis actual de personas refugiadas.

Los drones en el ensamblaje mundial de la excepción

Por: | 16 de diciembre de 2015

Enric Luján, miembro de Críptica e investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

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                                                            John Moore (AFP / Getty)

421 en Pakistán, casi 180 en Afganistán, alrededor de 120 en Yemen, unos 18 en Somalia: son el número de ataques confirmados llevados a cabo por drones, aviones remotamente tripulados, según The Bureau of Investigative Journalism. Capaces de sobrevolar durante horas un mismo territorio, estos “ojos que no parpadean” hace tiempo que trascendieron su mera condición de arma para pasar a representar la idea matriz que articula la lucha contrainsurgente de la administración Obama. Las grandes campañas militares están quedando paulatinamente atrapadas por esta “dronificación” de los esquemas de la guerra, que ahora tiende a expresar su violencia en forma de descomunales programas secretos de asesinatos selectivos. Con los drones se produce un movimiento que desplaza algunas de las cuotas del poder soberano del ejército a la Central Intelligence Agency (CIA), a la que se ha conferido la tutela del programa dron. La CIA es la encargada de seleccionar los objetivos, clasificarlos según el nivel de amenaza atribuido y planteárselos al presidente Obama en una reunión semanal, en la que espera recibir la autorización correspondiente para proceder a su eliminación. Pero, contrariamente a lo que se suele pensar, la CIA no es el único sector de la inteligencia estadounidense inmiscuido en este tipo de operaciones: la National Security Agency (NSA), cuyas prácticas ilegales fueron el principal blanco de las revelaciones de Edward Snowden, colabora estrechamente en la confección de los objetivos.

Para las campañas con drones, la información de inteligencia facilitada por la NSA representa un activo indispensable. Esta agencia, que dispone de un auténtico arsenal de instrumentos para intervenir las comunicaciones de todo tipo de dispositivos con conexión a Internet, desempeña un rol clave en los asesinatos mediante drones, que hasta ahora no ha sido tomado suficientemente en consideración. De hecho, la NSA ha llegado al punto de desplegar sus propios drones de vigilancia en las zonas de combate, los cuales incorporan aparatos que simulan ser antenas de telefonía para poder geolocalizar tarjetas SIM en tiempo real, en el marco de su programa GILGAMESH. Así, todos los teléfonos de un determinado lugar quedan secretamente capturados por la inteligencia americana, que los añade a su monumental "archivo de la sospecha" con vistas a asociarlos con potenciales candidatos a ingresar las diferentes escalas de alguna de las múltiples kill lists ("listas de asesinato") existentes. A su vez, la política de categorización con la que trabaja la NSA ("tres saltos" que conforman 3 grados de separación) hace que no solamente el número del teléfono detectado, sino que también sus contactos y los contactos de sus contactos, se sumen a sus listas de sospechosos. Para hacernos a la idea, un teléfono estándar con 40 únicos contactos haría que 2,5 millones de individuos pasaran automáticamente a tener potenciales vínculos con el terrorismo, a ojos de la agencia.

La información proporcionada por la NSA hace que, en los ataques con drones, la lógica operacional se desplace del seguimiento de personas al seguimiento de sus teléfonos. Esto significa, antes que nada, sobredimensionar la importancia que se le otorga a las señales emitidas por los diferentes dispositivos en detrimento de la información de inteligencia sobre el terreno. Los metadatos referentes a la geolocalización, historial de conversaciones telefónicas o correos electrónicos reproducen una imagen fantasmal de la persona, que en muchos casos es equivocada, segmentada o incluso irreal. La posibilidad de intercambiar teléfonos o tarjetas SIM después de reunirse, dejarlos en manos de amigos o familiares, que un individuo utilice diferentes tarjetas SIM (acciones que, de hecho, los talibanes llevan haciendo desde hace años)... burlan en cierto modo el complejo aparato de rastreo desarrollado por la inteligencia estadounidense. Y todo esto sin entrar, evidentemente, en la posibilidad real de que un civil se encuentre, sin saberlo, cercano al lugar en donde se reúnen los objetivos buscados por la CIA, conque pase a formar parte de alguna kill list de manera colateral, basándose solo en la señal de geolocalización emitida por su teléfono móvil. "Matamos a gente basándonos en sus metadatos", admitía el antiguo director tanto de la CIA como de la NSA. Y estos metadatos, lejos de la fiabilidad suprema que les otorga otro alto cargo de la NSA ("los metadatos te lo dicen absolutamente todo de la vida de alguien. Si tienes suficientes metadatos, no necesitas realmente el contenido"), se revelan como extremadamente engañosos desde el mismo momento en que una persona puede desprenderse de su dispositivo o intercambiarlo por otro. Contrariamente al optimismo de las instancias oficiales, los metadatos no les dicen (casi) nada del objetivo real, que se esconde en la maraña virtual del Big Data.

Dronesurvivalguide

                                                                  www.dronesurvivalguide.org

La apariencia de objetividad que rodea a los metadatos, interpretados como silenciosos actos de confesión para las agencias de inteligencia que planifican los ataques, exhibe aquí su fragilidad estructural. Comprobamos que construir un patrón de comportamiento coherente, que desanonimice realmente a un único individuo para integrarlo luego en alguna kill list, es algo especialmente difícil de conseguir sin otras fuentes de información que no sean los propios metadatos. Y las campañas con drones, que plantean un concepto de guerra que tiende a reducir el número de tropas desplegadas sobre el terreno (conque la información a pie de zona es más escasa que nunca), no podían acabar haciendo otra cosa que delegar paulatinamente en el singular oráculo de los metadatos, el cual bien puede constituir un discurso de objetividad aparente destinado a apaciguar las posibles críticas ("siempre se da en el blanco", dejando de lado el hecho fundamental de que el objetivo perseguido sea un teléfono, no una persona: la posibilidad de seguir equivocándose de objetivo aun acertando el disparo sigue siendo un riesgo real), pero que en el plano operacional real no da casi pistas que sirvan para identificar claramente a los objetivos designados. "Una vez la bomba cae o llevamos a cabo un asalto nocturno, sabemos que el teléfono se encuentra allí. Pero no sabemos quien esta detrás de el, quien lo lleva en el bolsillo (...) [disparamos] con la esperanza de que la persona al otro lado del misil sea realmente el objetivo", afirmaba para The Intercept un antiguo operador de drones. Naturalmente, esta dificultad a la hora de detectar a los objetivos reales convierte a casi todo el mundo tanto en potencial sospechoso como en integrante fantasmal de una kill list, contra el cual pudiera golpear súbitamente un misil lanzado por un dron. Los falsos positivos son algo estructural, no puntual, de los ataques con drones.


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"Incluso suponiendo que el "terrorismo" sea detectable a través de patrones que pudieran ser identificados vía la minería de datos (lo cual es, como mínimo, una hipótesis arriesgada), semejante sistema generaría inevitablemente una plétora de sospechosos, con una arrolladora mayoría de falsos positivos, que a la postre se estiman en millones". En los Estados Unidos, un hipotético sistema de detección casi virtuoso, con una fiabilidad del 99.9999%, seguiría generando 2750 falsos positivos diarios. De esta observación derivan dos consecuencias fundamentales: primero, la fragilidad implícita de los criterios que vendrían a caracterizar una violencia supuestamente "milimetrada" o "quirúrgica"; segundo, la peligrosa ineficacia del régimen de retención masiva de (meta)datos en lo referente a las metas que dice perseguir. El caso de Francia, que aprobó en 2013 una ley que daba poderes tanto a la policía como a la inteligencia francesa para monitorizar sin una orden judicial previa el tráfico de Internet de cualquier usuario, o que aprobó tras el ataque a la redacción de Charlie Hebdo otra legislación para que éstos pudieran intervenir las comunicaciones telefónicas o vía Internet, en este caso también sin garantías judiciales para los "sospechosos"... revela a fin de cuentas una paradoja: que, después de los atentados de París, el fracaso absoluto de los programas de vigilancia masiva al prever los atentados se está usando como pretexto para ampliarlos aún mas. Lo nunca visto: para las agencias de inteligencia europeas, la propia incompetencia parece que sirve como argumento para justificar la concesión de más poderes.

De la arquitectura política que dispone los mecanismos societales que sustentan las vastas cuotas de violencia asumidas por aviones remotamente tripulados trata precisamente “Drones. Sombras de la guerra contra el terror”, publicado recientemente por Virus Editorial. El irresistible ascenso del dron en el imaginario militar, un dispositivo que tiende a administrar parcelas cada vez mayores de la violencia del Estado, es un fenómeno que debemos someter a examen. Su uso por parte de la administración Obama para desplegar formas de violencia al margen de la tutela judicial o democrática forma parte de una agenda política en expansión, que delega sus funciones en la suma opacidad que caracteriza a las agencias de inteligencia (de hecho, una de las consecuencias más notables de la “guerra contra el terror” ha sido que estos organismos estén asumiendo de manera gradual el control del aparato del Estado, sin tener que rendir cuentas ante nadie). En el ensayo publicado por Virus, se realiza una aproximación tanto histórica como política de los ataques con drones, al tiempo que se indaga en las razones por las cuales estos aparatos se han convertido en una verdadera obsesión para los ejecutivos de medio mundo: en palabras del propio texto, “el dron fascina y aterroriza a partes iguales por la innegable ventaja que confiere a quienes pueden recurrir a su poder de muerte”. Nos corresponde situar al dron bajo nuestra mirada, antes de que él lo haga bajo la suya propia.

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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