Ya lo habíamos dicho: No a la guerra. Y así nos va

Retumban los tambores de guerra en Francia, reivindicando la “grandeur” herida e imitando al big brother estadounidense en sus fracasadas aventuras asiáticas. Estado Islámico –o mejor dicho, DAESH, como destacó el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, en septiembre de 2014, para deslegitimar su vinculación al Islam y su supuesta estatalidad, tal y como también ha señalado en nuestro país, entre otras, la islamóloga Dolors Bramon– se frota las manos por haber conseguido su doble objetivo, que es golpear a Occidente y conseguir que la respuesta sea la de siempre, es decir, la reivindicación del militarismo y la cultura de la violencia y el incremento del racismo y la xenofobia de parte de la ciudadanía europea hacia una parte de esta misma ciudadanía europea, sus propios vecinos y vecinas musulmanas, lo que supone agravar el espiral de estigmatización, marginación, exclusión a que se ve sometida esta parte de la ciudadanía europea y en otras partes del mundo –ligado, no lo olvidemos, a la mal llamada crisis económica que nos azota y ya no amainará, que es en realidad una crisis del modelo de sistema capitalista–  lo que es a su vez el caldo de cultivo para que surjan más jóvenes sin expectativas ni futuro que puedan sentirse atraídos por el mensaje de DAESH.

No obstante, ya lo habíamos dicho de forma reiterada y proactiva: No a la guerra. En Catalunya y en el Estado español, lo decían los compañeros y compañeras en los años 70 para acabar con el Servicio Militar Obligatorio (el Moviment d’Objecció de Consciència, Mili KK y posteriormente las asambleas de insumisos) y desde las asambleas antimilitaristas por todo el Estado. También en las movilizaciones en contra de la OTAN en los años 80, o desde otra perspectiva, las movilizaciones a favor de devolver el 0,7% en los años 90 y por la abolición de la deuda externa (XCADE/RECADE, que también propuso una consulta, ilegal como de costumbre) de inicios de siglo XXI. Así como las campañas en contra del comercio de armas del Estado español (Secretos que Matan, Adiós a las armas) de mediados y finales de los 90, sabedores que nuestras armas Made in Spain se encuentran en muchos de los conflictos armados actuales. Tenemos todavía en nuestras retinas las masivas movilizaciones altermundialistas en contra de la cumbre del Banco Mundial en Barcelona el 2001 cuando se gritaba Otro mundo es posible, libre de desigualdades y en el que se promueva la paz desde una perspectiva de justicia social, y cuando gritábamos No a la Guerra de Iraq y nos acampábamos en contra de esa guerra en 2003 en diversas ciudades, convirtiendo el movimiento por la paz en el Estado español en un referente internacional. Y en otras decenas –seguramente centenares– de movilizaciones en contra del apartheid palestino cometido por Israel, las guerras de los Balcanes, los aniversarios de la guerra de Iraq y el desastre del trío de las Azores, las guerras en Libia, Siria, en solidaridad con el pueblo saharaui y con tantos conflictos que exigen una respuesta desde la multilateralidad, las políticas de prevención de conflictos, la negociación, la presión política y económica, las sanciones económicas y embargos de armas y políticas de cooperación hacia estos países convertidos en empobrecidos, en muchos casos por el expolio al que se han visto sometidos desde Occidente junto a las propias clases políticas locales herederas del colonialismo. Y tantos otros mecanismos de carácter preventivo existentes. ¿Por qué? Porque somos conscientes que la respuesta bélica solo conlleva una nueva espiral de militarización y carrera armamentística que nunca corrige las causas que han originado dichos conflictos, si acaso las agrava. Como algunas nuevas propuestas que huelen a viejas.

Hace unas semanas lo volvíamos a recordar el 31 de octubre, movilizados en contra de las políticas militaristas de la OTAN, con el objetivo de frenar la escalada de la guerra –antes de los atentados de París– y mostrando toda nuestra solidaridad hacia la población refugiada procedente de países en conflicto o que sufren graves violaciones de los derechos humanos como Afganistán, Iraq, Siria, Somalia, Ucrania, Yemen o Eritrea – y en tantos otros países –. Esta movilización en Barcelona vino acompañada de decenas de acciones por todo el territorio español en contra de la propuesta belicista que supone la ampliación de actividades de la OTAN en España. El pasado 28 de noviembre volvimos a salir a las calles en una movilización que aglutinó a miles de personas en numerosas ciudades del Estado español que repetían por enésima vez No en nuestro nombre y Nunca Más – Mai Més – y que secundaban diversos partidos políticos. Esperemos que no se quede en una mera política de gestos en vísperas de campaña electoral.

3.000 personas han marchado en Barcelona contra la guerra y el terrorismo bajo el lema "Mai Més" / Gianluca Battista

Naciones Unidas lo dice cada año desde 1981, el 21 de septiembre, cuando se celebra el Día Internacional de la Paz, con el objetivo de “reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo”. El lema de la celebración de este año fue «Colaboradores por la paz, dignidad para todos». Más allá de una traducción al español que invisibiliza a la mitad de la población a pocas semanas de conmemorar los 15 años de la resolución 1325, el lema hizo un llamamiento a la dignidad de las personas y para las personas, coincidiendo en un momento en el que centenares de miles de personas procedentes de países en conflicto ven como su dignidad está siendo pisoteada en cada una de las fronteras de la UE, tal y como señalábamos antes (amén de los países de tránsito y de las mafias que se enriquecen del tráfico de personas). La elogiosa respuesta ciudadana, de las organizaciones de la sociedad civil y de algunos municipios no puede sustituir la responsabilidad y las obligaciones que los Estados y la UE tienen con la legislación internacional relativa al derecho al refugio y asilo.

En definitiva, para construir un mundo donde las guerras no tengan razón de ser, el primer paso debe ser acabar con la injusticia y las desigualdades que se encuentran en las raíces de todas las guerras, combinando las políticas sociales redistributivas – que socialicen los beneficios del común en lugar de socializar las pérdidas – con las políticas predistributivas – actuando de forma proactiva y preventiva sobre las causas estructurales y para prevenir la reproducción de las desigualdades, promoviendo la educación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos y la paz – y convertirlas en política de Estado. Y lo volveremos a decir las veces que haga falta.

La ignorancia y la irresponsabilidad no acabarán con el terrorismo

                                                                    Carlo Allegri/Reuters

Un nuevo ataque terrorista cerca de casa vuelve a hacer sonar las alarmas en todos los países de nuestro entorno. Lo primero, indudablemente, es mostrar solidaridad con los allegados de las víctimas y todo el apoyo necesario. También hay que rechazar sin ambages la violencia de quienes en un ataque suicida han acabado con la vida de personas inocentes ahora en París, ayer en Beirut, hace unos días en Ankara y hace no tanto tiempo en Madrid, Londres, Nueva York, el norte de Nigeria, Malí, Kenya... y así hasta una lista interminable de violencia de carácter terrorista promovida por grupos de desalmados que luchan por sus ideas desde el odio, el rencor y la rabia, optando tan solo por la peor de las violencias para conseguir hacer oír su voz.

El ataque armado que aquí nos ocupa es calificado como terrorismo yihadista, pero no se diferencia en lo básico de cualesquiera otros ataques sobre la población civil en nombre de otras religiones. No olvidemos las terribles fechorías del grupo armado LRA (Ejército de Resistencia del Señor) en el norte de Uganda y países vecinos en nombre del cristianismo o el ataque que segó la vida de cerca de un centenar de personas en Noruega del ultraderechista Anders Behring Breivik entre cuyas motivaciones aparecía la islamofobia. Curiosamente no se calificó la violencia del LRA  o de Breivik o como terrorismo cristianista, por supuesto tampoco quienes se empeñan en utilizar terrorismo islamista para calificar las atrocidades realizadas en nombre del Islam.

El nombre de la cosa es en este caso importante, y entre quienes lo utilizan no puede haber más que ignorancia, irresponsabilidad o claras intenciones de generar más odio, rencor y rabia, premonitorias de futuros réditos electorales. La irresponsabilidad se encuentra a menudo en periodistas, tertulianos y opinadores carentes de la consciencia necesaria sobre la importancia del lenguaje en la construcción de dialécticas que lleven a la violencia o a la paz. La ignorancia afortunadamente tiene mejor solución pero depende en gran medida de los dos anteriores.

Si ningún objetivo, por muy legítimo que sea, justifica un ataque como el de París, podemos afirmar lo mismo de otros ataques en los que la población civil sea finalmente quien pone las víctimas. Me pregunto porqué no generan la misma consternación, similar rechazo o igual respuesta, los ataques del ejército sirio, iraquí, afgano, estadounidense, francés, saudí, israelí o ruso (por citar tan solo unos ejemplos) en los que mueren no cientos, sino miles de civiles en muchos de los lugares de donde proceden las personas refugiadas, que ahora hay quien culpa de estos ataques.

                                               Guerra de Siria -  Goran Tomasevic /Reuters

De este modo, aparece otra de las cuestiones clave a tener en cuenta en este momento. La ignorancia, la irresponsabilidad y los intereses de quienes hoy piden cerrar fronteras, detener el proceso de acogida de refugiados e incluso expulsarlos, con el peregrino argumento de que entre los cientos de miles de refugiados puede haber algún terrorista como los que han cometido los ataques en París. No me preocupa tanto la reacción de la gente, asustada y desconcertada, como que gobernantes y políticos, periodistas y analistas se dediquen a lanzar mensajes y a tomar decisiones carentes de la profundidad necesaria que estas circunstancias requieren.

Quienes ahora tienen que ofrecer seguridad y tranquilidad deben ser capaces de expresarse con propiedad y de tomar decisiones a corto, medio y largo plazo para que algo así no vuelva a ocurrir. A corto plazo es comprensible que haya cierto trabajo de investigación policial para identificar a los culpables y sus cómplices y llevarlos a juicio por sus actos. Pero a medio y largo plazo se deben tomar medias dirigidas a reducir la probabilidad de que algo así vuelva a pasar. Para ello hay que identificar las verdaderas causas de esta violencia y no solo actuar para reducir sus consecuencias. Hay que preguntarse porqué son cada vez más quienes identifican a Occidente como el origen de sus males y el objetivo de sus ataques. Hay que preguntarse la influencia de los ataques de los ejércitos occidentales que desde hace décadas han generado muerte, destrucción y caos en Oriente Medio. El odio, el rencor y la rabia que ahora podamos sentir aquí por ataques como el de París, es el mismo que se ha ido generando en Irak, Afganistán, Libia y Siria por los bombardeos de nuestros aviones y por los ataques de nuestros soldados a la población de estos lugares. Hay que preguntarse de donde vienen las armas que matan a unos y a otros, aquí y allá, armas que ayudan a perpetuar guerras que hacen que el odio, rencor y rabia caldo de cultivo del terrorismo sean cada vez mayores.

 

15 años de resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad ¿avances o incumplimiento?

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau e integrante de WILPF

En el año 2000 el Consejo de Seguridad aprobaba la resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, un hito histórico ya que era el primer momento en el que el órgano de Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales abordaba el vínculo entre la conflictividad armada, la construcción de la paz y la igualdad de género. Se reconocía el impacto específico de género de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas y en paralelo destacaba el papel que éstas pueden jugar en la construcción de la paz, entendida en un sentido amplio. La aprobación de la resolución 1325 supuso el inicio de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad, que desde el año 2000 ha estado complementada por la aprobación de nuevas resoluciones -1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) y 2122 (2013)- que han ampliado y detallado el contenido de la 1325, bebiendo de una larga tradición de organizaciones de mujeres involucradas en el movimiento feminista por la paz y los derechos humanos.

En octubre, cuando se cumplen 15 años de aprobación de la resolución, Naciones Unidas, la sociedad civil y los Gobiernos están llevando a cabo un proceso de revisión de esta implementación. ¿Puede hacerse un balance positivo de estos 15 años? ¿Cuáles son los principales obstáculos y retos pendientes en la agenda sobre mujeres, paz y seguridad? La creación de una nueva agenda internacional, la agenda de las mujeres, la paz la seguridad, que a pesar de todas las imperfecciones, es un hito importante, dado que actualmente los gobiernos tienen la presión, pequeña e insuficiente, pero presión al fin y al cabo, de rendir cuentas de lo que han hecho para llevar a la práctica la resolución 1325.

Fuente: Reuters

Algunos ejemplos que ilustran avances concretos los encontramos en la lucha contra la violencia sexual en los conflictos armados, la presencia de las mujeres en las negociaciones de paz o el Tratado sobre Comercio de Armas. La violencia sexual en los conflictos armados ha ganado cierta visibilidad. Centenares de miles de mujeres y niñas, y en menor medida hombres y niños, continúan siendo victimizados por hombres armados y civiles, pero se ha logrado que la Corte Penal Internacional reconozca la violencia sexual como crimen de guerra y crimen de genocidio y el Secretario General de la ONU cada año publica un informe en el que incluye información sobre las partes en conflicto directamente involucradas en hechos de violencia sexual. Es decir, actualmente la violencia sexual no es un crimen tan invisibilizado, primer paso para su erradicación y el fin de la impunidad.

Las mujeres también exigen con fuerza estar presentes y tener capacidad de incidencia en las negociaciones de paz. Los ejemplos de Filipinas y Colombia ilustran que es posible hacer procesos más inclusivos. En las negociaciones del Gobierno filipino con la guerrilla de MILF, que llevaron al acuerdo de paz de 2014, las mujeres  lideraron el equipo gubernamental y tuvieron un papel relevante en el equipo del MILF, mientras que desde la sociedad civil impulsaron las negociaciones. Esta presencia se tradujo en un acuerdo de paz más inclusivo, con una mayor presencia de mujeres en los mecanismos institucionales surgidos del acuerdo y medidas para garantizar el bienestar económico de las mujeres. En Colombia, el trabajo incansable de las organizaciones de mujeres llevó a la creación de una subcomisión de género para integrar las voces de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos a los que eventualmente se pueda llegar. El Gobierno y las FARC han mantenido diferentes reuniones con representantes de organizaciones de mujeres y del colectivo LGTBI, que han trasladado sus propuestas y reivindicaciones para el proceso de paz. Esta presencia destacada de mujeres no es representativa del conjunto de procesos, pero es enormemente relevante y es fruto del trabajo de la sociedad civil que cuenta con un instrumento como la 1325 que fortalece su trabajo de presión a gobiernos y grupos armados.

La aprobación del Tratado de Comercio de Armas también ilustra el impulso de la 1325, ya que la presión de la sociedad civil sirvió para que el Tratado incluyera una cláusula relativa a la violencia de género, que obliga los exportadores de armas a tener en cuenta si la venta de armas, municiones, partes o componentes pueden ser usados para cometer o facilitar actos de violencia de género o de violencia contra mujeres y menores.

Estos ejemplos ilustrar algunos de los avances que ha permitido la 1325. Ahora bien, el balance en su conjunto no es tan positivo. Continúan pendientes muchísimos retos en materia de protección de las mujeres frente a fenómenos como la violencia sexual o el desplazamiento forzado. La participación de las mujeres en los procesos de paz, a pesar de algunos ejemplos relativamente exitosos, sigue siendo muy reducida y existen muchas resistencias a facilitar esta participación. También es testimonial la presencia de mujeres en los espacios de decisión política. Además, muchos gobiernos han hecho un uso militarista de la resolución 1325 centrando sus esfuerzos en garantizar una mayor presencia de mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz y los cuerpos de seguridad. Éste no era el espíritu con el que las organizaciones de mujeres que trabajaron para que la 1325 fuera aprobada la concibieron. La 1325 fue promovida para que las experiencias vitales de las mujeres sobre la guerra y sus propuestas para construir paz fueran tenidas en cuenta para avanzar hacia un mundo sin guerras y desmilitarizado, ambicionando el desarme global. 

La implementación de la resolución 1325 y de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad requiere de voluntad política, de una fuerte supervisión por parte de la sociedad civil, de mecanismos de rendición de cuentas por parte de los organismos internacionales y los Gobiernos y de una financiación adecuada. Algunas de las prioridades que la sociedad civil destaca en el proceso de revisión de 15 años de 1325 son la importancia de priorizar la participación significativa de las mujeres en todos los ámbitos de construcción de la paz; la necesidad de poner un mayor énfasis en la prevención de los conflictos; la importancia de desarrollar planes de acción nacionales y regionales fuertes; el compromiso con una financiación a gran escala así como el fortalecimiento del liderazgo de Naciones Unidas en la aplicación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad. Queda un largo camino todavía para el genuino reconocimiento de la capacidad de las mujeres para contribuir a la construcción de la paz global.

Eliminemos ya las armas nucleares

Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny, Centre Delàs d'Estudis per a la Pau

 

                                                          Activistas en Hiroshima, ICAN/2012

En diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 26 de septiembre como Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares. Esta decisión es el reflejo del incremento, tanto a nivel ciudadano como institucional, de una corriente contraria a la existencia de armamento nuclear. Y dicho incremento se debe, en buena parte, al mayor grado de conocimiento, por parte de la comunidad internacional, de los riesgos humanitarios y medioambientales derivados del uso, aunque fuera accidental, de las armas nucleares y de la falta de capacidad de asistencia adecuada a los sobrevivientes.

Se estima que actualmente hay unas 16.000 bombas nucleares. EEUU y Rusia poseen el 90%. Los otros siete estados nuclearmente armados (China. Francia, Gran Bretaña, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte) tienen el 10% restante. El arsenal nuclear mundial, durante la Guerra Fría, llegó a la cifra de 60.000 bombas. Ha habido, pues, una disminución muy notable, pero no ha ido acompañada de una disminución equivalente del peligro real de las armas nucleares. Efectivamente, la explosión de una sola bomba nuclear sobre una ciudad provocaría una catástrofe humanitaria de tal magnitud que las infraestructuras sanitarias y de emergencia serían incapaces de atender a los supervivientes. De esta situación, aplicable incluso a los países más desarrollados, nos alertan varios informes de la ONU y de la Cruz Roja.

El pasado agosto se cumplieron 70 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que provocaron la muerte de 150.000 personas en Hiroshima (la mitad de la población) y de 75.000 en Nagasaki, la mayoría civiles y sobre todo mujeres. Las bombas mataron de forma instantánea a muchísima gente, pero también causaron más tarde muchas otras muertes a consecuencia de las heridas y de los efectos retardados de la lluvia radiactiva posterior. Además, los efectos de la radiación se han transmitido a generaciones posteriores. Un informe de la Cruz Roja japonesa revela que sus hospitales, aún hoy, 70 años después, continúan atendiendo cada año a miles de supervivientes y a miles de hijos de esos supervivientes.

En caso de un conflicto bélico nuclear, en el que explotara no una bomba, sino el equivalente al 1% del arsenal mundial, los efectos serían de alcance planetario. Estudios científicos de modelización climática indican que, en caso de la explosión de unas 100 bombas de la potencia de la lanzada sobre Hiroshima, habría un cambio sustancial del clima global (no restringido a la zona de explosión, sino que afectaría todo el planeta). Las disminuciones de temperatura y pluviosidad provocarían una caída drástica de la producción agrícola y llevaría a más de 2.000 millones de personas a una situación de riesgo alimentario.
A pesar de la información tan deficiente que nos llega, sabemos que ha habido accidentes relacionados con armamento nuclear, errores humanos, técnicos, de desinformación o interpretación errónea, que podrían haber desencadenado un conflicto bélico nuclear. Mientras haya armas nucleares, estaremos bajo la amenaza de este riesgo completamente real.

Hemos dicho más arriba que el número de armas nucleares se ha reducido mucho, pero las armas actuales son mucho más potentes y mucho más eficaces. Las armas nucleares se han ido perfeccionando continuamente y los estados nucleares destinan a ello mucho dinero. Una evidencia de que esos estados no tienen voluntad de desarmarse. Tanto es así que, actualmente, el gasto mundial destinado a renovación y modernización del arsenal nuclear, aumenta. Por ejemplo, EEUU prevé destinar un millón de millones de dólares en los próximos 30 años. Es importante destacar que este presupuesto se presentó antes del inicio del conflicto de Ucrania. No hacen falta, pues, tensiones entre estados nucleares para que se planteen presupuestos de esa envergadura.

Varios encuentros internacionales celebrados los últimos años han evaluado con profundidad los efectos humanitarios derivados de una explosión nuclear y han contribuido a la visibilización del problema y a la concienciación de la necesidad urgente de prohibir las armas nucleares. Son las Conferencias Internacionales sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares (Oslo 2013, Nayarit -México-, principios de 2014 y Viena, diciembre de 2014).

Este mayor conocimiento sobre las consecuencias catastróficas del uso del armamento nuclear ha fortalecido el movimiento antinuclear. La meta es lograr un tratado de prohibición y eliminación total de las armas nucleares. Si un tratado de estas características se consiguió para las armas biológicas y para las armas químicas, también se puede conseguir para las armas nucleares.

El drama de las miles de personas sepultadas como no identificadas en Colombia

Por Isabel Ortigosa, Incidencia y Comunicación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda (@CsOFB)

                                      Foto: Oriol Segon Torra y Colectivo Orlando Fals Borda.

“En Colombia arrastramos una historia aterradora de estigmatización y humillación del enemigo. Durante años se ha maltratado a las víctimas de crímenes tan horrendos como las ejecuciones extrajudiciales, negándoles hasta un nombre a la hora de enterrarlos” El Padre Javier Giraldo S.J. comenzaba así su intervención en la Audiencia Pública sobre la entrega digna de personas no identificadas sepultadas en cementerios y enterramientos clandestinos en Colombia celebrada la pasada semana en el Congreso de la República, en Bogotá. “El problema es que los llamamos NN y no lo son. La dignidad no termina con la muerte”, decía el Doctor Valdés, Director del Instituto de Medicina Legal colombiano.

El conflicto armado interno ha dejado Colombia sembrada de cadáveres sin identificar. En el país se registran más de 20.000 casos de personas inhumadas como no identificadas en cementerios municipales, de acuerdo con información suministrada a la Fiscalía General de la Nación por 861 alcaldías locales. Estas cifras no recogen los miles de cuerpos que se estima que están sepultados en enterramientos clandestinos, muchos en fosas comunes de áreas remotas del país, aunque también hay casos en zonas urbanas. La identificación de estas personas, la entrega digna de sus restos a sus familiares, y el esclarecimiento de los hechos que rodearon su desaparición y muerte, son parte fundamental de la reconstrucción de la verdad y la memoria histórica del país. Vale la pena recordar que la desaparición forzada es un delito imprescriptible, y que en Colombia existen al menos 89.736 casos de personas desaparecidas a fecha del 31 de diciembre de 2013, de los cuales 20.944 corresponden a desapariciones presuntamente forzadas, según datos del Instituto de Medicina Legal. Es más que probable que muchos de estos cuerpos hayan sido enterrados como Personas No Identificadas cementerios municipales.

Detengámonos por un momento en la región de los Llanos Orientales, una de las zonas, por cierto, más castigadas por el fenómenos de los mal llamados “falsos positivos”. En sólo cinco cementerios de esta región se acumulan 2292 cuerpos de Personas No Identificadas, el 11,2 % de los registrados por el Censo Nacional de NN elaborado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Hasta el momento se han exhumado casi 1,000 cuerpos de estos cinco cementerios, y se han identificado a poco más de 800, según datos de la Fiscalía General de la Nación. De estos 2292, 1421 fueron reportados por el Ejército Nacional como dados de baja en combate.

Organizaciones como el Colectivo Orlando Fals Borda lleva años acompañando a los familiares de estas personas, tanto a nivel socio jurídico como de atención psicosocial, para ayudarles a localizar e identificar los restos de sus seres queridos, y lograr la entrega digna de los mismos. La mayor parte de estas familias no reconocen que sus familiares pertenecieran a un grupo armado. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cuántos de estos casos se deben a ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Actualmente la Fiscalía colombiana investiga al menos 3.000 de estos casos en todo el país, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Hasta ahora, sólo soldados de los rangos más bajos han sido condenados por este tipo de actos.

Sin embargo, de lo que no hay duda alguna es de que estos casos evidencian una grave situación de crisis humanitaria a la que el Estado colombiano debe dar respuesta. Hasta el momento, y sólo en la muestra acotada de estos cinco cementerios, apenas se ha hecho entrega de 77 cuerpos en casi cinco años. A este ritmo, harían falta 143,83 años para entregar el resto de los cuerpos inhumados en estos cinco cementerios, lo que evidencia que resulta imprescindible acelerar este proceso dotándolo de más recursos humanos, técnicos, financieros y, sobre todo, de voluntad política de las entidades involucradas.

El propio Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró en la Audiencia Pública celebrada la semana pasada que, a pesar de la importancia de este trabajo, el personal asignado a estos casos “no es suficiente, dado el volumen de actividades a realizar para la plena identificación de cada caso, la ubicación de los familiares, la exhumación y la entrega de cadáveres”.

Anna Ferrero, Subdirectora de Operaciones de la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó durante su intervención en la Audiencia que Colombia está en la obligación de cumplir con los tratados internacionales, en especial sobre derechos humanos, e hizo un llamamiento a que se lleven a cabo cambios estructurales en la política pública y en las instituciones competentes, para facilitar los procesos de identificación humana, y mitigar el riesgo de acumulación de restos óseos sin identificar en laboratorios. Para ello, indicó, es necesario incrementar las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los procesos de investigación.

Desde las organizaciones de la sociedad civil insistimos en que es imprescindible que, en el marco de las negociaciones de Paz en La Habana, se haga realidad un compromiso firme de hacer frente a este drama humanitario, garantizando recursos humanos y económicos para el mismo, y sobre todo, concretando un intercambio de información e incluso de cuerpos que acelere este proceso.

Ali Lmrabet, sin papeles

Jordi Armadans, Jordi Calvo y Josep Maria Royo

El periodista marroquí Ali Lmrabet se encuentra en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas en Ginebra desde hace más de tres semanas. Este periodista, que participó como invitado en la 29ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha decidido protestar para reclamar no un favor, sino un derecho del que nadie en Marruecos o en cualquier otro lugar puede ser privado. En abril finalizó la prohibición de 10 años para ejercer el periodismo en Marruecos por motivos políticos, y cuando ha ido a renovar el DNI para hacerse el nuevo pasaporte se lo han negado para evitar que vuelva a abrir los semanarios que le cerraron en 2003.

Debe recordarse que Ali Lmrabet ha tenido un papel relevante en el desarrollo de una prensa crítica e independiente en Marruecos. Ha sido identificado por Reporteros sin Fronteras como uno de los 100 héroes de la información y ha obtenido una docena de prestigiosos premios internacionales. A lo largo de los últimos años, las autoridades marroquíes han intentado por diversos medios impedir el desarrollo de su trabajo, tal y como muestran las diferentes condenas que ha sufrido desde el año 2000. Destaca por su severidad sin precedentes la condena a cuatro años de prisión incondicional de 21 de mayo de 2003, que fue acompañada de la prohibición de los dos semanarios satíricos que dirigía: Demain Magazine y Duman. Fue finalmente liberado gracias a una enorme movilización internacional.

Este periodista tuvo la honradez de declarar a una publicación de su país en 2005 que los refugiados saharauis de los campos de refugiados de Tindouf, en Argelia son, efectivamente, refugiados reconocidos por la ONU, y no " secuestrados por el Frente Polisario" como clama la propaganda oficial marroquí. Por ello fue condenado en 2005 a diez años de inhabilitación de ejercer en Marruecos el oficio de periodista. Durante estos diez años no tuvo derecho a escribir ni una sola línea en la prensa de su país, ni a dar su opinión en las ondas de una radio o a aparecer en la televisión. En este tiempo ha publicado libros, fue columnista de diferentes medios y se ha movido intensamente por foros internacionales de derechos humanos, donde ha recibido algunos premios y reconocimientos.

Por todo ello, Ali Lmrabet tuvo que optar por la información en la red y en 2011 lanzó una publicación electrónica, Demainonline. El 11 de abril de 2015 finalizó la prohibición que durante una década ha alejado a Ali Lmrabet de la prensa en su país, y creyó que podría relanzar por fin sus semanarios. Pero desde el 20 de abril las autoridades marroquíes se niegan a renovarle sus documentos de identidad.

Estos hechos constituyen una violación gravísima de la libertad de expresión en Marruecos y una muestra más de las agresiones que ha sufrido la prensa independiente en el curso de los últimos años. Marruecos ocupa el puesto 130 (entre 180 países) en la Clasificación Mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras 2015, que considera que la libertad de información continúa enfrentando importantes obstáculos en los textos y en la práctica.

Numerosas voces se están solidarizando con su caso, el Parlamento Catalán y el Congreso de Diputados español han aprobado sendas declaraciones de apoyo a Ali Lmrabet y el ayuntamiento de Ginebra ha dirigido una carta al Rey de Marruecos.  Más de 100 personalidades marroquíes han solicitado a las autoridades que cesen todas las formas de acoso contra él y que goce de todos sus derechos civiles y políticos como ciudadano marroquí, e incluso hay activa una petición internacional a las autoridades marroquíes para que permitan a Ali Lmrabet la renovación de sus documentos de identidad. Si Marruecos pretende avanzar en el fortalecimiento de su democracia, tiene que entender que poner trabas a la libertad de expresión va en la dirección contraria y acaba sentando las bases de la intolerancia y el autoritarismo.

Fracaso de la Conferencia de revisión del TNP

Xavier Bohigas y Teresa de Fortuny, investigadores del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

              Una mujer en el Monumento de la Paz de Hiroshima el 6 de agosto de 2014/ Reuters

Entre el 27 de abril y el 22 de mayo se ha celebrado en Nueva York la novena Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación nuclear (TNP). El Tratado tiene como objetivos prevenir la no proliferación de armas nucleares, fomentar el desarme nuclear y promover la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear. El Tratado prevé que cada cinco años los estados que forman parte se reúnan para examinar su funcionamiento y asegurarse de que se están cumpliendo las disposiciones del Tratado. El Tratado tiene, actualmente, 191 estados que son parte.

Esta Conferencia de revisión había despertado grandes expectativas, sobre todo por dos cuestiones. Una hacía referencia a la aplicación de la resolución de la Conferencia de 1995 del Tratado, donde se juzgaba conveniente declarar Oriente Medio como zona libre de armas nucleares (ZLAN). Y la otra cuestión, que había suscitado mucho interés, era que se esperaba que se diera un firme impulso al desarme nuclear. En la preparación de la Conferencia se había elaborado un borrador de Documento Final que incluía la constitución de la ZLAN en Oriente Medio y, aunque de forma poco ambiciosa, el aspecto del desarme.

El resultado de la Conferencia no puede ser más desalentador. No hubo ningún acuerdo y el Documento Final no se aprobó. Sólo se aprobó un documento sobre cuestiones de trámite. Por ello, la mayoría de participantes han considerado que la Conferencia ha sido un fracaso absoluto.

¿Qué pasó? El borrador de Documento Final de la Conferencia de Revisión planteaba la celebración de una conferencia, antes del uno de marzo de 2016, para crear una ZLAN en el Oriente Medio. EEUU, Gran Bretaña y Canadá se negaron a que se fijara un plazo para la realización de esa Conferencia. El delegado de Irán acusó a los Estados Unidos y a Gran Bretaña de bloquear el consenso a fin de "salvaguardar los intereses de un estado concreto, no Parte del TNP, que ha puesto en peligro la paz y la seguridad de la región mediante el desarrollo de armas con capacidad nuclear". Evidentemente se refería a Israel. Recordemos que Israel no es signatario del TNP y por tanto no participa en las conferencias de revisión.

        El primer ministro israelí habla en la ONU sobre la amenaza de un Irán nuclear / Reuters-Live

Parece bastante claro que EEUU y sus aliados actuaron en defensa de los intereses de Israel, que siempre se ha opuesto a crear una ZLAN en el Oriente Medio. Es posible que EEUU haya bloqueado la creación de dicha ZLAN para compensar el malestar de Israel debido al acuerdo nuclear a que han llegado los EEUU y otros estados con Irán. Israel ha criticado fuertemente este último acuerdo. Cabe señalar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó personalmente al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para agradecerle que EEUU bloqueara el Documento Final del TNP.

La primera semana de la Conferencia, 159 países (que representan más del 80% de los estados Parte del Tratado) presentaron una declaración conjunta en la que, basándose en las consecuencias de las armas nucleares, insistían en decir que "la única manera de garantizar que las armas nucleares no serán utilizadas de nuevo es a través de su total eliminación". Este punto de vista no gustó nada a los estados nucleares signatarios del TNP (únicamente cinco estados).

El delegado de Austria, en nombre de un grupo de 107 países, presentó el documento "Compromiso humanitario" que proponía "llenar el vacío legal" del Tratado, mediante la prohibición de la posesión y uso de armas nucleares.

Estas armas violan la esencia de los principios del derecho humanitario ya que no discriminan entre combatientes y población civil. Los riesgos que representa la existencia de las armas nucleares y las consecuencias humanitarias catastróficas resultantes de una detonación nuclear fueron repetidos en la Conferencia por parte de representantes de Estados no nucleares y diferentes organizaciones civiles. Como han demostrado varios estudios científicos recientes, la detonación de menos del uno por ciento del arsenal nuclear mundial podría poner a más de 2.000 millones de personas en riesgo alimentario, aparte de las víctimas humanas inmediatas y los destrozos materiales: los efectos de una explosión nuclear no quedarían restringidos a la zona cercana a la explosión, sino que la enorme cantidad de humo y hollín producidos por la explosión podría afectar a la dinámica atmosférica y provocar un cambio de la climatología que disminuiría la producción agrícola de todo el planeta.

La delegación de Estados Unidos se opuso a la prohibición de las armas nucleares. Los estados nucleares defienden que un enfoque "paso a paso" es la única manera de avanzar hacia el desarme nuclear. Recordemos que el artículo VI del Tratado especifica que los Estados Partes se comprometen a trabajar de buena fe para tomar medidas eficaces sobre el desarme nuclear y sobre un tratado de desarme general.

Algunos de los estados con armas nucleares (y sus aliados) rechazaron que los arsenales nucleares existentes en la actualidad supongan un riesgo. Es más, defendieron que las armas nucleares proporcionan seguridad. El argumento es cínico, ya que la posesión de armas nucleares, según el TNP, queda restringida a cinco estados. Por tanto, ¿cómo se puede justificar la posesión de armas nucleares en base a la seguridad y defensa nacionales, cuando se prohíbe a la mayoría de los estados firmantes del TNP que las tengan? Además, parece claro que los estados nucleares no tienen ninguna intención de eliminar sus arsenales, ya que tienen unos programas multimillonarios de inversiones en renovación y mejora de sus arsenales nucleares. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen previsto invertir un millón de millones de dólares en los próximos 30 años para la modernización de su arsenal nuclear.

Quedó claro que el desacuerdo, con respecto al desarme nuclear, entre los estados poseedores de armas nucleares y los que no las tienen, es muy grande. Se ha hecho evidente en esta Conferencia que los Estados nuclearmente armados no están interesados en asumir ningún nuevo compromiso en cuanto al desarme nuclear. Sin embargo, hay diferencias de opinión entre los mismos estados nucleares. Por ejemplo, China dijo explícitamente en la Conferencia que estaba dispuesta a apoyar el Documento Final. Y el representante de Rusia mostró su decepción porque no se había aprobado el Documento Final por culpa de tres estados. Así pues, ahora le corresponde al resto del mundo iniciar un proceso para prohibir las armas nucleares. El "Compromiso humanitario" puede ser un buen punto de partida.

Las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no están prohibidas. Son moralmente inaceptables y deben ser prohibidas y eliminadas. Esta última Conferencia de revisión demuestra que difícilmente esto se conseguirá dentro del TNP, aunque sea uno de sus objetivos.

Verdad, justicia y reparación: asignatura pendiente de campaña

Las próximas elecciones contribuirán a definir el modelo de ciudad y el alcance de nuevos espacios políticos por parte de la ciudadanía que pueden marcar, desde diferentes perspectivas, el futuro de los próximos procesos electorales que tendrán lugar en el Estado español. No obstante, en esta campaña electoral ha pasado desapercibido un debate que aunque tiene una clarísima dimensión de política de Estado, la inacción estatal ha dejado en manos del ámbito municipal y autonómico el completo protagonismo en torno a esta cuestión, y es donde se han producido mayores avances y a la vez donde se ha percibido una mayor desmemoria. Este debate hace referencia a las medidas para conocer la verdad, promover la justicia y exigir reparaciones relativas al legado de la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura posteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Memorial Democràtic

Las respuestas a esta cuestión en los últimos años se han caracterizado por su fragmentación y por la inexistencia de una política de Estado consistente, incluyente y global, tal y como se encargaba de recordarnos el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, en su informe publicado en julio de 2014 tras su visita oficial en enero y febrero de ese mismo año. De Greiff, a pesar de alabar la existencia de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno en el 2007,  destacaba que los mayores vacíos se evidenciaban en materia de verdad y justicia. Además, la inexistencia actual de dotación presupuestaria había dejado inactiva dicha ley.

Existen importantes disparidades relativas al tema entre el nivel autonómico y nacional, lo que provoca una desigual y heterogénea protección de las víctimas, señalaba el informe de la ONU. Muchos municipios y comunidades autónomas siguen viviendo en la desmemoria, aunque también es cierto que se han producido importantes avances en diferentes partes del Estado español. El último de ellos en Andalucía, con el intento de aprobación del proyecto de Ley de Memoria Democrática por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ley que finalmente no vio la luz por el avance electoral en esa comunidad pero que el amplio consenso político en torno a la cuestión hace prever que será uno de los primeros pasos del futuro Ejecutivo. Desde 2001 se han llevado a cabo numerosas iniciativas por parte del Gobierno andaluz, por lo que esta Ley situará a Andalucía en la vanguardia de las iniciativas para la recuperación de la memoria histórica, debido a que establece un régimen jurídico para las víctimas del franquismo y llega abrazada a dos claves: que ninguna fosa quede sin abrir y un presupuesto para su desarrollo.

Asimismo, el Relator Especial de la ONU celebró el trabajo realizado en Catalunya, donde este debate también cuenta con un amplísimo consenso social y político. En este sentido,  el Gobierno catalán estableció en octubre de 2007 la Llei del Memorial Democràtic, cuyo desarrollo dio pie a la creación de una institución pública, el Memorial Democràtic, que tiene por misión la recuperación, conmemoración y el fomento de la memoria democrática en Catalunya (1931-1980) en concreto la Segunda República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil y las víctimas por motivos ideológicos, de conciencia, religiosos o sociales, así como la represión a personas y colectivos por parte de la dictadura franquista –incluyendo la lengua y la cultura catalanas–, el exilio y la deportación. De Greiff destacó el mapa de símbolos franquistas y el informe de la comisión asesora del Memorial Democràtic. Este informe fue elaborado por un equipo interuniversitario coordinado por la historiadora Pilar Mateo que, entre 2008 y 2009, inició la investigación y catalogación de los símbolos franquistas de 185 municipios seleccionados según criterios geográficos, demográficos y de interés histórico y en septiembre de 2010 la propia Generalitat de Catalunya ya hizo un catálogo de recomendaciones sobre los símbolos censados. La gran mayoría de ayuntamientos de Catalunya, independientemente del color político que los gobernara, se pusieron en marcha para hacer cumplir las recomendaciones emanadas del estudio, que suponían la retirada de esta simbología y en algunos casos, su traslado a un museo, tal y como también recomendaba la Ley estatal de Memoria Histórica.

No obstante, existe todavía en Catalunya uno de los monumentos dedicados al franquismo más grandes de todo el Estado español tras el Valle de los Caídos, el monumento a la Batalla del Ebro, situado en Tortosa. Se trata de una columna de 25 metros de acero que levantan un soldado y un águila en medio del río Ebro a su paso por la localidad, apoyados en una pilastra que otrora sustentó el puente de la Cinta, volado por el ejército republicano en la primavera de 1938. Sobre este monumento, inaugurado por el mismo Franco en 1966, el estudio elaborado por el mundo universitario catalán y que cuenta con el apoyo de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat de Catalunya señalaba que "Previa negociación de retirada con el titular del monumento, se recomienda al municipio su conservación y señalización".

Ningún alcalde de Tortosa desde la Transición ha querido retirarlo, tal vez considerando que ya formaba parte del paisaje tortosino, aunque significaba un agravio y una herida abierta en la memoria de la Guerra Civil a su paso por nuestras tierras, tal vez por una cierta nostalgia de algunos actores políticos del escenario tortosino del periodo histórico anterior, el franquismo. Sin embargo, ya entrados en el siglo XXI, y sobre todo a las puertas de las citas electorales, este monumento se ha convertido en un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Tortosa es uno de los pocos lugares donde este debate sigue vivo en campaña electoral, justamente, por no haber hecho los debres. El último episodio lo tenemos en los últimos meses, cuando se ha planteado incluso la posibilidad de hacer una consulta en torno a su retirada, propuesta que el consistorio vetó porque no era una prioridad ciudadana. El mundo científico catalán, tres Gobiernos de la Generalitat de Catalunya y la misma ONU avalan el estudio que propone su retirada. No hay discusión en torno a la retirada de éste y de otros símbolos y monumentos en el territorio catalán, como un claro síntoma de normalidad democrática que ya han ido llevando a cabo muchos municipios catalanes, la mayoría. Tortosa, en este punto, hace tiempo que llega tarde. Pero lo que no puede hacer la clase política tortosina es recuperar un debate que Catalunya ya ha superado. No podemos quedarnos atrás de la Catalunya que mira hacia el siglo XXI, y plantear que el problema debe resolverse con una consulta a la ciudadanía, o que no es una prioridad de la ciudadanía por lo que no se debe discutir sobre su retirada. De Greiff celebró los resultados del estudio y de la Llei que le dio origen, recomendando su retirada.

La clase política tortosina y la de tantos otros municipios de la geografía española no pueden pretender dar lecciones al mundo científico ni a la comunidad internacional sobre cómo afrontar la recuperación de la memoria histórica silenciando el pasado o sobre cómo reconciliarse con el pasado manteniendo monumentos que ensalzan a los victimarios de la Guerra Civil y a la barbarie del Franquismo. Ha llegado el momento de que las Tortosas que todavía quedan en el Estado español empiecen a cerrar las heridas de este pasado reciente, y el 24 de mayo se pueden dar los primeros pasos para ello.

 

Derecho a saber si hay secretos que matan

Alberto Estévez, coordinador de la Campaña 'Armas Bajo Control'

Bombardeo en Saná, capital de Yemen, este mes de abril. Foto: Khaled Abdullah (Reuters)

725 millones de Euros. O, lo que es lo mismo para la generación de la EGB –entre la que me incluyo-, más de 120 mil millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Es el valor de los aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles que España ha vendido desde 2003 a Arabia Saudí. Esa cifra lo convierte en el primer importador de armas “Marca España” en Oriente Próximo.

La pregunta del millón es si Arabia Saudí -y el resto de los países de la coalición que atacó a Yemen, que incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán, Bahréin, Qatar, Kuwait, Marruecos y Jordania- usó esas armas en los bombardeos del último mes y medio en Yemen. Según la ONU, esos ataques causaron la muerte de más de 550 civiles, incluidos más de un centenar de niños y niñas. Amnistía Internacional documentó ocho ataques en cinco zonas densamente pobladas en los que murieron al menos 139 personas, incluidos 97 civiles y 33 menores. En varios de ellos parecía haberse hecho caso omiso de las precauciones necesarias para reducir al mínimo las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil. Los bombardeos han destruido o dañado hospitales, escuelas, universidades, aeropuertos, mezquitas, vehículos de transporte de alimentos, fábricas, gasolineras, redes telefónicas, centrales eléctricas y estadios. Miles de personas han quedado sin electricidad, alimentos y combustible. Por eso es necesario investigar estos ataques, para determinar si se han cometido violaciones del derecho internacional humanitario. Si es como indican los indicios, habrá que juzgar a los responsables.

“No autorizar la exportación de armas para cometer atrocidades”. Esa es la Regla de Oro del Tratado sobre el Comercio de Armas ratificado por España y que entró en vigor en diciembre de 2014. España fue el primer país en declarar que aplicaría provisionalmente esta norma cuando lo firmó el 3 de junio de 2013, por lo que las exportaciones a la coalición encabezada por Arabia Saudí se regían ya por este principio legalmente vinculante desde entonces. El propio artículo 8 de la Ley 53/2007 sobre exportación de armas establece que se podrán denegar, suspender o revocar las autorizaciones de exportación de armas “cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad, exacerbar tensiones o conflictos latentes, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.

Sin embargo, los datos publicados por el Gobierno español no permiten saber si la coalición de países encabezada por Arabia Saudí ha utilizado las municiones, bombas, torpedos y misiles o aviones españoles en los ataques aéreos en Yemen, que se enfrenta a una grave crisis humanitaria con más de 150.000 personas desplazadas internas.

Según el informe ¿Secretos que matan? publicado por Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón que analiza las ventas de armas españolas en la primera mitad de 2014, la respuesta a esa pregunta del millón es que la falta de transparencia impide saber si las armas españolas se usan para cometer atrocidades prohibidas por el derecho internacional, como lo que parecen ser ataques indiscriminados en Yemen. Por eso las ONG han pedido al Gobierno que: i) investigue si se han usado armas españolas para matar civiles en el conflicto de Yemen y ii) suspenda las transferencias de armas a todas las partes del conflicto que puedan utilizarse para cometer delitos graves de derecho internacional, como crímenes de guerra.

Pese a los avances en transparencia en los últimos 20 años, sigue sin ser posible saber qué tipo de arma concreta España vende ni la unidad específica de las fuerzas armadas o policiales que usan las armas españolas. Informar, como hace el Gobierno, sobre 22 categorías genéricas amplias de una lista de material de defensa no es suficiente. Por ejemplo, la de “armas de calibre inferior a 20 mm.” incluyefusiles, revólveres, pistolas o ametralladoras y la de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”, botes de humo, minas, cargas de profundidad o granadas. Nada impide dar información más detallada, excepto la falta de voluntad de hacerlo.

Lo único que se requiere para avanzar en la descripción del producto es voluntad política de hacerlo, máxime cuando la transparencia no afecta negativamente a unas cifras de negocio que, entre 2003 y 2013, se multiplicaron por diez hasta alcanzar los 4.000 millones de euros anuales y casi 1.450 millones de Euros en el primer semestre de 2014. Obviamente, a los mercaderes de la muerte les va bien, pues en esta legislatura el Gobierno ha autorizado la exportación de armas por valor de casi de 13.000 millones y realizado exportaciones por más de 6.200 millones. Así, Egipto es el tercer importador de armas españolas en Oriente Próximo, con 277 millones de Euros desde 2003, tras A. Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

¿Se pueden cambiar las cosas? Claro, pero hace falta voluntad política. Aparte de medidas para reforzar la transparencia y el control parlamentario y cumplir la legislación, un aspecto clave es revocar la decisión del Consejo de Ministros de considerar secretas las actas de la Junta Interministerial responsable de las exportaciones de armas, que data del año ¡1987! Esto contribuiría a la rendición de cuentas y, entre otras cosas, a saber exactamente cómo evalúa el Gobierno el riesgo de que, por ejemplo, la munición o las bombas exportadas a Colombia o los vehículos terrenos vendidos a Pakistán en 2014 no se usen para cometer atrocidades en sus respectivos conflictos armados internos. Pero sobre todo ayudaría a reducir las operaciones preocupantes de armas que puedan usarse para violar el derecho internacional. Solo con transparencia plena podremos saber si el Gobierno ha autorizado la venta de armas a Bahréin que hayan sido utilizadas contra manifestantes o la exportación de armas a Egipto que puedan ser utilizadas en la represión de protestas, dos de los diversos casos que las ONG detallan en su informe, porque tenemos derecho a saber, para acabar con los secretos que matan.

Videojuegos y violencia

Eduardo Salvador - Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz

                              Joven comprando el videojouego Grand Theft Auto Five/Reuters

No solemos ser conscientes del negocio montado detrás de una cultura de la violencia. Nos parece impensable que haya empresas a quienes les beneficien más allá del lucro el que nos divirtamos viendo muertos, guerras o asesinos en serie. En el pasado, había quien leía « El caso » y la gente se sorprendía al saberlo. Actualmente, ya no. Ha llegado a ser normal ver programas de asesinos en serie, no parece raro. Desgraciadamente sigue sin ser raro que veamos videojuegos en donde se juega a perseguir y noquear a mujeres por la calle, o a ser asesinos urbanos escojer diferentes armas para matar a cualquiera que se nos aparezca por delante, sea el camarero, el pedigüeño, –que pide que no le maten–  o cualquier mujer que se interponga en nuestro camino. Sí, lo virtual nos da un poder absoluto pero ¿es este poder inocuo?

Es más, en videojuegos como Grand Theft Auto, cuya venta está prohibida en Australia,  y que ha sido el cuarto más vendido en EEUU, con ventas anuales de más de mil millones de dólares encontramos una compilación brutal y divertida de asesinatos « funny/brutal kill compilation » donde el jugador conduce un coche y recoge prostitutas en la calle. Para aumentar puntos las mata atropellándolas y pisoteándolas después de tener sexo con ellas. Pero aun más puntos da cuando las ametralla mientras se ve con creciente claridad cómo se va moviendo el cuerpo al recibir una  retahíla de balazos del virtual fusil de repetición de última generación.

No nos engañemos, la violencia vende mucho y cada vez más. Así devenimos no sólo fieles compradores sino diseminadores con nuestros amigos de una cultura que se recrea y banaliza riendo del matar, disfrutando del morbo del todo vale y el si me frenas eres un carca pues no hago daño a nadie. Tan solo la industria del videojuego nos muestra en los EEUU un aumento de su producción del 22% en 2013. De este un 31,9% corresponde a videojuegos de guerra, esto es 5,4 mil millones de dólares. Un aumento de ventas que en contextos de crisis o de bajo crecimiento económico arroja datos simplemente espectaculares.

Pero, ¿qué nos está pasando para que necesitemos más y más violencia para pasarlo bien?. Cada vez más estudios demuestran patrones de adicción similares al refuerzo ocasionado por drogas con videojuegos o internet. Son números los expertos que correlacionan el uso de videojuegos violentos con cambios de conducta dependiendo  de la predisposición de cada persona. Hace años, en Alemania se planteó restringir el acceso a esos juegos para niños. Además, en este país, ya existen foros para superar el síndrome de abstinencia a los videojuegos. En EEUU también encontramos defensores del videojuego de acción como método de formación psicológica para educar la atención. No es descabellado pensar que la poderosa industria del juego así como posibles industriales del complejo militar pueda estar financiando estudios que peligrosamente loen los beneficios de la violencia virtual. Nadie dijo que la ciencia o la tecnología se deba a la ética.

Entre adolescentes, sea por depresión, escapismo, o por otras razones, los videojuegos resultan uno de los mejores entretenimientos. En el caso de los videojuegos de acción (eufemismo de videojuegos de guerra) se nos está además adiestrando en el uso de armas letales de diversos tipo que son de última generación, como los aviones no tripulados o drones. Y, para colmo, los jefes que aparecen en el juego instan a matar como si fueran voces del inconsciente justificando las matanzas en defensa de los valores democráticos y la lucha contra el mal. Así, el asesino deviene algo así como un héroe  defensor de una causa mostrada como necesaria e irrefutable. ¿A quién le importa ya la necesidad o no de guerras? O de reflexionar si nos están manipulando… lo que cuenta es abocar la psique necesitada de descargar adrenalina para desconectar o para salirse de un dia a día deprimente. Y, así, cual droga aparentemente blanda, entramos en un flujo de energía inerte en donde nos transformamos en lo que tal vez algún día querríamos ser en la calle. Si además salimos de la pantalla a la calle con ese imaginario, podemos ya copiar modelos y referentes en donde nos antieducan nuestro inconsciente y replicamos esos imaginarios violentos con nuestros compañeros de clase o en la calle.  Y, aunque demostrar causalidad es difícil, el Grand Theft Auto ya ha sido citado como inspiración en varias ocasiones por perpetradores de asesinatos en casos registrados en los EEUU y en Tailandia.

De esta forma, tomando los valores de forma acrítica suponiendo que nos estamos emancipando y siendo « libres » en realidad solo estamos sucumbiendo de forma adicta y ciega a la necesidad creada por los maestros del marketing del videojuego. Y es que una cosa es la ilusión de un nuevo juego, y otra es que nos pasemos más de 4 horas diarias jugando volviéndonos irritables si no podemos jugar. Si además dejamos de lado a amigos, familia , responsabilidades y abandonamos la higiene personal o dormimos mal, sumamos peligrosamente puntos para devenir adictos. Si eso dura de tres a seis meses, según el especialista clínico Fraser de Nueva York, dichos signos  determinantes de adicción  requerirían acciones de apoyo psicológico.

Por otro lado, está demostrado que uno de los lugares de reclutamiento de pilotos de drones son las espacios y concursos de expertos videojugadores de acción. De hecho, ya esta estudiado que estos jugadores desarrollan un fenómeno de desensibilización, una forma de pérdida de empatía debida al uso de esos juegos que les facilitará actuar sin remordimientos en casos reales de acción. Dichos juegos son formación ya habitual en los cuadros de las fuerzas armadas de los EEUU.  Como reconoce un comandante de pilotos de drones : con los drones y sus sistemas de simulación y control a distancia es muy fácil confundir la realidad con la ficción. Así, el negocio de los videojuegos acaba resultando una formación previa interesante para los que deseen engrosar filas militares en un futuro.


Afortunadamente tenemos salida ante todo este caos. Sólo hace falta que tomemos conciencia de toda esta cultura del sadismo y del falso entretenimiento. Y comencemos a desarrollar conciencia de la necesidad de trabajar por una cultura de paz. Formas diversas de control o filtro parental de internet o videojuegos sobre todo violentos puede ser una salida al todo vale de internet. La violencia y el odio es aprendido, y por tanto se puede desaprender. Dediquémonos mejor a aprender a  desarrollar actitudes y valores con sentido crítico.  Otra manera de jugar es posible, y no pasa por jugar a matar.. pues a este paso la búsqueda de morbo insaciable y adictivo puede hacer que la diversión sea ya ejercer cualquier tipo de violencia –virtual– a figuras con caras reales de nuestros vecinos, amigos o familiares.