Informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones

El Comité de expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema de pensiones ha finalizado sus trabajos con un Informe final al que he dado mi voto favorable con un voto particular sobre su fecha de aplicación.

La orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es la defensa de un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte solidaridad entre generaciones. Pero esta declaración no sería motivo suficiente si considerara que el sistema no fuera capaz de proporcionar pensiones que permitan a la población española mantener un bienestar cercano al que disfrutaban cuando está trabajando.

El Informe advierte de forma clara de los retos a los que se debe dar respuesta. La mayor esperanza de vida implica más años de percepción de la pensión. En la actualidad la vida media a partir de los 65 años es de 20 años y parece que en futuro aumentará. Por otra parte, un sistema de reparto significa eso, repartir una parte de la renta creada por quienes trabajan en un determinado momento a la población que ha finalizado su vida laboral activa. Se trata de una transferencia de renta entre generaciones. Mayor crecimiento económico implica más recursos pero una senda de inferior aumento de la renta limita las posibilidades y, también debe ser tenida en cuenta.

Los sistemas de pensiones de reparto pueden incurrir en déficits presupuestarios circunstanciales, pero éstos no pueden ser eternos porque llega un momento en el que no se dispone de recursos para hacer frente a las obligaciones. Por tanto, buscar su equilibrio presupuestario a largo plazo es un objetivo de toda la sociedad, tal y como recogió desde su inicio el Pacto de Toledo. Un sistema de pensiones debe ser viable hoy, pero también en el futuro porque quienes se jubilen en cualquier momento del tiempo deben tener la seguridad de contar con los ingresos precisos para cobrar su pensión.

El sistema de pensiones español se enfrenta a un reto excepcional en su historia, pagar las pensiones a la generación baby boom, es decir, asumir de forma progresiva el pago de un 70% más de pensiones en 2046 (pasar de 9 a 15 millones). Un gran reto que debe ser asumido como una obligación de la sociedad porque estas personas trabajan muy duro ahora para asumir las actuales obligaciones del sistema de pensiones.

Con los ingresos actuales (alrededor del 10,2% del PIB), se producirá un deterioro de la relación en pensión media y salario medio o, lo que es lo mismo, la pensión puede crecer en términos reales pero se alejará del objetivo de mantener un bienestar cercano al que tenía cuando el trabajador estaba en activo (primer párrafo de la p.21 del Informe).

El Informe recoge y advierte de todos estos riesgos, también del último, el más desconocido para la opinión pública pero también el más complicado. Ante estas circunstancias, el Informe enumera las posibles salidas. Asumir la pérdida en la calidad de vida o buscar otras soluciones. La más evidente aumentar los ingresos del sistema público de pensiones (no solo con cuotas sociales sino también con impuestos) para hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de la Zona Euro. Aunque no lo concrete en números, significa pasar del 10,25% del PIB actual en España al 13,5% del PIB. (2010) que ya gasta de media en la Zona Euro porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom.

Elegir una u otra opción es competencia de los poderes públicos contando con la ayuda del Pacto de Toledo. Mi opción individual no ofrece ningún género de dudas: buscar esos ingresos adicionales para no dejar en la estacada a esa generación. Pero no puedo imponer mi opinión a todo el mundo, aunque si se lee atentamente el segundo párrafo de la p.6 del Informe se encuentra una referencia importante en el mismo sentido. Mi trabajo en el Comité llega hasta obtener una redacción en el Informe que deje la puerta abierta a esa posibilidad de la acción de la política. Entre otras cuestiones porque con el Informe en la mano, quien elija deteriorar la relación pensión media y salario medio tendrá que explicar porque no quiere mantener un nivel de gasto como el de la media de los países de la Zona Euro y, para ello buscar los ingresos adicionales necesarios. No me parece una cuestión menor incluir de manera nítida este importante problema y su posible solución.

La aplicación de las dos fórmulas incorporadas como factor de sostenibilidad no condiciona el resultado de la pensión. La que contempla la evolución de la esperanza de vida es un parámetro más añadido a los actuales (número de años para calcular el porcentaje de la base reguladora, periodo utilizado para el cálculo de la base reguladora y edad de acceso a la jubilación) que poco a poco se está incorporando en los países de la Zona Euro. A legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo (un concepto similar a la actual jubilación anticipada), pero es preciso recordar que el resultado final también es modulable, en caso de que los poderes públicos quieran modificarlo.

La fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial (aunque ahora no siempre se cumpla), pero en sí misma no determina ningún resultado, porque está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema y … los ingresos. Esta es una diferencia fundamental respecto a otras fórmulas utilizadas en países europeos, por ejemplo Alemania. Nuevamente, aparecen los ingresos del sistema y ¿quién decide sobre ellos al igual que del resto de los parámetros utilizados para determinar la pensión? los órganos y canales de decisión democrática, quienes son los únicos responsables del diseño y gestión del sistema de pensiones. Ningún gobierno se puede apoyar en esta fórmula para justificar un menor crecimiento de las pensiones.

La fórmula es simétrica en solicitar esfuerzos y permitir el acceso a ventajas a los pensionistas. Si cualquier formación política procura los ingresos suficientes para alcanzar progresivamente el 14% del PIB de gasto (el previsto por la Unión Europea para España en 2050), la fórmula de actualización anual puede generar crecimientos anuales de la pensión superiores al IPC. Afirmar que la fórmula condena a los pensionistas a congelaciones o disminuciones de su prestación, es simplemente faltar a la verdad.

Las dos fórmulas recomendadas que forman el factor de sostenibilidad son un instrumento que mantiene el sistema de pensiones sobre los carriles que ha definido la política, el lugar donde reside la soberanía popular. Un principio de jerarquía básico que el Informe deja claro desde el principio (cuarto párrafo p.2). Eso sí, alertan sobre problemas que pudieron no ser tomados en cuenta de manera suficiente por los diseñadores de la política.

Mi diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019 porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque, en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la población lo conozca en profundidad y, así evitar incertidumbres innecesarias en un tiempo ya demasiado difícil.

Una cuestión muy importante, los retos y riesgos del sistema de pensiones español están ahí y aunque no se aplique ningún factor de sostenibilidad, si no se dota el sistema de más ingresos, se producirá en el futuro no muy lejano una reducción significativa de la relación entre pensión y salario que, además, al no contar con mecanismos de alerta pueden derivar en repentinos e intensos recortes de la pensión cuando se considere insostenible el déficit. Entonces, la distribución de los esfuerzos por cohortes y generaciones será muy desequilibrada.

La valoración del Informe es personal pero sería conveniente que antes de alcanzarla y airearla por ahí, se procediera a una lectura detallada de su contenido.

Una última cosa, todo mi trabajo desde que colaboré a redactar el Pacto de Toledo en 1993 ha sido y sigue siendo, conseguir un sistema público de pensiones con prestaciones suficientes que se puedan pagar ahora y en el futuro, es decir, que permita a todos los trabajadores españoles vivir dignamente con la pensión que le facilita el sistema público. Nunca me han interesado ni me han seducido las maniobras tácticas de ningún partido político para llegar al gobierno.

¿Qué modelo de pensiones públicas quiere España?

The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060) es un informe elaborado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea donde se recoge una amplia información sobre la posible evolución de los sistemas públicos de pensiones, a partir de la situación actual y las reformas en marcha.

En su anexo se incluye la evolución del gasto público en pensiones prevista para los 27 países miembros de la Unión Europea. La proyección para España tomando en cuenta la reforma paramétrica aprobada en 2011, presenta un crecimiento importante del gasto en pensiones sobre el PIB desde el 10,1% en 2010 hasta el 14% en 20150 para después disminuir ligeramente hasta el 13,7% del PIB en 2060.

Como se puede apreciar en la tabla y gráfico adjunto, la senda proyectada para España en su gasto en pensiones públicas es bastante similar a la de Alemania, aunque en este país la presión del gasto se desacelera a partir de 2040. El gasto en pensiones sobre PIB en ese largo periodo temporal, previsto por la DG de Asuntos Económicos para Francia, Austria, Italia y Finlandia es, en todos los casos, superior al de España, incluso ahora, porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom. En todos estos países, el sistema público de reparto es el que provisiona la renta principal a los pensionistas, sin que esta elección les impida superar a todos ampliamente la media de renta por habitante de la UE27 y de la Zona Euro.

La situación es muy distinta en Reino Unido, Irlanda y Holanda cuyo sistema público está construido sobre “una pensión zócalo” con aportaciones complementarias desde los sistemas de capitalización gestionados por el sector privado. Tampoco en Suecia donde convive un sistema público de reparto de cuentas nocionales con un complemento de capitalización. En todos ellos el gasto público en pensiones es muy inferior a la media de la UE27.

Mi opinión en este tema es igual a la declarada sobre la presencia del sector público, quiero que España se parezca a quien vive mejor que nosotros y, salvo que cambien mucho las cosas, la mayor parte de ellos tienen mejores perspectivas de crecimiento económico y una mayor cohesión social. Suecia y Holanda cumplen estas características pero me seduce más la idea de ser como los más grandes, por ejemplo Alemania, porque, además, implica no tener que cambiar de modelo de pensiones; algo que por otra parte, siempre incluye efectos colaterales no previstos (o no contados).

La senda de gasto en pensiones públicas que prevé la Comisión Europea para España hasta 2050 no se desvía de las de Alemania, Finlandia o Austria -es inferior a la de los dos últimos-, pero este hecho no reduce la dimensión de nuestro reto, porque para no incurrir en un desequilibrio presupuestario estructural, la sociedad española necesita dotarse de ingresos adicionales sobre los actuales (10,25% del PIB en 2012). Tenemos margen (9 puntos del PIB de diferencia en los ingresos públicos con la media de la Zona Euro) pero hay que tenerlo claro y ponerse rápido manos a la obra.

Un ruego: pensar antes de bajar los impuestos

El otro día me abordaron después de una charla para decirme que era necesario bajar impuestos para fomentar la demanda interna y, así, colaborar a la salir de la recesión que tanto nos hace sufrir. Quien me lo dijo argumentó haberlo escuchado en muchos medios de comunicación como elemento de peso casi incontestable.

Lo primero que se me pasó por la cabeza fue alegrarme por el equilibrio conseguido en la balanza de pagos, porque aunque todavía precario, abre márgenes para aplicar políticas de expansión de la demanda interna española sin incurrir en el riesgo de transferir renta al exterior o, o lo que es lo mismo, no acumular deuda para generar actividad en otro país.

Pasado el primer alborozo por éste exito colectivo, recordé que el saldo negativo de las cuentas públicas españolas fue todavía muy amplio en 2012 (alrededor del 7% sin tener en cuenta los gastos extraordinarios) y que el objetivo para este año era reducirlo al 6,2% del PIB. Pero bueno, para rebajar el déficit tanto vale reducir el gasto como aumentar los ingresos, y la teoría del multiplicador de la demanda agregada dice que una bajada de impuestos puede aumentar en una proporción mayor la actividad económica a través del impulso en el consumo y la inversión. De ser así, la pérdida inicial de recaudación se convertiría en un aumento superior de los ingresos públicos, además de haber colaborado a crear empleo (o como mínimo a no destruirlo).

Suena bien la operación si se cumple el encadenamiento. Como soy un poco desconfiado con mis primeras impresiones, recuperé de mi cabeza que el efecto multiplicador de los impuestos es inferior al del gasto público porque el receptor de la bajada puede decidir no dedicar al consumo o la inversión su mayor renta sino que puede destinarla a … ahorrar. Seguí con el razonamiento y pensé que por dos motivos, el actual contexto es el ideal para aumentar el ahorro. El primero como dice la teoría económica es el motivo de precaución que en palabras coloquiales significa que quien aumenta su renta por una bajada de impuestos puede pensar que es mejor guardarlo, por si acaso pierden su empleo o su negocio empeora. El segundo porque un país muy endeudado como es España (la deuda privada sigue instalada en 2 billones de euros), las personas y las empresas pueden dirigir esa mayor renta a reducir la deuda. A desapalancarse como se dice en la jerga económica.

Si estos dos efectos predominan sobre el de consumir e invertir más, la operación de bajada de impuestos no cumpliría con el objetivo de mejorar la actividad económica y, sin embargo, empeoraría la muy delicada posición de las cuentas públicas españolas. Por otro lado, pensé, que con unos ingresos públicos inferiores en 9 puntos del PIB a la media de la Zona Euro, bajar los impuestos parecía algo estrafalario.

Después de tanto pensar, la persona que me había abordado, ya se había ido; pero bueno, pensar siempre ayuda a ordenar las ideas.

¿ha pasado lo peor de la crisis? una pregunta de difícil respuesta

Un amigo me comentaba el otro día su confusión ante las noticias contradictorias que escuchaba en los medios de comunicación sobre la evolución de la crisis. No veía por qué algunos afirmaban que había pasado lo peor, aunque en su interior, creo, estaba deseando que fuera así. En esta tesitura, me dirigió su mirada y, sin palabras, me preguntaba qué pensaba yo que me dedicaba a estas cosas. La respuesta no era sencilla porque como es habitual en estos casos, esperaba conclusiones sólidas con poca palabrería.

Comencé mi exposición diciéndole que para saber el lugar donde nos encontrábamos era necesario recordar las causas de la crisis. El origen no ofrece dudas, una impresionante burbuja inmobiliaria asumida por la mayoría y consentida por quienes tenían competencia para pararla, ha generado una deuda espectacular en familias y empresas (2 billones de euros), a la que con el paso del tiempo se ha unido el sector público (885.114 millones de euros) debido entre otras cuestiones, a la "ayuda" de un calendario excesivamente exigente de reducción del déficit. Deuda de grueso calibre a la que se suma un sistema financiero gripado por la pésima gestión realizada durante la etapa expansiva de una parte significativa de las entidades bancarias. Me cruzó por la mente la idea que a pesar del grave quebranto, nadie hasta la fecha ha asumido la responsabilidad del desastre (ni reguladores públicos ni gestores privados) y la lentitud de la justicia española, tampoco me augura mucha esperanza al respecto.

Mi relato siguió explicando el profundo ajuste sufrido por el tejido productivo español, quien rápidamente ha dejado el monocultivo. Desaparecida la protuberancia inmobiliaria, ahora es algo más diverso y competitivo pero con un problema muy grave: demasiado pequeño para ofrecer empleo a todas las personas que quieren trabajar. Nadie en su sano juicio puede pensar que las cosas van bien con un 27% de tasa de desempleo.

Proseguí mi procelosa explicación con un repaso sobre las variables que pueden determinar la tan deseada recuperación. Para crecer y crear empleo hay que producir cosas, siendo imprescindible poder venderlas, pero ¿a quién?. A los españoles es difícil porque tienen menos renta y patrimonio, y la ayuda del sector público a través de la política fiscal es imposible cuando está instalado en un proceso de saneamiento, es decir, de aumento de los impuestos y/o reducción del gasto, aunque cabría la posibilidad de reorganizar un poco éste último. En la coyuntura actual, la Unión Europea tampoco ofrece un buen panorama porque la mayor parte de los países están en recesión. Quedan los países emergentes que siguen creciendo y aunque es más difícil, también se puede intentar ganar algo de cuota en el actual mercado nacional y en el de la Unión Europea aunque estén ambos en recesión. Sin ayuda exterior, la opción se limita a mejorar la capacidad de competir a través de precios más atractivos, porque la calidad de los productos no se cambia de un día para otro. 

Después de devanarme los sesos, le dije que no tenía respuesta contundente a su pregunta, aunque seguí pensando e intenté explicarle que aunque con algunos avances, la economía española mantenía tres bloqueos: productivo, fiscal y crediticio. En el capítulo de la deuda no hay mejoras porque sigue siendo inmensa (2,8 billones de euros), de forma que una parte significativa del ahorro de los españoles no se podrá dirigir en los próximos 10 años a consumir o invertir, al estar comprometidos en el pago de la deuda acumulada en la etapa expansiva. 

La economía española tiene un grave problema de deuda pero también de competitividad como demuestra un tejido productivo que mantiene 6,2 millones de personas en desempleo. Reducir la deuda necesita su tiempo, salvo que alguien piense que se puede declarar la quiebra y seguir tan campante, y disponer de más tiempo y un precio menor, es clave para limitar el efecto negativo del proceso de desendeudamiento (apalancamiento en el argot). Por este motivo, la ayuda de la Zona Euro con una ampliación del calendario de saneamiento de las cuentas públicas hasta 2016 es muy importante. Mejor sería aún, si se acompañara de una política fiscal expansiva en términos agregados apoyada en el gasto de los países con fundamentos más sanos. Todavía mejor si contásemos con la ayuda del BCE para aumentar nuestra financiación a mejor precio, porque nos liberaría dinero, comprometido ahora al pago de gasto financieros, que podría ser utilizado para otros menesteres, por ejemplo, articular un plan de inversión con destinos bien elegidos. Este cambio en la Zona Euro, por otra parte, significaría que se habría encontrado el equilibrio entre la mutualización de la deuda acumulada por errores pasados asociados al diseño de la moneda única, y el debido control supranacional a partir de ahora para que no vuelvan a suceder desequilibrios como los conocidos.

Pensé también que en España necesitábamos recuperar los ingresos públicos, básicamente mediante una lucha seria contra el fraude fiscal (la diferencia con la ZE ha aumentado hasta 9 pp del PIB), mientras se aplican cambios para utilizar de mejor forma los recursos de un sector público pequeño pero con deficiencias en el diseño (por exceso de clientelismo). La suma de todas esas medidas permitiría recuperar la confianza de los inversores y nos ayudaría mucho en la tarea de refinanciar la deuda privada y pública.

Una hipotética solución al problema de la deuda no nos libera de la necesidad de aumentar la producción para generar renta y empleo. Algunas personas defienden que la solución para conseguirlo es un fuerte aumento de los salarios de los trabajadores españoles para mejorar la demanda interna. Para que tenga éxito su planteamiento es imprescindible mantener el equilibrio alcanzado en el saldo con el exterior, porque de otra manera, volveríamos a transferir renta a otros países mientras que muy posiblemente se volviera a deteriorar la posición tan costosamente alcanzada. De ser así, como apunta la frágil situación del tejido productivo español, la maniobra tiene más desventajas que beneficios.

Si es cierto este razonamiento, a corto plazo no queda otra que continuar por la senda de la devaluación interna de los precios frente a la media de la ZE, pero de forma equilibrada entre salarios y empresarios. Estos últimos mediante la reinversión de beneficios, la rebaja de los precios finales para mejorar su cuota en cualquier mercado y con un uso menos abusivo de la productividad ganada en los cinco últimos años. En este terreno, la negociación colectiva debería recuperar su protagonismo ampliando y profundizando su universo de actuación y sus contenidos (algo que entorpece mucho la última reforma laboral). La mejora en los precios se tiene que extender a la vivienda, la energía, los transportes y los alimentos, para que los ciudadanos no sufran mayores pérdidas de poder adquisitivo. 

La unión hace la fuerza pero además, genera mayor ilusión colectiva cuando se percibe una distribución más equilibrada de los esfuerzos. Por ejemplo, añadiendo a lo dicho una salida real y digna a las personas acosadas por los deshaucios.

Una operación de estas características mejoraría con más crédito, como mínimo suficiente para financiar las operaciones de circulante de las empresas, a través de las entidades recapitalizadas con dinero público y, por qué no, la ayuda del BCE.

Al final, le dije a mi amigo que estamos en un momento crítico; que la evolución final dependerá de cómo se comporten todos esos factores que le había comentado. Le dije que estamos en un punto de inflexión que nos puede conceder una salida menos dolorosa o, por el contrario, hundirnos en el pozo para mucho tiempo. También le dije que la solución a nuestros problemas nos obliga a mucho esfuerzo y nos llevará más tiempo del que nos gustaría. Mi amigo había escuchado todo mi relato con un punto de expectación, pero de todo lo que le había dicho, esto último fue lo que menos le gustó.

Cuentas de la Seguridad Social en 2012. No matar al pianista

La oficina estadística de la Unión Europea acaba ratificar un déficit de la Seguridad Social española en el ejercicio 2012 de -10.131 millones de euros, de manera que según estos cálculos, los gastos han sido superiores a los ingresos en una cantidad equivalente al 1% del PIB.

En cuanto escuchan la noticia, amigos y conocidos piensan inmediatamente que no cobrarán la pensión y, no tardan en requerirme para confirmar su mal presentimiento. La respuesta no es nada fácil porque hay que comenzar explicando que las cuentas de la Seguridad Social incluyen no solo a las pensiones sino también otras prestaciones que en unos casos son contributivas (incapacidad temporal y maternidad) y, en otros, tienen carácter no contributivo (prestaciones por hijo a cargo y algunos servicios sociales) o universal (sanidad en Ceuta y Melilla). No me atrevo casi a mencionar la diferencia entre la contabilidad con el criterio de devengo (hechos reconocidos) y el de caja (hechos realizados) aunque en tiempo de crisis como el actual tiene una gran importancia en los ingresos porque algunas empresas reconocen que tienen una deuda pero no pueden pagarla. Ni se me pasa por la cabeza mencionar que la presentación bajo el criterio de Contabilidad Nacional, la utilizada por la Unión Europea y, por tanto, la fetén, es una mezcla de los dos criterios.

Después de eliminar aspectos colaterales me concentro en decirles que el segmento contributivo de la Seguridad Social donde están incluidas las pensiones, ha tenido déficit por primera vez desde hace muchísimo tiempo (alrededor de 7.000 millones de euros de acuerdo al criterio de medición europeo; 0,7% del PIB). Es cierto, después de muchos años con abultados superávits, los ingresos por cuotas sociales pagados por los trabajadores (en concepto de salario diferido) y la aportación de impuestos para pagar los complementos por mínimos de las pensiones, no han sido suficientes para hacer frente a los pagos anuales. La combinación de un continuo aumento en el número de beneficiarios con cuantías medias superiores y una brutal crisis económica ha provocado este resultado.

Miro las caras de mis interlocutores que dicen más o menos, pues eso, que adiós a las pensiones. Mi respuesta, sin embargo, es no. No poder pagar un año las pensiones con los ingresos habituales es una mala noticia que debe estar acompañada de algunos otros criterios antes de conseguir una valoración definitiva. En primer lugar, en 2012 hemos podido pagar las pensiones porque en las épocas buenas guardamos el excedente en “un bote”, el Fondo de Reserva. De modo que antes de comenzar 2012 se disponía de 68.815 millones de euros y, después de haber asumido el pago correspondiente a ese ejercicio todavía restan 63.008,58 millones de euros. Les aclaro que no es la garantía eterna del sistema público de pensiones porque éste depende de otras variables (actividad económica, empleo, distribución factorial de la renta y decisiones sensatas en la dimensión de las pensiones) pero sirve para cubrir un horizonte de 5 años incluso en un contexto pésimo, como el actual. Me permito una licencia en la explicación y les recuerdo que hay que valorar la buena gestión de los excedentes porque cuando las cosas iban bien había muchas presiones para subir las pensiones y bajar las cuotas sociales y, sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de tomar las decisiones, eligieron guardar el dinero para ocasiones menos buenas que como hemos comprobado, siempre llegan. Es decir, se armaron de valor, aguantaron la presión y “apagaron la luz y la música en medio de la fiesta” aunque en ese momento no recibieran precisamente buenas críticas. Se me pasa por la cabeza lo bien que le habría venido a la sociedad española más personas con esa opinión y la suficiente determinación para llevarla adelante.

No hay, por tanto que dormirse en los laureles, pero se dispone de ese mecanismo para afrontar una mala racha porque no sería adecuado adoptar decisiones estructurales solo guiados por una situación coyuntural como lo es la peor parte del ciclo económico. Con mayor motivo en un tema como el sistema de pensiones que debe ser planteado desde una perspectiva temporal de análisis suficientemente larga. Nos costará superar la actual crisis pero lo haremos, porque además, de no ser así, el principal problema de la sociedad española no va a ser el pago de las pensiones.

Les recuerdo que para analizar la actual situación es preciso conocer que la disminución de ingresos por cuotas sociales en 2012 debido a la destrucción de empleo equivale al 0,5% del PIB, de manera que sólo con este ingreso, el déficit se reduciría al 0,2% del PIB. Pero si se tiene en cuenta la destrucción acumulada desde el inicio de la crisis, la pérdida de recaudación asciende al 1,6% del PIB, es decir, de contar con esos ingresos el sistema mantendría su superávit. Como no soy un ingenuo y no me gusta abrir expectativas no cumplibles a la gente, les traslado la dificultad de conseguir recuperar casi 3 millones de puestos de trabajo, pero el análisis a largo plazo debe incorporar esta variable y, les repito, a corto plazo disponemos del Fondo de Reserva.

Les avanzo una conclusión, el déficit del sistema de pensiones en 2012 tiene un componente fuertemente coyuntural y, por tanto, no debe ser utilizado para aplicar reformas estructurales. Les aclaro que mi afirmación no significa que se pueda pagar en 2050 cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas que habrán generado su derecho debido a la evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida, pero hay posibilidades ciertas de establecer unas cuantías bastante dignas con una transferencia de renta entre generaciones razonable. Miro la cara de mis interlocutores y, creo haber incorporado algunos argumentos de peso para mejorar su tranquilidad. Me ahorro decirles que mi idea sobre cómo debe funcionar el sistema de reparto no es compartida por todos, pero también pienso que la sociedad española será inteligente y elegirá una opción sensata para defender sus intereses individuales y comunes.