Atajos que llevan al precipicio

La entrada en este blog sobre la posibilidad de haber tocado fondo en la crisis de la economía española va a tener que esperar porque el asunto de Chipre ha añadido nuevas incertidumbres, a las muchas que ya sobrevuelan nuestro destino. Nuevamente la solución a un problema grande y grave será difícil y cara. La primera pregunta que se pasa por la cabeza es cómo un país con un sistema financiero hipertrofiado, características de paraíso fiscal y sistema tributario casi inexistente, puede conseguir el placet de entrada a la Zona Euro (me atrevería a decir que tampoco cumple las condiciones para pertenecer a la Unión Europea). Pregunta sin respuesta a partir de criterios asumidos por la teoría económica lleva a buscar alguna causa política, posiblemente poco comprensible para el común de los mortales o puede que demasiado obvia para la mayoría.

Superada la primera cuestión, por otra parte decisiva porque de no haber entrado Chipre a la Zona Euro no tendríamos el problema, se me ocurre reflexionar sobre cual sería el nivel de vida de los chipriotas sin ese modelo productivo que atrajo tanto dinero del exterior. Dado que la localización de yacimientos de gas es bastante reciente y se necesita un determinada tecnología para su adecuada explotación, la riqueza obtenida con los recursos propios disponibles anteriormente habría generado una renta bastante inferior a la actual. La solución elegida me suena a atajo. Estoy de acuerdo con la opinión de Krugman al señalar a los excesos de la libre circulación de capital como una causa con mucha influencia en algunos de los actuales problemas en Chipre y en el otros países, pero no me resigno a buscar los motivos por los que las sociedades se dejan deslumbrar por los atajos cuando la experiencia nos demuestra que la mayoría de las personas pierde y, mucho, al final del proceso. Lo de tomar atajos no ha sido una prerrogativa única de los chipriotas, al ser extrapolable a la burbuja inmobiliaria española, la combinación de inmobiliaria y financiera en Irlanda y la estrictamente fiscal en Grecia (sin dejar de incluir los activos tóxicos de la banca norteamericana). Es fácil buscar culpables en el exterior pero nuevamente me ronda por la cabeza la inquietante pregunta sobre quien es más responsable, si quien presta y, por tanto debe elegir bien el receptor para reducir el riesgo o, quien acepta el préstamo y debe asumir la carga de su devolución con los correspondientes intereses en los plazos pactados. La aplicación de controles de capital propuesta de forma encubierta por Krugman en el citado artículo limitaría el dilema pero desgraciadamente solo se puede aplicar a futuro.

A la espera de ese tipo de soluciones más estructurales nos enfrentamos a las consecuencias de un rescate donde concurren muchas dudas. Una primera es su dimensión. La suma de la aportación del Eurogrupo y las quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros rondan los 15.000 millones de euros, poco más del 15% del valor del pasivo del sistema financiero chipriota. Esta cifra podría ser insuficiente para afrontar las pérdidas en que ha podido incurrir un sistema financiero obligado a realizar inversiones muy agresivas para cubrir las altas rentabilidades ofrecidas a los depositantes (se lee que los activos en bonos griegos pueden superar los 60.000 millones de euros).

En segundo lugar, el control de capitales debe ser muy severo y de larga duración porque una hipotetica salida de depósitos ahondaría el desequilibrio en los balances de las entidades. De hecho, la huida del dinero de los grandes inversores rusos que han contado con la debida información en tiempo y forma, ha sido posiblemente uno de los detonantes de la quiebra. La existencia de este control no alienta la llegada de dinero de fuera de la Unión Europea a países con necesidad de financiación, como España, más bien puede incentivar su marcha; aunque no debería entorpecer el movimiento del capital dentro de la Unión Europea.

Por último, un rescate de 10.000 millones de euros a pagar por el sector público chipriota, es decir por sus ciudadanos, eleva su ratio deuda pública/PIB hasta superar el 130%. Una pesada carga para un país que de momento se queda sin su principal motor de riqueza, el sistema financiero. Dando por hecho que el esfuerzo a realizar por los ciudadanos chipriotas con repercusión en un descenso de su nivel de vida pero también en su PIB anual, tan sólo la rápida rentabilización de nuevas formas de riqueza le podría salvar del impago de una parte de la deuda que, muy posiblemente, afectaría también a la solvencia del sistema financiero restante. Más problemas para Chipre y para los acreedores que deberán renunciar a recuperar una parte del préstamo.

Me viene a la cabeza el daño creado por el muy deficiente procedimiento de resolución aplicado por el Eurogrupo sin estrategia clara y varios cambios en su contenido, entre ellos la penalización de los depósitos inferiores a 100.000 euros y, por consiguiente, la ruptura de la barrera de confianza de los ahorradores. También pienso que aunque los depositantes de los bancos chipriotas tenían la característica especial de estar muy bien remunerados y, por tanto, existir una causa para que paguen un coste, no entiendo por qué no se ha utilizado la vía de penalizar también a los bonistas. Me resuena en la cabeza la necesidad de alcanzar una verdadera unión bancaria y también la posibilidad de limitar la circulación de capitales para evitar males como los conocidos. Podría ser ésta última una solución a explorar, pero no dejo de pensar que a falta de ese instrumento es necesario fortalecer la mente de las sociedades ¿su cultura? para evitar tomar atajos que llevan siempre al precipicio. En definitiva no caer en cantos de sirena y trabajar para crear un modelo más sólido que produzca bienes y servicios sostenibles en precio y calidad, incurriendo si fuera necesario durante un tiempo en un endeudamiento con el exterior de dimensión razonable.

 

Para qué sirve el sistema financiero

Los problemas económicos han absorbido desde hace tiempo las charlas entre amigos, conocidos y parientes. Pensaba mientras caminaba hacia el bar donde comparto el aperitivo con algunos amigos que el tema de hoy sería el asunto de Chipre y la mala gestión aplicada por el Eurogrupo, por eso llevaba preparada la referencia de varios artículos que explican con brillantez el problema. No fue ese sin embargo el principal tema de debate aunque tenía una relación periférica. Uno de mis amigos lanzaba todo su mal genio contra los bancos. Para él siguen asociados a las viñeta donde aparece un señor de apariencia opulenta con puro y chistera gracias a la extorsión que realiza sobre los damnificados prestatarios, pero ahora está aún más enojado porque considera que los bancos cuentan con la ventaja de recibir dinero público aportado por todos los ciudadanos para solucionar unos problemas que no entiende demasiado bien.

La mirada del resto de los componentes del grupo se dirigió inmediatamente hacia mí en busca de la oportuna respuesta. Se me ocurrió comenzar por el principio y explicar que la función original del sistema financiero es mejorar el intercambio entre quienes han decidido no gastar su dinero (ahorro) y quienes necesitan disponer de él cuando no lo tienen, ya sea porque quieren adelantar su consumo o realizar una inversión. En definitiva su función es servir de enlace para engrasar la relación entre el ahorro y la inversión disminuyendo los costes de información y riesgo de las operaciones. Dado que el ahorrador no conoce la solvencia de quienes solicitan crédito, un profesional en la materia, el banco, puede solucionar esa deficiencia. El tipo de interés marca la recompensa del ahorrador y el coste para el deudor, pero la intermediación profesionalizada debe reducir el riesgo y con esa disminución, también el precio del préstamo aunque los bancos reciban una compensación económica por su trabajo (costes de intermediación y beneficio de la empresa).

Para no complicar más el asunto no dije nada sobre la obsesión de la teoría económica por igualar el ahorro y la inversión, sobre todo, en los componentes nacionales, de manera que se disponga de dinero para abordar las necesarias inversiones sin depender en exceso de la financiación del exterior.

Por las miradas deduje algo parecido a, eso está muy bien pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Tenían razón, de manera que comenté la difícil relación entre minimizar el riesgo del ahorrador y ampliar la cantidad de crédito. La sociedad quiere ampliar el acceso a dinero para realizar más proyectos de inversión y/o aumentar el consumo a crédito y, de esa forma, incrementar la actividad. Para ello se inventó que los bancos puedan generar su propio dinero, el dinero bancario. De los depósitos aportados por los ahorradores sólo deben mantener una cantidad como reserva líquida y el resto lo pueden dedicar a conceder préstamos iniciando una cadena que aumenta el dinero en circulación. La innovación está muy bien pero con ella se amplía también el riesgo porque aunque estén bien elegidos los destinatarios del crédito, es decir, los bancos mantengan la debida prudencia en la concesión de los préstamos, aparece un problema de diferencia en los vencimientos. Podría ser que los ahorradores quieran disponer de un dinero que en la práctica está invertido a largo plazo, por ejemplo, en préstamos hipotecarios. Sólo una previsión adecuada sobre el comportamiento de los ahorradores, la profesionalidad de las entidades financieras en la concesión del crédito y la confianza de la sociedad en el proceso, pueden respaldar esta nueva forma de funcionamiento.

La cosa se complica aún más cuando los bancos consiguen el equivalente a nuevos depósitos mediante la emisión de productos financieros ininteligibles (para la casi todo el mundo) construidos sobre la garantía de créditos concedidos o inversiones realizadas por la entidad con el dinero inicial de los depositantes. Las ganas de crédito de la sociedad se sacian más pero a cambio de aumentar el riesgo. La gracia como siempre está en el equilibrio entre ambos objetivos: maximizar la cantidad de crédito y minimizar el riesgo. La experiencia de las últimas tres décadas ha mostrado la prevalencia del aumento del crédito hasta pervertir la principal función de la intermediación financiera. Se me pasó por la cabeza aunque tampoco lo comenté con mis amigos, que la burbuja financiera podrá ser un síntoma del deterioro de los países avanzados para competir en los mercados tradicionales de bienes. La innovación financiera se había convertido en una forma de generar renta protegidos de la competencia aunque como conocemos con una distribución muy desequilibrada de los ingresos y del riesgo.

Más allá de la estafa de los activos tóxicos emitidos por la banca norteamericana (comprados generosamente por la banca europea sin preguntas excesivas), la desmesurada magnitud del crédito inmobiliario en Irlanda y España es muestra de una conducta irresponsable en la concesión de crédito, por lo menos de acuerdo a la idea tradicional. No le va a la zaga, la magnitud de depósitos acumulados por el sistema financiero chipriota (casi 7 veces su producción anual) conseguidos al abrigo de una “vista muy gorda” en su origen y de remuneraciones a los ahorradores muy por encima de las habituales que, obviamente, necesita asumir mayor riesgo en las inversiones (por ejemplo, bonos griegos).

En las clases de economía se explica que el hecho de permitir a los bancos la emisión de dinero justifica la presencia del sector público para controlar y supervisar su desempeño, porque en caso de pérdidas serían los depositantes quienes pueden perder sus ahorros parcial o totalmente. Otras teorías abogan porque sea el propio mercado quien asuma la tutela, es decir cada persona, de manera que los ahorradores dediquen más tiempo y empeño en elegir donde localizarán sus depósitos al no tener garantías de nadie. La peor opción de todas es, sin duda, tener un regulador y supervisor que no cumpla su función, lo que ha pasado en Estados Unidos, Irlanda y España pero también en Holanda, Bélgica, Francia o Alemania; sin por ello exculpar la gestión de quienes pasaron de ser banqueros aburridos a agresivos financieros, percibiendo pagas estratosféricas por realizar una tarea que ha conllevado pérdidas millonarias.

Se me pasa por la cabeza que, además, habría que hablar de las diferentes teorías sobre política monetaria o de las grandes deficiencias del área monetaria no óptima creada con la moneda única, pero me parece que ya está bastante confundido el auditorio como para meterme en más historias en este momento. Por tanto, concluí con una reflexión bastante conocida: es imposible sorber y soplar a la vez que, en el tema tratado, significaría que aunque sea una demanda muy extendida, no se puede ampliar el crédito de forma indefinida sin que aumenten los riesgos en una medida similar, salvo que haya plena garantía de control externo del proceso. Algo que a la vista de la codicia de la condición humana y el mal funcionamiento de las instituciones queda todavía bastante lejos. Como casi siempre, la respuesta fue que mi opinión complicaba demasiado las cosas sin dar una solución fácil y rápida a sus cuitas.

Las exportaciones pilotan el saldo positivo de España con el exterior

La larga (y dañina) etapa expansiva de la economía española estuvo acompañada por un intenso deterioro del saldo en las relaciones comerciales con el exterior, en especial en el periodo delimitado por 2004 y 2009. El impulso sobre el consumo y la inversión sustentado por el desmesurado incremento de los medios de pago que fue articulado mediante préstamos hipotecarios (+664.808 millones de la etapa 2003-2009; 49,5% del PIB) generó, además de una gran deuda a las familias y promotoras inmobiliarias, una necesidad de financiación con el exterior que reflejaba la diferencia entre el ahorro y la inversión nacional.

En términos más coloquiales, los españoles consumíamos mucho más de lo que éramos capaces de producir y echamos mano de la producción realizada en otros países. Como no teníamos dinero para pagarlo nos lo fiaban los inversores extranjeros, con la lógica pretensión de recuperar la cantidad prestada con los correspondientes intereses.

Hay quien señala a los acreedores como culpables de la deuda acumulada por lo españoles al considerar que no debían haber prestado a quienes se endeudaban en exceso. El argumento es legitimo, pero no lo comparto. En mi opinión, el responsable último es quien acepta contraer la deuda, más cuando el préstamo no es imprescindible para vivir (se dirigía al pago de precios imposibles por una vivienda). En todo caso, el deudor puede compartir la responsabilidad con quienes le aconsejaban aceptar el crédito al trasmitir una opinión de normalidad en la decisión que adoptaba.

Más allá de esta interesante polémica, la economía española no podía mantener esa senda de endeudamiento y, necesitaba equilibrar el saldo de las relaciones con el exterior para no seguir realizando una transferencia anual de renta a terceros países, a la vez que cortaba ese peligroso y caro proceso de crecimiento de su deuda.

Las cifras de 2012 reflejan que España ha conseguido revertir el saldo hasta conseguir un superávit en bienes y servicios (1,4% del PIB) y un ligerísimo déficit  cuando se añaden las operaciones de rentas y transferencias(-0,2% del PIB). La principal causa de esta mejora se localiza en el incremento de las exportaciones españolas (19,5% nominal desde 2007), tanto de mercancías (20,2%) como de servicios (17,6%). La mejora en la capacidad de competir de los productos españoles explican las dos terceras partes de la mejora en el saldo con el exterior (66,8%), mientras que la disminución de las importaciones, en buena medida explicada por la depresión de la demanda interna en España, es responsable tan sólo de una tercera parte del avance (33,2% del total). Las exportaciones españolas han mejorado el equivalente a 5,7 puntos del PIB, mientras que las importaciones se han reducido en -1,2 puntos del PIB español en el periodo 2007-2012.

El deseado cambio en el signo del saldo de comercio exterior muestra que la economía española ha reaccionado favorablemente a las exigencias extremas creadas por una situación dramática y, la política de devaluación de precios comparados con los de algunos de los competidores, ha tenido su parte de influencia (no ha sido así en todos los países de la Zona Euro).

La pena ha sido aplicar esta política con un desequilibrado reparto de los esfuerzos en contra de los trabajadores que no han recibido a cambio la necesaria rentabilidad en número de empleos al estar mejor capitalizadas las empresas y tampoco a través de una evolución de los precios interiores más benévola con su poder adquisitivo.

Esfuerzos desequilibrados en la mejora de la competitividad

Los datos de Contabilidad Nacional de España en 2012 contienen alguna buena noticia y muchos elementos de preocupación. La reversión del saldo con el exterior hasta conseguir un superávit, es una gran noticia conseguida mayoritariamente por la mejora de las exportaciones (dos terceras partes del total). Después de 13 años de saldos negativos con el exterior (37,1 puntos del PIB acumulados), la economía española gracias en buena parte a la profunda ganancia en la productividad por ocupado (12,1% desde 2008), ha dejado en 2012 de filtrar riqueza al exterior de su demanda interna y tampoco ha necesitado financiación del exterior; aunque mantiene la gran deuda acumulada con terceros países (el saldo neto supera los 950.000 millones de euros).

El resto son preocupaciones. La actividad productiva se mantiene en descenso por sexto trimestre consecutivo (-1,42% de media en 2012) y la destrucción de empleo sigue siendo estremecedora (827.500 ocupaciones al final del ejercicio) también influida por el uso del perfil pasivo en la mejora de la productividad por ocupado.

El motivo de esta entrada no es éste. Quiero concentrar la atención en la relación entre costes laborales, inversión no residencial y evolución de los precios. La economía española necesita ganar cuota de mercado y, a corto plazo, la mejora comparada con terceros de nuestros precios es casi el único factor al que podemos acceder al no poder cambia de repente nuestra dotación de capital y tecnología. Para hacerlo es preciso que la retribución de los factores se acomode a este objetivo. El resultado en 2012 muestra que los costes laborales lo han hecho y, mucho, como refleja la disminución de la remuneración de los asalariados (-27.582 millones). Una parte de su esfuerzo se ha perdido con la disminución de la actividad (-12.151 millones), otra ha ido al pago de impuestos (5.025 millones) y el resto a la mejora del excedente bruto de explotación y las rentas de los trabajadores autónomos (10.406 millones).

El intercambio de renta entre trabajadores y empresarios puede ser interesante para los primeros cuando se dirige a inversión, ya sea de reposición o ampliación de la capacidad productiva, porque de esa manera las empresas están mejor preparadas para competir e, incluso pueden hacerlo con bienes de más calidad. La información disponible indica que no ha sido así, por lo menos en las grandes cifras. La inversión distinta a la construcción, la de bienes de equipo y activos fijos inmateriales, no sólo no ha aumentado sino se ha reducido en 2012 (-2,9%; -2.283 millones de euros). De esta forma, se puede suponer que el destino de la transferencia de los trabajadores ha sido el beneficio distribuido por las empresas o el pago de sus deudas.

Para analizar la evolución de los precios no quiero utilizar el mal dato del IPC (2,9%) al haber estado afectado por la subida del IVA y de algunos precios públicos. Aunque no es descabellado pensar que el incremento de 2 puntos en el primero debería haber sido absorbido a medias por los principales factores, el trabajo y capital. Algo que se intuye no ha sido así. Por eso prefiero utilizar el índice de precios de la producción interna (deflactor del PIB: 0,3% nominal) que nos muestra una gran colaboración de la remuneración de asalariados para estabilizar los precios (-2%), en contraposición al excedente empresarial (1,6%) y los impuestos sobre la producción (0,6%). En palabras más coloquiales, los empresarios españoles no se han comprometido lo suficiente con el esfuerzo de moderar los precios para ganar competitividad. Por supuesto es un análisis agregado y, seguro que ha habido empresarios que lo han hecho, pero los que no han colaborado en el empeño han entorpecido el esfuerzo del resto de las empresas y, sobre todo, de los trabajadores.

Conviene recordar que salir del profundo pozo en el que estamos es tarea de todos, no debe recaer sólo en los trabajadores y una parte de las empresas.