Cuentas de la Seguridad Social en 2012. No matar al pianista

La oficina estadística de la Unión Europea acaba ratificar un déficit de la Seguridad Social española en el ejercicio 2012 de -10.131 millones de euros, de manera que según estos cálculos, los gastos han sido superiores a los ingresos en una cantidad equivalente al 1% del PIB.

En cuanto escuchan la noticia, amigos y conocidos piensan inmediatamente que no cobrarán la pensión y, no tardan en requerirme para confirmar su mal presentimiento. La respuesta no es nada fácil porque hay que comenzar explicando que las cuentas de la Seguridad Social incluyen no solo a las pensiones sino también otras prestaciones que en unos casos son contributivas (incapacidad temporal y maternidad) y, en otros, tienen carácter no contributivo (prestaciones por hijo a cargo y algunos servicios sociales) o universal (sanidad en Ceuta y Melilla). No me atrevo casi a mencionar la diferencia entre la contabilidad con el criterio de devengo (hechos reconocidos) y el de caja (hechos realizados) aunque en tiempo de crisis como el actual tiene una gran importancia en los ingresos porque algunas empresas reconocen que tienen una deuda pero no pueden pagarla. Ni se me pasa por la cabeza mencionar que la presentación bajo el criterio de Contabilidad Nacional, la utilizada por la Unión Europea y, por tanto, la fetén, es una mezcla de los dos criterios.

Después de eliminar aspectos colaterales me concentro en decirles que el segmento contributivo de la Seguridad Social donde están incluidas las pensiones, ha tenido déficit por primera vez desde hace muchísimo tiempo (alrededor de 7.000 millones de euros de acuerdo al criterio de medición europeo; 0,7% del PIB). Es cierto, después de muchos años con abultados superávits, los ingresos por cuotas sociales pagados por los trabajadores (en concepto de salario diferido) y la aportación de impuestos para pagar los complementos por mínimos de las pensiones, no han sido suficientes para hacer frente a los pagos anuales. La combinación de un continuo aumento en el número de beneficiarios con cuantías medias superiores y una brutal crisis económica ha provocado este resultado.

Miro las caras de mis interlocutores que dicen más o menos, pues eso, que adiós a las pensiones. Mi respuesta, sin embargo, es no. No poder pagar un año las pensiones con los ingresos habituales es una mala noticia que debe estar acompañada de algunos otros criterios antes de conseguir una valoración definitiva. En primer lugar, en 2012 hemos podido pagar las pensiones porque en las épocas buenas guardamos el excedente en “un bote”, el Fondo de Reserva. De modo que antes de comenzar 2012 se disponía de 68.815 millones de euros y, después de haber asumido el pago correspondiente a ese ejercicio todavía restan 63.008,58 millones de euros. Les aclaro que no es la garantía eterna del sistema público de pensiones porque éste depende de otras variables (actividad económica, empleo, distribución factorial de la renta y decisiones sensatas en la dimensión de las pensiones) pero sirve para cubrir un horizonte de 5 años incluso en un contexto pésimo, como el actual. Me permito una licencia en la explicación y les recuerdo que hay que valorar la buena gestión de los excedentes porque cuando las cosas iban bien había muchas presiones para subir las pensiones y bajar las cuotas sociales y, sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de tomar las decisiones, eligieron guardar el dinero para ocasiones menos buenas que como hemos comprobado, siempre llegan. Es decir, se armaron de valor, aguantaron la presión y “apagaron la luz y la música en medio de la fiesta” aunque en ese momento no recibieran precisamente buenas críticas. Se me pasa por la cabeza lo bien que le habría venido a la sociedad española más personas con esa opinión y la suficiente determinación para llevarla adelante.

No hay, por tanto que dormirse en los laureles, pero se dispone de ese mecanismo para afrontar una mala racha porque no sería adecuado adoptar decisiones estructurales solo guiados por una situación coyuntural como lo es la peor parte del ciclo económico. Con mayor motivo en un tema como el sistema de pensiones que debe ser planteado desde una perspectiva temporal de análisis suficientemente larga. Nos costará superar la actual crisis pero lo haremos, porque además, de no ser así, el principal problema de la sociedad española no va a ser el pago de las pensiones.

Les recuerdo que para analizar la actual situación es preciso conocer que la disminución de ingresos por cuotas sociales en 2012 debido a la destrucción de empleo equivale al 0,5% del PIB, de manera que sólo con este ingreso, el déficit se reduciría al 0,2% del PIB. Pero si se tiene en cuenta la destrucción acumulada desde el inicio de la crisis, la pérdida de recaudación asciende al 1,6% del PIB, es decir, de contar con esos ingresos el sistema mantendría su superávit. Como no soy un ingenuo y no me gusta abrir expectativas no cumplibles a la gente, les traslado la dificultad de conseguir recuperar casi 3 millones de puestos de trabajo, pero el análisis a largo plazo debe incorporar esta variable y, les repito, a corto plazo disponemos del Fondo de Reserva.

Les avanzo una conclusión, el déficit del sistema de pensiones en 2012 tiene un componente fuertemente coyuntural y, por tanto, no debe ser utilizado para aplicar reformas estructurales. Les aclaro que mi afirmación no significa que se pueda pagar en 2050 cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas que habrán generado su derecho debido a la evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida, pero hay posibilidades ciertas de establecer unas cuantías bastante dignas con una transferencia de renta entre generaciones razonable. Miro la cara de mis interlocutores y, creo haber incorporado algunos argumentos de peso para mejorar su tranquilidad. Me ahorro decirles que mi idea sobre cómo debe funcionar el sistema de reparto no es compartida por todos, pero también pienso que la sociedad española será inteligente y elegirá una opción sensata para defender sus intereses individuales y comunes.

Algo falla

Conocidos los muchos y complejos problemas que sufre la población española, el título "Algo falla" permite un amplio abanico de temas sobre los que hablar.

Esta época del año es especialmente deliciosa para un aficionado al fútbol como yo. La mítica Copa de Europa, ahora bajo la definición anglosajona de Champions League, llega a su apogeo. Este año es especialmente atractiva, en mi opinión van a competir los cuatro mejores equipos de Europa. Dos españoles y dos alemanes. No, no voy a seguir hablando de fútbol aunque me permito la licencia de transmitir a los no futboleros la gran cantidad de satisfacciones que provoca a quienes nos gusta. El origen de este post es la diferencia en el precio de las entradas de un mismo partido según el país donde se juegue (la eliminatoria es a doble partido para los no interesados en la materia). El mayor coste de la entrada en España es de 100 euros, según la información que leo. Un dineral para la mayor parte de la gente, pero más en una situación de severa crisis económica como la que atravesamos (no vale decir que los ricos no tienen crisis porque no solo los ricos van al fútbol).

A partir de aquí comienzan las especulaciones sobre la causa. Algunos dirán que es lógica la diferencia porque el Real Madrid y el Barcelona tienen más presupuesto para pagar los sueldos multimillonarios que perciben sus estrellas balompédicas. Me da la impresión que la principal diferencia en los ingresos estriba en el merchandising, es decir, en la venta de camisetas y derechos de imagen. Pero para no concentrar la polémica en este tema puedo buscar otras comparaciones, por ejemplo el precio de una comida o una cerveza no sólo en una ciudad alemana (no es difícil encontrar precios más baratos que en España) sino también en Bruselas o, incluso en París, en el caso de la comida, como pude comprobar recientemente al cenar en el mismo centro más que dignamente (con una copa de vino), por 18 euros, sin tener que buscar mucho. Les reto a que se tomen una simple cerveza (nada de cerveza de abadía con doble fermentación mirando la grandiosidad de la Gran Plaza de Bruselas) en la Plaza de Santa Ana de Madrid y comprueben el precio.

Estoy hablando de hostelería, una actividad donde España tiene oferta para dar y tomar. No solo perdemos en entradas de fútbol, en esta última comparación también salimos maltrechos y por no alargar el comentario, también en la mayor parte de los capítulos de la vida cotidiana. Cuando la recesión dura ya casi cinco años no parece lógico acabar con un IPC en 2012 del 2,9% (dic/dic) aunque se hayan producido subidas de precios públicos y del IVA.

La pregunta entonces es por qué pasa. Compruebo los impuestos y, no me parecen inferiores en esos países, más al contrario su presión fiscal (sobre PIB) es bastante superior a la de España. No un poco, bastante (8,8 pp del PIB más en Alemania que en España, 13,7 pp del PIB más en Bélgica y 15,1 pp del PIB más en Francia en 2011). Bueno, habrá que mirar entonces los salarios, al ser éste un factor intensivo en algunas de las actividades productivas. Tampoco encuentro explicación en los salarios al comprobar que el coste laboral por hora es superior en Alemania (26,9 euros), en Francia (32,28 euros) y Bélgica (33,41 euros) que en España (20,49 euros por hora). Si los culpables no son los salarios y los impuestos, hay que buscar otras causas. Se me ocurre pensar que el coste de la energía es mayor. Hace poco leí en un periódico que el precio de la electricidad en España era en 2011 un 31,4% superior a la media.

Bien algo hemos encontrado, pero el precio de la luz no puede justificar por sí solo el desaguisado en diferencial de precios. Le doy vueltas a la cabeza y se me ocurre otra variable con incidencia en este asunto, el precio del alquiler que deben pagar los empresarios para desarrollar su actividad. Desgraciadamente no hay estadísticas fiables en este área pero la información que oyes por ahí y, sobre todo, la estrechez del mercado de alquileres en España permite pensar que los precios de los alquileres de aquí son superiores a los vigentes en los países de nuestro entorno y, parece que entonces la renta obtenida por la propiedad es excesiva sin ajustarse a las necesidades de una economía sana y, menos a las actuales condiciones de recesión. Vaya, me digo, otra vez el alquiler aparece como una causa con influencia en un problema grave de este maltratado país.

Después de realizar este examen de urgencia (se me ha ocurrido mientras venía en el Metro al trabajo), queda otra causa, el beneficio empresarial. La información disponible en la anterior etapa de bonanza y en la recesiva que sufrimos ahora, muestra su falta de compromiso con una evolución de los precios adecuada a las necesidades del país. Por supuesto el reproche no es extensible sólo a los empresarios, ni siquiera a todos los empresarios, pero sí a los suficientes para que su incorrecta conducta fastidie bastante las posibilidades de recuperación de nuestra economía y deteriore la calidad de vida de muchos españoles.

No es imprescindible ir a un partido de futbol, tampoco tomar cafés o cañas fuera de casa, pero sí lo es disponer de un lugar para vivir, comprar comida, acceder a un transporte a precios razonables o disponer de una gafa si tu vista no es buena. Por tanto, como en las fábulas, una moraleja, si tenemos que ser como los alemanes, también debemos serlo en disponer de unos precios adecuados a nuestras posibilidades, porque debe dejar de ser una utopía vivir con unas condiciones mínimas de dignidad con 1.000 euros al mes.

Consecuencias de un intercambio de cuotas sociales por IVA

Uno de los temas habituales objeto de debate en el ámbito económico es la excesiva dimensión de la cuota social pagada por el empleador por el uso del factor trabajo, al considerarla un elemento que lastra la capacidad de competir de las empresas. Cuando se considera estar en esa posición, más en una situación tan extrema como la que sufre España, algunas voces entre las que se encuentra la Comisión Europea, proponen la sustitución parcial de la cuota del empleador por un incremento en el Impuesto sobre Valor Añadido.

El correlato que manejan los defensores de la operación es, más o menos, el siguiente. La bajada de la cuota social del empleador reduce el coste laboral y, por tanto, le permite a la empresa bajar el precio final de sus productos, con la consiguiente mejora de cuota de mercado. Las mayores ventas aumentan el empleo de la empresa incrementando la recaudación de los ingresos públicos, como suma de más cuotas sociales e impuestos. Por el otro lado, la elevación del IVA no entorpece la labor de mejora de la cuota de mercado con el exterior al no operar en ese proceso (el precio de venta al exterior se calcula sin IVA nacional) y, a corto plazo, sirve para compensar la pérdida de ingresos públicos en la que se incurre por la baja de cuotas. Por último, la bajada de cuotas compensada por una subida del IVA reduce el precio relativo de los bienes y servicios españoles (la bajada de la cuota afecta a precios internos y la subida del IVA a los externos). Adicionalmente, el intercambio de cuotas por IVA tiene un componente estructural al ampliar la base para financiar las prestaciones sociales, en este momento muy concentrada en las cuotas. Un cambio más coherente con la pérdida de protagonismo del factor trabajo dentro del proceso productivo en las economías más avanzadas. Así presentado, todo son ventajas. Hagámoslo. El análisis detallado de la operación muestra algunos perfiles no tan favorables. Como elemento previo, el peso de la cuota social del empleador en España medido sobre PIB es ligeramente inferior a la media de la Zona Euro (11% frente a 11,5%). No es una prueba concluyente porque lo importante es la capacidad de vender tus productos y la productividad por hora trabajada, pero por lo menos nos sirve para conocer la situación de partida. Más importante es establecer la solidez del razonamiento antes de reducir un componente del salario del trabajador.

La traslación de la disminución de un coste, en este caso laboral, al precio final del producto necesita de un acto intermedio, no aumentar los beneficios distribuidos (el hecho de proceder a su reinversión sería inicialmente positivo). No vamos a suponer una conducta tan mezquina del empresario, de forma que continuamos con el análisis. Conseguir una mayor recaudación por IVA es imprescindible para compensar el menor ingreso por cuotas. Tampoco vamos a cuestionar este objetivo; pero la elevación sí suele finalizar en una subida de los precios nacionales (como hemos comprobado en 2012) que deteriora la capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los trabajadores .Para suplir la pérdida necesitan presionar para elevar su salario monetario que, de conseguirlo, incrementa a su vez los costes laborales y absorbe la inicial mejora conseguida en competitividad precio con la bajada de cuotas. Total que finalizado el proceso, en el mejor de los casos, se produce un efecto neutral en términos de competitividad con un empeoramiento de la inflación interna.

Parece claro que para que funcione el invento, se necesita una impecable compensación de ingresos entre bajada de cuotas y subida de IVA (una hipótesis comprobada como no cierta en 1995 que, de volver a producirse pondría en riesgo el pago de las prestaciones sociales de carácter contributivo), pero, sobre todo, la asunción de los trabajadores de una pérdida de su poder adquisitivo al renunciar a la subida salarial. No creo exagerado decir que la medida pretende, en última instancia, bajar los salarios reales sin que se note mucho. Por qué si no elegir la vía de las cuotas cuando lo importante es la dimensión de los costes laborales totales. Se me ocurre una explicación, la mayoría de la población no sabe que la cuota social del empleador es propiedad del trabajador al ser salario diferido que percibirá en el futuro (la pensión, por ejemplo).

Ante la necesidad de mejorar la competitividad mediante el precio de los productos (imperiosa para España mientras no cambien las actuales circunstancias) parece más sólida la idea de utilizar una vía alternativa de repartir los esfuerzos entre el factor trabajo y capital dentro de la negociación colectiva, utilizando el salario monetario y los beneficios distribuidos. Sí, ya sé que la experiencia reciente no ha sido exitosa debido a una inadecuada política de subida de los precios públicos y la ausencia de la necesaria colaboración de una parte de las empresas españolas. También soy consciente que una rebaja de la cuota es una forma rápida y generalizada de modificar el coste laboral en todo el país, pero aún así, de considerar necesaria la devaluación interna, la fórmula de la negociación colectiva me parece más conveniente porque incluso en el supuesto de un desequilibrado reparto de los esfuerzos entre trabajadores y empresarios, por lo menos no se pone en peligro la financiación del sistema de pensiones que ya tiene bastante con afrontar las dificultades provocadas por un intenso proceso de destrucción de empleo (el peligro de no compensación de ingresos debido al fraude se suma a una recaudación por IVA más volátil que la de cuotas sociales). El uso de la negociación colectiva tiene otras ventajas: hacer transparentes los esfuerzos para salir adelante en este momento crítico e, intentar reforzar el compromiso de todos los agentes con el futuro del tejido productivo español. Obviamente, los trabajadores querrán una contrapartida, mantener su empleo ahora y participar en los beneficios cuando las cosas vayan bien.

Alquiler de vivienda y modelo productivo

Ante tanta desgracia a nuestro alrededor y aluvión de críticas sobre cuestiones del pasado (que bien nos hubieran venido haberlas escuchado en tiempo y forma), algunas personas te invitan (no siempre de buenas formas) a plantear propuestas de futuro. La primera que se me pasa por la cabeza es no repetir los errores en los que se ha incurrido y, por ende, abandonar los atajos para afrontar la realidad de frente, con esfuerzo y mucho coraje.

Me imagino que hay muchas propuestas, pero a mi me gusta mucho la recogida en una tribuna que escribí en junio del año pasado con Carlos Martín y Luis Zarapuz en el diario CincoDías. En ella se postulaba que la economía española deje de apoyar su crecimiento en las operaciones inmobiliarias y se limite a construir las viviendas que realmente necesita. Esto implica aprovechar adecuadamente las viviendas vacías en núcleos urbanos donde hay demanda y convertir en solventes a las personas que no pueden serlo porque no tienen renta suficiente para pagar los precios actuales. 

La larga experiencia de la política pública de "apoyo a la piedra" o, lo que es lo mismo de apoyo a la tenencia en propiedad de la vivienda, iniciada con la dictadura franquista y continuada hasta antes de ayer, nos ha llevado a precios caros (y eso que han bajado bastante en los dos últimos años), inmensa deuda y un sistema bancario muy tocado, siendo benevolente en el juicio. Sin el exceso de préstamos inmobiliarios solicitados ante la inexistencia de fórmulas alternativas de acceso a una vivienda a precio accesible que fueron concedidos por las entidades de aquella manera, es decir, sin la prudencia razonable en la valoración del riesgo, no habría habido hipertrofia de ese tipo de créditos. Imposible por tanto, acumular fallidos y, de esa forma queda eliminada esa vía para dañar la solvencia de los bancos (antes también cajas).

La forma de cambiar el modelo productivo imperante durante demasiado tiempo en España pasa por cambiar a una ambiciosa política pública de apoyo al alquiler junto con una Ley Hipotecaria que recoja la fórmula de dación en pago. Sí, ya lo sé, el uso de la dación en pago a partir de este momento puede reducir el número de préstamos hipotecarios, pero a cambio se equilibrará el riesgo ahora soportado casi en su totalidad por los prestatarios, porque los bancos deberán medir más sus concesiones. Además, a la vista del resultado no veo cual es el interés de acumular préstamos hipotecarios por valor de 1 billón de euros que bloqueará durante más de una década una parte significativa del ahorro nacional, al tener que destinarlo a pagar un activo depreciado. Un modelo que también ha dejado secuelas en ayudas públicas (vamos por 68.000 millones de euros) que, en el mejor de los casos, se recuperarán en un 40 por ciento dentro de un buen puñado de años. Por cierto ¿quien pagará a la sociedad española el coste del bloqueo de crédito que dura ya 5 años y ha costado miles de puestos de trabajo destruidos al negar a las empresas dinero para financiar su circulante?. La actual cultura de la vvienda en propiedad afecta también a la vejez al no disponer de liquidez en muchos casos para afrontar nuevos gastos que aparecen en una vida más larga.

El coste anual de la deducción en el IRPF de la vivienda en propiedad roza los 6.000 millones de euros. Un dineral que ha servido básicamente para incrementar el precio final de la vivienda. Una tercera parte de ese dinero dirigido a bonificar el alquiler de acuerdo al nivel de renta y circunstancias familiares (concesión al inquilino que recibiría el propietario) permite 2 millones de actuaciones con muchas posibilidades de reducir el precio real para el inquilino hasta la tercera parte de su renta. Ese logro dinamizaría un mercado bastante corto y, sobre todo, satisfaría una demanda insatisfecha y mejoraría la calidad de vida de los beneficiarios. Un muy buen convenio colectivo en un tiempo en los que se pretende que los trabajadores vivan con poco dinero.

En el nuevo escenario, los bancos se dedicarían a otros asuntos, como concentrar su actividad en la concesión de créditos para aumentar la capacidad productiva de empresas con proyectos competitivos y sostenibles en el tiempo. Empresas de mayor dimensión que afronten inversiones con más tecnología para consolidar y ampliar sus productos en el mercado nacional e internacional. El mercado de la vivienda tendrá esa necesaria competencia para abaratar los precios que no ha dispuesto durante décadas al haber gozado de una posición de casi monopolio la compra frente al alquiler.

Es una buena propuesta a disposición de quien quiera utilizarla. El problema, enfrentarse a la cultura del dinero fácil y los intereses espúreos de una minoría no tan pequeña Para pasar a creer en una economía distinta, más dinámica, enla que el valor se mida por la capacidad de producir cosas útiles y valiosas que se puedan vender en todo el mundo y está limitada a inmovilizar el ahorro en una vivienda.

Un anticipo, a falta de una lectura detallada, la información disponible sobre el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación y Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 aprobado en el último Consejo de Ministros, no cumple con el mínimo necesario para pensar que apoya la línea de trabajo expuesta en esta entrada del blog. Nuevamente, al igual que hizo la anterior administración durante 8 años, la elección pasa por un título grandilocuente y poca ambición en su contenido.