Pensar sobre Economía

Sobre el blog

Un espacio para pensar con rigor y ánimo constructivo sobre las cosas que influyen en las relaciones económicas, las privadas y públicas, que interesan a las personas. Esas muchas cosas que además tienen un perfil ético con mucha influencia en el desarrollo de una sociedad.

Sobre el autor

Miguel Ángel García Díaz

: Responsable del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras y Profesor colaborador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

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Informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones

Por: | 08 de junio de 2013

El Comité de expertos sobre el factor sostenibilidad del sistema de pensiones ha finalizado sus trabajos con un Informe final al que he dado mi voto favorable con un voto particular sobre su fecha de aplicación.

La orientación de mi voto se apoya en varias causas. La primera es la defensa de un sistema público de pensiones de reparto, es decir, con fuerte solidaridad entre generaciones. Pero esta declaración no sería motivo suficiente si considerara que el sistema no fuera capaz de proporcionar pensiones que permitan a la población española mantener un bienestar cercano al que disfrutaban cuando está trabajando.

El Informe advierte de forma clara de los retos a los que se debe dar respuesta. La mayor esperanza de vida implica más años de percepción de la pensión. En la actualidad la vida media a partir de los 65 años es de 20 años y parece que en futuro aumentará. Por otra parte, un sistema de reparto significa eso, repartir una parte de la renta creada por quienes trabajan en un determinado momento a la población que ha finalizado su vida laboral activa. Se trata de una transferencia de renta entre generaciones. Mayor crecimiento económico implica más recursos pero una senda de inferior aumento de la renta limita las posibilidades y, también debe ser tenida en cuenta.

Los sistemas de pensiones de reparto pueden incurrir en déficits presupuestarios circunstanciales, pero éstos no pueden ser eternos porque llega un momento en el que no se dispone de recursos para hacer frente a las obligaciones. Por tanto, buscar su equilibrio presupuestario a largo plazo es un objetivo de toda la sociedad, tal y como recogió desde su inicio el Pacto de Toledo. Un sistema de pensiones debe ser viable hoy, pero también en el futuro porque quienes se jubilen en cualquier momento del tiempo deben tener la seguridad de contar con los ingresos precisos para cobrar su pensión.

El sistema de pensiones español se enfrenta a un reto excepcional en su historia, pagar las pensiones a la generación baby boom, es decir, asumir de forma progresiva el pago de un 70% más de pensiones en 2046 (pasar de 9 a 15 millones). Un gran reto que debe ser asumido como una obligación de la sociedad porque estas personas trabajan muy duro ahora para asumir las actuales obligaciones del sistema de pensiones.

Con los ingresos actuales (alrededor del 10,2% del PIB), se producirá un deterioro de la relación en pensión media y salario medio o, lo que es lo mismo, la pensión puede crecer en términos reales pero se alejará del objetivo de mantener un bienestar cercano al que tenía cuando el trabajador estaba en activo (primer párrafo de la p.21 del Informe).

El Informe recoge y advierte de todos estos riesgos, también del último, el más desconocido para la opinión pública pero también el más complicado. Ante estas circunstancias, el Informe enumera las posibles salidas. Asumir la pérdida en la calidad de vida o buscar otras soluciones. La más evidente aumentar los ingresos del sistema público de pensiones (no solo con cuotas sociales sino también con impuestos) para hacer frente a esa circunstancia hasta alcanzar niveles similares a la media de la Zona Euro. Aunque no lo concrete en números, significa pasar del 10,25% del PIB actual en España al 13,5% del PIB. (2010) que ya gasta de media en la Zona Euro porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom.

Elegir una u otra opción es competencia de los poderes públicos contando con la ayuda del Pacto de Toledo. Mi opción individual no ofrece ningún género de dudas: buscar esos ingresos adicionales para no dejar en la estacada a esa generación. Pero no puedo imponer mi opinión a todo el mundo, aunque si se lee atentamente el segundo párrafo de la p.6 del Informe se encuentra una referencia importante en el mismo sentido. Mi trabajo en el Comité llega hasta obtener una redacción en el Informe que deje la puerta abierta a esa posibilidad de la acción de la política. Entre otras cuestiones porque con el Informe en la mano, quien elija deteriorar la relación pensión media y salario medio tendrá que explicar porque no quiere mantener un nivel de gasto como el de la media de los países de la Zona Euro y, para ello buscar los ingresos adicionales necesarios. No me parece una cuestión menor incluir de manera nítida este importante problema y su posible solución.

La aplicación de las dos fórmulas incorporadas como factor de sostenibilidad no condiciona el resultado de la pensión. La que contempla la evolución de la esperanza de vida es un parámetro más añadido a los actuales (número de años para calcular el porcentaje de la base reguladora, periodo utilizado para el cálculo de la base reguladora y edad de acceso a la jubilación) que poco a poco se está incorporando en los países de la Zona Euro. A legislación constante, el aumento en la esperanza de vida significará una disminución de la pensión inicial porque el pensionista la cobrará durante más tiempo (un concepto similar a la actual jubilación anticipada), pero es preciso recordar que el resultado final también es modulable, en caso de que los poderes públicos quieran modificarlo.

La fórmula de actualización anual de la pensión implica un cambio respecto al uso del IPC para mantener el poder adquisitivo de la cuantía inicial (aunque ahora no siempre se cumpla), pero en sí misma no determina ningún resultado, porque está influida por el número de pensiones a pagar, el nivel de gasto total del sistema y … los ingresos. Esta es una diferencia fundamental respecto a otras fórmulas utilizadas en países europeos, por ejemplo Alemania. Nuevamente, aparecen los ingresos del sistema y ¿quién decide sobre ellos al igual que del resto de los parámetros utilizados para determinar la pensión? los órganos y canales de decisión democrática, quienes son los únicos responsables del diseño y gestión del sistema de pensiones. Ningún gobierno se puede apoyar en esta fórmula para justificar un menor crecimiento de las pensiones.

La fórmula es simétrica en solicitar esfuerzos y permitir el acceso a ventajas a los pensionistas. Si cualquier formación política procura los ingresos suficientes para alcanzar progresivamente el 14% del PIB de gasto (el previsto por la Unión Europea para España en 2050), la fórmula de actualización anual puede generar crecimientos anuales de la pensión superiores al IPC. Afirmar que la fórmula condena a los pensionistas a congelaciones o disminuciones de su prestación, es simplemente faltar a la verdad.

Las dos fórmulas recomendadas que forman el factor de sostenibilidad son un instrumento que mantiene el sistema de pensiones sobre los carriles que ha definido la política, el lugar donde reside la soberanía popular. Un principio de jerarquía básico que el Informe deja claro desde el principio (cuarto párrafo p.2). Eso sí, alertan sobre problemas que pudieron no ser tomados en cuenta de manera suficiente por los diseñadores de la política.

Mi diferencia con el Informe se sitúa en el momento de aplicación. He elegido 2019 porque es el momento en el que se agotaría el Fondo de Reserva de no normalizarse en un tiempo razonable la situación económica de España y porque, en mi opinión, un cambio como éste requiere del tiempo necesario para que la población lo conozca en profundidad y, así evitar incertidumbres innecesarias en un tiempo ya demasiado difícil.

Una cuestión muy importante, los retos y riesgos del sistema de pensiones español están ahí y aunque no se aplique ningún factor de sostenibilidad, si no se dota el sistema de más ingresos, se producirá en el futuro no muy lejano una reducción significativa de la relación entre pensión y salario que, además, al no contar con mecanismos de alerta pueden derivar en repentinos e intensos recortes de la pensión cuando se considere insostenible el déficit. Entonces, la distribución de los esfuerzos por cohortes y generaciones será muy desequilibrada.

La valoración del Informe es personal pero sería conveniente que antes de alcanzarla y airearla por ahí, se procediera a una lectura detallada de su contenido.

Una última cosa, todo mi trabajo desde que colaboré a redactar el Pacto de Toledo en 1993 ha sido y sigue siendo, conseguir un sistema público de pensiones con prestaciones suficientes que se puedan pagar ahora y en el futuro, es decir, que permita a todos los trabajadores españoles vivir dignamente con la pensión que le facilita el sistema público. Nunca me han interesado ni me han seducido las maniobras tácticas de ningún partido político para llegar al gobierno.

¿Qué modelo de pensiones públicas quiere España?

Por: | 30 de mayo de 2013

The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060) es un informe elaborado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea donde se recoge una amplia información sobre la posible evolución de los sistemas públicos de pensiones, a partir de la situación actual y las reformas en marcha.

En su anexo se incluye la evolución del gasto público en pensiones prevista para los 27 países miembros de la Unión Europea. La proyección para España tomando en cuenta la reforma paramétrica aprobada en 2011, presenta un crecimiento importante del gasto en pensiones sobre el PIB desde el 10,1% en 2010 hasta el 14% en 20150 para después disminuir ligeramente hasta el 13,7% del PIB en 2060.

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Como se puede apreciar en la tabla y gráfico adjunto, la senda proyectada para España en su gasto en pensiones públicas es bastante similar a la de Alemania, aunque en este país la presión del gasto se desacelera a partir de 2040. El gasto en pensiones sobre PIB en ese largo periodo temporal, previsto por la DG de Asuntos Económicos para Francia, Austria, Italia y Finlandia es, en todos los casos, superior al de España, incluso ahora, porque allí se ha adelantado el fenómeno del baby boom. En todos estos países, el sistema público de reparto es el que provisiona la renta principal a los pensionistas, sin que esta elección les impida superar a todos ampliamente la media de renta por habitante de la UE27 y de la Zona Euro.

La situación es muy distinta en Reino Unido, Irlanda y Holanda cuyo sistema público está construido sobre “una pensión zócalo” con aportaciones complementarias desde los sistemas de capitalización gestionados por el sector privado. Tampoco en Suecia donde convive un sistema público de reparto de cuentas nocionales con un complemento de capitalización. En todos ellos el gasto público en pensiones es muy inferior a la media de la UE27.

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Mi opinión en este tema es igual a la declarada sobre la presencia del sector público, quiero que España se parezca a quien vive mejor que nosotros y, salvo que cambien mucho las cosas, la mayor parte de ellos tienen mejores perspectivas de crecimiento económico y una mayor cohesión social. Suecia y Holanda cumplen estas características pero me seduce más la idea de ser como los más grandes, por ejemplo Alemania, porque, además, implica no tener que cambiar de modelo de pensiones; algo que por otra parte, siempre incluye efectos colaterales no previstos (o no contados).

La senda de gasto en pensiones públicas que prevé la Comisión Europea para España hasta 2050 no se desvía de las de Alemania, Finlandia o Austria -es inferior a la de los dos últimos-, pero este hecho no reduce la dimensión de nuestro reto, porque para no incurrir en un desequilibrio presupuestario estructural, la sociedad española necesita dotarse de ingresos adicionales sobre los actuales (10,25% del PIB en 2012). Tenemos margen (9 puntos del PIB de diferencia en los ingresos públicos con la media de la Zona Euro) pero hay que tenerlo claro y ponerse rápido manos a la obra.

Un ruego: pensar antes de bajar los impuestos

Por: | 22 de mayo de 2013

El otro día me abordaron después de una charla para decirme que era necesario bajar impuestos para fomentar la demanda interna y, así, colaborar a la salir de la recesión que tanto nos hace sufrir. Quien me lo dijo argumentó haberlo escuchado en muchos medios de comunicación como elemento de peso casi incontestable.

Lo primero que se me pasó por la cabeza fue alegrarme por el equilibrio conseguido en la balanza de pagos, porque aunque todavía precario, abre márgenes para aplicar políticas de expansión de la demanda interna española sin incurrir en el riesgo de transferir renta al exterior o, o lo que es lo mismo, no acumular deuda para generar actividad en otro país.

Pasado el primer alborozo por éste exito colectivo, recordé que el saldo negativo de las cuentas públicas españolas fue todavía muy amplio en 2012 (alrededor del 7% sin tener en cuenta los gastos extraordinarios) y que el objetivo para este año era reducirlo al 6,2% del PIB. Pero bueno, para rebajar el déficit tanto vale reducir el gasto como aumentar los ingresos, y la teoría del multiplicador de la demanda agregada dice que una bajada de impuestos puede aumentar en una proporción mayor la actividad económica a través del impulso en el consumo y la inversión. De ser así, la pérdida inicial de recaudación se convertiría en un aumento superior de los ingresos públicos, además de haber colaborado a crear empleo (o como mínimo a no destruirlo).

Suena bien la operación si se cumple el encadenamiento. Como soy un poco desconfiado con mis primeras impresiones, recuperé de mi cabeza que el efecto multiplicador de los impuestos es inferior al del gasto público porque el receptor de la bajada puede decidir no dedicar al consumo o la inversión su mayor renta sino que puede destinarla a … ahorrar. Seguí con el razonamiento y pensé que por dos motivos, el actual contexto es el ideal para aumentar el ahorro. El primero como dice la teoría económica es el motivo de precaución que en palabras coloquiales significa que quien aumenta su renta por una bajada de impuestos puede pensar que es mejor guardarlo, por si acaso pierden su empleo o su negocio empeora. El segundo porque un país muy endeudado como es España (la deuda privada sigue instalada en 2 billones de euros), las personas y las empresas pueden dirigir esa mayor renta a reducir la deuda. A desapalancarse como se dice en la jerga económica.

Si estos dos efectos predominan sobre el de consumir e invertir más, la operación de bajada de impuestos no cumpliría con el objetivo de mejorar la actividad económica y, sin embargo, empeoraría la muy delicada posición de las cuentas públicas españolas. Por otro lado, pensé, que con unos ingresos públicos inferiores en 9 puntos del PIB a la media de la Zona Euro, bajar los impuestos parecía algo estrafalario.

Después de tanto pensar, la persona que me había abordado, ya se había ido; pero bueno, pensar siempre ayuda a ordenar las ideas.

¿ha pasado lo peor de la crisis? una pregunta de difícil respuesta

Por: | 04 de mayo de 2013

Un amigo me comentaba el otro día su confusión ante las noticias contradictorias que escuchaba en los medios de comunicación sobre la evolución de la crisis. No veía por qué algunos afirmaban que había pasado lo peor, aunque en su interior, creo, estaba deseando que fuera así. En esta tesitura, me dirigió su mirada y, sin palabras, me preguntaba qué pensaba yo que me dedicaba a estas cosas. La respuesta no era sencilla porque como es habitual en estos casos, esperaba conclusiones sólidas con poca palabrería.

Comencé mi exposición diciéndole que para saber el lugar donde nos encontrábamos era necesario recordar las causas de la crisis. El origen no ofrece dudas, una impresionante burbuja inmobiliaria asumida por la mayoría y consentida por quienes tenían competencia para pararla, ha generado una deuda espectacular en familias y empresas (2 billones de euros), a la que con el paso del tiempo se ha unido el sector público (885.114 millones de euros) debido entre otras cuestiones, a la "ayuda" de un calendario excesivamente exigente de reducción del déficit. Deuda de grueso calibre a la que se suma un sistema financiero gripado por la pésima gestión realizada durante la etapa expansiva de una parte significativa de las entidades bancarias. Me cruzó por la mente la idea que a pesar del grave quebranto, nadie hasta la fecha ha asumido la responsabilidad del desastre (ni reguladores públicos ni gestores privados) y la lentitud de la justicia española, tampoco me augura mucha esperanza al respecto.

Mi relato siguió explicando el profundo ajuste sufrido por el tejido productivo español, quien rápidamente ha dejado el monocultivo. Desaparecida la protuberancia inmobiliaria, ahora es algo más diverso y competitivo pero con un problema muy grave: demasiado pequeño para ofrecer empleo a todas las personas que quieren trabajar. Nadie en su sano juicio puede pensar que las cosas van bien con un 27% de tasa de desempleo.

Proseguí mi procelosa explicación con un repaso sobre las variables que pueden determinar la tan deseada recuperación. Para crecer y crear empleo hay que producir cosas, siendo imprescindible poder venderlas, pero ¿a quién?. A los españoles es difícil porque tienen menos renta y patrimonio, y la ayuda del sector público a través de la política fiscal es imposible cuando está instalado en un proceso de saneamiento, es decir, de aumento de los impuestos y/o reducción del gasto, aunque cabría la posibilidad de reorganizar un poco éste último. En la coyuntura actual, la Unión Europea tampoco ofrece un buen panorama porque la mayor parte de los países están en recesión. Quedan los países emergentes que siguen creciendo y aunque es más difícil, también se puede intentar ganar algo de cuota en el actual mercado nacional y en el de la Unión Europea aunque estén ambos en recesión. Sin ayuda exterior, la opción se limita a mejorar la capacidad de competir a través de precios más atractivos, porque la calidad de los productos no se cambia de un día para otro. 

Después de devanarme los sesos, le dije que no tenía respuesta contundente a su pregunta, aunque seguí pensando e intenté explicarle que aunque con algunos avances, la economía española mantenía tres bloqueos: productivo, fiscal y crediticio. En el capítulo de la deuda no hay mejoras porque sigue siendo inmensa (2,8 billones de euros), de forma que una parte significativa del ahorro de los españoles no se podrá dirigir en los próximos 10 años a consumir o invertir, al estar comprometidos en el pago de la deuda acumulada en la etapa expansiva. 

La economía española tiene un grave problema de deuda pero también de competitividad como demuestra un tejido productivo que mantiene 6,2 millones de personas en desempleo. Reducir la deuda necesita su tiempo, salvo que alguien piense que se puede declarar la quiebra y seguir tan campante, y disponer de más tiempo y un precio menor, es clave para limitar el efecto negativo del proceso de desendeudamiento (apalancamiento en el argot). Por este motivo, la ayuda de la Zona Euro con una ampliación del calendario de saneamiento de las cuentas públicas hasta 2016 es muy importante. Mejor sería aún, si se acompañara de una política fiscal expansiva en términos agregados apoyada en el gasto de los países con fundamentos más sanos. Todavía mejor si contásemos con la ayuda del BCE para aumentar nuestra financiación a mejor precio, porque nos liberaría dinero, comprometido ahora al pago de gasto financieros, que podría ser utilizado para otros menesteres, por ejemplo, articular un plan de inversión con destinos bien elegidos. Este cambio en la Zona Euro, por otra parte, significaría que se habría encontrado el equilibrio entre la mutualización de la deuda acumulada por errores pasados asociados al diseño de la moneda única, y el debido control supranacional a partir de ahora para que no vuelvan a suceder desequilibrios como los conocidos.

Pensé también que en España necesitábamos recuperar los ingresos públicos, básicamente mediante una lucha seria contra el fraude fiscal (la diferencia con la ZE ha aumentado hasta 9 pp del PIB), mientras se aplican cambios para utilizar de mejor forma los recursos de un sector público pequeño pero con deficiencias en el diseño (por exceso de clientelismo). La suma de todas esas medidas permitiría recuperar la confianza de los inversores y nos ayudaría mucho en la tarea de refinanciar la deuda privada y pública.

Una hipotética solución al problema de la deuda no nos libera de la necesidad de aumentar la producción para generar renta y empleo. Algunas personas defienden que la solución para conseguirlo es un fuerte aumento de los salarios de los trabajadores españoles para mejorar la demanda interna. Para que tenga éxito su planteamiento es imprescindible mantener el equilibrio alcanzado en el saldo con el exterior, porque de otra manera, volveríamos a transferir renta a otros países mientras que muy posiblemente se volviera a deteriorar la posición tan costosamente alcanzada. De ser así, como apunta la frágil situación del tejido productivo español, la maniobra tiene más desventajas que beneficios.

Si es cierto este razonamiento, a corto plazo no queda otra que continuar por la senda de la devaluación interna de los precios frente a la media de la ZE, pero de forma equilibrada entre salarios y empresarios. Estos últimos mediante la reinversión de beneficios, la rebaja de los precios finales para mejorar su cuota en cualquier mercado y con un uso menos abusivo de la productividad ganada en los cinco últimos años. En este terreno, la negociación colectiva debería recuperar su protagonismo ampliando y profundizando su universo de actuación y sus contenidos (algo que entorpece mucho la última reforma laboral). La mejora en los precios se tiene que extender a la vivienda, la energía, los transportes y los alimentos, para que los ciudadanos no sufran mayores pérdidas de poder adquisitivo. 

La unión hace la fuerza pero además, genera mayor ilusión colectiva cuando se percibe una distribución más equilibrada de los esfuerzos. Por ejemplo, añadiendo a lo dicho una salida real y digna a las personas acosadas por los deshaucios.

Una operación de estas características mejoraría con más crédito, como mínimo suficiente para financiar las operaciones de circulante de las empresas, a través de las entidades recapitalizadas con dinero público y, por qué no, la ayuda del BCE.

Al final, le dije a mi amigo que estamos en un momento crítico; que la evolución final dependerá de cómo se comporten todos esos factores que le había comentado. Le dije que estamos en un punto de inflexión que nos puede conceder una salida menos dolorosa o, por el contrario, hundirnos en el pozo para mucho tiempo. También le dije que la solución a nuestros problemas nos obliga a mucho esfuerzo y nos llevará más tiempo del que nos gustaría. Mi amigo había escuchado todo mi relato con un punto de expectación, pero de todo lo que le había dicho, esto último fue lo que menos le gustó.

Cuentas de la Seguridad Social en 2012. No matar al pianista

Por: | 25 de abril de 2013

La oficina estadística de la Unión Europea acaba ratificar un déficit de la Seguridad Social española en el ejercicio 2012 de -10.131 millones de euros, de manera que según estos cálculos, los gastos han sido superiores a los ingresos en una cantidad equivalente al 1% del PIB.

En cuanto escuchan la noticia, amigos y conocidos piensan inmediatamente que no cobrarán la pensión y, no tardan en requerirme para confirmar su mal presentimiento. La respuesta no es nada fácil porque hay que comenzar explicando que las cuentas de la Seguridad Social incluyen no solo a las pensiones sino también otras prestaciones que en unos casos son contributivas (incapacidad temporal y maternidad) y, en otros, tienen carácter no contributivo (prestaciones por hijo a cargo y algunos servicios sociales) o universal (sanidad en Ceuta y Melilla). No me atrevo casi a mencionar la diferencia entre la contabilidad con el criterio de devengo (hechos reconocidos) y el de caja (hechos realizados) aunque en tiempo de crisis como el actual tiene una gran importancia en los ingresos porque algunas empresas reconocen que tienen una deuda pero no pueden pagarla. Ni se me pasa por la cabeza mencionar que la presentación bajo el criterio de Contabilidad Nacional, la utilizada por la Unión Europea y, por tanto, la fetén, es una mezcla de los dos criterios.

Después de eliminar aspectos colaterales me concentro en decirles que el segmento contributivo de la Seguridad Social donde están incluidas las pensiones, ha tenido déficit por primera vez desde hace muchísimo tiempo (alrededor de 7.000 millones de euros de acuerdo al criterio de medición europeo; 0,7% del PIB). Es cierto, después de muchos años con abultados superávits, los ingresos por cuotas sociales pagados por los trabajadores (en concepto de salario diferido) y la aportación de impuestos para pagar los complementos por mínimos de las pensiones, no han sido suficientes para hacer frente a los pagos anuales. La combinación de un continuo aumento en el número de beneficiarios con cuantías medias superiores y una brutal crisis económica ha provocado este resultado.

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Miro las caras de mis interlocutores que dicen más o menos, pues eso, que adiós a las pensiones. Mi respuesta, sin embargo, es no. No poder pagar un año las pensiones con los ingresos habituales es una mala noticia que debe estar acompañada de algunos otros criterios antes de conseguir una valoración definitiva. En primer lugar, en 2012 hemos podido pagar las pensiones porque en las épocas buenas guardamos el excedente en “un bote”, el Fondo de Reserva. De modo que antes de comenzar 2012 se disponía de 68.815 millones de euros y, después de haber asumido el pago correspondiente a ese ejercicio todavía restan 63.008,58 millones de euros. Les aclaro que no es la garantía eterna del sistema público de pensiones porque éste depende de otras variables (actividad económica, empleo, distribución factorial de la renta y decisiones sensatas en la dimensión de las pensiones) pero sirve para cubrir un horizonte de 5 años incluso en un contexto pésimo, como el actual. Me permito una licencia en la explicación y les recuerdo que hay que valorar la buena gestión de los excedentes porque cuando las cosas iban bien había muchas presiones para subir las pensiones y bajar las cuotas sociales y, sin embargo, quienes tenían la responsabilidad de tomar las decisiones, eligieron guardar el dinero para ocasiones menos buenas que como hemos comprobado, siempre llegan. Es decir, se armaron de valor, aguantaron la presión y “apagaron la luz y la música en medio de la fiesta” aunque en ese momento no recibieran precisamente buenas críticas. Se me pasa por la cabeza lo bien que le habría venido a la sociedad española más personas con esa opinión y la suficiente determinación para llevarla adelante.

No hay, por tanto que dormirse en los laureles, pero se dispone de ese mecanismo para afrontar una mala racha porque no sería adecuado adoptar decisiones estructurales solo guiados por una situación coyuntural como lo es la peor parte del ciclo económico. Con mayor motivo en un tema como el sistema de pensiones que debe ser planteado desde una perspectiva temporal de análisis suficientemente larga. Nos costará superar la actual crisis pero lo haremos, porque además, de no ser así, el principal problema de la sociedad española no va a ser el pago de las pensiones.

Les recuerdo que para analizar la actual situación es preciso conocer que la disminución de ingresos por cuotas sociales en 2012 debido a la destrucción de empleo equivale al 0,5% del PIB, de manera que sólo con este ingreso, el déficit se reduciría al 0,2% del PIB. Pero si se tiene en cuenta la destrucción acumulada desde el inicio de la crisis, la pérdida de recaudación asciende al 1,6% del PIB, es decir, de contar con esos ingresos el sistema mantendría su superávit. Como no soy un ingenuo y no me gusta abrir expectativas no cumplibles a la gente, les traslado la dificultad de conseguir recuperar casi 3 millones de puestos de trabajo, pero el análisis a largo plazo debe incorporar esta variable y, les repito, a corto plazo disponemos del Fondo de Reserva.

Les avanzo una conclusión, el déficit del sistema de pensiones en 2012 tiene un componente fuertemente coyuntural y, por tanto, no debe ser utilizado para aplicar reformas estructurales. Les aclaro que mi afirmación no significa que se pueda pagar en 2050 cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas que habrán generado su derecho debido a la evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida, pero hay posibilidades ciertas de establecer unas cuantías bastante dignas con una transferencia de renta entre generaciones razonable. Miro la cara de mis interlocutores y, creo haber incorporado algunos argumentos de peso para mejorar su tranquilidad. Me ahorro decirles que mi idea sobre cómo debe funcionar el sistema de reparto no es compartida por todos, pero también pienso que la sociedad española será inteligente y elegirá una opción sensata para defender sus intereses individuales y comunes.

Algo falla

Por: | 21 de abril de 2013

Conocidos los muchos y complejos problemas que sufre la población española, el título "Algo falla" permite un amplio abanico de temas sobre los que hablar.

Esta época del año es especialmente deliciosa para un aficionado al fútbol como yo. La mítica Copa de Europa, ahora bajo la definición anglosajona de Champions League, llega a su apogeo. Este año es especialmente atractiva, en mi opinión van a competir los cuatro mejores equipos de Europa. Dos españoles y dos alemanes. No, no voy a seguir hablando de fútbol aunque me permito la licencia de transmitir a los no futboleros la gran cantidad de satisfacciones que provoca a quienes nos gusta. El origen de este post es la diferencia en el precio de las entradas de un mismo partido según el país donde se juegue (la eliminatoria es a doble partido para los no interesados en la materia). El mayor coste de la entrada en España es de 100 euros, según la información que leo. Un dineral para la mayor parte de la gente, pero más en una situación de severa crisis económica como la que atravesamos (no vale decir que los ricos no tienen crisis porque no solo los ricos van al fútbol).

A partir de aquí comienzan las especulaciones sobre la causa. Algunos dirán que es lógica la diferencia porque el Real Madrid y el Barcelona tienen más presupuesto para pagar los sueldos multimillonarios que perciben sus estrellas balompédicas. Me da la impresión que la principal diferencia en los ingresos estriba en el merchandising, es decir, en la venta de camisetas y derechos de imagen. Pero para no concentrar la polémica en este tema puedo buscar otras comparaciones, por ejemplo el precio de una comida o una cerveza no sólo en una ciudad alemana (no es difícil encontrar precios más baratos que en España) sino también en Bruselas o, incluso en París, en el caso de la comida, como pude comprobar recientemente al cenar en el mismo centro más que dignamente (con una copa de vino), por 18 euros, sin tener que buscar mucho. Les reto a que se tomen una simple cerveza (nada de cerveza de abadía con doble fermentación mirando la grandiosidad de la Gran Plaza de Bruselas) en la Plaza de Santa Ana de Madrid y comprueben el precio.

Estoy hablando de hostelería, una actividad donde España tiene oferta para dar y tomar. No solo perdemos en entradas de fútbol, en esta última comparación también salimos maltrechos y por no alargar el comentario, también en la mayor parte de los capítulos de la vida cotidiana. Cuando la recesión dura ya casi cinco años no parece lógico acabar con un IPC en 2012 del 2,9% (dic/dic) aunque se hayan producido subidas de precios públicos y del IVA.

La pregunta entonces es por qué pasa. Compruebo los impuestos y, no me parecen inferiores en esos países, más al contrario su presión fiscal (sobre PIB) es bastante superior a la de España. No un poco, bastante (8,8 pp del PIB más en Alemania que en España, 13,7 pp del PIB más en Bélgica y 15,1 pp del PIB más en Francia en 2011). Bueno, habrá que mirar entonces los salarios, al ser éste un factor intensivo en algunas de las actividades productivas. Tampoco encuentro explicación en los salarios al comprobar que el coste laboral por hora es superior en Alemania (26,9 euros), en Francia (32,28 euros) y Bélgica (33,41 euros) que en España (20,49 euros por hora). Si los culpables no son los salarios y los impuestos, hay que buscar otras causas. Se me ocurre pensar que el coste de la energía es mayor. Hace poco leí en un periódico que el precio de la electricidad en España era en 2011 un 31,4% superior a la media.

Bien algo hemos encontrado, pero el precio de la luz no puede justificar por sí solo el desaguisado en diferencial de precios. Le doy vueltas a la cabeza y se me ocurre otra variable con incidencia en este asunto, el precio del alquiler que deben pagar los empresarios para desarrollar su actividad. Desgraciadamente no hay estadísticas fiables en este área pero la información que oyes por ahí y, sobre todo, la estrechez del mercado de alquileres en España permite pensar que los precios de los alquileres de aquí son superiores a los vigentes en los países de nuestro entorno y, parece que entonces la renta obtenida por la propiedad es excesiva sin ajustarse a las necesidades de una economía sana y, menos a las actuales condiciones de recesión. Vaya, me digo, otra vez el alquiler aparece como una causa con influencia en un problema grave de este maltratado país.

Después de realizar este examen de urgencia (se me ha ocurrido mientras venía en el Metro al trabajo), queda otra causa, el beneficio empresarial. La información disponible en la anterior etapa de bonanza y en la recesiva que sufrimos ahora, muestra su falta de compromiso con una evolución de los precios adecuada a las necesidades del país. Por supuesto el reproche no es extensible sólo a los empresarios, ni siquiera a todos los empresarios, pero sí a los suficientes para que su incorrecta conducta fastidie bastante las posibilidades de recuperación de nuestra economía y deteriore la calidad de vida de muchos españoles.

No es imprescindible ir a un partido de futbol, tampoco tomar cafés o cañas fuera de casa, pero sí lo es disponer de un lugar para vivir, comprar comida, acceder a un transporte a precios razonables o disponer de una gafa si tu vista no es buena. Por tanto, como en las fábulas, una moraleja, si tenemos que ser como los alemanes, también debemos serlo en disponer de unos precios adecuados a nuestras posibilidades, porque debe dejar de ser una utopía vivir con unas condiciones mínimas de dignidad con 1.000 euros al mes.

Consecuencias de un intercambio de cuotas sociales por IVA

Por: | 15 de abril de 2013

Uno de los temas habituales objeto de debate en el ámbito económico es la excesiva dimensión de la cuota social pagada por el empleador por el uso del factor trabajo, al considerarla un elemento que lastra la capacidad de competir de las empresas. Cuando se considera estar en esa posición, más en una situación tan extrema como la que sufre España, algunas voces entre las que se encuentra la Comisión Europea, proponen la sustitución parcial de la cuota del empleador por un incremento en el Impuesto sobre Valor Añadido.

El correlato que manejan los defensores de la operación es, más o menos, el siguiente. La bajada de la cuota social del empleador reduce el coste laboral y, por tanto, le permite a la empresa bajar el precio final de sus productos, con la consiguiente mejora de cuota de mercado. Las mayores ventas aumentan el empleo de la empresa incrementando la recaudación de los ingresos públicos, como suma de más cuotas sociales e impuestos. Por el otro lado, la elevación del IVA no entorpece la labor de mejora de la cuota de mercado con el exterior al no operar en ese proceso (el precio de venta al exterior se calcula sin IVA nacional) y, a corto plazo, sirve para compensar la pérdida de ingresos públicos en la que se incurre por la baja de cuotas. Por último, la bajada de cuotas compensada por una subida del IVA reduce el precio relativo de los bienes y servicios españoles (la bajada de la cuota afecta a precios internos y la subida del IVA a los externos). Adicionalmente, el intercambio de cuotas por IVA tiene un componente estructural al ampliar la base para financiar las prestaciones sociales, en este momento muy concentrada en las cuotas. Un cambio más coherente con la pérdida de protagonismo del factor trabajo dentro del proceso productivo en las economías más avanzadas. Así presentado, todo son ventajas. Hagámoslo. El análisis detallado de la operación muestra algunos perfiles no tan favorables. Como elemento previo, el peso de la cuota social del empleador en España medido sobre PIB es ligeramente inferior a la media de la Zona Euro (11% frente a 11,5%). No es una prueba concluyente porque lo importante es la capacidad de vender tus productos y la productividad por hora trabajada, pero por lo menos nos sirve para conocer la situación de partida. Más importante es establecer la solidez del razonamiento antes de reducir un componente del salario del trabajador.

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La traslación de la disminución de un coste, en este caso laboral, al precio final del producto necesita de un acto intermedio, no aumentar los beneficios distribuidos (el hecho de proceder a su reinversión sería inicialmente positivo). No vamos a suponer una conducta tan mezquina del empresario, de forma que continuamos con el análisis. Conseguir una mayor recaudación por IVA es imprescindible para compensar el menor ingreso por cuotas. Tampoco vamos a cuestionar este objetivo; pero la elevación sí suele finalizar en una subida de los precios nacionales (como hemos comprobado en 2012) que deteriora la capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos, entre los que se encuentran los trabajadores .Para suplir la pérdida necesitan presionar para elevar su salario monetario que, de conseguirlo, incrementa a su vez los costes laborales y absorbe la inicial mejora conseguida en competitividad precio con la bajada de cuotas. Total que finalizado el proceso, en el mejor de los casos, se produce un efecto neutral en términos de competitividad con un empeoramiento de la inflación interna.

Parece claro que para que funcione el invento, se necesita una impecable compensación de ingresos entre bajada de cuotas y subida de IVA (una hipótesis comprobada como no cierta en 1995 que, de volver a producirse pondría en riesgo el pago de las prestaciones sociales de carácter contributivo), pero, sobre todo, la asunción de los trabajadores de una pérdida de su poder adquisitivo al renunciar a la subida salarial. No creo exagerado decir que la medida pretende, en última instancia, bajar los salarios reales sin que se note mucho. Por qué si no elegir la vía de las cuotas cuando lo importante es la dimensión de los costes laborales totales. Se me ocurre una explicación, la mayoría de la población no sabe que la cuota social del empleador es propiedad del trabajador al ser salario diferido que percibirá en el futuro (la pensión, por ejemplo).

Ante la necesidad de mejorar la competitividad mediante el precio de los productos (imperiosa para España mientras no cambien las actuales circunstancias) parece más sólida la idea de utilizar una vía alternativa de repartir los esfuerzos entre el factor trabajo y capital dentro de la negociación colectiva, utilizando el salario monetario y los beneficios distribuidos. Sí, ya sé que la experiencia reciente no ha sido exitosa debido a una inadecuada política de subida de los precios públicos y la ausencia de la necesaria colaboración de una parte de las empresas españolas. También soy consciente que una rebaja de la cuota es una forma rápida y generalizada de modificar el coste laboral en todo el país, pero aún así, de considerar necesaria la devaluación interna, la fórmula de la negociación colectiva me parece más conveniente porque incluso en el supuesto de un desequilibrado reparto de los esfuerzos entre trabajadores y empresarios, por lo menos no se pone en peligro la financiación del sistema de pensiones que ya tiene bastante con afrontar las dificultades provocadas por un intenso proceso de destrucción de empleo (el peligro de no compensación de ingresos debido al fraude se suma a una recaudación por IVA más volátil que la de cuotas sociales). El uso de la negociación colectiva tiene otras ventajas: hacer transparentes los esfuerzos para salir adelante en este momento crítico e, intentar reforzar el compromiso de todos los agentes con el futuro del tejido productivo español. Obviamente, los trabajadores querrán una contrapartida, mantener su empleo ahora y participar en los beneficios cuando las cosas vayan bien.

Alquiler de vivienda y modelo productivo

Por: | 07 de abril de 2013

Ante tanta desgracia a nuestro alrededor y aluvión de críticas sobre cuestiones del pasado (que bien nos hubieran venido haberlas escuchado en tiempo y forma), algunas personas te invitan (no siempre de buenas formas) a plantear propuestas de futuro. La primera que se me pasa por la cabeza es no repetir los errores en los que se ha incurrido y, por ende, abandonar los atajos para afrontar la realidad de frente, con esfuerzo y mucho coraje.

Me imagino que hay muchas propuestas, pero a mi me gusta mucho la recogida en una tribuna que escribí en junio del año pasado con Carlos Martín y Luis Zarapuz en el diario CincoDías. En ella se postulaba que la economía española deje de apoyar su crecimiento en las operaciones inmobiliarias y se limite a construir las viviendas que realmente necesita. Esto implica aprovechar adecuadamente las viviendas vacías en núcleos urbanos donde hay demanda y convertir en solventes a las personas que no pueden serlo porque no tienen renta suficiente para pagar los precios actuales. 

La larga experiencia de la política pública de "apoyo a la piedra" o, lo que es lo mismo de apoyo a la tenencia en propiedad de la vivienda, iniciada con la dictadura franquista y continuada hasta antes de ayer, nos ha llevado a precios caros (y eso que han bajado bastante en los dos últimos años), inmensa deuda y un sistema bancario muy tocado, siendo benevolente en el juicio. Sin el exceso de préstamos inmobiliarios solicitados ante la inexistencia de fórmulas alternativas de acceso a una vivienda a precio accesible que fueron concedidos por las entidades de aquella manera, es decir, sin la prudencia razonable en la valoración del riesgo, no habría habido hipertrofia de ese tipo de créditos. Imposible por tanto, acumular fallidos y, de esa forma queda eliminada esa vía para dañar la solvencia de los bancos (antes también cajas).

La forma de cambiar el modelo productivo imperante durante demasiado tiempo en España pasa por cambiar a una ambiciosa política pública de apoyo al alquiler junto con una Ley Hipotecaria que recoja la fórmula de dación en pago. Sí, ya lo sé, el uso de la dación en pago a partir de este momento puede reducir el número de préstamos hipotecarios, pero a cambio se equilibrará el riesgo ahora soportado casi en su totalidad por los prestatarios, porque los bancos deberán medir más sus concesiones. Además, a la vista del resultado no veo cual es el interés de acumular préstamos hipotecarios por valor de 1 billón de euros que bloqueará durante más de una década una parte significativa del ahorro nacional, al tener que destinarlo a pagar un activo depreciado. Un modelo que también ha dejado secuelas en ayudas públicas (vamos por 68.000 millones de euros) que, en el mejor de los casos, se recuperarán en un 40 por ciento dentro de un buen puñado de años. Por cierto ¿quien pagará a la sociedad española el coste del bloqueo de crédito que dura ya 5 años y ha costado miles de puestos de trabajo destruidos al negar a las empresas dinero para financiar su circulante?. La actual cultura de la vvienda en propiedad afecta también a la vejez al no disponer de liquidez en muchos casos para afrontar nuevos gastos que aparecen en una vida más larga.

El coste anual de la deducción en el IRPF de la vivienda en propiedad roza los 6.000 millones de euros. Un dineral que ha servido básicamente para incrementar el precio final de la vivienda. Una tercera parte de ese dinero dirigido a bonificar el alquiler de acuerdo al nivel de renta y circunstancias familiares (concesión al inquilino que recibiría el propietario) permite 2 millones de actuaciones con muchas posibilidades de reducir el precio real para el inquilino hasta la tercera parte de su renta. Ese logro dinamizaría un mercado bastante corto y, sobre todo, satisfaría una demanda insatisfecha y mejoraría la calidad de vida de los beneficiarios. Un muy buen convenio colectivo en un tiempo en los que se pretende que los trabajadores vivan con poco dinero.

En el nuevo escenario, los bancos se dedicarían a otros asuntos, como concentrar su actividad en la concesión de créditos para aumentar la capacidad productiva de empresas con proyectos competitivos y sostenibles en el tiempo. Empresas de mayor dimensión que afronten inversiones con más tecnología para consolidar y ampliar sus productos en el mercado nacional e internacional. El mercado de la vivienda tendrá esa necesaria competencia para abaratar los precios que no ha dispuesto durante décadas al haber gozado de una posición de casi monopolio la compra frente al alquiler.

Es una buena propuesta a disposición de quien quiera utilizarla. El problema, enfrentarse a la cultura del dinero fácil y los intereses espúreos de una minoría no tan pequeña Para pasar a creer en una economía distinta, más dinámica, enla que el valor se mida por la capacidad de producir cosas útiles y valiosas que se puedan vender en todo el mundo y está limitada a inmovilizar el ahorro en una vivienda.

Un anticipo, a falta de una lectura detallada, la información disponible sobre el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación y Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 aprobado en el último Consejo de Ministros, no cumple con el mínimo necesario para pensar que apoya la línea de trabajo expuesta en esta entrada del blog. Nuevamente, al igual que hizo la anterior administración durante 8 años, la elección pasa por un título grandilocuente y poca ambición en su contenido.

 

 

Atajos que llevan al precipicio

Por: | 31 de marzo de 2013

La entrada en este blog sobre la posibilidad de haber tocado fondo en la crisis de la economía española va a tener que esperar porque el asunto de Chipre ha añadido nuevas incertidumbres, a las muchas que ya sobrevuelan nuestro destino. Nuevamente la solución a un problema grande y grave será difícil y cara. La primera pregunta que se pasa por la cabeza es cómo un país con un sistema financiero hipertrofiado, características de paraíso fiscal y sistema tributario casi inexistente, puede conseguir el placet de entrada a la Zona Euro (me atrevería a decir que tampoco cumple las condiciones para pertenecer a la Unión Europea). Pregunta sin respuesta a partir de criterios asumidos por la teoría económica lleva a buscar alguna causa política, posiblemente poco comprensible para el común de los mortales o puede que demasiado obvia para la mayoría.

Superada la primera cuestión, por otra parte decisiva porque de no haber entrado Chipre a la Zona Euro no tendríamos el problema, se me ocurre reflexionar sobre cual sería el nivel de vida de los chipriotas sin ese modelo productivo que atrajo tanto dinero del exterior. Dado que la localización de yacimientos de gas es bastante reciente y se necesita un determinada tecnología para su adecuada explotación, la riqueza obtenida con los recursos propios disponibles anteriormente habría generado una renta bastante inferior a la actual. La solución elegida me suena a atajo. Estoy de acuerdo con la opinión de Krugman al señalar a los excesos de la libre circulación de capital como una causa con mucha influencia en algunos de los actuales problemas en Chipre y en el otros países, pero no me resigno a buscar los motivos por los que las sociedades se dejan deslumbrar por los atajos cuando la experiencia nos demuestra que la mayoría de las personas pierde y, mucho, al final del proceso. Lo de tomar atajos no ha sido una prerrogativa única de los chipriotas, al ser extrapolable a la burbuja inmobiliaria española, la combinación de inmobiliaria y financiera en Irlanda y la estrictamente fiscal en Grecia (sin dejar de incluir los activos tóxicos de la banca norteamericana). Es fácil buscar culpables en el exterior pero nuevamente me ronda por la cabeza la inquietante pregunta sobre quien es más responsable, si quien presta y, por tanto debe elegir bien el receptor para reducir el riesgo o, quien acepta el préstamo y debe asumir la carga de su devolución con los correspondientes intereses en los plazos pactados. La aplicación de controles de capital propuesta de forma encubierta por Krugman en el citado artículo limitaría el dilema pero desgraciadamente solo se puede aplicar a futuro.

A la espera de ese tipo de soluciones más estructurales nos enfrentamos a las consecuencias de un rescate donde concurren muchas dudas. Una primera es su dimensión. La suma de la aportación del Eurogrupo y las quitas a los depósitos superiores a 100.000 euros rondan los 15.000 millones de euros, poco más del 15% del valor del pasivo del sistema financiero chipriota. Esta cifra podría ser insuficiente para afrontar las pérdidas en que ha podido incurrir un sistema financiero obligado a realizar inversiones muy agresivas para cubrir las altas rentabilidades ofrecidas a los depositantes (se lee que los activos en bonos griegos pueden superar los 60.000 millones de euros).

En segundo lugar, el control de capitales debe ser muy severo y de larga duración porque una hipotetica salida de depósitos ahondaría el desequilibrio en los balances de las entidades. De hecho, la huida del dinero de los grandes inversores rusos que han contado con la debida información en tiempo y forma, ha sido posiblemente uno de los detonantes de la quiebra. La existencia de este control no alienta la llegada de dinero de fuera de la Unión Europea a países con necesidad de financiación, como España, más bien puede incentivar su marcha; aunque no debería entorpecer el movimiento del capital dentro de la Unión Europea.

Por último, un rescate de 10.000 millones de euros a pagar por el sector público chipriota, es decir por sus ciudadanos, eleva su ratio deuda pública/PIB hasta superar el 130%. Una pesada carga para un país que de momento se queda sin su principal motor de riqueza, el sistema financiero. Dando por hecho que el esfuerzo a realizar por los ciudadanos chipriotas con repercusión en un descenso de su nivel de vida pero también en su PIB anual, tan sólo la rápida rentabilización de nuevas formas de riqueza le podría salvar del impago de una parte de la deuda que, muy posiblemente, afectaría también a la solvencia del sistema financiero restante. Más problemas para Chipre y para los acreedores que deberán renunciar a recuperar una parte del préstamo.

Me viene a la cabeza el daño creado por el muy deficiente procedimiento de resolución aplicado por el Eurogrupo sin estrategia clara y varios cambios en su contenido, entre ellos la penalización de los depósitos inferiores a 100.000 euros y, por consiguiente, la ruptura de la barrera de confianza de los ahorradores. También pienso que aunque los depositantes de los bancos chipriotas tenían la característica especial de estar muy bien remunerados y, por tanto, existir una causa para que paguen un coste, no entiendo por qué no se ha utilizado la vía de penalizar también a los bonistas. Me resuena en la cabeza la necesidad de alcanzar una verdadera unión bancaria y también la posibilidad de limitar la circulación de capitales para evitar males como los conocidos. Podría ser ésta última una solución a explorar, pero no dejo de pensar que a falta de ese instrumento es necesario fortalecer la mente de las sociedades ¿su cultura? para evitar tomar atajos que llevan siempre al precipicio. En definitiva no caer en cantos de sirena y trabajar para crear un modelo más sólido que produzca bienes y servicios sostenibles en precio y calidad, incurriendo si fuera necesario durante un tiempo en un endeudamiento con el exterior de dimensión razonable.

 

Para qué sirve el sistema financiero

Por: | 20 de marzo de 2013

Los problemas económicos han absorbido desde hace tiempo las charlas entre amigos, conocidos y parientes. Pensaba mientras caminaba hacia el bar donde comparto el aperitivo con algunos amigos que el tema de hoy sería el asunto de Chipre y la mala gestión aplicada por el Eurogrupo, por eso llevaba preparada la referencia de varios artículos que explican con brillantez el problema. No fue ese sin embargo el principal tema de debate aunque tenía una relación periférica. Uno de mis amigos lanzaba todo su mal genio contra los bancos. Para él siguen asociados a las viñeta donde aparece un señor de apariencia opulenta con puro y chistera gracias a la extorsión que realiza sobre los damnificados prestatarios, pero ahora está aún más enojado porque considera que los bancos cuentan con la ventaja de recibir dinero público aportado por todos los ciudadanos para solucionar unos problemas que no entiende demasiado bien.

La mirada del resto de los componentes del grupo se dirigió inmediatamente hacia mí en busca de la oportuna respuesta. Se me ocurrió comenzar por el principio y explicar que la función original del sistema financiero es mejorar el intercambio entre quienes han decidido no gastar su dinero (ahorro) y quienes necesitan disponer de él cuando no lo tienen, ya sea porque quieren adelantar su consumo o realizar una inversión. En definitiva su función es servir de enlace para engrasar la relación entre el ahorro y la inversión disminuyendo los costes de información y riesgo de las operaciones. Dado que el ahorrador no conoce la solvencia de quienes solicitan crédito, un profesional en la materia, el banco, puede solucionar esa deficiencia. El tipo de interés marca la recompensa del ahorrador y el coste para el deudor, pero la intermediación profesionalizada debe reducir el riesgo y con esa disminución, también el precio del préstamo aunque los bancos reciban una compensación económica por su trabajo (costes de intermediación y beneficio de la empresa).

Para no complicar más el asunto no dije nada sobre la obsesión de la teoría económica por igualar el ahorro y la inversión, sobre todo, en los componentes nacionales, de manera que se disponga de dinero para abordar las necesarias inversiones sin depender en exceso de la financiación del exterior.

Por las miradas deduje algo parecido a, eso está muy bien pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Tenían razón, de manera que comenté la difícil relación entre minimizar el riesgo del ahorrador y ampliar la cantidad de crédito. La sociedad quiere ampliar el acceso a dinero para realizar más proyectos de inversión y/o aumentar el consumo a crédito y, de esa forma, incrementar la actividad. Para ello se inventó que los bancos puedan generar su propio dinero, el dinero bancario. De los depósitos aportados por los ahorradores sólo deben mantener una cantidad como reserva líquida y el resto lo pueden dedicar a conceder préstamos iniciando una cadena que aumenta el dinero en circulación. La innovación está muy bien pero con ella se amplía también el riesgo porque aunque estén bien elegidos los destinatarios del crédito, es decir, los bancos mantengan la debida prudencia en la concesión de los préstamos, aparece un problema de diferencia en los vencimientos. Podría ser que los ahorradores quieran disponer de un dinero que en la práctica está invertido a largo plazo, por ejemplo, en préstamos hipotecarios. Sólo una previsión adecuada sobre el comportamiento de los ahorradores, la profesionalidad de las entidades financieras en la concesión del crédito y la confianza de la sociedad en el proceso, pueden respaldar esta nueva forma de funcionamiento.

La cosa se complica aún más cuando los bancos consiguen el equivalente a nuevos depósitos mediante la emisión de productos financieros ininteligibles (para la casi todo el mundo) construidos sobre la garantía de créditos concedidos o inversiones realizadas por la entidad con el dinero inicial de los depositantes. Las ganas de crédito de la sociedad se sacian más pero a cambio de aumentar el riesgo. La gracia como siempre está en el equilibrio entre ambos objetivos: maximizar la cantidad de crédito y minimizar el riesgo. La experiencia de las últimas tres décadas ha mostrado la prevalencia del aumento del crédito hasta pervertir la principal función de la intermediación financiera. Se me pasó por la cabeza aunque tampoco lo comenté con mis amigos, que la burbuja financiera podrá ser un síntoma del deterioro de los países avanzados para competir en los mercados tradicionales de bienes. La innovación financiera se había convertido en una forma de generar renta protegidos de la competencia aunque como conocemos con una distribución muy desequilibrada de los ingresos y del riesgo.

Más allá de la estafa de los activos tóxicos emitidos por la banca norteamericana (comprados generosamente por la banca europea sin preguntas excesivas), la desmesurada magnitud del crédito inmobiliario en Irlanda y España es muestra de una conducta irresponsable en la concesión de crédito, por lo menos de acuerdo a la idea tradicional. No le va a la zaga, la magnitud de depósitos acumulados por el sistema financiero chipriota (casi 7 veces su producción anual) conseguidos al abrigo de una “vista muy gorda” en su origen y de remuneraciones a los ahorradores muy por encima de las habituales que, obviamente, necesita asumir mayor riesgo en las inversiones (por ejemplo, bonos griegos).

En las clases de economía se explica que el hecho de permitir a los bancos la emisión de dinero justifica la presencia del sector público para controlar y supervisar su desempeño, porque en caso de pérdidas serían los depositantes quienes pueden perder sus ahorros parcial o totalmente. Otras teorías abogan porque sea el propio mercado quien asuma la tutela, es decir cada persona, de manera que los ahorradores dediquen más tiempo y empeño en elegir donde localizarán sus depósitos al no tener garantías de nadie. La peor opción de todas es, sin duda, tener un regulador y supervisor que no cumpla su función, lo que ha pasado en Estados Unidos, Irlanda y España pero también en Holanda, Bélgica, Francia o Alemania; sin por ello exculpar la gestión de quienes pasaron de ser banqueros aburridos a agresivos financieros, percibiendo pagas estratosféricas por realizar una tarea que ha conllevado pérdidas millonarias.

Se me pasa por la cabeza que, además, habría que hablar de las diferentes teorías sobre política monetaria o de las grandes deficiencias del área monetaria no óptima creada con la moneda única, pero me parece que ya está bastante confundido el auditorio como para meterme en más historias en este momento. Por tanto, concluí con una reflexión bastante conocida: es imposible sorber y soplar a la vez que, en el tema tratado, significaría que aunque sea una demanda muy extendida, no se puede ampliar el crédito de forma indefinida sin que aumenten los riesgos en una medida similar, salvo que haya plena garantía de control externo del proceso. Algo que a la vista de la codicia de la condición humana y el mal funcionamiento de las instituciones queda todavía bastante lejos. Como casi siempre, la respuesta fue que mi opinión complicaba demasiado las cosas sin dar una solución fácil y rápida a sus cuitas.

El País

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