El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, echa en falta más equilibrio e independencia en la justicia valenciana. Lo dijo en Madrid en un ambiente distendido, rodeado de amigos y compañeros del PP. Su afirmación no fue, pues, fruto de la tensión del momento, ni consecuencia de un arrebato irreflexivo. Simplemente alguien le preguntó por el trato recibido en los tribunales por su antecesor en el cargo, Francisco Camps, y contestó lo que pensaba. No cabe extrañarse de la respuesta de Fabra. Es una opinión compartida por la mayoría de los cargos del PP valenciano, que se sienten perseguidos por la policía y los fiscales desde hace años. Para ser precisos desde que comenzó el caso del otro Fabra (Carlos), al que se le imputan, entre otros, varios delitos por supuesto fraude a la hacienda pública.
Vino después el caso Gürtel en su doble variante: el caso de los trajes por los que se imputó al expresidente, Francisco Camps, al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y a Rafael Betoret, un exalto cargo de la consejería de Turismo. Camps y Costa se enfrentan a un juicio con jurado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio que ya han reconocido haber cometido Campos y Betoret. Queda por sustanciarse otro aspecto que atañe a la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, en el que está implicado la mayor parte de la dirección partidista de los populares. Y, por si fuera poco, en Alicante estalló el caso Brugal que investiga tráfico de influencias en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y la adjudicación del plan zonal de residuos en la comarca de La Vega Baja alicantina. Y todavía hay más casos que esperan turno en la puerta de los tribunales.
La imagen que devuelve el espejo a la dirección del PP y a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, según se desprende de todas las encuestas realizadas, es la de un partido agusanado de Norte a Sur, necesitado de una renovación a fondo, que solo se mantiene en pie gracias a sus magníficos resultados en las urnas. Urnas que, para no pocos dirigentes populares, son un río Jordán en el que sus pecados quedan lavados hasta la próxima convocatoria electoral. La realidad, sin embargo, es muy otra. La justicia avanza al margen de los votos y el panorama que se adivina en las salas de los tribunales no es muy halagüeño para los populares.
No hay que extrañarse de que Fabra, persona que pasa por comedida, discreta y prudente, acabe por culpar a la policía y a los fiscales, miembros todos, al parecer, de lo que el PP viene en llamar el "comando Rubalcaba" sin otra prueba que su propia palabra. Son muchas las personas de su partido acusadas de corrupción que, muy probablemente, acabarán por sentarse en el banquillo de los acusados y parece que el jefe del Ejecutivo valenciano empieza a presionar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Que le dejaran fuera de la mesa presidencial en la apertura del curso judicial el pasado viernes, día 21, no le gustó nada. Menos aún que la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, le recordara que "el déficit de medios es histórico". Déficit que hay que cargar en el debe de la Generalitat.
Los populares han venido responsabilizando de sus males a policías y fiscales, "olvidándose" del papel desempeñado por los magistrados. Pero Fabra ha decido enmendar esta omisión y ha metido a los jueces en el paquete. El presidente valenciano se queja, además, de que la vara de medir de la justicia no es la misma en la Comunidad Valenciana que en Castilla-La Mancha o en Andalucía, pero no aporta una sola prueba que avale sus palabras. Se supone que todo el mundo conoce el porqué de esta discriminación.
La carga de Alberto Fabra contra los jueces no es inocente. Como todos, ventea el cambio de Gobierno y se siente con fuerza. Tanto que se permite el lujo de desacreditar a la justicia en su autonomía. En Valencia se ha pasado de tener un presidente que presumía de que el anterior presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, "era más que amigo" a otro que se siente incómodo entre puñetas.
Paradojas de la vida. El mismo juez instructor que decidió sentar en el banquillo a Francisco Camps, José Flors, defendió la absolución del concejal de Urbanismo de la ciudad de Valencia, Jorge Bellver, de un presunto delito de prevaricación en la ponencia que asumió la sala del TSJ. Pero a la alcaldesa, Rita Barberá, le dio exactamente igual. Ella fue a lo suyo: la fiscalía era culpable.
Hay 1 Comentarios
Cuando era jovencito,se me pasó la idea de dedicarme a la política. Parecía un trabajo fácil, bien remunerado, y en el que la mayoría de las veces no tenías ni que esforzarte en pensar para responder a las preguntas de los votantes. Pensé en G. Pons, que con sonreír era suficiente, sin decir nada. Pero, tuve la suerte, creo yo, de hablar con mi tío, porque me preguntó si estaba dispuesto a desayunar un sapo cada mañana.
Yo le respondí, que de ninguna manera, - ¡Qué asco !
Pues eso, creo que ayer el Sr. Fabra no cató los cereales, ni las tosadas con cafetito con leche.
Publicado por: Los otros. | 27/10/2011 9:08:18