El agua nunca ha sido una cuestión baladí para los valencianos. La existencia de un Tribunal de las Aguas desde el califato de Córdoba ilustra sobradamente la necesidad que tenían los regantes de contar con una autoridad que impartiera orden ante la escasez de agua. Cualquier labrador de la comarca de L’Horta (Valencia) o del Vinalopó (Alicante) ha protagonizado, vivido o conocido incidentes -algunos muy serios y muy graves- entre agricultores, ante la imposibilidad de que el agua llegara a sus campos. Vicente Blasco Ibáñez, en su novela La Barraca, narra algunos de estos enfrentamientos. El agua siempre ha sido un bien escaso en la Comunidad Valenciana, aunque en los últimos años los impulsores del urbanismo salvaje hayan actuado como si no fuera así.
El discurso populista del PP conectó rápidamente con esa veta emocional y cultural de los valencianos y aprobó un Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase del Ebro. Los populares hicieron de la reivindicación del agua una bandera que no dudaron en monopolizar. Financiaron desde el Consell fundaciones que avalaran las tesis de los trasvases frente a quienes apostaban por otras alternativas. Y, para rematar, construyeron un discurso nacionalista excluyente que tildaba poco menos que de traidores a todos aquellos que se oponían al trasvase. La campaña de propaganda, más los errores de los socialistas (pocos valencianos perdonarán a Cristina Narbona la foto en que brindaba con cava tras la derogación del trasvase), aportó centenares de miles de votos al PP que se convirtió en el partido que defendía los intereses de los valencianos, frente a un PSOE que se enredaba cada vez más en su discurso, incapaz de explicarse y explicar a los ciudadanos cuál era su posición en una cuestión tan emocional como la del agua.
Por el contrario, el PP nacional asumía con gusto el discurso victimista que Francisco Camps emitía desde el Palau de la Generalitat, aún a costa de posibles pérdidas de apoyos electorales en Castilla-La Mancha y Aragón. En aquellos tiempos, Esteban González Pons, ahora vicesecretario general de Comunicación del PP, y entonces consejero de Medio Ambiente, calificaba las desaladoras como “nucleares del mar”, paralizando su construcción con la legislación medioambiental autonómica. La influencia del PP valenciano en la política nacional era inmensa. Incluso Mariano Rajoy llegó a poner a la Comunidad Valenciana como ejemplo del estilo de gobierno que implantaría cuando llegara a la Moncloa.
Pero estalló el caso Gürtel. El poder de Camps y el del PP valenciano se fue diluyendo en la misma medida en que perdían credibilidad el uno por su implicación en el caso de los trajes y el otro se veía inmerso en un escándalo de supuesta financiación irregular. Además, los escándalos en la Comunidad Valenciana empezaban a pesar como un fardo en la mochila de Mariano Rajoy, que siempre gusta ir ligero de equipaje.
Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas fueron la puntilla para la organización de los populares valencianos. Camps volvió a ganar, pero bajó cuatro puntos cuando su partido subía como la espuma en España. Y en Castilla-La Mancha se imponía María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y partidaria de suspender el trasvase Tajo-Segura que abastece al Vianlopó y a la Vega Baja en Alicante y a Murcia. Y en Aragón otra mujer, Luisa Fernanda Rudi, gobernaría la Diputación General y también estaba contra el trasvase del Ebro. El PP, ya sin Camps en la presidencia, se ha convertido en rehén de la guerra del agua que desató. Ahora, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se conforma con una vaporosa referencia en el programa electoral del PP a la cesión de agua desde las cuencas excedentarias a las deficitarias. La copla de un mudo cantada a la puerta de un sordo.
Los populares valencianos pesan cada vez menos en su organización nacional. Hasta el mismo Pons ha tenido que oir como un subalterno suyo, Carlos Floriano, portavoz en el Congreso del área de Medio Ambiente, y secretario de comunicación, reivindicaba el papel de las desaladoras –“no se van a achatarrar”, dijo recientemente- y se olvidaba del trasvase del Ebro. Floriano reclamó que “el agua no se utilice más como arma de confrontación política ni electoral”. Sus compañeros de la Comunidad Valenciana han hecho justamente todo lo contrario desde hace años: Utilizar el agua como arma política de destrucción masiva. Pero han perdido el favor de Rajoy. Lo sabía Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, cuando se lamentó del poco caso que se le hacía y lo sabe todo el mundo dentro y fuera del PP.
P.S. En la Comunidad Valenciana, y fuera de ella, no son pocos los que opinan que el agua que iba a llegar por el trasvase del Ebro iba destinada a las urbanizaciones y no tanto al campo