Sobre el autor

Josep Torrent

es periodista, delegado de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Casado, con una hija y un nieto. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Valencia y Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sobre el blog

La Comunidad Valenciana no es solo corrupción, ni tampoco fallas, sol, playa y paella, aunque el tópico la reduzca a eso. Este blog hablará de los tópicos, como no puede ser de otra manera. Pero también aspira a contar otras cosas.

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El negocio de la sanidad

Por: Josep Torrent | 29 abr 2012

La Fe

La propuesta que dio a conocer el viernes el Consell para mejorar la eficiencia en la gestión de la sanidad pública es, como poco, inquietante. El proyecto, presentado como un intento de racionalizar servicios que, de hecho, ya están privatizados en los hospitales y que son tan dispares y disímiles como las resonancias magnéticas, las comidas que se sirven, la limpieza de los centros o los servicios de ambulancias, tiene como objetivo ahorrar 263 millones agrupando todos esos servicios bajo un único gestor, dejando las prestaciones asistenciales sanitarias a cargo del sector público. Una loable idea si no fuera porque de inmediato surgen numerosos interrogantes. El plan, tal y como se expone desde el Consell, consiste en reprivatizar lo ya privatizado para hacerlo más eficaz porque, se entiende, el actual modelo no funciona todo lo bien que debiera. Si es así, ¿por qué se pretende acrecentar lo que ya se ha demostrado que no funciona? ¿Qué garantías hay ahora que no existieran antes de que va a ser eficaz? ¿Qué va a pasar con las actuales concesiones, adjudicadas de acuerdo con unas condiciones que deberían respetarse? ¿Van a aceptar resignadamente agruparse en un único gestor que les diga cómo tienen que hacer su trabajo? ¿Los actuales concesionarios están cobrando por sus servicios más de lo que debieran y por eso resultan tan caros? ¿Qué hace la consejería de Sanidad? Son muchas las cuestiones que no aclara el Consell y que no se responden con vagas referencias al modelo existente en Suecia que, además, no se compadecen con la realidad del país escandinavo.

El hecho es que el Consell, de una manera u otra, está sacrificando el Estado del bienestar en aras de conseguir el objetivo del déficit que se le ha impuesto desde el equipo económico de Mariano Rajoy. Los inmigrantes sin papeles serán los primeros en ser expulsados del sistema, pero no serán los únicos. El proyecto que presentó el pasado viernes el vicepresidente José Ciscar no es, todavía, la privatización del sistema público de la sanidad; pero si su antesala. No tardaremos mucho en ver cómo el representante del sector privado en la dirección de los departamentos sanitarios impone sus criterios dentro de hospitales públicos donde se podrá comer a la carta, existirán habitaciones individuales y servicios personalizados siempre que el paciente o sus familiares puedan permitirse el lujo de poder pagárselo. La sanidad es un negocio y la habrá para ricos y para pobres. El Gobierno garantizará un paquete de prestaciones sanitarias básicas para todos; a partir de ahí las desigualdades serán enormes.

Pero durante la transición hacia ese nuevo modelo todos los usuarios de la seguridad social tendremos que apretarnos el cinturón. Las empresas privadas tienen que ganar dinero, es lo suyo. Y la que se haga cargo del control de los actuales concesionarios tendrá un doble objetivo: Ahorrar 263 millones y alcanzar su margen de beneficio. ¿Logrará ambas cosas a costa de las ganancias de las actuales empresas privadas que gestionan los servicios? No parece lo más probable. Más sencillo será recortar las prestaciones para que todos, salvo el paciente, salgan ganando. Menos calidad en la comida, menos resonancias magnéticas, menor frecuencia en el cambio de sábanas y toallas de los hospitales y en la limpieza de las habitaciones. Nada que no se haya visto en series de televisión o nada que no ocurra ya en muchos países de la Unión Europea. Nada es gratis. Eso sí que es un hecho. Pero, por favor, que no nos tomen por imbéciles hablando sobre modelos suecos, eficacia o eficiencia. Pervertir el lenguaje para hacer irreconocible la realidad es indecente.

Ayer, por cierto, se echó de menos a los líderes de los partidos de la oposición. Ninguno de ellos tuvo tiempo para explicar personalmente su opinión sobre un cambio tan trascendental en el Estado del bienestar. Se limitaron a mandar las habituales notas de prensa de fin de semana. Tendrían cosas más importantes que hacer, aunque no consta.

Actuar en presidente

Por: Josep Torrent | 22 abr 2012

Fabra

Alberto Fabra llegó a la presidencia de la Generalitat en unas condiciones ciertamente difíciles. La dimisión de Francisco Camps por su implicación en el “caso de los trajes”, siendo traumática para la institución y para el PP, no fue el principal escollo al que se enfrentó el exalcalde de Castellón cuando allá por el mes de julio del año pasado, sin apenas experiencia en política autonómica, se sentó en su despacho del Palau. Tampoco lo era, pese a la magnitud de los escándalos, la corrupción que carcome a su partido en la Comunidad Valenciana. Todo ello, aun siendo muy grave, palidecía al lado de la herencia económica que le habían legado sus antecesores en un contexto de crisis, con una caída brutal de los ingresos y unos vencimientos de crédito inaplazables por la pérdida de confianza de los mercados financieros que situaban la calidad de la deuda autonómica al nivel del bono basura.

Las circunstancias que rodearon su llegada al poder eran tan extraordinariamente traumáticas que, a diferencia de lo que es habitual, el periodo de gracia, generalmente tasado en cien días, se ha venido prolongando hasta la fecha. Que la oposición no le diera tregua desde el primer instante tenía su lógica. Era su partido, y no otro, el que había llevado a la ruina a las arcas autonómicas. Socialmente, sin embargo, Fabra encontró en la ciudadanía un amplio margen de comprensión. Sus declaraciones, tras la alucinada época de Camps, eran sensatas y estaban cargadas de sentido común. A las visionarias imágenes de su predecesor que dibujaba una Comunidad Valenciana feliz, próspera, luz y guía de España en el invierno nuclear creado por José Luis Rodríguez Zapatero, Fabra respondió con racionalidad, reconociendo la crisis económica y financiera y la necesidad de adoptar medidas muy duras que evitasen la quiebra de  la administración autonómica.

Agobiado por las deudas, el presidente de la Generalitat tuvo que comprometerse ante el Ejecutivo recién nombrado por Mariano Rajoy a cumplir todas y cada una de las exigencias que este impusiera. Se puede afirmar, sin caer en la exageración, que la Comunidad Valenciana está, de facto, intervenida por el Gobierno de España desde hace meses -lo mismo se puede decir de la nación respecto de la Unión Europea-. La retórica que se utiliza en Valencia y en Madrid para negar la evidencia es la misma, pero los hechos son tozudos. La Generalitat no tiene el menor margen de maniobra ante los diktats que llegan desde los ministerios de Economía  y de Hacienda. La solemnización con que el consejero Máximo Buch niega el intervencionismo estatal o los esfuerzos de Fabra para escapar de ese fantasma no hacen otra cosa que confirmar esa realidad.

Es más que probable que a ninguno de los dos les quede otra que negar la evidencia. Pero no es de recibo la forma en que lo hacen. La asunción pasiva, resignada y, en alguna que otra ocasión, servil de las órdenes procedentes de Madrid es la negación misma de la autonomía. La dependencia valenciana de la política económica  española es idéntica a la de esta respecto de la europea; pero la diferencia, importante, es que Mariano Rajoy simula tener un margen de actuación propio. Aparenta llevar la iniciativa. Fabra se limita a quejarse lastimeramente de la mala financiación autonómica, pero no hace nada por enmendar el desastre sobrevenido por los pésimos modelos puestos en marcha por Eduardo Zaplana y José Luis Rodríguez Zapatero. Jeremiada que acostumbra a ir precedida o seguida de otra culpando al expresidente socialista de todos los males. No parece suficiente bagaje político para afrontar una época tan dura como la actual. La alternativa al nacionalismo paleto, teñido de victimismo provinciano, no es el abandono sin más de todas las reivindicaciones de antaño para convertirse en la alfombra sobre la que se paseen Rajoy, De Guindos y Cristóbal Montoro.

Diez meses después de su llegada al Palau de la Generalitat es razonable creer que Alberto Fabra, superado su periodo iniciático, ya piensa como presidente. Sería muy importante para él, pero sobre todo para la Comunidad Valenciana, que empezara a actuar como tal, aunque eso suponga que algún ministro (o ministra) le ponga mala cara. La política es agilidad, dinamismo y decisión. Todo lo contrario de la robotización que se desprende de la repetición mecánica y sin matices del argumentario que se emite desde el palacio de la  Moncloa o desde la calle Génova. El presidente de la Generalitat no es el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Para eso ya está Paula Sánchez de León. Y sí cree que lo es y actúa como tal, flaco favor le hace a los intereses de los valencianos.

 

El País

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