El resultado electoral del 20-N ha sido tan contundente que los titulares van de la histórica victoria del PP a la derrota igualmente histórica del PSOE con un margen de casi cuatro millones de votos. Los socialistas sólo han salvado dos provincias de una marea popular que ha teñido todo el mapa de azul con dos excepciones relevantes: Cataluña y el País Vasco, donde se consolidan unas fuerzas nacionalistas que se proponen desbordar el marco estatutario vigente cuando no el ejercicio del derecho de autodeterminación como paso hacia la independencia. La economía ha sido casi el único caballo de batalla allí donde el voto se decidía en términos bipartidistas, pero cada cita con las urnas nos recuerda que en esos dos territorios se mantienen vivas unas demandas de difícil encaje constitucional, que han tenido esta vez un apoyo mayoritario.
Pedía Rajoy un apoyo masivo en las urnas y los votantes le han dado una holgada mayoría absoluta. Si se suma el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, ninguno de sus predecesores en La Moncloa ha acumulado tanto poder como el que va a tener después de su investidura. Aunque, paradójicamente, tampoco ninguno tuvo tan estrecho margen de maniobra. Decía Rajoy en campaña, tras el último vendaval de los mercados, que a los españoles no les gusta que les digan desde fuera lo que tienen que hacer. Pues bien, gran parte de su agenda inmediata ya viene trazada con el programa de consolidación fiscal exigido por Europa y que, salvo subidas de impuestos ya descartadas, no es sino un duro plan de ajuste.
El vértigo de los mercados ha sido tal en la última semana que ha arrasado cualquier debate político alternativo. La apelación al voto se ha focalizado en cómo evitar el abismo de la bancarrota, qué hacer para que el tipo de interés de la deuda no siga subiendo hasta anular toda perspectiva de crecimiento y creación de empleo. Pero no solo de dineros van las elecciones, del voto dependen cuestiones capitales para nuestro futuro a medio plazo y para la credibilidad de la democracia como método para organizar una convivencia civilizada. Aun siendo imperfecto, no hemos encontrado otro mejor.
Las soluciones de emergencia adoptadas por los parlamentos de Roma y Atenas, con la designación de sendos técnicos para llevar a cabo unos durísimos planes de ajuste, no son el mejor aval democrático en medio de una crisis que Angela Merkel acaba de describir como la más grave padecida por Europa desde la II Guerra Mundial. Es la muestra palmaria del fracaso de unos políticos que no dudan en aprobar en el Parlamento las medidas quirúrgicas que les exigen pero rechazan la responsabilidad de llevarlas a cabo para no cargar con el coste electoral que puedan depararles en el futuro.
Foto: Luis Sevillano
Hay que remontarse a 1982 para encontrar encuestas tan decantadas a favor de uno de los candidatos. España salía del trauma de un golpe de Estado y el partido gobernante había saltado en pedazos. Felipe González fue capaz de crear una esperanza colectiva en torno a un proyecto modernizador con tintes regeneracionistas. También entonces la oposición apelaba al lema del cambio. Rajoy se impone hoy en los sondeos con similar contundencia, pero la ilusión que genera más allá de la familia nada tiene de inenarrable. Al inicio de la campaña solo inspiraba confianza a un escaso 30% de los electores aunque más de un 45% se mostrara dispuesto a votarle.
Angela Merkel. Foto: REUTERS
La cita con las urnas llega en una situación agónica de la economía española y en medio de la crisis más aguda que haya vivido la Unión Europea. A los cinco millones de parados se suma el tardío reconocimiento de que estamos en zona de crecimiento cero y con riesgo de caída, lo que el lenguaje de los mercados traduce en un 7% de interés para las obligaciones del Tesoro a diez años y un diferencial con el bono alemán que se aproxima a los 500 puntos. El catálogo completo que obligó a otros países a pedir el rescate.
La UE discute mientras tanto planes de emergencia que profundizan en los mecanismos de control del gasto en línea con la austeridad trazada sin concesiones por Alemania. Ya no basta con someter a visado previo el presupuesto, se plantea la figura de una especie de supercomisario con capacidad para controlar su ejecución. Este nuevo cometido exige modificar el Tratado de Lisboa, pero todo sacrificio es bienvenido ante el dios de la austeridad.
A juzgar por la atención que le prestan los políticos, el Senado es la institución más irrelevante de nuestro edificio constitucional, aunque Zapatero haya tratado de darle cierto empaque político con su comparecencia mensual de rendición de cuentas. En ninguno de los debates electorales de alcance nacional ha merecido una sola mención. Desde el cinismo cabría decir que nadie se acordaría de él si lo derribaran los vientos de austeridad dominantes. Hay candidatos que han hecho campañas esforzadas en sus circunscripciones, pero su papel no pasa de actuar como teloneros de quienes encabezan las listas al Congreso.
La reforma del Senado, que obligaría a tocar la Constitución, ha sido una de las promesas más incumplidas de los programas electorales. La llevó Aznar en 1996 y Zapatero en 2004. Algún borrador llegó a avanzar hacia el consenso entre los dos partidos mayoritarios, pero nunca encontraron el momento adecuado para ponerlo en marcha, quizá porque su propia insignificancia institucional desaconsejaba abrir la caja de Pandora de una reforma de la Carta Magna y porque los partidos nacionalistas tampoco han visto nunca con buenos ojos un Senado de perfil federalista que ellos identifican con el "café para todos".
El lehendakari Patxi López en un acto electoral del PSE/ EE junto a Eduardo Madina y Ramón Jauregui, en la Plaza de la Constitución. EFE/ Juan Herrero
El mapa de España tiene decenas de puntos negros donde ETA dejó huella de sus crímenes, incluidos algunos de los más horrendos, como el de Hipercor. Pero la capital de ETA estaba en el País Vasco. Fue aquí donde el mal adquirió caracteres de pandemia y donde queda pendiente una larga tarea para normalizar la convivencia. Estas son, al fin, las primeras elecciones generales que se desarrollan sin la amenaza de las pistolas, que todavía en las de 2008 le costaron la vida al exconcejal socialista Isaías Carrasco.
Los bloques informativos de campaña en las televisiones públicas son un engaño al público que los presentadores de TVE denuncian a diario en términos más eufemísticos. Lo que supuestamente es un espacio de noticias está minutado por la Junta Electoral Central y las imágenes son distribuidas por los partidos. Una más de las anacrónicas anomalías –como la prohibición de publicar encuestas desde cinco días antes de los comicios- que perduran en nuestra normativa electoral y que los usos partidistas han llevado hasta la caricatura.
Nacido hace 59 años en la franja catalano hablante de Huesca, Jose Antoni Duran i Lleida es un fijo en el hemiciclo del Congreso desde 1982, con breves eclipses para desempeñar cargos en la Generalitat. Bien valorado por lo general en las encuestas, sólo en las dos últimas elecciones ha encabezado las listas de CiU y en ambas cosechó el peor resultado histórico de su grupo: diez escaños. Sabe que se juega mucho este domingo y por eso puso en marcha su maquinaria en cuanto se anunció, a finales de julio, el adelanto electoral. Lleva tres meses largos de campaña, a razón de tres actos públicos en las últimas semanas, que paga a veces con gestos descontrolados de irritación ante cámaras y micrófonos que su narcisismo le impide eludir.
Contaba con un hundimiento socialista que le aupara al liderazgo en Cataluña y ahora mismo tiene que mirar por el retrovisor para que el PP no le relegue a la tercera plaza, lo que sería una catástrofe para su grupo. En su maratón preelectoral no ha tenido empacho en disputarle al PP el voto ultra con sus pronunciamientos contra los matrimonios homosexuales, a favor del endurecimiento de la ley migratoria o su desprecio a la política de subsidios agrarios en Andalucía. Su programa económico encaja sin dificultad con el de Rajoy, al que reprocha haber copiado algunas de sus ideas, y se postula para componer ese retrato dialogante que pregona el líder popular, al tiempo que saca la calculadora para poner en valor unos votos que podrían permitir al PP conseguir mayorías cualificadas sin el concurso del PSOE.
Como veterano político sabe que cuando alguien goza de mayoría absoluta es más propenso a buscar la adhesión que la negociación y no esconde su temor a que su gran bandera, el pacto fiscal, se hunda ante las urgencias del calendario económico. Para que no queden dudas de su buena disposición, el sábado reivindicó las bondades del pacto del Majestic, que en 1996 selló la alianza de CiU con un Aznar en minoría, después de haber sostenido a González en la legislatura anterior. En su defensa apeló a las inversiones aprobadas por Aznar para el puerto y el aeropuerto. Ninguna alusión, faltaría más, a la reciente llegada del AVE a Barcelona, al espléndido aeropuerto inaugurado hace unos meses o a las mejoras de financiación logradas con un Estatuto que CiU apoyó y el PP recurrió al Constitucional. La coherencia del pragmatismo.
Los indecisos desencantados del PSC son en esta recta final la diana de Duran y Lleida para competir no por la segunda plaza, sino por la primera. Su principal cañón en esta batalla es la balanza fiscal, que según el consejero Andreu Mas-Colell producirá este año un déficit de 16.000 millones de euros, un 8% del PIB catalán. Y con ese contador a cuestas viaja Durán y Lleida por su mapa de mítines. Desde su silencioso despacho de expresidente, en la Diagonal barcelonesa, José Montilla discute la validez de este cálculo, que en su opinión refleja el sistema anterior de financiación (heredado de Aznar) y que se reduciría al 5% el próximo año con el pleno despliegue de la fórmula fijada en el Estatuto. No tan lejos del 4% que los convergentes reclaman como techo de solidaridad invocando el modelo alemán.
Badalona es una gran ciudad del cinturón industrial de Barcelona, feudo tradicional del PSC, que en las últimas elecciones municipales se decantó por el PP. De mayoría castellano hablante, no es una plaza fácil para Durán i Lleida. El discurso nacionalista no tiene aquí mayor tirón, pero sí el del paro y los estímulos para crear empleo. En un teatro de reducido aforo culpa a la incompetencia socialista de la escalofriante cifra de cinco millones de parados y reclama al PP ese pacto fiscal que como bálsamo de Fierabrás daría a Cataluña los recursos necesarios para crear empleo y mantener el Estado de bienestar.
La cartelería de CiU muestra un perfil de Durán i Lleida con Mas en segundo plano. Su lema, "Força", evoca aquel "Forza Italia" que catapultó a Berlusconi. Su apelación final en mítines y entrevistas es todo un monumento al idealismo: "Vota con la butxaca" (el bolsillo).
Foto: GORKA LEJARCEGI
La derrota socialista viene gestándose desde hace al menos dos años y no hay campaña electoral que pueda alterar unas capas tectónicas tan sólidamente sedimentadas. Zapatero consolidó su victoria de 2008 en el segundo debate con Rajoy, el 3 de marzo, pero visto retrospectivamente allí empezó a incubarse el naufragio al que se encamina su partido. La crisis que ya empezaba a aflorar (el hundimiento del banco Bear Stearns data de ese mes) no pasaba de ser en su discurso una simple desaceleración, lo que le hizo prometer que esta legislatura sería la del pleno empleo, con la creación de dos millones de puestos de trabajo. Un paro desbocado abriría después una enorme vía de agua que traspasó votos a chorro al PP, fenómeno que se aceleró cuando tuvo que cambiar su obsoleta carta de navegación por la que le fijaron desde Bruselas. Nada tiene de extraño que la fidelidad de los votantes socialistas haya caído por debajo del 50%. El pasaje se ha amotinado contra el capitán y no está dispuesto a que le sustituya su primer oficial. Exige una tripulación nueva.
Sobre el autor
Jesús Ceberio es periodista, ha sido corresponsal en el País Vasco (1975-78), en México (1980-85)
y director de EL PAÍS (1993-2006).
Sobre el blog
Punto de Vista es una aproximación crítica a la campaña electoral en tiempos de desesperanza y desafección a los políticos.
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