La conexión Malvinas

 

    Viajar a las islas Malvinas es retroceder un poco en el tiempo. La vida en las islas preserva el ritmo de una pequeña aldea aislada del resto del mundo, aunque es una aldea bastante más próspera que muchas otras. Después de la derrota argentina en la guerra de 1982, los kelpers dejaron de ser kelpers (ciudadanos de segunda), pasaron a tener pasaporte inglés y empezaron a ejercer en forma unilateral derechos de explotación de los recursos del mar adyacente. 

    Gracias a la actividad pesquera, ganaron independencia económica, dejaron de depender financieramente de Londres y ahora se ilusionan con un futuro de magnates, si es que encuentran petróleo en la plataforma marítima que exploran de manera unilateral y a pesar de las protestas del gobierno argentino.

   El poder central británico sólo mantiene con fondos propios una presencia militar en la base aérea de Mount Pleasant, cuya pista de aterrizaje es el punto de arribo de los pocos aviones que aterrizan en las islas. Después de los trámites migratorios, los civiles deben abandonar la base, que es de exclusivo uso militar y funciona como una unidad auto suficiente, con sus propios negocios y bares para el entretenimiento del personal; la mayoría toma un transporte terrestre hacia la vecina Puerto Stanley, la capital de las islas (que fue bautizada durante la guerra de 1982 por los militares que la ocuparon con el nombre de Puerto Argentino, denominación que no reconoce ningún otro antecedente histórico)

  La conexión con el Reino Unido se produce a través de un vuelo de la fuerza aérea inglesa que parte de una base en Brize Norton. No es una ruta comercial, tiene espacio limitado, su frecuencia es irregular y requiere de una escala en la isla de Ascensión. De esa manera llegará a las islas el príncipe William, en su anunciada estadía de seis semanas, como parte de su entrenamiento como piloto de helicópteros, que va a desarrollar entre febrero y marzo en Mount Pleasant.

   Ante tantos inconvenientes, para los civiles, los propios isleños recomiendan utilizar el vuelo comercial, con una frecuencia semanal, que la empresa Lan Chile opera desde Punta Arenas, al sur de Chile, hacia Puerto Stanley  a un costo aproximado de 600 dólares por el pasaje de ida y de vuelta. Esta ruta no podría operar sin el permiso expedido por del gobierno argentino de sobrevuelo sobre el territorio continental.

    El acuerdo entre Argentina y el Reino Unido data de 1999 y surgió en un contexto histórico inesperado. Para protestar por la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres, el gobierno chileno canceló los vuelos a las islas (en un curioso giro de los acontecimientos, ya que Pinochet había brindado un apoyo logístico importante al Reino Unido durante la guerra de 1982) La medida cesó cuando Pinochet fue devuelto a Chile, donde gozaba de impunidad por sus crímenes. En el entretiempo, al encontrarse en una situación de debilidad, y con tal de mantener un vuelo hacia el continente americano, los isleños cedieron a la exigencia del gobierno argentino de levantar la prohibición que pesaba desde el fin de la guerra para que ciudadanos con pasaporte argentino visitaran las Malvinas. 

   Con el tiempo, Lan Chile retomó su ruta a las islas y dejó de hacer una escala exigida en Río Gallegos. La frecuencia se acrecentó con vuelos especiales hasta que en el año 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner denegó la autorización para los charter (vuelos especiales), con los que la compañía aumentaba el número de pasajeros transportados más allá de lo permitido por la frecuencia semanal ya autorizada.

    La estrategia de dificultar la conexión aérea de las Malvinas representa para los isleños un reto, ya que les cuesta romper el aislamiento con otras rutas (Brasil y Uruguay se han negado a establecer rutas permanentes) y la poca frecuencia de vuelos afecta a la industria del turismo, que representa la segunda fuente de ingresos detrás de la pesca, si bien muchos turistas llegan en cruceros.

   La incertidumbre se ha incrementado por estas horas en las islas con rumores de que Cristina Fernández de Kirchner podría revocar el permiso de sobrevuelo que necesita Lan Chile para atravesar la argentina continental. 

   Entrevisté hace pocas horas a Mike Summers, representante de los isleños en el consejo legislativo desde hace 14 años (con ocho miembros, se trata del único órgano que surge del voto popular, en tanto que el gobernador es un diplomático asignado en ese cargo por el Foreign Office, la cancillería británica) Le pregunté qué harían si pierden el permiso para los vuelos, y me dijo que ellos ya están acostumbrados a enfrentar la "permanente agresión y hostilidad" del gobierno argentino hacia los isleños, una población que reclama su derecho a la autodeterminación y actúa con el consentimiento de los ingleses con la política de los hechos consumados, ignorando que existe un conflicto de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina y un mandato de las Naciones Unidas para que las partes se sienten a negociar. 

   Para los isleños como Summers, no hay nada que discutir: sólo resta que Argentina abandone su reclamo y los deje vivir en paz, con los campos minados por los militares durante la guerra como único recuerdo que no se puede remover del paisaje de las islas, más allá del cementerio donde están enterrados los soldados argentinos caídos en conflicto, que se encuentra en un paraje alejado de la ciudad capital de Puerto Stanley. 

   La decisión reciente de Chile, Uruguay y Brasil, y del resto de la región, de acompañar con hechos concretos el reclamo de soberanía de la Argentina prohibiendo el ingreso de barcos con bandera de las Falklands Islands (único nombre que reconocen isleños e ingleses para las Malvinas) a sus puertos se soluciona relativamente fácil: los pesqueros enarbolan la bandera inglesa.  Pero no deja de ser otro factor de preocupación, porque produce un efecto de encierro. Para el mediano plazo, la inquietud de los isleños tiene que ver con la necesidad de contar con apoyo logístico desde el continente americano para las operaciones de exploración de petróleo en la plataforma marítima que rodea a las islas. Allí se asienta la próxima promesa de un futuro próspero e independiente, junto con la esperanza del Reino Unido de encontrar una fuente de recursos que revierta su déficit energético.

 

Madre a los 11 años

A la nena de 11 años le dolía abdomen y tenía nauseas; tras descartar otras posibilidades más previsibles a tan temprana edad, en un hospital público de la provincia de Entre Ríos le detectaron un embarazo. La nena, confundida, dijo que deseaba volver a tener el cuerpo de antes; su mamá y su padrastro, intentaron que abortara legalmente. Pero ni los médicos ni los tribunales facilitaron el trámite. Todo lo contrario, lo complicaron hasta que los adultos a cargo desistieron: el embarazo, que transita la semana número 12, seguirá su curso.

Al ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, le pareció todo muy razonable y destacó la sabiduría de la naturaleza, que a su entender, guía ahora los destinos de la pequeña. 

"El equipo médico que revisó a la niña dijo que no corresponde el aborto en este caso", reseñó Cettour, cirujano de profesión. Cettour no creyó ver ningún conflicto: "Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea". 

El ministro, que se pronunció antes que lo hiciera la Justicia, explicó que la suya no es una opinión sin fundamento: "Me baso en los especialistas que dicen que puede seguir el embarazo en muchísimas adolescentes. Acá repercutió por un pedido de los familiares (para un aborto) pero embarazadas adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, no es algo aislado".

El cuerpito de la niña es tan diminuto que sus caderas tal vez no soporten el parto, pero la naturaleza es sabia: cuando la nena fue a visitar a su abuelo, un chico conocido de la familia, de 17 años, la violó y como ella ya había menstruado y ovulaba, quedó embarazada. ¿La naturaleza es sabia? No me puedo sacar la frase de la cabeza. En todo caso, dijo Cettour, el asunto se arregla con una cesárea.

Mientras me disponía  a escribir este texto descubrí que el blog "Mujeres" del diario El País traía otro ingreso que aludía a la maternidad de una niña de 11 años. Por un momento pensé que se trataba del mismo caso, pero no: alude al caso de una chica en Turquía, donde se supone que la religión y la cultura son mucho más tolerantes con el abuso de mujeres menores de edad. En Argentina, manda la hipocresía. Si se tratara de una joven de clase media o alta en condiciones de pagar el costo de un aborto clandestino, los padres de la menor de edad acudirían a una clínica privada que funciona al margen de la ley y asunto terminado.

Pero la mamá de esta la nena, que vive en la localidad rural de General Campos, acudió al hospital público regional, Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos se negaron a interrumpir el embarazo sin la autorización judicial correspondiente. 

El código penal argentino autoriza la práctica de abortos en contadas situaciones: siempre que corra peligro la vida de la madre, que sea demente o que haya sido violada. La redacción de la ley se presta a diferentes interpretaciones, y hay jueces que exigen que, además de haber sido ultrajada, la mujer tenga capacidades mentales disminuidas como para que pueda disponer de su cuerpo. Algunos médicos no se animan, o no quieren, practicar abortos cuando se cumple alguno de los requisitos que marca la ley y piden la intervención de la Justicia para quitarse la responsabilidad de la decisión.

El juez de Concordia que intervino, Raúl Tomasseli, en lugar de actuar de manera rápida, volvió a someter a la niña a una serie de pericias, citó a la madre, luego al padrasto, pidió la opinión de los médicos y casualmente, mientras todo esto ocurría, la abogada de la familia, María Susana Benítez, se presentó en el día de ayer en tribunales y retiró la petición del aborto. Extraño.

Las organizaciones de mujeres que luchan por la legalización del aborto en Argentina sospechan de la abogada, que practica su profesión en forma privada. ¿Quién le pagará sus honorarios? Como sus clientes no están en condiciones de hacerlo, temen que la voluntad de la familia haya sido torcida por intereses muy ajenos al futuro de esta nena que ahora se encamina a ser madre a los 11 años.

Ante tamaño escándalo, que viola los derechos humanos de esta criatura pobre obligada a llevar adelante un embarazo a la edad en que debiera transitar su infancia (no estamos hablando de una adolescente siquiera), el Gobierno nacional se encuentra sumido en un silencio cómplice que aturde, como dijo una de las feministas que acompañó el caso. 

Ningún funcionario de jerarquía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha pronunciado, ni ha mostrado el más mínimo interés por el futuro de esta criatura que, si se las arregla con su cuerpecito, dará a luz a una criatura fruto de una violación. A los 11 años.

 

Las vacaciones de Coqui

 

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, partió de vacaciones con sus dos hijas adolescentes a las bellas playas de Panamá y en lugar de viajar en un avión de línea, se transportó en la aeronave que sustenta con fondos públicos de su provincia, una de las más pobres del país. Todas las excusas que Coqui (como se apoda el gobernador) ha intentado brindar desde que fue descubierto se desvanecen como la trama de una telenovela de la tarde.

Veamos:

* Coqui dijo que el suyo no fue un viaje de placer, sino que partió en misión oficial.

Sin embargo, la página de internet de la gobernación del Chaco anunció que se tomaría licencia entre el 28 de diciembre y el 6 enero. Justo las fechas que coinciden con su viaje a Panamá.

* Coqui afirmó que el Lear Jet 60, dominio LVCIO, que la provincia del Chaco compró por cuatro millones de dólares un año atrás, requería de un service técnico que se realizaría en Panamá. Según su versión, aunque viajaron él y sus de sus hijas -Guillermina de 19 años y Jorgelina, de 15 años- esto no representó un costo adicional para la provincia.

Ocurre que la empresa que proveyó la logística del avión en el aeropuerto panameño, Pipo DS S.A., informó que sólo le había "suministrado hidrógeno a una cubierta". Legisladores de la oposición le han pedido al gobernador que difunda los documentos que probarían que tal service existió; Capitanich aún no responde. 

Otro detalle:  el gobernador autorizó en abril pasado un pago de 870 mil dólares para el mantenimiento del avión, destinado a otra empresa, llamada Baires FLY S.A., que se encuentra radicada en la ciudad de Buenos Aires, según informó el diputado radical Livio Gutiérrez.

* Coqui explicó que tenía previsto viajar en un avión de línea, pero que una convocatoria imprevista de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo obligó a declinar su plan original, porque el día de su partida debió viajar a la ciudad de Buenos Aires. "Lamentablemente, tuve que suspender las vacaciones que tenía programadas", se quejó.

¿Su destino era otro o tenemos que creer que por casualidad él ya tenía pensado viajar a Panamá y entonces todo coincidió con la revisión técnica del avión en ese mismo país? ¿No pudo cambiar la fecha del pasaje como cualquier otro mortal?

* Para darle un carácter oficial al viaje, Coqui reveló que había realizado una escala en Haití, aunque el avión nunca aterrizó en Haití, sino que lo hizo en Santo Domingo, República Dominicana. 

De todas maneras, parece que el gobernador sí pasó por Haití, y que allí se entrevistó con el presidente Michel Martelly y visitó a un grupo de chaqueños que realiza una misión humanitaria en el país que hace dos años fue asolado por un terremoto devastador. Ahora, ¿un gobernador puede disponer del avión privado de la provincia para viajar al exterior? ¿Es un gasto razonable para una "misión humanitaria"? Un vuelo privado a Panamá cotiza unos 80 mil dólares, incluyendo el combustible y el honorario de los pilotos.

* Coqui tampoco resulta favorecido por el testimonio de quienes lo rodean.

Hace tiempo que no anda en muy buenos términos con la diputada Sandra Mendoza, la madre de sus hijas con quien tuvo una ruptura bastante escandalosa y pública, aunque el divorcio está aún en trámite. Mendoza le reprochó desde su página en Facebook que se fuera de vacaciones en un momento inoportuno (la presidenta se había operado de un presunto cáncer) y luego dijo que la salida de sus hijas del país había sido irregular: "Yo no sé cómo hace para sacar a mis hijas del país. No puede hacerlo sin mi consentimiento. Hay complicidad del Poder Judicial de Chaco", afirmó. 

Desde la gobernación señalaron que Mendoza ha perdido la patria potestad de sus hijas, y que él no necesita de su autorización, pero no se conocen pormenores como para saber quién dice la verdad.

Coqui tampoco se lleva bien con su vicegobernador Juan Carlos Bacileff, quien apuntó que nadie le había informado del viaje de Capitanich como para que él pudiera asumir el mando en forma interina.

* Como consecuencia del revuelo, se conocieron otros destinos que tuvo en el 2011 el avión de la provincia del Chaco: pasó por Río de Janeiro, Brasil; por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; y por Punta del Este, Uruguay, uno de los balnearios más exclusivos del Cono Sur. La gobernación emitió un comunicado para consignar que tanto el viaje a Bolivia como el viaje a Brasil habían sido en cumplimiento de misiones oficiales del gobernador. Pero no respondieron por Punta del Este: consignaron que el convenio de compra del avión incluyó que durante los meses del verano quedara a disposición del vendedor para viajes de entrenamiento.

¿Se habrán ido a entrenar a Punta del Este?

Al final, Capitanich bien se podría servirse de un consejo de su ex esposa: "Hubiese pagado un bussiness o ido en clase turista, como hicimos siempre", dijo Mendoza.

En definitiva, hubiese pagado de su bolsillo y se ahorraba todas estas explicaciones inverosímiles.

El cáncer que no fue

Una buena noticia -que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no padece el cáncer de tiroides que le habían diagnosticado- trajo alivio, pero también se prestó a las más variadas interpretaciones y preguntas, vinculadas todas ellas al anuncio original, que ahora sabemos errado.

Antes de la operación, que tuvo lugar el miércoles 4 de enero, un reconocido endocrinólogo me había advertido que cualquier diagnóstico que sonara terminante podía resultar precipitado, ya que las conclusiones firmes en estos casos sólo provienen de "la anatomía patológica después de la cirugía". Por tal razón, el doctor Marcos Abalovich, presidente de la sociedad latinoamericana de su especialidad, se mostraba sorprendido porque el comunicado original de la presidencia establecía en forma contundente que Cristina Kirchner no tenía metástasis de ningún tipo. Pero no mencionó la otra alternativa. 

Aunque son infrecuentes, ahora nos informan que existen los así llamados "falsos positivos": casos en los que el estudio de las células que se extraen en una biopsia lleva a un patólogo o a un citólogo a concluir en forma equivocada que hay presencia de células cancerígenas, en un porcentaje que oscila entre el 2 y el 4 por ciento. Con este "nuevo" diagnóstico, y tras el alta médica, la Presidenta dejó el sábado 7 de enero, las instalaciones del Hospital Austral, donde había sido intervenida. Partió como había llegado, en helicóptero.

Una pregunta sería entonces ¿por qué el parte médico inicial (que anunció el hallazgo mediante una biopsia de un carcinoma papilar) omitió mencionar, aún como probabilidad lejana, el escenario más optimista?. Cuesta demasiado creer, como parecen sugerir algunos titulares, que el diagnóstico se haya comunicado especulando con una maniobra para sensibilizar a la opinión pública. 

Entrevisté en la radio al doctor Jorge Carrascosa, director del instituto Diagnóstico Maipú, la clínica privada en la que se realizó la biopsia de la presidenta. Según Carracosa, el de Cristina Fernández de Kirchner es el primer falso positivo de la historia de la clínica, que tiene más de 35 años de trayectoria. Puede ocurrir, me dijo, y ocurrió justo con la presidenta. Le pregunté si los resultados, tal como los redactaban en la clínica, contenían alguna advertencia sobre los "falsos positivos", que en otro de disciplinas equivale al "margen de error", como para que el paciente sepa que no es infalible. Me respondió que, como los estudios son evaluados por especialistas, la aclaración resulta innecesaria. Tal vez, en ese aspecto, el caso de Cristina Kirchner no fuese igual a otros y hubiese merecido otra consideración; pero no es problema de Carrascosa, mucho menos de la paciente que vendría a ser la primera damnificada; pareciera sí responsabilidad del jefe de la Unidad Médica Presidencial, Luis Buonomo, a cargo de la redacción de los comunicados.

"Operación tiroides", tituló Perfil su edición dominical. Son hipótesis que desafían un poco el sentido común: por lo general, las figuras públicas tienden a minimizar o a subestimar la gravedad de una enfermedad ante la opinión pública. Es cierto, sin embargo, que la victimización es una estrategia política que puede ser eficaz, y el abordaje de la muerte temprana de Néstor Kirchner desde el discurso oficial lo presenta muchas veces como un mártir que dio la vida una causa política. Pero no es equiparable al manejo de la información acerca de la salud de la presidenta en ejercicio de su mandato.

Cuando le tocó hablar de su enfermedad, Cristina Krichner dijo que después del tratamiento se postularía para presidir la convención de presidentes que han sobrevivido al cáncer, y lo hizo sin omitir la palabra cáncer, que suele generar espanto. Pero la información que llegaba del Gobierno enfatizaba que se trataba de la forma más benigna de cáncer para la mujer, con los mejores pronósticos de recuperación. De manera inusual, el vocero presidencial Alfredo Scoccimarro había dado una cantidad de datos que parecían precisos sobre el diagnóstico y el tratamiento (aunque a la luz de los hechos ya no sean tan precisos), y la comunicación fue elogiada por medios y opositores, algo también inusual. En particular, resultó destacable que Cristina Kirchner optara por delegar el poder en su vicepresidente, Amado Bodou, para evitar incertidumbre institucional.

             El vocero de la presidenta, leyendo un parte médico.

Ante el giro inesperado, el diario La Nacion, encabezó con un titular neutro: La presidenta no tiene cáncer. Sin alentar ninguna sospecha y sin repartir culpas entre los médicos, la crónica central relata que el cambio de diagnóstico le fue comunicado a la paciente días después de su operación y que la noticia le había producido una gran emoción a ella y a sus hijos, Máximo y Florencia.

El diario Clarín parece sugerir impericia por parte del equipo médico que intervino: "La presidenta fue operada por un cáncer que no tuvo". Sin embargo, en la edición del periódico (al igual que los demás medios) queda asentado con el testimonio de diversos especialistas que, por lo que se sabe de la historia clínica de la Cristina Fernández, igual estaría indicada la extracción de la tiroides, para prevenir el riesgo de que los tumores benignos viren a maligno. De aquí en más, Cristina Kirchner, que no tiene cáncer ni tampoco tiroides, deberá tomar de por vida un medicamento que suple las funciones del órgano extirpado.

Aunque inicialmente había solicitado una licencia de 20 días, como ahora ya no tendrá que tomar el yodo radioactivo que se indica para eliminar todo rastro en operaciones de cáncer de tiroides, podría retomar antes su agenda de trabajo. Es evidente que alguien minimizó la posibilidad de un examen inicial equivocado, sean los médicos o los voceros del Gobierno, o tal vez faltó que prevaleciera la opinión de un endocrinólogo experimentado (se ha difundido el nombre del cirujano y también el de los patólogos que atendieron a Cristina Kirchner, pero el especialista en tiroides no ha figurado, al menos en los partes médicos). Por suerte, ya no es importante. Mejor así.