Cómo mandar a las mujeres a lavar platos

   Quiero suponer que, en estos tiempos, los productos de limpieza suponen un desafío particular para las agencias de publicidad. ¿Cómo promocionar un detergente sin caer en el estereotipo machista de la mujer que lava la vajilla?

   Todavía, al menos aquí en Argentina, ninguna marca de productos del hogar se animó a proponer a un hombre como protagonista de un comercial. Pero no es un problema de falta de coraje: es reflejo de una realidad, porque pese al protagonismo creciente de la mujer en el mundo del trabajo, los asuntos domésticos aún son del orden de lo femenino (en términos generales). 

    De todas maneras, la imagen de la mujer que suelen transmitir esos avisos atrasa, creo que sin exagerar, unos cincuenta años. Disculpen, pero yo no encuentro grandes diferencias entre la publicidad de detergente Magistral que salió hace algunos días a toda página en diarios nacionales y los manuales de la buena esposa de los años 50.

   Este aviso debe ser, supongo, considerado moderno por sus creadores, ya que incorpora un concepto más hedonista de la mujer. Salió publicado en el diario La Nación hace algunos días.

   Ya no sólo se preocupa por la vajilla, a esta mujer también le importa preservar sus manos suaves, y entonces nos venden un producto que se ocupa de nosotras tanto como de nuestros platos.

   Tal vez me encontraba yo demasiado sensible cuando me crucé con este aviso, y todo este texto sea un exceso, y entonces sabrán ustedes disculpar, pero la asociación entre lavar platos y el spa me sacudió.

  ¿Hay algo del orden de lo placentero para la mujer en esta tarea?

   No es lo peor que te puede ocurrir en la vida ni mucho menos, y hay muchos hombres, millones, que a diario también acometen con esta tarea, pero de ahí a asociar la limpieza con una sesión de puro placer, me parece un gesto de subestimación de las mujeres, que en este mundo tenemos muchas otras ocupaciones en la vida que no pasan ni por lavar platos ni por una sesión de masajes.

    Según el último censo, realizado en el año 2010, el 44 por ciento de los hogares argentinos (algo más de cuatro millones de hogares) está a cargo de mujeres, y si bien la mayoría son solteras o viudas, un 20 por ciento de este grupo está integrado por mujeres casadas que aportan el ingreso principal al hogar. El creciente protagonismo de la mujer en el mercado laboral, sin embargo, no se ha visto acompañado en la misma medida con una mayor participación del hombre en las tareas del hogar.

    Hace algunos años, la diputada Marcela Rodríguez propuso modificar el código civil, en el capítulo que refiere a los derechos y obligaciones de los cónyuges, para establecer que los esposos deben, entre otras cosas, "compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de sus hijos". Si bien la diputada fue blanco de muchas burlas, y el proyecto nunca prosperó, no era un asunto menor.No se trataba de obligar por ley a los hombres a lavar platos, sino de establecer que la falta de cooperación en el hogar, cuando ambos cónyuges trabajan, podía llegar a ser invocada por la mujer como causal de divorcio.

   Ahora que lo pienso bien, lo que más molesta del aviso de Magistral debe ser la asociación entre la felicidad (al menos momentánea) y el lavar platos, como si fuese una tarea para la que estamos predestinadas, y que puede ser fuente de placer personal, al igual que una sesión de spa.

   Entiendo que es un mensaje común en casi todos los avisos dirigidos a la ama de casa -la mujer de las propagandas se encuentra plena si los pisos brillan, si la ropa de sus hijos luce un blanco reluciente o la comida que lleva a la mesa familiar es sabrosa- pero el estereotipo del hombre machista, al menos el nuestro, cuando no aguanta que una mujer ocupe un lugar determinado, ¿qué hace?: ¡La manda a lavar los platos!.

 

Testigo de cargo

   A veces, los periodistas nos topamos con alguien hasta ayer gozaba de la protección del poder de turno, alguien cuyos negocios no resultan del todo claros; pero esta persona hoy parece dispuesta a hablar de cosas que antes callaba, y entonces, con tal de escuchar, dejamos de preguntar por asuntos que podrían afectar su credibilidad, locuacidad o su predisposición a las entrevistas.

   Estoy pensando en Hugo Moyano. Desde que su relación con el Gobierno se quebró, empezó a conceder entrevistas a medios y periodistas a los que antes -hace no tanto tiempo- ni les dirigía la palabra. Muchos de estos periodistas, que ayer no más resaltaban las debilidades del titular de la Confederación General de Trabajo (CGT) con el fin de golpear al Gobierno, que lo había ungido como su gran aliado en el mundo sindical, hoy lo reciben con otro ánimo. 

 

 

                        La presidenta con Moyano, en otros tiempos.

 

  La tentación de convertir a Moyano en un testigo de cargo puede resultar irresistible. Quien fuera un gran promotor de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también de su actual vicepresidente Amado Boudou, quien negoció grandes beneficios para su gremio, el de camioneros, a cambio de alinear a la CGT con el Gobierno, se muestra ahora igual o más severo con el Gobierno que la oposición. En los medios de comunicación funciona en estos casos una inercia particular: el peso del golpe de quien estuvo cerca se proyecta con mucha más fuerza que la crítica de quien siempre mantuvo la distancia.

 

   En el caso de Moyano, los cambios resultaron demasiado abruptos como para pasar inadvertidos. Los mismos medios oficialistas y de propaganda que ayer lo tenían abonado, hoy ya no lo invitan a su mesa. Para los demás periodistas, Moyano siempre ha sido una figura codiciada: todavía controla la principal central sindical de país (su mandato termina a mediados de año y el quiebre con el Gobierno hace peligrar su continuidad) y es el mandamás del gremio de los camioneros, uno de los más estratégicos: moviliza áreas tan sensibles como la recolección de basura, el transporte de caudales y el transporte de granos hasta los puertos. Bajo cualquier parámetro, es un entrevistado interesante.

 

   Si Moyano se plantara, tal vez, podría faltar plata en cajeros, se paralizaría la exportación de granos y las calles se transformarían en basurales abiertos. Además, es millonario y recuada fondos todos los meses del aporte de los trabajadores, a quienes presta servicios con empresas asociadas a su grupo familiar. Gracias su alianza con Néstor Kirchner, pudo consolidar un verdadero emporio económico que manejan él y sus familiares alrededor de los negocios del gremio, la obra social y la mutual de camioneros. 

 

   Casi todos los proveedores del grupo camioneros son empresas vinculadas a Moyano y a su esposa, Liliana Zulet. Compañías de seguros, de informática, la empresa que realiza los estudios que requieren las licencias de conducir camiones, las prestadoras de salud de la obra social, la empresa constructora de los hoteles de la mutual y hasta los uniformes de trabajo, todas estas proveedoras, tienen en su directorio a la familia Moyano. 

   

   La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que dedica mucho tiempo a investigar al modelo de negocios del titular de la CGT, calcula que Moyano y su familia obtuvieron una ganancia superior a los 12 millones de pesos en un período de cuatro años, sin contar la compra de inmuebles. Muchos medios han seguido la evolución patrimonial de Moyano, apuntando las sospechas que pesan sobre su vínculo con Covelia, una empresa de recolección de basura que en los años del kirchnerismo se alzó con un número llamativo de contratos en municipios del conurbano de la provincia de Buenos Aires, los más poblados del país, y por lo tanto, los que ofrecen los contratos más suculentos. Antes de romper con el Gobierno, Moyano castigaba a quienes pretendían hurgar en su patrimonio, y decía ser víctima de una campaña en su contra, montada, en gran parte, por el Grupo Clarín. 

   

    El punto de mayor tensión se produjo cuando un funcionario público en Suiza, ante movimientos sospechosos detectados en una cuenta vinculada a Covelia, preguntó a través de un exhorto judicial si los Moyano tienen causas pendientes con la Justicia argentina. Como Moyano contaba aún con la protección del Gobierno, la respuesta se demoró. Pero la relación del titular de la GCT con la presidenta Kirchner se ha deteriorado hasta un punto de no retorno, el exhorto ahora camina y su nuevo posicionamiento lo obligó a revisar su estrategia frente a los medios de comunicación.

   

   El nuevo Moyano, que pasea entre otros por los programas periodísticos de Todo Noticias, del Grupo Clarín, sin rastros de viejos enconos, a veces se encuentra con sorpresas desagradables, como le ocurrió cuando Nelson Castro le preguntó de manera insistente por la propiedad de las empresas que prestan servicios a camioneros. Moyano cerró la discusión señalando que de esa manera, él se garantiza que nadie le robe a los camioneros (lástima que no estamos hablando de una sociedad sin fines de lucro, sino de empresas proveedoras del gremio que son contratadas sin ningún tipo de licitación, y que más allá del servicio que prestan a los afiliados, también le reportan ganancias nada desdeñables a la familia Moyano) Los primeros minutos de la entrevista que reproduce el video son desopilantes.

   

 

 

 

   Luego, Moyano le recriminó a Castro las preguntas, incluso dijo a modo de reproche que él había entendido que hablarían de política. Con sentido común, Castro respondió que él no podía dejar de formular ciertas preguntas. Superado el asunto, el titular de la CGT se vio mucho más cómodo mientras lanzaba títulos punzantes en contra del Gobierno, entre amenazas de ir a un paro general y advertencias acerca de las tremenda venganza le espera a la vuelta de la esquina, porque él sabe que son vengativos..., y si lo dice Moyano... 

 

   Los medios oficialistas y de propaganda del Gobierno, lo ignoraron; los demás, en su mayoría, eligieron titular con algunas de sus críticas a la presidenta: Moyano ya no es una figura para ser interpelada, sino simplemente escuchada por unos e ignorada por otros. 

 

 

 

Boudou, los negocios y la función pública

                El vicepresidente y su socio, Núñez Carmona.

       

   El vicepresidente Amado Boudou no logra despejar dudas sobre cuál fue su participación en la resurrección de Ciccone Calcográfica, una empresa gráfica dedicada a la impresión de documentos varios (como billetes de Lotería, entradas a recitales, boletas electorales o dinero), a la que el fisco le había solicitado la quiebra cuando acumuló una deuda superior a los 200 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

    Para hablar sobre este escándalo en plena ebullición, que tiene por primera vez en una posición defensiva a una de las principales figuras del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentaré ordenar los hechos que se conocen hasta ahora sin complicar demasiado la trama con detalles, porque creo que en el fondo todo esto es más simple de lo que parece.

    Después del pedido de quiebra, la competidora histórica de Ciccone, Boldt, una empresa que además tiene grandes intereses en la industria del juego (entre otros, la captura "on line" de apuestas), se postuló para alquilar la planta que se encontraba paralizada, en Don Torcuato, Tigre, en la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires. 

    Durante casi un año (desde mediados del 2010 hasta mediados del 2011), y con el aval de la Justicia, Boldt pudo alquilar la planta; hasta que, según informaron los directivos de Boldt, debieron interrumpir el contrato de alquiler porque la AFIP solicitó en tribunales el levantamiento de la quiebra: le había concedido un plan de pagos, con un interés mínimo y una quita de la deuda incluída, a un grupo empresarial llamado The Old Fund S.A. que adquirió gran parte del paquete accionario de la ex Ciccone. Durante el procedimiento, la AFIP debió consultar la opinión del ministerio de Economía, porque su titular, Ricardo Echegaray, no estaba facultado para avalar quitas de deudas. Boudou, entonces a cargo del ministerio de Economía, avaló la operación con una nota que forma parte del expediente judicial.

   ¿Quién se quedó con la ex Ciccone? Como directivo y cabeza visible de The Old Fund S.A. apareció Alejandro Vandenbroele, y la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana S.A.- se puso otra vez en funcionamiento. Una de sus primeras tareas fue la impresión de las boletas que requirió el partido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente para la Victoria, para las elecciones primarias de agosto del 2011. 

   Luego, la ex Ciccone y Boldt empezaron a competir en el ámbito del Banco Central por un contrato millonario para la impresión de billetes de 100 pesos, y aunque no había ganado la licitación, la Compañía de Valores Sudamericana llegó a realizar pruebas preliminares en la Casa de Moneda (algo que Boudou admite, aunque le cuesta explicar por qué ocurrió tal cosa). Por eso mismo, Boudou sostiene que toda esta historia es fruto de una vendetta de Boldt en su contra.

    Mientras todo esto sucedía, apareció Laura Muñoz, enojada y en un proceso de divorcio agrio con Vandenbroele. Muñoz dijo en una entrevista, y luego al declarar ante un fiscal, que su ex actuaba en verdad como "testaferro" el vicepresidente. El escándalo estaba servido.

   Después de semanas de jugar al distraído, Boudou debió salir a hablar del tema. Dijo que todo era un disparate, y jura no conocer a Vandenbroele. Para gran parte del aparato de propaganda del Gobierno, que no se conozcan demostraría que el escándalo no es más que una patraña de los medios opositores, con el aliento de la empresa Boldt, ya que nadie elige como testaferro a un completo desconocido.

    Sin embargo, el directivo The Old Fund publicó una larga solicitada en la que admite una relación de negocios con José María Núñez Carmona, amigo íntimo desde la infancia de Boudou, y para más datos, su socio comercial. Boudou y Núñez Carmona comparten al menos dos sociedades (Habitat Natural S.A. e Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A), como surge de la declaración jurada de bienes que el vicepresidente debió presentar ante la Oficina Anticorrupción. Núñez Carmona es el eslabón entre Vandenbroele y Boudou, porque su relación con el nuevo directivo de la ex Ciccone sí que está comprobada.

    Núñez Carmona, según contó el propio Vandenbroele en la solicitada, contrató sus servicios de abogado para que él lo asesora en la compra de un canal de televisión en Mar del Plata (la ciudad en la que crecieron juntos Boudou y su socio); Vandenbroele también contó que a través de Núñez Carmona, le consiguieron a Boudou un inquilino para el departamento que posee en el barrio más caro de la cuidad de Buenos Aires, en Puerto Madero. 

    El vicepresidente necesitaba algo más espacioso (no se mudó muy lejos: alquiló en una de los complejos más lujosos de Puerto Madero, frente al Hotel Hilton, y en el mismo edificio en el que la presidenta Kirchner adquirió dos pisos y unas cuantas cocheras) y un amigo de Vandenbroele fue a parar a la propiedad que Boudou dejó vacía. Se supone, por el relato de Vandenbroele, que todo esto ocurrió a través de intermediarios y que él nunca tomó contacto con el vicepresidente. 

                                          *        *        *

   Recapitulamos todo aquello que admiten los protagonistas de esta historia: 

   - que el vicepresidente tiene un socio, que es además su amigo más íntimo; 

   - que su socio, no sabemos si en forma independiente o con Boudou, exploró la posibilidad de comprar un canal de televisión, y para tal fin contrata a un abogado; 

   - luego resulta que este abogado, de apellido Vandenbroele, se transforma en la cara visible de un grupo empresario que logra el aval del ministerio de Economía (cuando Boudou era ministro de Economía) y de la AFIP quedarse con una de las imprentas más importantes del país; 

   - que ya con Vandenbroele en el directorio, la ex Ciccone imprime boletas para el partido oficialista; 

   - luego, y sin haber ganado ninguna licitación, realiza pruebas para la impresión de billetes moneda nacional; 

   - por último, resulta que este mismo abogado, a través de Núñez Carmona, consigue un inquilino para el departamento de Boudou. 

 

   El fiscal Carlos Rívolo, que indaga en toda esta maraña, ha mencionado los dos delitos que podrían investigarse: negociaciones incompatibles con la función pública (si se comprobara que Boudou se interesó por favorecer a una empresa determinada en el salvataje de la ex Ciccone) y lavado de dinero (si es que Vandenbroele no logra acreditar el origen de los dos millones de dólares que The Old Fund debió aportar para quedarse la imprenta) Mientras tanto, dirigentes de la oposición han pedido un juicio político conta Boudou, pero no va a prosperar en un Congreso con mayoría oficialista.

   Rívolo tiene fama bien ganada como fiscal independiente del poder político y eficaz a la hora de investigar casos de corrupción, pero es difícil aventurar cómo seguirá la causa judicial: entre otras cosas, porque el escándalo hizo que el contrato para imprimir billetes entre el Banco Central y la ex Ciccone nunca se concretara. De todas maneras, de todo esto surge algo demasiado evidente: la absoluta inconveniencia (porque en Argentina no es ilegal) del ejercicio simultáneo de la función pública (y nada menos que el ministerio de Economía o la vicepresidencia de la Nación) con el desarrollo de negocios privados, y mucho más cuando los negocios se entablan con dependencias del Estado que dependen de decisiones del Gobierno.

   Siendo ya ministro de Economía, Boudou creó sociedades con Núñez Carmona y atribuyó gran parte de su crecimiento patrimonial a la actividad de las sociedades que comparten (mucho más que al salario que percibe en la administración pública). Según sus estatutos fundacionales, se trata de sociedades dedicadas al negocio inmobiliario, entre otros. No es difícil pensar que Boudou no tiene demasiado tiempo libre como para dedicarle a las sociedades, ni tampoco que para Núñez Carmona debe ser bastante útil invocar el nombre de Boudou en cualquier circunstancia. El socio del vicepresidente, que no se priva de hacer negocios con el Estado, fue denunciado hace un par de años por un supuesto intento de soborno a las autoridades de Télam, la agencia oficial del Gobierno, mientras intentaba cobrar avisos de publicidad oficial asignados a su productora.

    Todo este escándalo, más allá de sus futuras derivaciones judiciales y políticas, sean o no de relevancia, demuestra que es imprescindible prohibir a los funcionarios públicos hacer negocios en el mundo privado mientras ejercen un cargo. 

   ¿Cómo puede ser que Boudou, y tantos otros, puedan afirmar sin pudor en las declaraciones juradas que sus patrimonios aumentan gracias a los negocios que hacen al mismo tiempo que son funcionarios públicos? Tarde o temprano, los caminos de una y otra actividad se cruzarán, y siempre de la peor manera, porque es evidente que no son compatibles.  

 

 

Del tren bala a la realidad, un abismo

    Desde que el Gobierno intervino la concesión del Sarmiento, los trenes de esa línea funcionan aún peor que antes, y eso es mucho decir.

    Después de la tragedia del 22 de febrero que terminó con la vida de 51 pasajeros, la frecuencia de los trenes disminuyó, porque se supone que la intervención se puso estricta con las medidas de seguridad que deben cumplir las formaciones para poder salir de los talleres, y entonces hay menos vagones circulando.

   Mientras tanto, siguen las pericias para determinar por qué, al llegar a Once, en lugar de frenar, el tren accidentado chocó contra la última defensa de la estación (extraña que el canal de noticias C5N haya "informado" en sus títulos que la pericia había determinado que los frenos funcionaban debidamente, cuando en realidad hicieron pruebas sólo con los cuatro vagones posteriores de la formación, y aún no hay conclusiones sobre los frenos de los cuatro delanteros)

      Como conté en mi post anterior, la señora que trabaja en mi casa, Susana, transita tres horas diarias de su vida arriba del Sarmiento (una hora y media de ida, una hora y media de regreso). A Susana ahora le resulta imposible encontrar espacio para montarse al tren en la estación de San Antonio de Padua, Merlo, la tercera parada desde que la línea parte de Moreno. Antes lo hacía sólo en situaciones excepcionales, pero ahora todas las mañanas toma el tren en la dirección contraria a Once (su destino) para ir hasta a Moreno, la otra cabecera, donde al menos encuentra, sino un asiento, un espacio donde ubicarse sin viajar aplastada hasta su destino. Una mañana evaluó la posibilidad de tomarse un colectivo, pero las colas eran tan extensas que la devolvieron al tren. Sin saberlo, iba a caer en las mismas manos.

   Los mismos empresarios que son concesionarios del Sarmiento a través de TBA -los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños del Grupo Plaza, con una cantidad importante de líneas de colectivos en la ciudad de Buenos Aires- manejan a través de Econtrans los micros que van de los barrios a las estaciones y hacen el recorrido paralelo al tren, desde el oeste del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, el trayecto más transitado a diario por los trabajadores que trabajan en la capital y viven en la provincia.

   Los Cirigliano reciben subsidios millonarios del Estado por administrar colectivos y líneas de trenes: además del Sarmiento, son concesionarios del Mitre; forman parte del consorcio que maneja el Roca; el Gobierno les entregó en diciembre pasado el trayecto entre la ciudad de Buenos Aires y Posadas, provincia Misiones, que cubría el Gran Capitán; y también puso en sus manos la recuperación del único tren de pasajeros que une Argentina y Uruguay.

   El desembarco de los Cirigliano en Econtrans también se produjo durante el gobierno de los Kirchner, y los delegados de esas líneas de colectivos denuncian la repetición del patrón que observamos en el Sarmiento: desinterés por el usuario (viaje como viaje, ellos igual cobran el subsidio), un servicio deficiente, aunque muy rentable para los concesionarios, y la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento, que se traduce en la falta de seguridad de los pasajeros. El anuncio de la secretaría de Transporte, que prometió compensar la merma en las frecuencias del tren con una mayor oferta de colectivos, no asoma como una gran solución, tampoco como un paliativo.

  La reacción de Cristina Fernández de Kirchner ha sido desconcertante. Dispuso la intervención de TBA por un plazo de quince días, sin quitarle por ahora la concesión a los Cirigliano, y pidió que el Estado sea tomado como querellante en la causa judicial de la tragedia de Once (como una víctima más, en lugar de hurgar en la responsabilidad de quienes nada hicieron frente a las denuncias de la Auditoría General de la Nación de los incumplimientos por parte del concesionario).

   Más inexplicable aún, ningún funcionario de su Gobierno responde al pedido de audiencia con la Presidenta que vienen solicitando familiares de las víctimas de la tragedia del 22 de febrero. Ya van dos marchas pacíficas que organizan los días viernes desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo, y nadie parece darse por aludido. 

   Al hablar ante el Congreso, lejos de alguna mención (auto)crítica del esquema de subsidios, que fue pensado para la emergencia, aunque perduró en el tiempo creando empresarios muy ricos y un servicio de trenes lastimoso y peligroso para sus usuarios, la presidenta se quejó de las críticas que ella había sufrido cuando intentó lanzar un tren bala, ultramoderno, pensado para cubrir el trayecto entre Buenos Aires-Rosario-Córdoba. La idea surgió durante el mandato de Néstor Kirchner y tomó fuerza con Cristina Kirchner, quien llegó a autorizar un endeudamiento de 3.900 millones de dólares para financiarlo.

   Aquel proyecto fue impulsado por el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia y con otra causa en trámite en la que quedó comprobado que Cirigliano y otros empresarios -entre quienes repartía subsidios y a quienes en teoría debía controlar- pagaban las cuentas de su vida de grandes lujos, como el alquiler de un departamento en una zona de las más caras de la ciudad de Buenos Aires o sus viajes en aviones privados.

   Por otra parte, el proyecto del tren bala había sido adjudicado a un consorcio encabezado por la empresa de origen francés Alstom, investigada en distintas partes del mundo por sospechas de pago de comisiones ilegales a funcionarios de países asiáticos y latinoamericanos para la obtención de contratos. Alstom se asoció en este caso a dos empresas españolas (Grupo Isolux y EMEPA) y contrató, casualmente, a través de su subsidiaria en Brasil los servicios de la consultora de Manuel Vázquez, quien se desempeñaba como la mano derecha de Jaime en la secretaría de Transporte. Mientras intentaba quedarse con el tren bala, que al final no prosperó por falta de financiamiento, Alstom Brasil le pagó a la empresa de Vázquez en concepto de servicios de consultoría más de medio millón de dólares.

  La reivindicación del tren bala que hizo la Presidenta, luego de lo sucedido con el Sarmiento, no pudo ser menos oportuna, porque la ubica demasiado lejos de la realidad de quienes padecen el servicio del Sarmiento cada día. Para no hablar de la distancia que ha puesto con los familiares de las víctimas, a quienes hasta este momento, Cristina Kirchner les ha negado una audiencia.